Las carreras preelectorales en materia de vivienda: cambiarlo todo para que todo siga igual

El 4 de septiembre de 2007, y en perfecta sintonía con el vuelco social prometido por el presidente del gobierno central, el gobierno andaluz abrió la caja de los truenos de las promesas electorales anunciando el anteproyecto de la ley andaluza de derecho a la vivienda. El anteproyecto promete garantizar por ley un piso a toda unidad familiar que gane menos de 3.120 euros al mes y establece como tope de gasto el 33 % de los ingresos de los hogares beneficiarios de esta medida en el caso de un piso de compra y el 25 % de los mismos en el caso de un piso de alquiler, respectivamente.

Las reacciones no se hicieron esperar, la nueva ministra de vivienda, Carme Chacón, lo saludó con entusiasmo e invitó a las otras autonomías, con independencia de su color político, a segundar la iniciativa del gobierno de Manuel Chaves, mientras que el responsable de la política económica del Estado español, Pedro Solbes se echó las manos a la cabeza y declaró que no era “partidario de grandes leyes que den derechos por toda la vida” (sic). La Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios expresó su disposición “a colaborar con la Junta”, mientras que el Conseller d’Habitatge de la Generalitat afirmó con una desfachatez considerable que “Andalucía no aporta nada nuevo”. Suponemos que el Sr. Baltasar tomó la delantera para camuflar que acababa de claudicar ante los promotores inmobiliarios catalanes con tal de conseguir su preciada firma bajo el Pacte Nacional per l’Habitatge y, de paso, dejar detrás en aras del consenso con los beneficiarios de la especulación los últimos elementos positivos de la ley catalana por el derecho a la vivienda.

Las novedades del anteproyecto andaluz

Pero vamos a ver en qué consiste realmente este anteproyecto de ley y qué podría dar de si, suponiendo en cada momento que se llegue a aprobar en su versión actual, lo que, ciertamente, es mucho suponer. De entrada hay que afirmar que el Sr. Baltasar miente interesadamente porque el anteproyecto sí que contiene dos elementos novedosos.
En primer lugar contempla convertir el derecho a una vivienda digna en un derecho exigible ante las Administraciones Públicas. Otro cantar serán los procedimientos y reglamentos que se redacten al respecto y que, como parece ser en el caso francés que plantea la misma exigibilidad, pueden llegar a impedir en la práctica el ejercicio efectivo de este derecho. Porque, de poco sirve un derecho si tardas 10 años o más en poder disfrutarlo, como pasa en Francia. Además, tal como hemos visto en el caso de la ley homóloga catalana, el afán de búsqueda de consenso con los grandes beneficiarios de la especulación para poner remedio a una situación creada por ellos mismos, retrasan hasta el infinito la adopción de medidas menos altisonantes pero más eficaces.
En segundo lugar, el anteproyecto plantea la cuestión básica en torno a la problemática del acceso a la vivienda: la relación entre los ingresos de la gente y los precios de los pisos y alquileres. Teniendo en cuenta esta relación marca un límite, un tanto arbitrario si se quiere (no tener ingresos superiores a 5,5 veces del Salario Mínimo Interprofesional), por debajo del cual el derecho se caracteriza como todo derecho: por su universalidad.

Hasta aquí –visto en este plano teórico general y con todas las salvedades– el anteproyecto podría constituir un buen punto de partida para, de una vez por todas, hacer efectivo el derecho a la vivienda y cumpliría, de forma incipiente, con la reivindicación de los movimientos por una vivienda digna que reclaman que la vivienda salga del mercado y adquiera el mismo estatus legal que la educación y la sanidad. Parece ser que un sector del PSOE se ha acordado de los beneficios políticos que les aportó la universalización del derecho a la sanidad y (en mucha menor medida) a la educación promovidas en la primera etapa socialista para mantenerse en el poder. Para ello confían –y seguramente con razón– que muy pocos se acordarán de que son precisamente las medidas políticas y legales del primer gobierno socialista las que se encuentran en el origen de la actual especulación inmobiliaria. En concreto, el Decreto Boyer y la desprotección y, casi, extinción de la figura del inquilino, así como el entramado de incentivos fiscales y legales para la promoción de la compra-venta de pisos con la consiguiente mercantilización de este bien de primera necesidad. Por lo demás, no hay que olvidar que la concesión de los derechos sociales mencionados arriba iba acompañada de palos como las sucesivas reformas laborales y otras medidas “modernizadoras” que han precarizado las condiciones de trabajo y vida de gran parte de la población.

Una ley con doble fondo

Si nos centramos en las cuestiones más concretas que plantea el anteproyecto la cosa se relativiza aún más. En primer lugar, llama la atención la franja extremamente amplia para la que regiría el tope del 33 % y el 25 % de los ingresos, respectivamente. Esta franja abarca hogares (sean unipersonales o de familia numerosa) que ingresan mensualmente desde 500 euros hasta 3.120 euros; a los que queden por debajo de este umbral se les garantizaría un piso de protección por un alquiler que no supere el 25 % de su renta. No hay que ser economista para comprender que no es lo mismo disponer de 330 euros al mes para poder satisfacer sus necesidades (lo que sería el caso para gente que ganen 600 €) que 2.190 (los que les quedarían a los hogares con unos ingresos de 3.120 € mensuales). Es decir, si no se introducen unos baremos escalonados (bajando progresivamente al 20 y al 10 % de los ingresos) esta medida beneficiará sobre todo a gente perteneciente a la clase media/media-baja, mientras que toda la gente que no llegue a 1.000 euros al mes que, en Andalucía y en muchas otras regiones del Estado español ya constituyen la mayoría de la población activa, no queda tan bien parada. Además llama la atención que el anteproyecto no plantee en ningún momento el establecimiento de topes de precios y alquileres, lo que introduce serias dudas sobre sus posibilidades de financiación.
Por si esto fuera poco, el gobierno de Chaves quiere acordar un pacto nacional por la vivienda para poder poner en práctica la ley prometida. Y en lo que se refiere a este pacto nacional, al Sr. Baltasar sí que le asiste la razón ya que realmente no aporta nada nuevo en relación con el “pacte” catalán. Ya hemos criticado detalladamente el Pacte Nacional de Catalunya, que en su versión definitiva ha quedado aún peor de lo esperado, por lo que nos limitamos aquí a volver a señalar unos puntos esenciales. En el caso andaluz, la ayuda que promete la Administración competente al sector del ladrillo se cifra en un pacto de construcción de 300.000 “viviendas protegidas” en los próximos 10 años y 400.000 de “libres”. Una parte considerable de las “viviendas protegidas” serán de “precio concertado”, es decir, de un precio que corresponde más o menos al precio que valían los pisos del mercado en el 2002, con lo que se garantiza a los tiburones inmobiliarios unas tasas de beneficios que el mercado estancado ya no puede ofrecer al mismo tiempo que se quiere facilitar a las clases medias un pisito en condiciones estándar. A ello, se añade la cesión de suelo público para la construcción de dichas viviendas, con lo que la Administración recupera su inversión al cabo de poco tiempo. Estos beneficios serán reinvertidos para la construcción de unas cuantas viviendas sociales de alquiler para los más pobres. Por último, y tal como se desprende del estudio que el Instituto de Estudios Andaluces hizo público el 1 de agosto de este año, hay que señalar en este contexto el hecho de que en Andalucía existen unos 630.000 pisos vacíos.

Más recursos públicos para proteger al mercado de la crisis

O sea, también el pacto andaluz se basa en la complicidad con el sector inmobiliario y financiero, dilapida las últimas zonas verdes y de equipamientos y apuesta decididamente por la continuidad de un modelo insostenible en todas sus vertientes. Es decir, también el gobierno andaluz sigue alimentando la pulsión de la compra de una colmena (adosada o no) en la que cada uno queda encerrado entre cuatro paredes con su televisor, lavadora y cocina privadas y privativas y la hipoteca a cuestas.

En definitiva, detrás del ruido mediático preelectoral orientado a mantener el PSOE cuatro años más en el poder, sigue aflorando la falta de voluntad política para atajar la situación actual. Para ello no harían falta grandes leyes que en la práctica no se llegan a cumplir. Los llamados socialistas y ecosocialistas podían haber decretado desde hacía mucho tiempo medidas bastante eficaces que, además, no gravarían el erario público.

  • Incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles a partir de la segunda vivienda
  • penalizar (fiscalmente o de otra forma) los beneficios de la especulación, empezando por los beneficios millonarios de las entidades financieras y de las grandes inmobiliarias
  • desgravar fiscalmente el alquiler
  • establecer topes de precios y de alquileres según zonas
  • realizar de una vez por todas el censo de pisos vacíos y obligar a alquilar estos pisos por un alquiler social
  • alargar los contratos de alquiler de 5 a 10 años
  • y fomentar nuevas formas habitacionales que rompan con el modelo aislacionista actual

son algunas de estas medidas largamente reivindicadas por especialistas y movimientos sociales. La combinación de medidas de estas características sí que garantizaría en poco tiempo que la gente no tuviera que pagar más del 30, 20 ó 10 % de sus ingresos para tener un sitio en condiciones para vivir.
Pero claro se trata de medidas que exigirían un enfrentamiento con los pilares básicos del sistema económico español y sus grandes beneficiarios. Y esto es lo último a lo que está dispuesta la clase política. No solamente por sus intereses económicos directos y sus planes de pensiones particulares (no hay político que haya dejado su puesto y no haya ocupado después un alto cargo en alguna empresa privada, y viceversa), sino porque las ganancias derivadas del proceso de especulación con la vivienda (tasas de impuestos de compra-venta, partes del IRPF y del IVA) constituyen el principal ingreso de los gobiernos autónomos y una parte sustancial de los ingresos del Gobierno estatal. El estancamiento del mercado ya ha obligado a la Generalitat a revisar su presupuesto para 2007 a la baja.

Entretanto, los grandes del sector del ladrillo tienen prisa en reinvertir los beneficios de las ventas de sus activos para pagar menos impuestos. Para nombrar sólo un ejemplo: según una noticia aparecida el 14 de septiembre en El País, Manuel Jove, ex presidente de Fadesa, ya ha invertido (en el BBVA y en una empresa que explota campos petrolíferos en América Latina) los 2.200 millones de euros obtenidos con la venta del 54 % de Fadesa. De esta forma, este señor se ha ahorrado 374 millones de euros sólo en el pago de impuestos. Para hacerse una idea de las dimensiones: en 2007 la dotación anual para políticas de vivienda de la Generalitat apenas llega a 136 millones de euros.
Evidentemente este tipo de noticias no sale en los titulares de los periódicos. Estos están copados por las grandes promesas de la nueva Ministra de Vivienda Chacón que en la gran mayoría de los casos son simplemente más de lo mismo. Ayudas individuales puntuales, subvenciones temporales y restringidas a determinadas franjas de edad para poder sostener los alquileres desorbitados, préstamos temporales que se tendrán que restituir (como en el caso de gente a punto de ser desahuciada a causa del aumento constante de los tipos de interés), más facilidades a los arrendadores y alguna medida como la posibilidad de desgravar el alquiler, que llevan tiempo guardada en el congelador y que ahora están sacando para simular un cambio de rumbo.
Un presunto cambio de rumbo que viene acompañado de la institución de juicios rápidos para desahucios. De esta manera, Chacón ha hecho suya una medida exigida desde hace tiempo por el PP, CIU y compañía y sigue hinchando el bulo de la morosidad y la inseguridad jurídica de los propietarios, cuando el propio sector reconoce que son mitos (la morosidad en el pago de los alquileres en España no alcanza el 2%). ¡Qué asco!

Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanística, septiembre de 2007