Los propietarios decidirán las reformas de los edificios y las viviendas de la Barceloneta

Font: Masala
Data: Gener-Febrer 2007

Aprobado definitivamente el pasado 30 de noviembre por unanimidad de los grupos municipales, el Ayuntamiento ha vuelto a variar la metodología y la estrategia para ejecutar el "Programa per a la Millora de l'Habitatge a la Barceloneta", dejando en manos de los propietarios la potestad para transformar la estructura de las fincas.

El plan, que hace ahora un año abrió un conflicto con buena parte de los vecinos -que lo consideran un pretexto para expulsar a un importante sector de la población del barrio- plantea una transformación arquitectónica basada en la "fusión" de dos e incluso tres edificios, la destrucción de los llamados "quarts de casa" y la instalación de ascensores.

La idea, que ya figuraba entre los objetivos del Plan Especial de 1984, y que fue recuperada hace tres años por Xavier Casas, se concretó en la primavera del 2005, y en este tiempo ha recibido el apoyo de tan solo una entidad, la Associació de Veïns de la Barceloneta. En cambio, diversos colectivos vecinales agrupados en la Plataforma d'Afectats en Defensa de la Barceloneta, han expresado numerosas críticas y reservas respecto a las verdaderas intenciones del Ayuntamiento, y una honda preocupación por las consecuencias y la manera en que se llevará a cabo el proyecto.

Desde la Associació de Veïns de L’Òstia consideran que los números no cuadran, "no va a caber todo el mundo" en la nueva distribución de las viviendas, y un buen número de vecinos se verá obligado a abandonar el barrio. De hecho, cuando el regidor Carles Martí afirma que "esta nueva iniciativa permitirá el retorno al barrio del 80% de los vecinos actuales" (La Vanguardia, 2/12/2006), en realidad afirma que, de llevarse a cabo, el programa puede suponer el "desplazamiento" de un 20% de los inquilinos de los bloques afectados, no menos de entre 750 y 1.000 familias, que serán concentradas en las nuevas edificaciones que se están construyendo al lado de la Estación de França.

Al respecto, Martí ha señalado que en los bloques del solar de RENFE-Rodalíes, se disponen de 200 pisos de realojo, afirmando que "200 pisos temporales equivalen a un millar de cuartos de piso, de los cuales, y eso favorece a la habitabilidad, una parte están desocupados". Evidentemente, por bien que al regidor le salga el cálculo en metros cuadrados, será difícil reinstalar a 1.000 núcleos familiares en 200 pisos.

En general, para la Asociació de Veïns de L’Òstia la reforma, tal y como está planteada, es "un proyecto antisocial" y considera que tanto las modificaciones arquitectónicas como los "realojos" han de ser voluntarios y consensuados con los inquilinos y en ningún caso llevados a cabo por la fuerza. La asociación considera que el proyecto se concibe, en exclusiva, "pensando en el turismo", y que a este nivel, aunque una parte de los vecinos de avanzada edad continúen habitando las viviendas, a medio plazo no existen garantías para que éstas no se conviertan en apartamentos turísticos.

En cualquier caso, la novedad que arroja la última reformulación del plan por parte del Districte, es la entrega a los propietarios de la potestad sobre la reforma, que contará con una generosa política de subvenciones a la rehabilitación. No se escapa, que esto abre la puerta a la entrada de promotoras inmobiliarias, que pueden introducirse en un nuevo mercado, comprando edificios enteros.

La decisión, por otra parte, parece un giro del Ayuntamiento para sortear la ausencia de consenso en un barrio que puede presumir de haber frenado en otras ocasiones reformas de carácter agresivo, como las que se llevan a cabo en los otros barrios de Ciutat Vella y del resto de Barcelona. Entregando la decisión a las comunidades de propietarios, lo que hasta hoy ha sido un problema de barrio y una cuestión política entre las administraciones y las entidades vecinales, puede fácilmente convertirse en un conflicto entre propietarios de distintas fincas o pisos, y entre propietarios e inquilinos.

La resolución del conflicto finca por finca, permitirá a las administraciones librarse de una gran parte de sus responsabilidades políticas, y presentar cualquier problema relacionado con la reforma como un pleito entre particulares. Por cierto, podemos arriesgarnos a prever que eso puede generar fácilmente un contexto propicio para que se produzcan situaciones de acoso inmobiliario.

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