Una sentència estableix l’assetjament immobiliari com a “delicte contra l’integritat moral”

Una sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona estableix l’assetjament immobiliari com a “delicte contra l’integritat moral”. La decisió judicial, que fem pública a continuació, es refereix a un cas d’assetjament al Carrer Càceres 9, de Barcelona:

•••••

Jurisdicción: Penal. Recurso de Apelación núm. 156/2006.
Delitos contra la integridad moral.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA. sec. 9
DILIGENCIAS PREVIAS 6568/05.
Juzgado de Instrucción nº 28 de Barcelona.

En la ciudad de Barcelona,a ocho de mayo de dos mil seis.

ILMOS. SRES.:

D.GERARD THOMAS ANDREU.

Dª CARMEN SÁNCHEZ ALBORNOZ BERNABÉ.

D.JOSÉ MARÍA TORRAS COLL.

I.-ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- En fecha 14 de diciembre de 2005 el Juzgado de Instrucción núm. 28 por medio de Auto acordó incoar diligencias previas y al mismo tiempo sobreser provisionalmente las actuaciones por considerar que los hechos denunciados por D. H no presentaban indicios suficientes para reputarlos incardinables en infracción penal.

SEGUNDO.- Contra la dicha resolución, notificada que fue a las partes, se interpuso en tiempo y forma recurso de reforma por la citada parte denunciante que fue admitido a trámite y tras evecaurse el correspondiente informe por el Ministerio Fiscal, se dictó por el expresado Juzgado Auto de fecha 7 de febrero de 2006 por el que se resolvió desestimar el recurso de reforma y se mantuvo la resolución recurrida en toda su integridad.Contra dicho Auto se interpuso por el denunciante recurso de apelación,a través de su representación procesal en base a las alegaciones y consideraciones que tuvo por conveniente y admitido a trámite,y tras conferir traslado a las demás partes personadas y al Ministerio Fiscal ,se elevaron las actuaciones a esta Sala para su ulterior tramitación y resolución.

TERCERO. Recibidas las actuaciones en esta Sala, se formó el correspondiente Rollo y sin celebrarse vista quedaron las actuaciones para resolución, previa deliberación,habiéndose designado Ponente al Ilmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA TORRAS COLL, que expresa el parecer unánime del Tribunal.

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO .-Postula el apelante la revocación del auto de sobreseimiento y archivo de las actuaciones dictado por el citado Juzgado de Instrucción nº 28 de los de Barcelona por considerar que los hechos denunciados si serían constitutivos de un delito contra la integridad moral del art. 173 del C.Penal que tipifica y sanciona penalmente aquellas conductas o comportamientos que inflingieren a otra persona un trato degradante , menoscabando gravemente su integridad moral. Razona el apelante que los denunciados han sometido a la víctima, el aquí apelante,de forma intencionada a una situación degradante de humillación e indigna para la persona humana,
*puesto que según relata el denunciante desde hace más de dos años han dejado al denunciante,un hombre de avanzada edad,de 81 años de edad,inquilino de una finca sin agua caliente para así forzar que se marche de la vivienda que viene ocupando en régimen de inquilinato y de esta forma ahorrarse una demanda judicial que finalmente interpuso pero que resultó desestimada.Señala que la finca arrendada se halla apuntalada porque nunca se han hecho obras de rehabilitación ni de conservación con el peligro que ello conlleva al haberse derrumbado el piso situado delante del que ocupa el denunciante,pese a que los aquí apelados se hallan judicialmente compelidos a proceder a ejecutar las obras,si bien refiere que han hecho caso omiso de la sentencia. Añade que los denunciados han dejado sin agua y sin luz la vivienda arrendada, que han aporreado la puerta de la vivienda a altas horas de la noche, han roto la cerradura de la escalera para facilitar de esta forma el acceso de indigentes por la noche, que han puesto suavizante en los escalones para que el único inquilino que quede en la finca resbale. Afirma la apelante que si el relato de comportamientos no es delictivo, cuando menos sería calificable de falta de vejación del art. 620 del C.Penal, máxime cuando se dice que se producen de forma reiterada. La denunciante sostiene que tales comportamientos entran dentro del marco denominado
mobbing inmobiliario,a semejanza del denominado mobbing que se utiliza en el ámbito laboral y que faltan diligencias de prueba necesarias para el esclarecimiento de los hechos, ya que el Juzgado decidió sobreser las actuaciones sin haber practicado la más mínima diligencia de investigación sobre los hechos denunciados y que tal modo de proceder supone una franca descortesía procesal, pues ni tan solo se tomó declaración al querellante. Por tanto,la parte apelante interesa la revocación de la resolución recurrida a fin de que se deje sin efecto el Auto apelado y se incoen diligencias previas y se practiquen las diligencias necesarias al objeto de instruir el procedimiento.

SEGUNDO.-El Juzgado "a quo" razona ,al resolver el recurso de reforma, puesto que el Auto inicial sobreseyente es un modelo, un impreso estereotipado carente de fundamentación, que en el presente supuesto del relato de la denuncia y del contenido del escrito de recurso aparece claramente que están las partes en discordia en fase de ejecución provisional de una sentencia civil dictada por el juzgado de Primera Instancia y que según parece se está llevando a cabo la ejecución en los propios términos que establece la sentencia y que el aquí denunciante debería plantear ante dicho Juzgado la problemática surgida a fin de que aquel órgano judicial adopte las medidas oportunas, pudiendo en su caso incurrir en desobediencia grave la parte remisa a la ejecución.

TERCERO.-Ciertamente los hechos relatados en la denuncia bien pudieran ser constitutivos de infracción penal,ya lo fuere de delito de coacciones, de falta de coacciones o de vejación injusta o del delito sugerido por la propia apelante. Respecto de la presunta imputación del delito de coacciones se materializaría en la total dejación por parte de la propiedad de la finca -los denunciados- de sus obligaciones como arrendadores, con el único propósito de impedirle el ejercicio de los derechos propios de su condición de arrendatario de la vivienda y, de esa forma indirecta, forzarle a abandonar la misma, la cual se haya enclavada en Barcelona, en la calle Cáceres,nº 9, y al respecto no debe soslayarse que la ciudad de Barcelona constituye en líneas generales una zona de creciente revalorización urbanística, y se da la circunstancia de que el denunciante,persona de muy avanzada edad . Sostiene la parte recurrente que, para forzarle a resolver el contrato,o simplemente para que abandone la finca, los querellados mantienen la finca en un total abandono, despreocupándose de la realización de la más mínima obra de rehabilitación y de conservación.

CUARTO.- Así centrados los términos del debate que suscita el recurso, esta Sala no puede compartir los argumentos vertidos por el Órgano Instructor.

En efecto, resulta presurosa y precipitada la decisión judicial de decretar "ab initio" el sobreseimiento y archivo de las actuaciones sin haber practicado la más mínima diligencia de comprobación,de investigación acerca de los hechos denunciados, ni tan siquiera haber tomado declaración al denunciante, cuando de los hechos expuestos en la denuncia y sin perjuicio de lo resuelto por el Juzgado de Primera instancia en el pleito civil,bien pudieran revestir lo que se ha venido en denominar el mobbing inmobiliario. Es decir,un asedio o acoso al inquilino para forzarle a tomar una decisión por el no querida ni deseada como es la de abandonar la vivienda que viene ocupando en régimen de alquiler. Así, en el proyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda que actualmente se está tramitando en la Comunidad de Cataluña se considera asedio toda conducta que por medio de actuaciones u omisiones diversas o que actúe con abuso de derecho tenga por objeto perturbar a la persona asediada en el uso pacífico de su vivienda creando un entorno hostil , ya sea en el aspecto material o en el social o personal, con la finalidad última de forzar la adopción de una decisión no querida sobre el derecho que ampara su ocupación, constituyendo el asedio discriminación a efectos de dicha ley. Precisamente ,una de estas prácticas consiste en olvidarse del necesario mantenimiento y conservación del edificio en detrimento del mismo para que los inquilinos no sólo no vivan confortablemente sino que además sufran las consecuencias de habitar en un edificio mal mantenido y con problemas en el uso de los suministros básicos,ordinarios,con cortes de agua,luz,gas,etc.

El que la jurisdicción civil entienda de la ejecución provisional de la referida sentencia dictada con ocasión de la demanda inicial de los denunciados y de la demanda reconvencional promovida por el denunciante que fue acogida, en modo alguno impide ni predetermina que se abra o se clausure la investigación penal ni ello obsta a que se practiquen las diligencias de instrucción mínimas e imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos y para dilucidar las eventuales responsabilidades de índole penal que se hubieren cometido.

Los hechos relatados por el denunciante bien pueden tener visos de poder subsumirse en una delito o falta de coacciones que habrían exteriorizado su resultado y se perfeccionarían desde el momento mismo en que la parte querellante, por causa de la dolosa inacción presunta de los querellados, o inclusive por actos intencionados, ve doblegada su voluntad y se ve impedida de ejercitar el haz de derechos inherentes a su condición de arrendatario. La resolución inadmisoria a trámite de la denuncia o querella interpuesta por el aquí apelante , pues, sin desconocer que la querella describe distintos incumplimientos por parte de los denunciados de las obligaciones concomitantes a su rol de arrendador y que, de otro lado, el Ordenamiento Jurídico Civil contempla mecanismos de reclamación propios y ejercitables en vía civil -ya para excitar el cumplimiento diligente de sus obligaciones arrendaticias, ya para reclamar el importe de las obras de manteniemiento y conservación de la vivienda ante la inacción de la propiedad-arrendadora, no es menos cierto que ello no empece para que, contemplados globalmente esos deliberados incumplimientos, puedan responder a un unitario y deliberado propósito de forzar paulatinamente la voluntad del arrendatario hasta conducirle -por puro cansancio ,por agotamiento y de forma claudicante y resignada- a resolver el contrato de arrendamiento que les liga, ahorrándose el arrendador, por esa sutil y paciente vía de hecho, la indemnización que en otro caso estaría llamado a satisfacer por la resolución locataria o para eludir la ejecución provisional o definitiva de una sentencia civil.

No se oculta a esta Sala que en casos como el de autos, en los que se denuncia el acoso al arrendatario mediante el mecanismo constante de la inacción del arrendador (y que en la práctica ofrece diversas fórmulas,tales como tolerar la presencia de okupas en el inmueble, desentenderse por completo del estado de conservación del edificio y de sus instalaciones básicas, etc.), resulta mucho más difícil elaborar dogmáticamente la hipótesis del delito de coacciones que cuando se trata del típico caso en que el arrendador realiza un obrar positivo, como puede ser, a título de ejemplo, cambiar unilateralmente la cerradura de la puerta de acceso a la vivienda; supuesto este paradigmático de violencia desatada sobre las cosas, «vis in rebus» equiparable a la personal y plenamente constitutiva del delito de coacciones, según reiterada doctrina legal de ociosa cita.

Mas, esas señaladas dificultades no deben entrañar la imposibilidad absoluta de concebir el delito de coacciones en los supuestos de comisión por omisión, siempre que, claro está, se constate la existencia de indicios presuntamente avaladores de que, mas allá de un simple y puntual incumplimiento por parte del arrendador de sus obligaciones, pudiéramos hallarnos ante las plurales manifestaciones de un plan preconcebido por el autor para impedir -por la vía de hecho de su constante inacción- el ejercicio de los derechos propios del arrendatario y doblegar así la voluntad de este, compeliéndole a desalojar la vivienda.

Entiende esta Sala que la interpretación que en este auto se sostiene es respetuosa, además, con el amplio concepto de «violencia» manejado por la Jurisprudencia, comprensivo tanto de la vis física como de la intimidatoria o moral («vis» compulsiva), dirigida contra los sujetos pasivos, bien de modo directo, o indirecto a través de terceras personas o de la «vis in rebus», y encaminada, como resultado, a impedir hacer lo que la Ley no prohíbe o a efectuar lo que no se quiera, sea justo o injusto. En este sentido la STS de 11.03.1999, señala que «El empleo de la violencia constituye el núcleo de esta figura delictiva. Y la jurisprudencia de esta Sala se ha inclinado por la admisión de la intimidación personal e incluso la violencia a través de las cosas siempre que de alguna forma afecte a la libertad de obrar o a la capacidad de actuar del sujeto pasivo impidiéndole hacer lo que la Ley no prohíbe o compeliéndole a hacer lo que no quiere. Así se dice en otra sentencia del Alto Tribunal que los actos de violencia en las cosas pueden repercutir en la libertad de las personas para el pacífico disfrute de sus derechos sin necesidad de amenazas ni de agresiones que constituirán actos punibles de otro tipo diferente».

Finalmente, el enfoque de esta Sala, lejos de sugerir una indeseada extensión analógica del concepto jurídico penal de coacción, trata de inscribirse decididamente en una interpretación acorde con el elemento social -la realidad social a que se refiere el art. 3 del Código Civil que ha de impregnar la tarea hermenéutica del operador jurídico, tanto mas necesaria en el momento presente cuanto que, por las desorbitadas proporciones que esta alcanzando la especulación urbanística, son fácilmente concebibles los supuestos en que los propietarios de fincas urbanas, conscientes del valor creciente de sus inmuebles, no duden en forzar por cualquier medio -tanto legítimo, como ilegítimo- la resolución de aquellos contratos de renta antigua, que les resultan tan antieconómicos.

Las consideraciones que anteceden, han de conducir a estimar el recurso puesto que de la lectura de la querella y de los documentos anexos pudiera colegirse la existencia de determinados indicios que pudieran revestir ribetes criminales y que han de ser investigados por el Juzgado a fin de dilucidar si constituyen o no un mecanismo indirecto para forzar espurea y torticeramente a la parte denunciante a desalojar la vivienda.

Procede, en consecuencia, revocar la resolución apelada y acordar la admisión a trámite de la querella, a fin de que, con plena libertad de criterio, la Ilma. Instructora acuerde la practica de las diligencias atinentes al esclarecimiento de los hechos.

QUINTO.- Procede declarar de oficio las costas devengadas en esta alzada.

VISTOS los arts. citados y demás de general y pertinente aplicación

III.-PARTE DISPOSITIVA.

LA SALA RESUELVE:

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del denunciante, Don. H contra el auto de fecha 7 de febrero de 2006 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 28 de Barcelona,en las Diligencias Previas nº 6568/05 por el que se destimó el recurso de reforma interpuesto por el Sr. H contra el Auto de fecha 14.12.2005 por el que el meritado Juzgado decretó la incoación de las mencionadas diligencias y simultáneamente el sobreseimiento y archivo de las mismas por entender que los hechos no revisten caracteres de infracción penal y, en su virtud, REVOCAMOS dicha resolución y, en su lugar, acordamos la admisión a trámite de la querella/denuncia formulada, debiendo practicar el Juzgado "a quo" las diligencias investigatorias interesadas en la querella y aquellas otras que considere procedentes mínimas e imprescindibles para a investigación y esclarecimiento de los hechos y singularemente deberá recabar del Juzgado de Primera Instancia que conoce de la ejecución provisional aludida en la denuncia,todas y cada una de las resoluciones ,notificaciones y diligencias dictadas y adoptadas desde la sentencia hasta la fecha de interposición de la denuncia. Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.