Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística

La idea de elaborar una Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística se empezó a forjar en Barcelona a finales de 2004 en el entorno de grupos que luchaban y luchan contra la especulación inmobiliaria, la destrucción de los barrios revestida de reformas urbanísticas así como contra el fenómeno del mobbing inmobiliario que se había extendido como una lacra debajo de la piel reluciente de la Barcelona Fashion, Guapa y Cívica.

En la medida en que nos estábamos adentrando en la problemática del mobbing nos dimos cuenta de la magnitud de impunidad de una selva inmobiliaria y urbanística regida únicamente por el poder del dinero y cuya existencia se debe a la inhibición, si no a la promoción, por parte de las administraciones públicas. Nos dimos cuenta de que la figura del «asustaviejas» sólo era la expresión más extrema de una práctica generalizada de acoso y cercado de las clases populares: la escalada de los precios de las viviendas, los contratos precarizados de alquileres abusivos, la expulsión de vecinos pobres, la privatización y mercantilización del espacio público, la destrucción de tejidos sociales… Nos dimos cuenta de que todos estos hechos –generados por un mercado completamente desregulado y agravados por la extensión de la precariedad no sólo al mundo laboral sino también a otros aspectos de la vida–, conforman un escenario que violenta las condiciones de vida de un número cada vez mayor de personas. Un escenario de violencia inmobiliaria y urbanística al que los partidos de la izquierda parlamentaria han respondido con una cortina de humo compuesta de medidas parciales, contradictorias y contraproducentes con las que pregonan garantizar el «derecho a la vivienda y a la ciudad».

Por otra parte, queríamos contribuir con la Carta a la discusión iniciada por la Plataforma Veïnal Contra l’Especulació de Barcelona sobre el modelo de ciudad que sufrimos y la ciudad que queremos. Se trataba de iniciar un debate a fondo sobre cómo se podrían dotar las luchas en torno al territorio de una herramienta común. Una herramienta que fuera útil para los conflictos vecinales «coyunturales» y que, al mismo tiempo, apuntara más allá de cada conflicto concreto. Un lugar común de resistencias capaz de dar pie a todo un abanico de intervenciones sostenidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística.

En los últimos años se había constatando los límites de una defensa meramente reactiva tanto ante casos de acoso inmobiliario, como ante planes urbanísticos. Introducirse en los laberintos jurídicos, aunque necesario e imperativo a la hora de seguir el día a día de un proceso de violencia inmobiliaria o urbanística, suele tener pocos resultados concretos e implica un endeudamiento económico para pagar abogados y un desgaste de los afectados que se enfrentan a un poder económico amparado por una Administración que tiene más recursos y más tiempo. Por otro lado, el trabajo en el ámbito mediático, hecho desde el caso concreto, acababa reduciendo al nivel de anécdota o casualidad desafortunada sin contexto, unas formas de violencia que responden a un marco general de mercantilización de la vivienda y el espacio urbano. Finalmente, el ritmo de ascenso y posterior descenso de intensidad de cada conflicto concreto (muchas veces, además, con un final no muy afortunado) hacía que se tuviera la sensación de estar empezando cada vez desde cero. Desde varios colectivos implicados en las luchas territoriales se veía pues la necesidad de devolver al marco político que les es propio las luchas contra la especulación y hacerlo a partir de un proceso común que permitiera abstraer desde cada lucha concreta los condicionantes políticos generales y, a la inversa, materializar en pequeñas luchas concretas que proliferan a lo largo y ancho del territorio un marco de exigencias más abstractas.

A partir de estas consideraciones se redactó un dossier sobre la problemática, una primera propuesta de la Carta y se convocó al primer Taller contra la violencia inmobiliaria y urbanística, al que asistió una gran variedad de personas: afectados por el mobbing, grupos y representantes vecinales, arquitectos, urbanistas, abogados y colectivos de okupas. Las conclusiones principales del debate fueron: a) seguir perfeccionando la Carta a base de consultas y discusiones con «especialistas» y con los grupos y colectivos de los barrios de la ciudad, y b) continuar con el formato taller entendido como un laboratorio de ideas y de propuestas de acciones que se convoca según las necesidades de cada momento de forma itinerante en los distintos barrios de la ciudad.

El proceso de consulta y debate realizado durante los meses posteriores llevó a la versión de la Carta de medidas que reproducimos al final de este texto. La Carta contiene, en primer lugar, una crítica a la violencia inmobiliaria y urbanística junto con un conjunto de exigencias con las que se interpela a la Administración, y va acompañada de las adhesiones de colectivos y personas a título individual. Este modelo, ya usado en repetidas ocasiones, tiene sin embargo algunas peculiaridades en el caso que nos ocupa. En primer lugar, el documento ha sido redactado a partir de un proceso colectivo dilatado en el tiempo para intentar recoger todas las voces implicadas sin por ello recurrir a un listado de exigencias coyunturales concretas. En segundo lugar, se trata de una Carta que sitúa las cosas en un marco que va más allá de la reforma o el posibilismo, a partir de unas exigencias que acabarían de una vez por todas con la especulación inmobiliaria, exigencias que son, por otro lado «posibles» y enumeradas. Ante ellas no sirven las respuestas a medias o las cortinas de humo a las que nos tiene acostumbrada la clase política. Finalmente, es una Carta para la acción, ya que se compromete a hacer efectivo el derecho a la vivienda y la ciudad desde la desobediencia civil y, por consiguiente, constituye un documento-amenaza desde la práctica colectiva mientras no se acepten las medidas exigidas.

Las reivindicaciones de Carta se dividen en dos grandes bloques. El primero exige tres medidas legalmente posibles, pero que van completamente contra la corriente dominante del capitalismo especulativo asistido por el Estado. La aplicación de estas medidas cortaría de raíz la especulación inmobiliaria porque sacarían la vivienda y la gestión del territorio del circuito de la mercantilización y crearían un marco legal que de una vez por todas haría efectivo el derecho a la vivienda y a la ciudad de forma universal. Un hecho que a su vez contribuiría a hacer efectivos otros derechos universales como son el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física y mental, a la salud etc.

Mientras que el primer bloque de medidas marca el horizonte de lo que sería posible si no fuera imposibilitado por la trama inmobiliaria, financiera e institucional dominante, el segundo bloque contiene una serie de medidas de aplicación inmediata para paliar los efectos más desastrosos de la violencia inmobiliaria y urbanística. Y mientras que el cumplimiento de las exigencias del primer bloque exigiría una intervención a nivel del Estado central, este segundo bloque de medidas es exigible a las administraciones locales y autonómicas que tienen la competencia para ponerlas en práctica.

El proceso de consulta y debate sobre la Carta estaba acompañado desde el primer momento por adhesiones a la misma. Una vez concluido el proceso de redacción se intensificó la campaña de adhesiones, que incluía la difusión de la Carta en numerosos medios de comunicación social, tanto de Barcelona como del resto de Catalunya. Por otro lado, varios colectivos y asambleas barriales de la ciudad la hicieron suya y la utilizaron en sus movilizaciones de visibilización y denuncia. Por ejemplo, se presentó en el marco de Chabolear Barcelona, una acción de construcción de chabolas en un parque barcelonés dentro del contexto de la Cumbre Euromediterránea Barcelona +10, que pretendía visibilizar la precariedad cotidiana de nuestras vidas como respuesta al megaevento global y romper el escaparate de la marca Barcelona tomando el espacio público y sacando al sol la chabolización invisible a la que nos somete la violencia inmobiliaria y urbanística. La acción fue a la vez una recuperación del espacio público durante dos días y un asedio al Parlamento de Catalunya, exigiendo que se hicieran efectivas las medidas exigidas en la Carta, que se acabó colgando en la puerta del Parlamento catalán. Una segunda edición del Chabolear tuvo lugar en el barrio de Gracia la semana siguiente, realizada por colectivos y vecinos del barrio. También intentamos presentarla en la feria inmobiliaria internacional Barcelona Meeting Point, tras una manifestación conjunta de distintos colectivos de lucha contra la especulación; se clavó en el vestíbulo del Teatro del Liceo en el contexto de la acción «Expropiem el Liceu», y se intentó colgar delante el Ayuntamiento de Barcelona en el marco de una manifestación contra la «Ordenanza Cívica», lo que fue impedido por el cordón policial correspondiente. Finalmente, ha sido entregada en varias sedes de Distrito para recordar a los políticos sus obligaciones. Al mismo tiempo la Carta ha ido circulando, y continuamente llegan adhesiones nuevas. En el momento de redactar estas líneas, desde el Taller contra la violencia inmobiliaria y urbanística se están preparando derivas contra el «incivismo inmobiliario» durante las cuales se difundirán el documento y sus contenidos a nivel de la calle y se señalizarán algunos lugares y agentes claves de la violencia inmobiliaria y urbanística. Para más información sobre las acciones en torno la Carta y las iniciativas del Taller, podéis consultar la página web: www.bcnviu.org.

Si bien la iniciativa de redactar esta Carta nació en Barcelona, su contenido es perfectamente extensible a otras ciudades del Estado. En el caso del primer bloque de medidas esta extensión, además, resulta imprescindible para que las medidas no queden reducidas a meros enunciados de lo que podría ser y no es. En este contexto cabe destacar dos puntos: 1) la violencia inmobiliaria y urbanística seguirá aumentando y extendiéndose en mayor o menor medida en todo el Estado español; 2) las medidas parciales previstas por las distintas Administraciones públicas no introducirán ningún cambio esencial en la situación.

Ante estas perspectivas quizás valdría la pena buscar formas de coordinación que sean capaces de reforzar las luchas locales existentes y permitan, al mismo tiempo, poner el dedo de tal forma en la llaga que la problemática escandalosa expuesta en el libro llegue en sus términos justos a la discusión pública. Posibilidades para que así sea hay muchas: desde la extensión de esta campaña de adhesiones a todo el Estado, pasando por la realización de una consulta popular con los contenidos de la Carta, la presentación de iniciativas legislativas populares, campañas coordinadas de autoreducción de hipotecas y alquileres, hasta iniciativas de reapropiación de los millones de pisos vacíos a lo largo y ancho del territorio. Si puede ser, con buenas vistas.