¿En el 33 igual que en el 29?

Al igual que en el n.º 29 de la misma calle, el 33 de la calle Robador es el escenario de uno de los casos de mobbing más conocidos y alargados en el tiempo. Su aspecto más mediático es a la vez el más extraño. Miquel Boluda Vila, que dice ser el propietario de la finca, acusa a su hermano Salvador de haberle arrebatado ésta entre otras, a través de la sociedad Sofic Investiment S.L, afincada legalmente en el paraíso fiscal de Samoa.

Lo cierto es que debajo de ese extraño litigio entre hermanos, hay 23 familias que han sufrido desde al menos el año 2004 el abandono total de la finca, el corte de suministros, el deterioro de las instalaciones y todo tipo de amenazas y maniobras por parte de la propiedad. Los vecinos del edificio han estado sometidos a una situación de total indefensión y desorientación jurídica, ya que mientras unos inquilinos han estado pagando el alquiler al propio Miquel Boluda otros se lo hacían efectivo al representante de Sofic Investiment S.L. Joaquim Massip. Eso, sin saber quién de los dos era el titular legítimo del edificio.

Mientras Miquel Boluda, que en su momento aparecería en numerosos medios de comunicación como víctima de su hermano, instaba a los vecinos a no pagar el alquiler a Sofic Investiment S.L., esta empresa iniciaba procesos judiciales para desahuciarlos o su representante aparecía periódicamente en el edificio con diferentes amenazas o para obligarles a firmar un contrato diferente al que ya tenían. Cabe decir que la disputa entre ambos hermanos no se ciñe solamente a este bloque, sino que implica 13 fincas más repartidas en distintas zonas de Ciutat Vella, todas de un inmenso valor económico. De hecho, existen serías sospechas de que los numerosos pleitos judiciales en que están implicados, no sean más que un montaje para mantener la confusión entre los vecinos de los distintos edificios.

A esta tensión e inseguridad, en el caso del 33 hay que añadir la degradación absoluta del edificio, tuberías con escapes, desagües e instalaciones eléctricas en mal estado, filtraciones y humedades, abandono total de las zonas comunes, pisos sobreocupados... Una situación que, lógicamente, ha degenerado la vida en general de la finca, pero sobre todo la situación de las 7 familias que todavía tenían vigente un contrato indefinido de renta antigua. A la vez, durante los últimos años la propiedad ha venido alquilando los pisos vacíos a familias inmigrantes con escasos recursos y en situación irregular, de manera que no pueden hacer valer sus derechos como arrendatarios.

Respecto al mantenimiento de la finca, Sofic Investiment S.L. se ha negado reiteradamente ha realizar las obras de conservación que requiere, mientras que Miquel Boluda se ha excusado en que no tiene recursos económicos para afrontarla. Por otro lado, según los vecinos, la finca no cuenta con el suministro de Aguas de Barcelona S.L., ya que la empresa responsable del pago, Utilist S.L. (adminitrada por Miquel Vila) se dio de baja del servicio en mayo del 2007.

Todo junto, como se entenderá, ha convertido el día a día de los habitantes de Robador 33 como la de otras tantas fincas de Robador y El Raval, en una pelea diaria contra la incertidumbre y el terror cotidianos. Este caso es otro más de los que las administraciones tienen constancia y respecto al que, más allá de algunas labores de asesoría, no se ha hecho un solo movimiento efectivo para establecer responsabilidades, romper con la impunidad de un delito que se viene cometiendo de manera reiterada y conocida públicamente desde hace cuatro años, y proteger los derechos y la integridad moral y jurídica de los vecinos.

Las administraciones deben responder si el número 33 también verá, como en el número 29, marcharse al último vecino sin que los responsables del mobbing hayan pagado por sus actos.

¿En el 33 igual que en el 29?