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La privatización de las prisiones en los USA: Pena capitalista

Dos millones de personas estan encarceladas en EEUU. Con estas cifras, las prisiones se han convertido en un negocio rentable que ha arrasado en Wall Street.

María Carrión de Quesada
A la entrada de la prisión de South Central en Clifton, Tennessee, regentada por la compañía privada Corrections Corporation of America (CCA), un tablero anuncia el lema de la institución: "C.C.A., Excelencia en los Correccionales". Más abajo se lee: "Cotización actual de nuestras acciones en Wall Street," seguido de una cifra.

Esta compañía es sin lugar a dudas la empresa privada de prisiones más grande de EEUU y posiblemente del mundo, y tiene bajo su control a más de la mitad de todos los presos que se encuentran en este tipo de cárceles. Creada en 1983 por varios empresarios accionistas de la cadena de pollo frito Kentucky Fried Chicken, la CCA rápidamente se hizo con este nuevo "mercado del crimen". Entre 1996 y 1999, el valor de sus acciones se disparó hasta colocarla entre las cinco primeras compañías de la Bolsa de Nueva York. Actualmente intenta expandir sus inversiones a otros países, incluyendo Gran Bretaña, Australia y Puerto Rico. Los folletos diseñados para la captación de inversores comparan a la CCA con "un hotel cuya tasa de ocupación está permanentemente al 100 por 100… y cuyas habitaciones están reservadas hasta finales del próximo siglo". La CCA comenzó a "aceptar reservas" durante el mandato de Ronald Reagan, y ha continuado prosperando con la presidencia de Bill Clinton. Este presidente ha batido todos los records carcelarios (incrementando la cifra de presos más que ningún otro presidente) mediante el endurecimiento de las penas mínimas de prisión. Es de suponer que con George W. Bush las prisiones sigan llenándose, ya que antes de ser presidente de los USA fue Gobernador del estado de Tejas convirtiéndolo en líder nacional en encarcelamientos y ejecuciones.

En los últimos 15 años, la CCA y otras empresas privadas han obtenido contratos del Estado para construir y gestionar prisiones, cárceles para menores y centros de detención para inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo político. Los resultados han sido, por ahora, polémicos: aparte de la fuerte oposición de grupos de derechos humanos contrarios a la idea de traficar con la justicia, a estos empresarios se les acusa de haber creado condiciones peligrosas e infrahumanas en sus centros de detención. A esta oposición se han sumado la Asociación Nacional de Sheriffs y la American Bar Association, organismo nacional que agrupa a los abogados. Algunas organizaciones negras han comparado la privatización de las prisiones con una vuelta a la esclavitud. En el bloque de subastas, donde antes se vendían esclavos ahora se subastan jóvenes negros a la compañía que ofrezca los mejores precios.

Con dos millones de presos ahora recluidos por todo EEUU (casi el 1 % de la población estadounidense) no es de extrañar que la CCA y sus competidores estén apostando por el crímen para forrarse. Uno de cada diez hombres negros estadounidenses ha estado en prisión, se encuentra actualmente encarcelado o está bajo libertad condicional. En algunas ciudades como Washington, DC, esta cifra se dispara hasta el 50 %. Muchos de ellos son los llamados "delincuentes no-violentos" que se encuentran encarcelados por posesión de pequeñas cantidades de droga. Gracias a las nuevas penas impuestas por Clinton y por el Congreso, tener una pequeña cantidad de cocaína o de su derivado, el "crack", -aunque sea para consumo propio- acarrea una pena mínima de cinco a veinte años de cárcel.

Alex Friedman, encarcelado en la prisión privada de South Central, en Tennessee, describe en un artículo un reciente congreso sobre la privatización de cárceles que reunió a empresarios y a posibles inversores: "El congreso, celebrado en unl lujoso hotel de Dallas, describió la toma empresarial de la industria carcelera como 'la moda más reciente en la privatización de los programas estatales'. El folleto promocional afirmaba: 'el reciente incremento de los arrestos y las condenas ofrecen la posibilidad de obtener ganancias - ganancias gracias al crimen. ¡Apúntese a esta bonanza ya!'". Empresas como la CCA, Wackenhut y otras compiten duranmente, rebajando los costes de funcionamiento hasta poder aventajar los precios del Estado. De esta manera, las compañías prometen ahorros sustanciales a los contribuyentes. Sin embargo, este supuesto ahorro todavía no ha dado resultados. Según un estudio llevado a cabo por la Oficina de Presupuestos del Congreso estadounidense en 1996, "no hay ninguna prueba sustancial que demuestre que la privatización de las prisiones haya supuesto un ahorro para el Estado," y encontró sólamente una prisión privada en Tennessee cuyos costes anuales eran tan solo el 1 % más bajos que los de las prisones estatales. Para competir con las instituciones estatales, estas empresas recurren a las amistades y las relaciones con políticos (capaces de obsequiarles con valiosos contratos) y el recorte radical de gastos. En realidad, los ahorros se reflejan en las ganancias de las empresas, que devuelven lo mínimo a los contribuyentes. Las empresas también se ahorran millones de dólares recortando gastos de otras partes, como en alimentación, sanidad, programas de educación y limpieza. Las empresas reciben una cantidad fija del Estado por cada preso que reciben: cada dólar que se ahorran de esta cantidad ingresa en sus bolsillos. Y los que lo pagan son los presos.

Uno de los ahorros principales ha sido en personal. Estas empresas emplean a menos personal, diseñando prisiones "automatizadas" que requieren un mínimo de vigilancia por parte de los guardas. Una prisión privada de Lawrenceville, en el estado de Virginia, se diseñó para que un solo guarda pudiese vigilar a 250 presos desde su sala de control. De noche, dos guardas vigilan a 800 presos. Pero estos recortes tienen consecuencias peligrosas para los presos y los guardias. El nivel de abusos por parte de los carceleros, y de violencia entre los presos, es mucho mayor en las prisiones privadas que en las estatales - en muchos casos incrementando en un 50 %. Alex Friedman, describe las condiciones en otro artículo: "Te meten en una jaula, te dan poca comida. No hay programas educativos y la gente está todo el día tirada en su celda, aburrida. No quieren sacarte al patio hacer ejercicio o a estirar las piernas para ahorrarse el coste de los guardas. No conocemos a los carceleros porque siempre están entrando nuevos, que nos tratan a patadas. Es decir, se forran con nosotros porque no invierten ni siquiera lo mínimo. ¿Y como lo hacen? Engañando a los guardas con su programa de inversión". Friedman se refiere al sistema de inversiones de los empleados en la CCA: en lugar de ofrecer aumentos de sueldo y pensiones, la CCA se ahorra dinero reemplazando las pensiones garantizadas de los empleados con un plan más arriesgado de inversiones en la misma compañía. "Como somos accionistas en la compañía, procuramos ahorrar de cualquier manera, como por ejemplo con productos de limpieza o comida, porque al fín y al cabo, es tu dinero el que te estás gastando," dice un carcelero de la CCA.

Pero gracias a las relaciones estrechas entre las empresas privadas y las autoridades estatales y federales, los contratos se renuevan y se hace la vista gorda a los abusos en estas prisiones. El mismo año en que el gobierno federal aprobaba la labor de la CCA y renovaba varios acuerdos, Rosalind Bradford, una presa embarazada de 23 años, moría en la prisión de esta empresa en Silverdale, Tennessee, tras más de doce horas de agonía. Agonizó hasta que el alcaide de la prisión autorizó su traslado a un hospital, al que llegó demasiado tarde. Una supervisora de la prisión se querelló contra la CCA: "Rosalind murió por culpa de una negligencia criminal por parte de las autoridades de la prisión," afirmó la supervisora durante su declaración. La ONG Justice Policy Center declaró que: "Estas empresas se ahorran dinero recortando los servicios médicos. En muchos casos, niegan el acceso a un médico, o a una medicación recetada. Les resulta más barato darles una aspirina". Los miembros de una delegación de inspectores de la Asociación de Oficiales de Prisiones Británicas - Gran Bretaña también está privatizando su sistema penitenciario - que visitó la prisión de Silverdale se quedaron horrorizados por las condiciones. "Vimos tratos abusivos, por ejemplo a los presos que hacían mucho ruido los amordazaban con cinta adhesiva, y el alcaide hasta reconoció que en una ocasión un preso había estado a punto de morir axfisiado" afirmaron los inspectores.

En varias prisiones para menores regentadas por Wackenhut - empresa creada por un ex-agente del FBI, y la número dos en el negocio de prisiones privadas - en todo el país, el Departamento de Justicia erscubrió que los empleados abusaban sexualmente de los presos, los humillaban y los golpeaban. En una de sus prisiones, 125 empleados fueron despedidos en un solo año por cometer abusos contra los presos y por practicar el contrabando. Los presos de un centro de Nuevo México se sublevaron el año pasado para protestar contra los malos tratos y la inseguridad. En los centros de detención para inmigrantes, las condiciones son aún peores que en las prisiones, ya que a los inmigrantes los cambian de centro frecuentemente y no pueden protestar eficazmente. Y estos problemas han sido exportados fuera del país: la prisión de Wackenhut en Doncaster, Reino Unido, tiene la tasa de suicidios más alta del país.

Al afán por el ahorro de estas empresas se suma otro incentivo económico aún más siniestro: el de procurar que los presos cumplan las cadenas más largas, para así asegurarse sus ingresos. Las asociaciones de presos se quejan de que en las prisiones de la CCA y de Wackenhut, los presos son castigados con cualquier excusa. Un día en una celda de castigo equivale a un mes más de condena para el preso, y a un mes más de ingresos para la empresa. Además, los socios de las empresas han sido influyentes en las presiones al Congreso estadounidense para que imponga penas más largas por delitos menores. El preso Alex Friedman concluye uno de sus artículos de esta manera: "Se ahorran en comida. Se ahorran en limpieza. Se ahorran en seguridad. Se ahorran en programas de rehabilitación y entrenamiento. Pero a la hora de evaluar esos ahorros, lo que cuenta es otro: ¿que están contribuyendo con respecto a la reincidencia? Y la respuesta es que se están asegurando de que esos presos, después de obtener la libertad, volverán al talego."

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