Fórum por la insumisión y la desobediencia social
¡Contra la guerra permanente y el estado de excepción
global, desobedecer y rebelarse es justo!
Después del 11 de septiembre del 2001, la instauración de un estado de
emergencia antiterrorista planetario sirve de pretexto para el
reforzamiento del control social y la creación de un pesado arsenal
represivo que busca la intimidación y la disuasión de toda actividad
política y social no asimilada. La adopción de un amplio abanico de
medidas que extienden los poderes judiciales y de la policía cuestiona
radicalmente un buen número de garantías previstas en un "Estado de
derecho". Esa aceleración en la instauración de legislaciones de
excepción vuelve caducos de hecho ciertos principios enunciados por las
diferentes declaraciones y convenciones de los "Derechos del Hombre".
Esos nuevos dispositivos legislativos y judiciales, que pisotean todo
criterio y regla del pensamiento jurídico democrático --de la presunción
de inocencia a la no retroactividad de leyes y decretos-- conciernen a
la vida cotidiana de todos y cada uno, sobre todo en los barrios
periféricos, los barrios populares, los lugares de trabajo y los
espacios públicos.
Así, en Francia, bajo el nombre de Ley de Seguridad Cotidiana, el
gobierno ha hecho votar "à la hussarde" [sin miramientos] un texto que
retoma todas las medidas más represivas de los textos antiguos (como por
ejemplo las medidas originalmente contenidas en la Ley Sobre la Sociedad
de la Información), que no tenían nada que ver con el supuesto "peligro
terrorista".
Todas las miras de estas medidas se ponen particularmente en las formas
de contestación política, así como en las situaciones sociales
consideradas "de riesgo" (sin papeles, sin techo, parados, fiestas
callejeras ilegales, toxicomanía, prostitución, etc.).
Al mismo tiempo, la supresión de fronteras en el seno de la Unión
Europea se lleva a cabo con el desarrollo paralelo de un sistema de
vigilancia unificado (SIS, sistema de información de Schengen). Ese
fichero está ahora mismo en el corazón de la política de vigilancia
reforzada del territorio y de gestión de los nuevos flujos migratorios
explotables. De hecho, cada patrulla de policía se convierte en un
"puesto de frontera", y la consulta del fichero SIS se convierte en
origen de una detención, de un procedimiento de extradición o de
expulsión.
Esta verdadera guerra judicial entraña la penalización de la esfera
pública y privada:
Por un lado, porque la policía se emancipa de una
serie de procedimientos obligatorios. Por ejemplo, la posibilidad de
intrusión en un local asociativo o en un domicilio privado sin necesidad
de mandato del juez. Por otra, por la atribución a la esfera judicial, y
especialmente a la justicia penal, de nuevas competencias en la
regulación de controversias sociales y administrativas, incluso el paso
de la infracción administrativa al delito penal. Por ejemplo, en el
metro, tras la segunda infracción constatada, un individuo se enfrenta
hasta a seis meses de reclusión y 5000 francos de multa (125.000 pts).
Esa ley criminaliza tanto el fraude por precariedad como la
reivindicación de la gratuidad de los transportes.
Intensificación de los medios de control, por
ejemplo: la verificación del carnet de transporte se transforma en
verdadero control de identidad. Los transportes públicos se convierten
en lugares de control social intensivo y sistemático con la práctica del
control facial con el objetivo de localizar a los clandestinos (sin
papeles) y cualquier otro comportamiento fuera de la norma. Con el
sistema "Vigipirate" de vigilancia reforzado, se ha constatado un
aumento de un 40% de retenciones en centros especiales y se han
triplicado la videovigilancia en los lugares públicos.
El fichaje sistemático de las poblaciones
definidas como "desfavorecidas" (fichero europeo EURODAC sobre los sin
papeles y los peticionarios de asilo).
La legalización de la intrusión en la esfera
personal, incluso íntima, en la "vida privada". Por ejemplo, con la ley
de seguridad cotidiana, los proveedores de acceso a internet están
obligados a conservar las huellas de todas las conexiones de sus
clientes durante un año. Con ese sistema de espionaje masivo la vida
privada de cualquier ciudadano está a la disposición de la policía y
otros agentes administrativos.
Es también una criminalización preventiva de las luchas sociales más
diversas, de los movimientos de oposición a la mundialización
capitalista neoliberal , de toda práctica colectiva de contestación.
No se consideran "simplemente" ilegales, sino que son también
calificados de actos terroristas los comportamientos como:
- La ocupación "abusiva" de lugares públicos o los daños causados a
bienes y transportes públicos (incluso la ocupación de parroquias por
parte de inmigrantes o de lugares de trabajo).
- El desvío o la interrupción de bienes y servicios (agua,
electricidad, medios de transporte, etc.)
- La incursión "salvaje" en un sistema de información (hackers, redes
independientes, etc.).
El desarrollo de un espacio judicial europeo sin
fundamento constitucional sobre la base del reconocimiento mutuo de
sentencias y de todo acto de justicia.
La creación de un mandato de detención europeo
que permite llevar a la justicia de otro país miembro de la UE a
personas residentes o nacionales sin las garantías de tutela previstas
por el antiguo procedimiento de extradición.
¿Cómo se vuelve uno hoy sospechoso? La simple predisposición a cometer
un delito (por ejemplo un delito no factual como el de asociación)
bascula entre la esfera penal sobre la base de este estado de emergencia
permanente y de la lógica securitaria.
Todo hombre o mujer, militante, ciudadano, que participe en un
movimiento social o no, está concernido por estas leyes liberticidas.
Os invitamos por todo ello a encontrarnos en un primer FORUM DE LA
INSUMISION Y LA DESOBEDIENCIA SOCIAL, el día 9 de diciembre, en los
locales de la rue Voltaire, 21, para crear juntos una dinámica de lucha
y de acción contra la máquina represiva.
samizdat.net
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