Fórum por la insumisión y la desobediencia social

¡Contra la guerra permanente y el estado de excepción global, desobedecer y rebelarse es justo!


Después del 11 de septiembre del 2001, la instauración de un estado de emergencia antiterrorista planetario sirve de pretexto para el reforzamiento del control social y la creación de un pesado arsenal represivo que busca la intimidación y la disuasión de toda actividad política y social no asimilada. La adopción de un amplio abanico de medidas que extienden los poderes judiciales y de la policía cuestiona radicalmente un buen número de garantías previstas en un "Estado de derecho". Esa aceleración en la instauración de legislaciones de excepción vuelve caducos de hecho ciertos principios enunciados por las diferentes declaraciones y convenciones de los "Derechos del Hombre".

Esos nuevos dispositivos legislativos y judiciales, que pisotean todo criterio y regla del pensamiento jurídico democrático --de la presunción de inocencia a la no retroactividad de leyes y decretos-- conciernen a la vida cotidiana de todos y cada uno, sobre todo en los barrios periféricos, los barrios populares, los lugares de trabajo y los espacios públicos.

Así, en Francia, bajo el nombre de Ley de Seguridad Cotidiana, el gobierno ha hecho votar "à la hussarde" [sin miramientos] un texto que retoma todas las medidas más represivas de los textos antiguos (como por ejemplo las medidas originalmente contenidas en la Ley Sobre la Sociedad de la Información), que no tenían nada que ver con el supuesto "peligro terrorista".

Todas las miras de estas medidas se ponen particularmente en las formas de contestación política, así como en las situaciones sociales consideradas "de riesgo" (sin papeles, sin techo, parados, fiestas callejeras ilegales, toxicomanía, prostitución, etc.).

Al mismo tiempo, la supresión de fronteras en el seno de la Unión Europea se lleva a cabo con el desarrollo paralelo de un sistema de vigilancia unificado (SIS, sistema de información de Schengen). Ese fichero está ahora mismo en el corazón de la política de vigilancia reforzada del territorio y de gestión de los nuevos flujos migratorios explotables. De hecho, cada patrulla de policía se convierte en un "puesto de frontera", y la consulta del fichero SIS se convierte en origen de una detención, de un procedimiento de extradición o de expulsión.

Esta verdadera guerra judicial entraña la penalización de la esfera pública y privada:

  • Por un lado, porque la policía se emancipa de una serie de procedimientos obligatorios. Por ejemplo, la posibilidad de intrusión en un local asociativo o en un domicilio privado sin necesidad de mandato del juez. Por otra, por la atribución a la esfera judicial, y especialmente a la justicia penal, de nuevas competencias en la regulación de controversias sociales y administrativas, incluso el paso de la infracción administrativa al delito penal. Por ejemplo, en el metro, tras la segunda infracción constatada, un individuo se enfrenta hasta a seis meses de reclusión y 5000 francos de multa (125.000 pts). Esa ley criminaliza tanto el fraude por precariedad como la reivindicación de la gratuidad de los transportes.

  • Intensificación de los medios de control, por ejemplo: la verificación del carnet de transporte se transforma en verdadero control de identidad. Los transportes públicos se convierten en lugares de control social intensivo y sistemático con la práctica del control facial con el objetivo de localizar a los clandestinos (sin papeles) y cualquier otro comportamiento fuera de la norma. Con el sistema "Vigipirate" de vigilancia reforzado, se ha constatado un aumento de un 40% de retenciones en centros especiales y se han triplicado la videovigilancia en los lugares públicos.

  • El fichaje sistemático de las poblaciones definidas como "desfavorecidas" (fichero europeo EURODAC sobre los sin papeles y los peticionarios de asilo).

  • La legalización de la intrusión en la esfera personal, incluso íntima, en la "vida privada". Por ejemplo, con la ley de seguridad cotidiana, los proveedores de acceso a internet están obligados a conservar las huellas de todas las conexiones de sus clientes durante un año. Con ese sistema de espionaje masivo la vida privada de cualquier ciudadano está a la disposición de la policía y otros agentes administrativos.

Es también una criminalización preventiva de las luchas sociales más diversas, de los movimientos de oposición a la mundialización capitalista neoliberal , de toda práctica colectiva de contestación.

No se consideran "simplemente" ilegales, sino que son también calificados de actos terroristas los comportamientos como:

  1. La ocupación "abusiva" de lugares públicos o los daños causados a bienes y transportes públicos (incluso la ocupación de parroquias por parte de inmigrantes o de lugares de trabajo).

  2. El desvío o la interrupción de bienes y servicios (agua, electricidad, medios de transporte, etc.)

  3. La incursión "salvaje" en un sistema de información (hackers, redes independientes, etc.).

  • El desarrollo de un espacio judicial europeo sin fundamento constitucional sobre la base del reconocimiento mutuo de sentencias y de todo acto de justicia.

  • La creación de un mandato de detención europeo que permite llevar a la justicia de otro país miembro de la UE a personas residentes o nacionales sin las garantías de tutela previstas por el antiguo procedimiento de extradición.

¿Cómo se vuelve uno hoy sospechoso? La simple predisposición a cometer un delito (por ejemplo un delito no factual como el de asociación) bascula entre la esfera penal sobre la base de este estado de emergencia permanente y de la lógica securitaria.

Todo hombre o mujer, militante, ciudadano, que participe en un movimiento social o no, está concernido por estas leyes liberticidas.

Os invitamos por todo ello a encontrarnos en un primer FORUM DE LA INSUMISION Y LA DESOBEDIENCIA SOCIAL, el día 9 de diciembre, en los locales de la rue Voltaire, 21, para crear juntos una dinámica de lucha y de acción contra la máquina represiva.


samizdat.net

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