Como consecuencia de los acuerdos de las Jornadas Unitarias contra la Presidencia Europea de Zaragoza, se estableció hacer un llamamiento en cada territorio a todas las organizaciones o grupos que trabajan en temas relacionados con inmigración y extranjería, para desarrollar los puntos:

· Movilizaciones en torno al 26 de enero de 2002 y presentación pública de las autoinculpaciones recogidas durante las luchas del año anterior.

· Propuestas de movilización en marzo y abril coincidiendo respectivamente con las jornadas de lucha acordadas en Zaragoza y la reunión de responsables de emigración de la Unión europea en Canarias.

Con este propósito se convocó por internet y telefónicamente entre el día tres de diciembre y el tres de enero cuatro reuniones (una en Vallecas y tres en Tirso de Molina) a las que sólo han asistido: Tod@s Ciudadan@s, CNT, Derechos para Tod@s, Solidaridad con El Salvador, Tomate-Ninguna Persona es Ilegal y la Coordinadora de Organizaciones de Inmigrantes, que sólo asistió a la primera reunión.

Lo que se pretendía era una movilización que englobara a toda la ciudadanía organizada y no organizada. Sin embargo, desde la primera convocatoria nos hemos encontrado con dos graves problemas, que a la postre han resultado insalvables: la falta de asistencia de casi todas las organizaciones que apoyaron los acuerdos de Zaragoza y la convocatoria alternativa de la Coordinadora de Organizaciones de Inmigrantes de una manifestación para el día 21 de enero de 2002.

Puesto que el objetivo de englobar a todas las organizaciones en la movilización prevista para el fin de semana del 26-27 de enero ha resultado infructuosa y además la intransigencia de la Coordinadora de Organizaciones de Inmigrantes no ha permitido una convocatoria conjunta, se han tomado las siguientes decisiones:

1- Disolver el eje de inmigración

2- No convocar manifestación para el día 26 ó 27

3- Desconvocar la presentación pública de autoinculpaciones.

Entendemos que en el momento actual este tipo de movilizaciones no parecen atractivas para algunas organizaciones por carecer de rentabilidad política. En cuanto a las organizaciones de inmigrantes, no creemos que sea incompatible su liderazgo con la coordinación con otros grupos que comparten numerosos intereses en común como son los derechos de ciudadanía.

En todo caso las organizaciones que nos hemos reunido estamos abiertas a discutir cualquier propuesta de trabajo que se plantee.

Madrid, 8 de enero de 2002