El siguiente es el Informe elaborado por SERPAJ sobre la represión sobre los presos del Módulo 5 del COMCAR. Es una muestra de la barbarie represiva en épocas de "democracia".

Informe sobre los incidentes que acontecieron en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez el pasado 10 y 11 de noviembre de 1999.

"Todo estado parte velará porque se incluyan una educación y una información completa sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea esta civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar de la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión" (Art. 10 de "Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o penas crueles, inhumanas o Degradantes", ratificada por el Estado uruguayo por Ley No 15978 del 27.12.85).

"Los funcionarios de los establecimientos no deberán en sus relaciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza, o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente al director del establecimiento sobre el incidente." (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos Regla 54:1)

"Los funcionarios penitenciarios recibirán un entrenamiento físico especial que les permita dominar a los reclusos violentos." (Regla 54:2)

"Salvo en circunstancias especiales los agentes que desempeñan un servicio de contacto directo con los presos no estarán armados. Por otra parte, no se confiará jamás un arma a un miembro del personal sin que este haya sido antes adiestrado en su manejo." (Regla 54:3)

El presente Informe tiene por objetivo trasmitir nuestra preocupación por los hechos de notoriedad acontecidos en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, el día 10 de noviembre de 1999 y posteriores, en los que estuvieron involucrados presos alojados en el Módulo 5, funcionarios judiciales y policiales de custodia y fuerzas especiales antidisturbios de la policía. Denunciar las irregularidades acontecidas en torno a los mismos solicitando de las autoridades competentes la toma de decisiones al respecto, así como políticas inmediatas para prevenirlos.

De acuerdo a las informaciones de la prensa que recogió los incidentes ocurridos, así como las declaraciones oficiales que sobre los mismos emitieron las autoridades nacionales, y datos obtenidos por el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) a partir de diversos testimonios recogidos de presos, familiares y funcionarios carcelarios, dichos incidentes se relacionan con las graves carencias que ostenta el sistema carcelario nacional en aspectos tales como los sistemas de seguridad para el normal funcionamiento de estas instituciones públicas responsables de efectivizar el cumplimiento de penas privativas de la libertad. Por otro lado, los hechos ponen en evidencia que la respuesta de las fuerzas encargadas de restablecer el orden se exceden en el uso de la fuerza aplicando métodos que configuran tortura, trato cruel, inhumano y degradante a prisioneros.

La prensa escrita de los días 11 de noviembre y posteriores (El Observador, La República, Búsqueda) da cuenta de la fuga protagonizada por una decena de presos y de un incidente de motín protagonizado por los presos alojados en el Módulo 5 del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (COMCAR).

El miércoles 10 la Defensora de Oficio Dra. Cristina Freijedo y su Secretaria Carmen Fernández ingresaban al Módulo 5 de COMCAR siendo obligadas por algunos presos a arrojarse al piso bajo amenazas, simultáneamente eran reducidos y maniatados los guardias de custodia que cumplían funciones en dicho Módulo.

Los presos logran fugarse en una ambulancia con las dos funcionarias judiciales como rehenes. Alertadas las autoridades, estas disponen un operativo policial que culmina con la detención de los fugados y la liberación de los rehenes. El procedimiento arroja como saldo varios heridos entre policías y presos.

Mientras esto acontecía, algunos reclusos pertenecientes al Módulo 5 se encontraban en el patio jugando al fútbol y otros en el interior de sus celdas.
Inmediatamente de ocurridos estos episodios y como lógica consecuencia de los mismos, se suscita un clima de tensión y nerviosismo. Comienzan a sentirse ruidos y se constata que un operativo de seguridad se ponía en marcha.

Transcurre un lapso de más de 2 horas mientras los reclusos del módulo empiezan a entender que había tenido lugar una fuga: "los reclusos empiezan a meterse en las celdas y a comentar entre ellos"... "Era la hora 17 más o menos y empezamos a sentir golpeteos, algunos al escuchar comentarios se acercaron a las ventanas con rejas y vieron que el Módulo estaba siendo rodeado con una guardia fuertemente pertrechada y como en estado de guerra".

Los policías lanzan gases lacrimógenos y los presos intentan subir a los pisos superiores, al no poder acceder y viendo que el operativo de seguridad era de características inusitadas, intentan salir del Módulo.

Muchos presos al ver que las fuerzas policiales rodeaban el lugar y se aprestaban a ingresar realizando un boquete en una de las paredes del edificio, comenzaron a golpear las rejas, a incendiar colchones y a romper el mobiliario.

Consecuentemente, fuerzas antimotines de la Policía proceden a desalojar las instalaciones del Módulo 5. Muchos aseguran que se produjeron disparos de escopetas con cartuchos de balas de goma.

El Servicio Paz y Justicia entrevistó a un numero significativo de protagonistas directos de los sucesos, que describieron que alrededor de 300 presos fueron conducidos a golpes hasta el sector de ingreso de la visita, denominado "túnel". Una vez que estuvieron en ese lugar, fueron obligados a estar acostados sobre el piso, boca abajo, con las manos cruzadas sobre la nuca hasta el otro día. Durante ese lapso, los policías continuaron golpeando, insultando, caminando y orinando sobre los cuerpos, e incluso en algunos casos, quemándolos con cigarrillos encendidos. En general no se autorizó a ninguno a moverse ni siquiera para ir al baño. Eran amenazados de muerte y obligados a gritar "viva el ejército", "viva la guardia".

Alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente les dieron leche y pan exigiéndoles que fueran ingeridos literalmente "en un minuto". Muchas de dichas raciones fueron orinadas previamente por la guardia.

Posteriormente fueron trasladados algunos al sector de COMCAR denominado "barracas", allí estuvieron alojados nueve días donde continuaron los castigos corporales y psicológicos en forma arbitraria e indiscriminada. A algunos de los reclusos se les torturó introduciéndole un palo que tienen los custodias en el ano.

En un período que va entre los 5 y los 10 días de ocurridos estos hechos fueron vistos en COMCAR por médicos del Hospital Penitenciario, observados a distancia, bajo consejos de que con el tiempo los dolores y secuelas cederían. De todos los entrevistados solamente uno, a instancia de su abogado particular, fue visto por médico en el Instituto Técnico Forense.

Según los transcendidos de prensa un total de 70 presos fueron trasladados a los establecimientos de Libertad y Canelones. A este último fueron llevados 30 presos de acuerdo a lo que pudo confirmar SERPAJ a través de entrevistas mantenidas con las autoridades de ese establecimiento.

La intervención de las fuerzas antidisturbios de la policía tuvo como característica la de ser masiva e indiscriminada. Todos fueron sancionados con aislamiento durante los días posteriores hasta el día 2 de diciembre. La sanción implico que nadie tuviera visita durante ese período, lo que sumado al hecho de que los abogados defensores de oficio resolvieron no concurrir hasta tanto no se tomen medidas adecuadas para el ejercicio de sus funciones, agravó aún más el aislamiento.

Algunos presos sostienen que a la llegada a la Cárcel de Canelones, fueron conducidos esposados hasta el salón comedor del establecimiento. Allí fueron obligados a permanecer con la cara contra la pared, muchos de rodillas y otros de pie con los brazos cruzados en la nuca. Todos estaban desnudos (sus pertenencias habían quedado en las celdas de COMCAR donde estaban alojados). En ese lugar fueron golpeados y a cada uno se le adjudicó un número, informándoles que en adelante no se les llamaría por su nombre.

Dos médicos procedieron a revisar a cada uno de los trasladados, suministrando a quienes manifestaban tener alguna dolencia, un comprimido que probablemente se trataba de un calmante. Ninguno fue hospitalizado y hasta el día de las entrevistas, 1 de diciembre, ninguno había sido visitado por su defensor.

Todos coinciden en señalar que quienes se caracterizaban por pegar y maltratar con mayor saña era la guardia de Canelones, los "cascudos" como aparecen nombrados en la mayoría de los testimonios. Estos llegaron al COMCAR profiriendo gritos de "Aquí llegó Canelones".

El empleo de la fuerza entre la tarde del miércoles 10 y la del jueves 11 de noviembre arrojó un saldo de un muerto y varios heridos algunos de gravedad con fractura de huesos, contusiones en distintas partes del cuerpo, quemaduras de cigarrillos y por la exposición al sol durante mucho tiempo, entre otras lesiones que pudieron ser constatadas, a simple vista, varios días después de acontecidos los hechos.

Conclusiones y recomendaciones.

Los hechos hasta aquí reseñados son elocuentes de la gravedad de la situación de las cárceles uruguayas, especialmente en los centros carcelarios mas importantes del país.

En primer lugar debe señalarse la preocupación por las condiciones de seguridad en los establecimientos carcelarios, en el entendido de que es necesario garantizarla para que presos, funcionarios penitenciarios, policiales, técnicos y judiciales puedan tener las máximas garantías de protección a su integridad física.

El episodio de referencia, con fuga de presos con rehenes y apoderándose de las armas de funcionarios de custodia, es un hecho grave que altera la seguridad y pone en riesgo la integridad y la vida de funcionarios penitenciarios y de la población carcelaria en su conjunto; además altera seriamente la estabilidad institucional. Máxime cuando estos episodios han venido ocurriendo con demasiada frecuencia en los últimos años¹.

En ese sentido corresponde que las autoridades, a la vez de investigar los hechos y asignar las responsabilidades de quienes por acción u omisión en sus funciones, permitieron que 10 reclusos fugaran del establecimiento de COMCAR, deban establecer las medidas de prevención para que hechos de esa naturaleza no ocurran en el futuro.

¹ En el mes de agosto de 1999 un episodio de toma de rehenes ocurrió en el Penal de Libertad. El hecho fue ampliamente difundido por los medios. Por otra parte, desde 1986 a la fecha se han producido innumerables episodios de protesta y han tenido lugar incidentes de gravedad en diferentes establecimientos carcelarios del país. Ver: "Las Voces del Silencio" de junio de 1993.

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