El 19 de abril de este año cientos de personas, coincidiendo con el paso por Madrid de la Marcha europea contra el paro y la exclusión social, okupamos un edificio público en estado de abandono, cuya propiedad detentaba Patrimonio del Estado (Mº de Economía y Hacienda), en la calle de Embajadores, 68.

Ya en ese momento, después de la experiencia de anteriores okupaciones y desalojos, y conociendo la tendencia de los poderes públicos a tratar los conflictos sociales de un modo exclusivamente policial, invitamos a las instituciones a hacer un ejercicio de imaginación para no repetir sucesos como los del desalojo de La Guindalera. Nos referíamos a un reconocimiento expreso de las okupaciones como un proyecto colectivo que no puede ser abolido o ignorado en tanto que expresión social emergente de nuevas formas de vida y de lucha que reivindican la autonomía y la autogestión como modelo alternativo de cooperación social.

Pasados seis meses, la respuesta ha sido el silencio y la apertura de un proceso judicial que ahora culmina con una nueva amenaza de desalojo. La impotencia de la administración para admitir formas diferentes de la representación política tradicional nos puede conducir de nuevo al círculo vicioso de desalojo-okupación-nuevo desalojo… Las medidas policiales o simplemente jurídicas son absolutamente insuficientes. Sólo cabe una postura razonable: el reconocimiento de la okupación como legítima respuesta al marco socioeconómico que excluye a cada vez más personas de unas condiciones de vida dignas. Y el paso previo a ese reconocimiento es el cierre de todos los procesos judiciales en marcha y la apertura de un amplio debate público que permita superar el error de la penalización de las okupaciones.

Han sido muchas las voces, incluidas algunas del partido ahora en el gobierno municipal y estatal, que en el último año han cambiado de discurso acerca del movimiento de okupación. Desde el CSOA El Laboratorio hacemos un llamamiento a ir más allá de las intenciones y disponerse a hablar abiertamente de la cuestión: iniciar un proceso político de diálogo que parta del reconocimiento del proyecto autogestionario que constituye cada uno de los centros sociales okupados.

Por nuestra parte, hemos convocado a todos los colectivos y organizaciones políticas y sociales que apoyan la okupación a participar conjuntamente en este proceso que estamos iniciando, del mismo modo que anteriormente nos hemos dirigido a las instituciones correspondientes para articular un marco de relaciones que no se base en el deseo de abolición del proyecto social que representamos.Desde el lunes 1 de diciembre, la jueza que lleva el caso puede firmar una orden de desalojo que difícilmente podrá llevar a cabo, pues nuestra intención es no acatarla: en esa convocatoria se incluye, desde luego, el mantenimiento y la defensa de éste y otros centros sociales okupados.