En la primavera y verano del 2000, los medios de comunicación anunciaron a bombo y platillo la inminencia de una guerra étnica en Lavapiés, debido a los ataques que algunos vecinos y vecinas del barrio, y en particular los comerciantes chinos, venían sufriendo por parte de una pandilla de jóvenes marroquíes conocidos como la banda del pegamento. Este es el análisis que hizo de la situación el hoy desaparecido Kolectivo Arde Lavapiés.

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Lavapiés: ven y cuéntalo
Kolectivo Arde Lavapiés (KAL)

Lavapiés es el barrio más pobre del centro de Madrid. Hasta finales de los 80 estaba poblado fundamentalmente, por gente mayor y de mediana edad, con pocos recursos. A partir de entonces se inicia el proceso de cambio de población con la afluencia masiva de inmigrantes y gente joven. En la actualidad su población es muy variada, compuesta por distintas comunidades cada una de las cuales tiene sus propias redes de relaciones, y que generalmente tienen poca comunicación entre sí. A la población original se añade gente joven con pocos recursos, marroquíes, orientales, caribeños, bengalíes, senegaleses y otras comunidades inmigrantes.
Hace tres años se inició un proceso de rehabilitación (Ayuntamiento, Comunidad, Ministerio de Fomento y U.E), con la intención formal de mejorar la calidad de vida de los vecinos, rehabilitando casas y calles. Desde hace un tiempo el barrio aparece constantemente en los medios de comunicación por un problema de delincuencia, la llamada "banda del pegamento". Esta "banda" es un grupo pequeño de chavales marroquíes, de extracción social muy baja, que bajo los efectos de la inhalación de pegamento, comete atracos en algunas calles del barrio con bastante violencia. Su actuación ha afectado sobre todo a los comerciantes chinos a los que al parecer confundían con turistas japoneses. Estos comerciantes son una presa fácil, porque suelen llevar mucho dinero en efectivo y no denunciaban por su propia situación irregular.
Hace poco algunos comerciantes chinos empezaron a responder a las agresiones, lo que ha dado pie a la prensa de hablar de enfrentamientos étnicos, que como tales no han existido nunca en el barrio. A raíz de este problema, los medios de comunicación alentados por las instituciones y algunas asociaciones del barrio (ATILA y Movimiento Contra la Intolerancia), han creado una psicosis colectiva que ha servido para justificar la toma del barrio por la policía y para eclipsar los verdaderos problemas.
Se oculta, por ejemplo, que muchos vecinos, personas mayores sin apenas recursos y que llevaban décadas residiendo en Lavapiés, han sido obligadas a marcharse gracias a desahucios ilegales con juicios rápidos, sin notificación y siempre a favor de la propiedad (casos completamente documentados). Que esto es posible, entre otras cosas, gracias al aumento de la "propiedad vertical" - dueños que poseen todo el edificio o varios -, lo que conlleva a alquileres en condiciones abusivas. Que estos mayores, cuyo número es muy alto, cuentan con un solo centro de tercera edad. Las dotaciones sociales en general, son muy escasas y no tienen en cuenta la composición social del barrio. El único centro cultural del ayuntamiento, por ejemplo, exige la nacionalidad española para matricularse en sus cursos, en un barrio en el que al menos un tercio de la población es inmigrante. Las actividades están planteadas desde fuera, gestionadas por empresas privadas y no atraen a los intereses de la gente. Faltan centros sanitarios, solo existe un centro de salud que no atiende urgencias (reivindicación histórica de la lucha vecinal de este barrio). Sólo hay un polideportivo para toda la zona de Lavapiés, Latina y Rastro, masificado e insuficiente. Por supuesto, no hay ni sombra de zonas verdes.
El pequeño comercio desaparece gracias a la proliferación de grandes superficies comerciales, por no hablar de la nueva ley que liberaliza los horarios comerciales.
La rehabilitación de las calles genera unas obras interminables e insufribles, con cortes crónicos en el alumbrado de algunas calles, y que generan gran crispación entre los vecinos, sobre todo teniendo en cuenta que en Lavapiés la vida en la calle es fundamental dada la estrechez y miseria de las viviendas.
La gran presencia policial genera un clima rayano en lo paramilitar: registros, cacheos, detenciones injustificadas, confidentes, secretas, acoso a inmigrantes y a sus asociaciones (caso de AEME -Asociación de Emigrantes Marroquíes en España). Además, desalojos de centros sociales okupados.
El despliegue de medios en torno a la violencia oculta todo esto, pero oculta ante todo que el Plan de Rehabilitación no pretende únicamente cambiar el aspecto físico del barrio, sino también sustituir a sus actuales pobladores por otros más adecuados al nuevo barrio. El éxodo silencioso de ancianos y jóvenes al no poder hacer frente a la subida de los alquileres de las casas rehabilitadas es sólo el primer paso. La concejala de centro lo dijo muy claro en una reciente reunión con algunas asociaciones: quien no tenga medios para vivir "dignamente" en este barrio, que se vaya a intentarlo en otro sitio. Y definió a los nuevos pobladores ideales: parejas jóvenes con hijos y medios económicos suficientes.
Por si la propia dinámica de la rehabilitación no bastase para limpiar el barrio de pobres e ilegales, la administración pone en marcha estrategias más sutiles, y ahí es donde se encaja toda la historia de la banda del pegamento, la inseguridad ciudadana y la presencia policial.
En primer lugar, el estado de pánico creado por los medios de comunicación en torno al tema, basta para que algunos vecinos se planteen abandonar el barrio, y ese miedo es tan real como real es que en el último año (según datos de la comisaría de centro, a marzo del 2000) los delitos han descendido entre un 7 y un 10% en Lavapiés.
En segundo lugar, el despliegue policial destinado a combatir la delincuencia lleva una estrategia muy clara, dirigida a crear más sensación de inseguridad, y represión. Justificada con el argumento de que "nosotros vinimos porque nos habéis llamado", eso sí con una ineficacia premeditada y una actitud provocadora constante, cometiendo todo tipo de abusos. La presencia policial no pretende acabar con la banda del pegamento, porque bandas como esta justifican su presencia en el barrio, que sirve sobre todo para acosar y amedrentar a los inmigrantes, provocando el éxodo de los que se encuentran el situación irregular.
Por la misma razón, ni las instituciones ni sus comparsas tienen intención de dotar al barrio de los recursos necesarios para solucionar problemas de marginación como el de los chavales de Cabestreros. Incitan a la creación de patrullas vecinales por parte de organizaciones de corte fascista o a la solicitud de deportaciones de extranjeros, por parte de Esteban Ibarra de Movimiento Contra la Intolerancia (ver EL PAIS sección Madrid, 30 de abril y 2 de mayo de 2.000). Provocan el enfrentamiento y la falta de comunicación entre vecinos, separando el barrio en una parte rica (los nuevos pobladores que llegan) y otra pobre.
Este no es un caso aislado ni casual, los procesos de reestructuración de las grandes ciudades europeas están a la orden del día en la política neoliberal de la nueva Europa. Expulsando hacia la periferia a la población mas desfavorecida y molesta de la ciudad.
A consecuencia de toda la psicosis creada con la terrible "banda del pegamento", han surgido distintas posturas en el barrio, en las que incluimos a la administración (Ayuntamiento, CAM y Delegación de gobierno), ya que su papel es fundamental como creadores y potenciadores del problema. Sabiendo que existen tantas voces como vecinos, y que nadie representa a nadie.

    LA RED DE LAVAPIÉS. Nosotras, Kolectivo Arde Lavapiés, y otros colectivos (asociaciones de vecinos, colectivos de inmigración, okupas, asociaciones culturales, colectivos de barrio), nos desintegramos en la Red de Lavapiés, y es de ahí de donde nace buena parte de nuestro análisis. Allí, con un carácter asambleario y abierto trabajan distintos colectivos sociales del barrio en torno a temáticas distintas. A raíz de esta historia, se han creado en la Red varias comisiones para analizar la auténtica realidad del barrio, con la intención de hacer un curro serio y comprometido que fortalezca su tejido social. Pero pasa por implicar en esa Red al mayor número de personas y colectivos pensando a largo plazo, sin olvidar el trabajo diario.

    ATILA. Asociación de comerciantes de Tirso y Lavapiés. Su postura es intransigente, más represión contra los inmigrantes "que no vienen a integrarse" -¿habrá que preguntárselo a cada uno?- hasta conseguir su expulsión. Pese a que en otros planos incluyen reclamaciones vecinales para el barrio, tienen una postura rayana en la violencia más brutal con todo lo que sea distinto(v. declaraciones a Planeta Rastro nº27, mayo 2.000 y artículo en Ardi Beltza, nº3). No se dan cuenta de que acaban de abrir otra gran superficie en el barrio, y que quien les roba no es el marroquí sino el Champion.

    MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA. Personificado en todas sus actuaciones por Esteban Ibarra, su presencia en el barrio es casual, ya que su sede está en Cabestreros pero es una ONG de ámbito estatal. Su actividad en el barrio ha sido nula hasta la aparición de los medios de comunicación. Aún así, se ha erigido en falso representante de vecinos del barrio, en reuniones con la Administración. Su pública postura de deportaciones y detenciones, la escuda bajo la mágica frase de "más recursos sociales", pero no para ni desde el barrio.

    LA ADMINISTRACIÓN. Su demagógico enfoque se basa en más medidas sociales pasando por la criminalización de los inmigrantes:

    • propuesta de creación de carnets de delincuentes inmigrantes menores.

    • propuesta de juicios rápidos, en los que la primera identificación del acusado sin ratificación en el juicio, valdría para una deportación inmediata.

    • planes obligatorios de "desintoxicación", sin ningún tipo de reinserción, bajo amenaza de expulsión en el momento en que vuelvan a recaer.

    • falsificación y modificación de datos, que entregan a los medios, para que completen su labor de crimilización.

    • reuniones con algunas asociaciones, con promesas de dotaciones sociales, donde lo único que buscan es lavarse la cara.

A pesar de que la mayor parte de los vecinos del barrio podrían encontrar intereses comunes en muchos puntos, lo heterogéneo de su composición y la falta de comunicación entre las diferentes comunidades dificulta que se puedan articular dinámicas de resistencia comunes. La permanencia de los actuales vecinos en un Lavapiés vivible exigiría, por tanto, fortalecer el tejido social del barrio, potenciando la red de colectivos y el trabajo de cada uno de éstos.
Con ello se podría dar legitimidad al barrio para gestionar sus propios problemas, con los recursos económicos que le corresponden y que son suyos.

(julio del 2000)

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