Los periódicos hablan de «burbuja inmobiliaria» y pareciera como si los precios exorbitados de la vivienda en la ciudad de Madrid (y en otras capitales del Estado), el brevísimo periodo de renovación obligatoria de los contratos de alquiler, los tamaños cada vez más reducidos de los pisos o la obviedad de que cada vez haya más «casas sin gente y gente sin casa», dependieran de una especie de fenómeno natural o astrológico, en todo caso abstracto, inaferrable. Sin embargo, los agentes que lo alimentan tienen entidad física y jurídica: organismos financieros, empresas del sector constructor-inmobiliario y políticas públicas se combinan para volver el acceso a la vivienda cada vez más imposible e inestable para un gran sector de la población.

 

España S.A., Compañía Nacional de Seguros, fundada en 1928, galardonada en 1998 por Rodrigo Rato con la Medalla al Mérito en el Seguro, se encuentra entre estos agentes. A través de sus seguros de vida y sus planes de pensiones vende seguridad en un mundo donde todo parece cada vez más inestable y la ansiedad sobre el futuro lanza a miles de ciudadanos en manos del prozac, los libros de autoayuda y la consulta del psicólogo. Por otro lado, sin embargo, a través de su Departamento inmobiliario y de su voraz política de alquileres, reparte precariedad e incertidumbre a diestro y siniestro. Impone contratos draconianos, que luego le permiten abrir procesos de desahucio con la mínima excusa, acortando el periodo de alquiler (¡como si no fueran ya cortos los míseros cinco años establecidos por la funesta Ley Boyer!): con ello, consigue acelerar la rotación de inquilinos e incrementar los alquileres cada año por encima del IPC. Ni siquiera necesita que los tribunales le den la razón: en muchas ocasiones, con la mera interposición de la demanda, consigue que los inquilinos, tal vez faltos de fuerzas y/o recursos para afrontar un juicio, con el miedo metido ya en el cuerpo y en los sueños, abandonen directamente la vivienda, renunciando a sus derechos más elementales.

 

Uno de los pretextos más habituales para el desahucio es que vivan en el piso alquilado otras personas además de la titular del contrato que no estén ligadas a ésta por ningún lazo de sangre, boda o contrato de servicio doméstico. Por ello, entre los principales afectados de esta política de precarización de la vivienda, se encuentran los miles de jóvenes que deciden vivir en pisos compartidos y, así, crear un pequeño espacio de cooperación cotidiana que contribuya a amortiguar parcialmente la inestabilidad generalizada, compartiendo el alquiler y los gastos de las facturas, pero también las penas, los sustos y las alegrías de la vida en la cuerda floja.

 

Algunas de esas jóvenes, pre o pos desahuciadas por España S.A., pero también hartas de los corsarios del ladrillo en general, de que nuestra renta se consuma en alquileres de pisos que luego siempre nos toca abandonar (por desahucio o por vencimiento de contrato a los cinco años), de que se nos ponga ante la horrible disyuntiva de aceptar la inestabilidad permanente en la vivienda de alquiler o abrazar una hipoteca que nos ate de por vida, hemos venido aquí: para buscar a otras pre- o pos- desahuciadas como nosotras y para señalar con el dedo los flamantes edificios y oficinas de unos canallas que se enriquecen a costa del miedo de los demás.

 

Si todo esto te resulta familiar, escribe a desahucios_sa@yahoo.com