Los
periódicos hablan de «burbuja inmobiliaria» y pareciera como si los precios
exorbitados de la vivienda en la ciudad de Madrid (y en otras capitales del
Estado), el brevísimo periodo de renovación obligatoria de los contratos de
alquiler, los tamaños cada vez más reducidos de los pisos o la obviedad de que
cada vez haya más «casas sin gente y gente sin casa», dependieran de una
especie de fenómeno natural o astrológico, en todo caso abstracto, inaferrable.
Sin embargo, los agentes que lo alimentan tienen entidad física y jurídica:
organismos financieros, empresas del sector constructor-inmobiliario y
políticas públicas se combinan para volver el acceso a la vivienda cada vez más
imposible e inestable para un gran sector de la población.
España
S.A., Compañía Nacional de Seguros, fundada en 1928, galardonada en 1998 por
Rodrigo Rato con la Medalla al Mérito en el Seguro, se encuentra entre estos
agentes. A través de sus seguros de vida y sus planes de pensiones vende
seguridad en un mundo donde todo parece cada vez más inestable y la ansiedad
sobre el futuro lanza a miles de ciudadanos en manos del prozac, los libros de
autoayuda y la consulta del psicólogo. Por otro lado, sin embargo, a través de
su Departamento inmobiliario y de su voraz política de alquileres, reparte
precariedad e incertidumbre a diestro y siniestro. Impone contratos
draconianos, que luego le permiten abrir procesos de desahucio con la mínima
excusa, acortando el periodo de alquiler (¡como si no fueran ya cortos los
míseros cinco años establecidos por la funesta Ley Boyer!): con ello, consigue
acelerar la rotación de inquilinos e incrementar los alquileres cada año por
encima del IPC. Ni siquiera necesita que los tribunales le den la razón: en
muchas ocasiones, con la mera interposición de la demanda, consigue que los
inquilinos, tal vez faltos de fuerzas y/o recursos para afrontar un juicio, con
el miedo metido ya en el cuerpo y en los sueños, abandonen directamente la
vivienda, renunciando a sus derechos más elementales.
Uno de los
pretextos más habituales para el desahucio es que vivan en el piso alquilado
otras personas además de la titular del contrato que no estén ligadas a ésta
por ningún lazo de sangre, boda o contrato de servicio doméstico. Por ello,
entre los principales afectados de esta política de precarización de la
vivienda, se encuentran los miles de jóvenes que deciden vivir en pisos
compartidos y, así, crear un pequeño espacio de cooperación cotidiana que
contribuya a amortiguar parcialmente la inestabilidad generalizada,
compartiendo el alquiler y los gastos de las facturas, pero también las penas,
los sustos y las alegrías de la vida en la cuerda floja.
Algunas de
esas jóvenes, pre o pos desahuciadas por España S.A., pero también hartas de
los corsarios del ladrillo en general, de que nuestra renta se consuma en
alquileres de pisos que luego siempre nos toca abandonar (por desahucio o por
vencimiento de contrato a los cinco años), de que se nos ponga ante la horrible
disyuntiva de aceptar la inestabilidad permanente en la vivienda de alquiler o
abrazar una hipoteca que nos ate de por vida, hemos venido aquí: para buscar a
otras pre- o pos- desahuciadas como nosotras y para señalar con el dedo los
flamantes edificios y oficinas de unos canallas que se enriquecen a costa del
miedo de los demás.
Si todo
esto te resulta familiar, escribe a desahucios_sa@yahoo.com