GOBERNAR
LA VIOLENCIA.
APUNTES
PARA UN ANÁLISIS DE LA REARTICULACIÓN DEL PATRIARCADO[1]
Begoña
Marugán Pintos
Cristina Vega
Solís
Ahora la violencia
Es común, en estos días, felicitarnos por el
hecho de que la violencia contra las mujeres haya alcanzado por fin la
categoría de «problema social» (Bosch y Ferrer 2001; Osborne
2001; Bernárdez 2001). Se suceden, especialmente por parte de las instituciones,
discursos en los que se subraya que este fenómeno concierne al conjunto
de la sociedad («la violencia doméstica sí es asunto
tuyo», reza una reciente campaña del Ayuntamiento de Madrid), se
advierte sobre el paso adelante dado gracias al creciente compromiso de los
organismos públicos y los medios de comunicación en su
visibilización, se habla de la necesidad de promover un cambio en las
mentalidades, y se apunta la necesidad de extender las medidas adoptadas,
aunque algunas, tal y como pudimos escuchar durante la concentración que
se celebró en Madrid el pasado 25 de noviembre 2001, hablen de
ineficacia, responsabilicen al Estado de los asesinatos y reclamen, en un tono
más o menos vehemente, los denominados «planes integrales».
En cualquier caso, la armonización se ha convertido para distintos
sectores en el objetivo prioritario.
El desplazamiento de la violencia en
tanto fenómeno público[2],
se ha ido consolidando en la segunda mitad de los 90; es más, ya en los
2000, la violencia se ha convertido junto al terrorismo en uno de los
significantes más poderosos en la esfera pública con una
profusión de campañas, noticias y declaraciones en este sentido.
En adelante, la producción en el plano simbólico y, por
consiguiente, la intervención dirigida a definir el «problema»
se convertirá en la cuestión principal.
No todos los mensajes son
idénticos, plantean los mismos interrogantes, formulan identicos
objetivos o aspiran a alcanzarlos del mismo modo, pero en algo coinciden:
existe cierto acuerdo al señalar que se ha logrado traspasar el cerco de
la privacidad. La violencia se ve, y esto es así en la medida en que
cada vez se fabrican más representaciones de la misma, un hecho que en
principio hay que valorar muy positivamente. Poco se ha indagado, por contra,
acerca de cómo se producen dichas representaciones; qué es lo que
sale a la luz y qué lo que permanece en la oscuridad, quienes son los
agentes de esta proliferación discursiva y cuáles los motivos de
esta emergencia. En suma, para nosostras la cuestión será analizar
el por qué ahora de la violencia contra las mujeres.
En torno a este «nuevo»
significante se aglutinan percepciones de lo que Anderson (1991) denomina una comunidad
imaginada,
que al margen de las desigualdades y explotaciones existentes puede pensarse a
sí misma en términos de camaradería o fraternidad profunda
entre iguales (o en proceso de constituirse en iguales) frente, y
aquí reside uno de los aspectos centrales en el tratamiento de esta
cuestión, a unos violentos aislados o, más bien, junto a unas
maltratadas igualmente aisladas. No obstante, esta explicación no es
suficiente puesto que no da cuenta de a qué se debe la relevancia actual
de este tema. Junto a este efecto aglutinador, la gestión actual de la
violencia pone de manifiesto aspectos claves en la forma actual de gobierno, en
particular en la forma de gobernar la cuestión de género. Por
extraño que parezca, entendemos que este proceso de
visibilización o desplazamiento de la violencia hacia lo público
en la actualidad resulta problemático desde una perspectiva feminista.
Así, al tiempo que «hace aparecer» la violencia contra las
mujeres a los ojos de las audiencias iluminando un área
específica de la realidad social hasta el momento velada, ensombrece
cuando no oculta directamente el entramado en el que ésta se genera y
desarrolla. De este modo, este enfoque bloquea no ya una comprensión
contextualizada e histórica del papel de la violencia en las relaciones
cambiantes entre los géneros, sino el componente de agencia y
colectividad impulsados desde el feminismo, ambos esenciales en la
erradicación de la misma en el marco de las transformaciones del
patriarcado.
Lo que sí favorece este enfoque es
una intervención diferencial (dependiendo de los distintos organismos) y
más o menos diferida (por ejemplo, hacia ONGs o empresas subcontratadas)
por parte de los organismos públicos, a través del ordenamiento
jurídico, de las fuerzas del orden, de los dispositivos asistenciales,
de las agencias que diseñan las campañas informativas y
preventivas, etc. Tal y como explicaremos más adelante, el Estado ha ido
modificando su papel en relación a esta cuestión, optado en el
presente por una actuación, fundamentalmente en el plano de la
producción simbólica –suscitando, por ejemplo, un
imaginario del tipo «todos contra la violencia»– que nosotras
inscribimos en un desarrollo histórico de la biopolítica que hoy
en día culmina en el paradigma de gestión de la emergencia, del gobierno
a distancia y de la denominada seguridad humana. El objetivo
último de nuestra reflexión, que evidentemente excede el
propósito del presente artículo, es el análisis de las
formas actuales del gobierno de la violencia, elemento clave en las relaciones
de género, en un periodo de redefinición de los términos
del contrato sexual (Pateman 1993) cuyas expresiones más
visibles en nuestro país son el retroceso de la familia tradicional y el
descenso de la natalidad.
Por otro lado, a pesar de que con
frecuencia se apunta la diversidad y magnitud del fenómeno de la
violencia,[3]
lo cierto es que la concepción dominante sobre el mismo y, por
consiguiente, las prácticas a la que está dando lugar ignoran la
interrelación entre las distintas manifestaciones del control violento
de las mujeres y, lo que es más importante, desatienden la necesaria
perspectiva histórica sobre el mismo que atañe tanto a los actos
que en distintos periódos se han considerado violentos (recordemos, a
tal efecto, que la violencia psicológica responde a una categoría
moderna) como a los umbrales de aceptabilidad en relación a los mismos
marcados por las mujeres y por la sociedad en su conjunto. En este sentido, el
cambio en la enunciación del «problema» –«abuso»,
«maltrato», «violencia machista/contra las mujeres/de
género», «violencia doméstica»,
«terrorismo doméstico», etc.– no hace sino poner de
manifiesto el dinamismo de un proceso social de comprensión que
ráramente aparece en los análisis, y que habitualmente queda
soterrado bajo enunciados que insisten en que la violencia no tiene edad y se
ha dado igualmente en todas las épocas. Situar las prácticas y
discursos sobre la violencia en una perspectiva histórica resulta, en
este sentido, una tarea urgente apenas abordada en el Estado Español.
En las siguientes páginas
trataremos en primer lugar de ilustrar cómo opera el dispositivo de
«focalización» o visibilización. En segundo lugar,
propondremos una aproximación más dinámica acerca de la
definición de la violencia incorporando la idea de umbral como un modo de
promover una aproximación cualitativa y una contextualización
histórica de la misma en el marco de las relaciones de poder.
Finalmente, avanzaremos en la formulación de una hipótesis de
trabajo sobre el papel de la violencia en la rearticulación del contrato
sexual en el capitalismo tardío
Dispositivos de visualización
de la violencia
Podríamos pensar las recientes
prácticas de emergencia pública de la violencia empleando una
poderosa analogía visual: la de un haz de luz que, emitido desde una
fuente determinada, se proyecta iluminando un campo específico en el que
hace aparecer una serie de objetos. La acción de esta fuente de luz
direccionada, el acto de focalización que (re)presenta, tiene
un doble efecto; así, mientra arroja luz sobre un área determinada
que, de este modo queda circunscrita por el propio efecto del enfoque, genera
una zona de sombra, artificialmente aislada de la primera. En ella se
sitúa la audiencia, además de la fuente de luz cuya
localización queda disimulada. Es importante advertir dos hechos: uno,
que el campo en sí es el resultado de una operación proveniente
de una fuente emisora (evidentemente, pueden existir distintas fuentes, que
producirán cada una campos distintos susceptibles de solaparse en algunas
áreas) y dos, que la mirada sobre este campo, direccionada por el
ejercicio de focalización percibe lo visible en tanto real («lo
que se ve es lo que existe»). Existen otros aspectos importantes a tener
en cuenta como la intensidad de la luz que desencadena una
sobreexposición que deslumbra e impide ver otra cosa que no sea la
enfocada, o la distancia entre el objeto y la fuente de luz que construye un
campo más amplio o más reducido. Para el propósito del
presente texto invitamos a pensar en esta analogía visual, que sin lugar
a dudas nos situa ante problemas epistemológicos y metodológicos
de mayor alcance sobre la construcción de lo real en las ciencias
sociales[4].
La visualización, en esta perspectiva, actúa doblemente como una
metáfora del conocer y como un instrumento, la producción de
imágenes, para una (más fiel) representación de lo
existente.
Instaladas en esta analogía y
más allá de la misma, cabría considerar las operaciones de
focalización como una intensa acotación del campo que fija en la
retina pública una poderosa representación, la de la mujer
maltratada, y ensombre la red de relaciones históricas y de carácter
multidimensional en las que se incribe. El extrañamiento de las
maltratadas con respecto al resto de las mujeres es una consecuencia evidente
de los modernos ejercicios clasificatorios. La «coherencia
óptica» (Latour 1998 y 1999) de esta producción discursiva
proporciona –mediante clasificaciones, estadísticas, evaluaciones,
barómetros de opinión, etc.– los efectos de unidad,
interés, visibilidad, veracidad, objetividad y movilización
necesarios para su funcionamiento. Proporciona, además, un lugar
privilegiado desde el que enfocarlo todo, incluido lo más diminuto y
privado, disimulando la posición parcial y situada de quien dispone
semejante artificio (Haraway 1991). ¿Cuáles son, entonces, los
rasgos que caracterizan esta operación de focalización que
ilumina al tiempo que oculta, que deslumbra al mostrar con tanta intensidad?
A continuación vamos a referirnos
a cuatro rasgos de la focalización actual de la violencia: (1) el
surgimiento de la categoría de «mujer maltratada» como un
sujeto o, más bien, objeto de análisis que extrañado con
respecto al resto de las mujeres se define, por encima de todo, en su
relación con las agencias del Estado, es decir, en su condición
de asistida; (2) la progresiva operación de reducción del campo
visual de la violencia, que pasa de violencia a maltrato doméstico, de
maltrato doméstico a maltrato físico y de éste a muerte;
(3) la simplificación de la lucha contra la violencia a un único
momento: el de la denuncia, de las trayectorias de las mujeres maltratadas a un
proceso lineal y de los actores potenciales en este proceso a la exclusiva
intervención de las instituciones vis a vis la víctima, y (4) el
desenfoque en mayor o menor grado del marco de relaciones de poder en el que se
ubica esta clase de violencia, que en caso de aparecer se interpretará
en términos de convivencia entre los
géneros o como violencia de género o intrafamiliar,
concepción que difumina la identidad sexual de víctimas y
perpetradores.
Anteriormente, confundida en lo privado
junto al resto de las mujeres, la maltratada se ha convertido recientemente en
los discursos científicos, institucionales, jurídicos y
mediáticos, en una figura bien definida, un perfil determinado que
presenta un comportamiento específico y precisa de una
intervención especializada. La mujer maltratada no es otra cosa sino
eso, maltratada, categorización que contribuye, junto a la acción
de aislamiento ejercida por los propios maltratadores, a señalarla y
descualificarla.
En este sentido, habría que
destacar el énfasis que desde los medios de comunicación se
está prestando a esta a imagen condensada de manera ejemplar en la
figura de las asesinadas o muertas, como prefieren decir los medios. Las
asesinadas cumplirán, a partir de finales de los 90, una función
icónica, condensando y simplificando los procesos de violencia en un
único momento: el de la muerte o, más bien, el de la
recreación mediática de la misma. Este hecho se observa
claramente tanto en la televisión como en la prensa y las
campañas institucionales de sensibilización[5].
Los rasgos de la nueva televisión
hiperrealista (Abril 1995): aproximación a la privacidad de la
gente común, interactividad y convivialidad como pautas para la
movilización de las audiencias, ejemplaridad de la «persona
cualquiera», escenificación de las situaciones realmente vividas
–situaciones de heroismo, peligro, problema sentimental y, en general, de
conflicto afectivo–, extrapoladas a un nuevo contexto de consumo
inmediato del acontecimiento, encuentran en la violencia contra las mujeres un
lugar privilegiado. Además, tal y como señala Abril, la
televisión, convertida en una empresa de servicios relacionales, no se
limitará a presentar o, como dirán algunos a informar, sino que
intervendrá –aconsejando, actuando como terapeuta, estableciendo
contactos, proponiendo soluciones que no pueden proporcionar las instituciones
públicas, etc.– en la gestión de la vida de unos individuos
anónimos convertidos, por un momento, en protagonistas[6].
En este contexto mediático, la
maltratada se convierte en un caso de lo aberrante común, un caso
límite si bien próximo que permitirá a los espectadores
traspasar las fronteras de lo privado e inmiscuirse en las relaciones
íntimas –lo que no se ve–; indagar en los mecanismos
psicológicos que tensionan lo afectivo; establecer valores grupales,
para lo que se cuenta con otros –vecinos, familiares, etc.–,
espectadores comunes de la cotidianeidad; incorporar el juicio de expertos
–psiquiatras, terapeutas, etc.– que determinarán las pautas
científicamente relevantes de la neutralización de los riesgos y
la correcta gestión de la propia existencia al tiempo que aconsejan,
derivan y proponen soluciones. El rasgo más sobresaliente del reality
show,
no obstante, sigue siendo el extrañamiento progresivo del sujeto con
respecto a la vivencia (Lazarato 1992), algo que ya apuntara Benjamin en los
años treinta al hablar de la relación entre la narración y
el arte y las condiciones del desarrollo industrial.
El asesinato de Ana Orantes, el 4 de
diciembre de 1997, a manos de su exmarido tras hablar en un programa televisivo
marca un punto de arranque indiscutible en el estallido de la violencia como
fenómeno mediático. El asesinato de las jóvenes de
Alcasser, en 1995, en un periodo de exaltación de la inseguridad
ciudadana, ya había sembrado el terreno aportando las ideas
básicas sobre cómo había de enfocarse este tipo de hechos
en clave de reality show[7]. En
adelante, estas ocurrencias violentas se convertirán en sucesos,
acontecimientos dignos de un examen minucioso en lo que respecta a las
señales, pruebas, testimonios, antecedentes, etc., pero desprovistos de
toda proyección hacia el pasado o hacia el futuro y de cualquier
posibilidad de análisis que no opere en términos de barbarie,
patología o, más recientemente, tolerancia. Desposeido,
así mismo, de su singularidad, el hecho violento se conforma como una
mera suma de casos sobre lo que Abril (1995) llama «individuos con
dificultades».
Algo similar podría decirse con
respecto a las noticias. Tal y como indica Martín Barbero al hablar de
la prensa, «transformado en noticia, el acontecimiento sale de la
historia para entrar en la 'banalidad', para insertarse en el ciclo del
consumo, para integrarse en el ritmo y el valor de la cultura de masa»
(1987:173). Aislado de un contexto exterior al que proporciona la propia noticia,
el acontecimiento violento se acumula junto a otros semejantes con los que
comparte únicamente una sección en los periódicos, acaso
una referencia al número de casos en alguna estadística o al plan
de turno promovido por las instituciones (Fagoaga 1999). Los instrumentos de
visualización –texto, imágenes, encabezamientos,
piés de foto, disposición dentro del periódico,
etc.– definirán los contornos de la violencia, un escenario
circunscrito por la clase de personajes que en él actúan y por
los hechos y discursos autorizados. En el centro la maltratada (en algunos
casos, los hijos de ésta) y en torno suyo una tupida y articulada red de
policias, jueces, especialistas y políticos. Los perpetradores, al igual
que en las campañas de sensibilización, aparecen en un plano
secundario y en muchos casos en relación a motivos de disculpa como el
trastorno mental o los celos. En cuanto a la trama, hay que destacar que uno de
los rasgos que la caracterizan es
el de la intensificación o escalada, que culmina en el asesinato[8].
Lo que interesa de la violencia es aquel
segmento que represente el exceso escandaloso; los umbrales de violencia o el
precio en términos de subordinación que ésta cuesta, es
decir, el grueso de la violencia ejercida por los hombres, ese tramo
mayoritario, permanece en la penumbra y aparece únicamente cuando
traspasa el último umbral. La incidencia machacona en las asesinadas
frente a aquellas mujeres que han logrado abandonar a sus maltratadores y
rehacer sus vidas o que están dando pasos en esta dirección
imposibilita la composición de un imaginario en el que las
víctimas de violencia, junto con otras personas, sean las que
intervengan activamente sin que su actuación tenga que ser tutelada
necesariamente por el Estado o concebirse como hechos consumados. Aisladas del
resto de las mujeres, nos hallamos ante una mujer «otra», digna de
una solidaridad entendida más bien como aspaviento ante una visión
«de cerca» de lo escandaloso. Esta alteridad, además, es
continuamente subrayada gracias a la construcción en términos de
clase, de etnicidad y recientemente de lugar de procedencia que realizan los
medios de comunicación. En definitiva, estas representaciones refuerzan
la idea de que las mujeres que sufren violencia son sujetos pasivos y
radicalmente otros, desatiendiendo un aspecto muy importante, recientemente
señalado por Villavicencio: «todas las víctimas
están constantemente tomando medidas para evitar que el agresor las
maltrate» (2001:36).
Como si del efecto de un zoom se tratara,
la luz va definiendo progresivamente un área cada vez más
restringida de la que desaparece la violencia sexual, tanto la perpetrada por
extraños como por compañeros, el acoso y las distintas formas de
control y agresión psicólogica. En este régimen
comunicativo, la violencia siempre es mucha violencia, demasiada para el
desarrollo de la vida y de la transformación. Las mujeres maltratadas,
carentes de voz, quedan reducidas al papel de víctimas; cuerpos inertes,
magullados, apaleados, amoratados, sin capacidad de decisión, cuerpos
pacientes privados de la capacidad de ser.
Desde los organismos públicos se
ha insistido hasta la saciedad en la iniciativa de la denuncia como un paso
fundamental, casi habría que decir único, para resolver las
situaciones de violencia. Por fortuna, en los últimos años y ante
el aumento de las denuncias realizadas en situaciones de inseguridad, se han
ido matizando los mensajes. No obstante, la denuncia sigue siendo la llave
mágica que abre todas las puertas. Esta instigación por un lado,
responsabiliza a las víctimas de detener al maltratador y, por otro,
ignora los condicionamientos externos (la falta de servicios eficaces, de
vivienda, de subsidios y otros beneficios económicos, etc.) que
determinan la fiabilidad y seguridad de una iniciativa que puede poner en
peligro la vida de las mujeres[9]. Desde distintos foros, hoy se matiza
esta cuestión: «denunciar desde un lugar seguro».
Por otro lado, resulta alarmante que a
pesar de la cantidad de datos y estudios que se han emprendido durante los
últimos años, que
las campañas de sensibilización desatiendan deliberadamente los
recorridos heterogéneos, contradictorios y prolongados en el tiempo de
quienes se rebelan contra las agresiones. Pareciera que los organismos
estatales están más interesados en mostrar su disponibilidad y
operatividad (se trata únicamente de activarlos), que de adecuarlos,
también en el plano comunicativo, a las trayectorias zigzagueantes y
tentativas de las mujeres. La casa de acogida, item genuino y
prácticamente único de la asistencia, y el proceso de
judicialización, aún hoy ajeno en gran medida al control de las
mujeres en aspectos fundamentales que atañen a su seguridad, han copado
el imaginario de la lucha contra las agresiones. Tal y como observa la
Asociación de Mujeres Juristas (THEMIS), muchas víctimas desisten
de las denuncias interpuestas, no comparecen a juicio o perdonan al agresor,
dada la falta de mecanismos judiciales de apoyo y protección que las ayuden
a superar la dependencia psicológica, afectiva y económica que
pueden tener respecto al agresor; en la práctica, la concurrencia de
cualquiera de estas tres circunstancias equivale a la total impunidad del
agresor (2001:105-12)[10].
Desde algunas posiciones, se ha ampliado
el campo arrojando luz sobre otros actores, en particular sobre los hombres y
sobre la sociedad. Recientemente se ha incorporado a los hombres en general[11]
en campañas de concienciación como la Campaña Europea del
Lazo Blanco («Hombres trabajando para poner fin a la violencia masculina
contra las mujeres»). En ellas, no se concibe a los maltratadores en su
exterioridad con respecto a otros hombres, digamos, los «normales»,
algo que no se puede decir con respecto a las que van destinadas a las mujeres
.
Con respecto a las campañas, hoy
por hoy escasas, en las que se visualiza al conjunto de la sociedad
cabría destacar la recientemente difundida por el Ayuntamiento de
Madrid, que desde hace algún tiempo y junto a la Comunidad de Madrid y
el propio Foro contra la Violencia ha adoptado parte de la simbología
–fundamentalmente las manos, los lazos y toda la terminología de
la «tolerancia cero»– que se popularizó durante la
«socialización» de la lucha antiterrorista a finales de los
noventa y tras el asesinato de Miguel Angel Blanco a manos de ETA. En esta
ocasión, se nos muestra la imagen de distintos individuos con la oreja
pegada a una pared con un papel pintado característico de los setenta.
El mensaje dice lo siguiente: «No es la tele del vecino, son sus gritos y
puñetazos. La violencia doméstica sí es asunto
tuyo». A pesar del interés que suscita una campaña en la
que se amplía el círculo de la violencia, la combinación
de imagen y texto sugiere más una campaña de control social que
una invitación a intervenir. La evocación supuestamente
irónica del cotilla, de la mentalidad del «cada uno en su
casa...» y del oscuro secreto y la doble apariencia que se esconde tras
la moralidad burguesa, todas ellas representaciones comunes en el asfixiante
ambiente de los setenta, transmite un significado ambivalente. Efectivamente,
no es posible hacer oidos sordos o pretender que se trata del televisor, sin
embargo, no resulta claro el por qué «la violencia doméstica
sí es asunto tuyo». ¿Acaso por las molestias que origina a
los vecinos? ¿Por que una siempre desea enterarse lo que les pasa a los
de al lado? Tampoco es evidente lo que se propone. ¿Estar atentos a los
ruidos que hacen los vecinos? ¿Quedarse a escuchar e imaginar lo que
sucede al otro lado del muro, tal y como hacen los personajes en la imagen?
¿Llamar a la policía? En definitiva, la iniciativa de desplazar
el foco y visualizar a otros actores no va acompañada de una propuesta clara
y directa de intervención, sino más bien de una vaga
evocación de la idea de vigilancia, muy acorde con los tiempos que
corren.
Tras estos apuntes, en modo alguno
exhaustivos, cabría preguntarse a qué responde este
régimen comunicativo ¿Por qué se muestra con tanta insistencia
el maltrato doméstico de carácter físico?
¿Qué está expresando en estos momentos la
representación de la maltratada como radicalmente «otra»
respecto al resto de las mujeres? ¿Cómo interpretar la
reducción del recorrido y entorno de la violencia y la abrumadora
presencia y uniformidad del paradigma asistencial? Para responder a estas
preguntas precisamos un nuevo enfoque con el que aventurarnos en la penumbra.
Precisamos, además, distanciar el foco de luz con respecto al objeto
para poder así producir un campo visual más amplio en el que
observar la violencia como parte de las relaciones actuales de poder.
Reenfocando la
violencia en las relaciones de poder
El análisis
de algunos estereotipos femenisnos en el contexto socio-histórico
español nos puede ayudar a entender la “naturalización de
la violencia contra las mujeres”, y la permisividad hacia actitudes y
comportamientos vejatorios. A través del siguiente recorrido en el
tiempo tendremos ocasión de observar cuatro momentos en la
conceptualización y tratamiento del problema de la violencia como: (1)
inconcebible e inexistente en el lenguaje, (2) concebida en términos de
derechos y libertades, (3) en términos de delito y (4) como un problema
de gestión. Esto ha significado, como explicaremos seguidamente, una
creciente modificación de los umbrales de aceptabilidad de la violencia
machista, una modificación progresiva en el modo de entender este
fenómeno, así como de las posibilidades de fuga de las mujeres en
las sociedades occidentales.
La modificación
de los umbrales ha estado acompañada de una serie de mecanismos que han
permitido visualizarlos. Si hace años hubo que poner nombre a la
violencia y después definir su alcance, más tarde la
cuestión sería indagar y modular la consideración social
de la misma. Las percepciones de
la población sobre este tema han ido entretejiéndose con nuevos
dispositivos de conocimiento. En la actualidad, estadísticas,
auditorías y barómetros de opinión son las formas de
conocer que, tal y como señalaremos en la parte final de este texto, se
adecuan a la construcción de la violencia como algo a gobernar, siendo
éste uno de los cambios más significativos en la evolución
que pretendemos desarrollar.
Para iniciar el
recorrido propuesto recordaremos que antes de la industrialización, el
modelo familiar predominante era el de la familia extensa, una unidad de
residencia y producción de las materias primas en la que participaban
todos los miembros de la misma en función de la edad y el sexo. La autoridad
la ostentaba el padre, que era el que transmitía generalmente los
apellidos y la propiedad. Sin embargo, con la industrialización la
familia deja de ser unidad de producción para convertirse en unidad de
consumo. Esta separación entre unidad de convivencia y producción
favoreció una mayor dependencia de las mujeres en relación a los
varones en la medida en que el trabajo asalariado de éstos pasó a
ser la mayor aportación a la renta familiar.
En la familia
nuclear, la identidad de hombres y mujeres (Nash 2000:80) respondía mayoritariamente
a un modelo tradicional de división sexual del trabajo, en el que la
maternidad aparecía como base esencial de la identidad femenina[12].
Aunque esta imagen de madres y esposas proveedoras del bienestar familiar no
siempre supuso el enclaustramiento de las mujeres en el ámbito privado
de lo doméstico, tuvo un peso importante en el papel dependiente y
subordinado de las mismas y en la asunción de determinados valores de
“sumisión, obediencia y sacrificio”. Como señala Pateman (1995:219),
“las costumbres sociales y las leyes privaron a las mujeres de la oportunidad
de ganar su propio salario de modo que el matrimonio era su única
esperanza de vida decente”. En la transición hacia el modo de
producción capitalista encontramos una de las explicaciones de
cómo las mujeres fueron forzadas a formar parte del contrato
matrimonial.
Las numerosas y
avanzadas reformas legislativas dirigidas a las mujeres[13]
y aprobadas durante el gobierno de la II República lograron
únicamente erosionar el eje vertebrador del estereotipo de identidad
femenina anterior. A pesar de los progresos legislativos en materia de
derechos, la maternidad -bien fuera entendida como designio divino dentro del
discurso de domesticidad conservador o como “maternidad
consciente”- siguió constituyendo la base esencial de la identidad
femenina. Sólo unas pocas[14],
la mayoría de las cuales se agruparían en organizaciones como
Mujeres Libres, propugnaron un nuevo discurso de género, en el que se
desvinculaba la maternidad de la sexualidad.
Este nuevo discurso,
a pesar de ser minoritario fue importante y podría haber dado sus frutos,
mucho antes de ser retomado en los setenta por el movimiento feminista (mf), si
la fuerza de las armas no se hubiera impuesto. El alzamiento de 1936 y el
fracaso de las reformas sociales dio al traste con las críticas al
modelo de género vigente.
Aunque se
podría pensar que el proceso bélico llevaría a las mujeres
a cuestionar su papel familiar, algunos estudios de la vida cotidiana en los
que se emplean fuentes orales (Ibáñez, Liria y Triquell 1991) corroboran la aceptación por parte de las mujeres de un papel
subordinado. La derrota en la contienda de los reformadores y/o revolucionarios
supuso una vuelta a los principios ideológicos más reaccionarios.
“La intención del Régimen fue que no quedara ni el menor
resquicio de los progresos que en el terreno de lo social se consiguieron en la
República” (Roura 1998:73). El franquismo “fue un Estado
dictatorial (...) patriarcal y androcéntrico en el que prevalecía
un sistema de género masculino con profunda incidencia en las relaciones
sociales” (García-Nieto 1993:724). Los años de dictadura
reforzaron un modelo patriarcal de familia en el que el Estado se ocupaba de
vigilar y controlar a las mujeres. La excedencia forzosa al contraer matrimonio
restringía la participación de las mujeres en el mercado laboral
relegándolas al ámbito familiar. Al igual que en el resto de las
parcelas de la vida, el Régimen franquista estuvo obsesionado por crear
un modelo de conducta “típicamente español”, que
propugnaba una masculinidad dominada por una “virilidad libre de pulsiones
temerosas” (Temas de Pedagogía, de Editorial Escuela
Española; Cfr: Otero 1998:97) y una feminidad en la que primaba el
recato familiar y la decencia.
La compulsiva
búsqueda de la moralidad y las “buenas costumbres”
conllevabó una gran dosis de lo que hoy entendemos como violencia
institucional contra las mujeres[15],
principales responsables de la “inmoralidad”. Más preocupado
por mantener el escaparate de la decencia que por solucionar la
situación de depauperización económica que asolaba a la
población[16], el Estado
convirtió a las mujeres en sujetos a vigilar. Aquellas que no estaban
integradas en el modelo madre-esposa mayoritario sufrían las
consecuencias.
En este contexto de
supeditacuón a las necesidades familiares, las mujeres fueron sujeto de
numerosas obligaciones y muy pocos derechos. Ante una violencia institucional
tan fuerte, en la que éstas no creían tener derechos, se hace difícil imaginar que denunciaran una agresión al
ser sometidas a comportamientos lesivos. Sólo cuando a los sujetos se
les reconoce el derecho a la integridad y a la libertad se puede percibir el
abuso, y éste no era el caso de las españolas de los años
cuarenta y cincuenta, para las que el sometimiento al otro y el desequilibrio
de poder era “normal”.
No se podía
concebir que las mujeres fueran lesionadas y/o dañadas física,
psíquica o sexualmente, porque se entendía que lo peor que a una
mujer le podía suceder era perder su don más preciado: la virginidad,
y convertirse, de este modo, en
una “deshonrada”. Muestra de ello es la ausencia de
significantes como “abuso sexual” y “violación”
en los expedientes recogidos por el Patronato de Protección de la Mujer[17]. En los expedientes de las internas resulta frecuente la
utilización de expresiones como “deshonrada”, y
“seducida” para definir a las mujeres que, voluntaria o
involuntariamente, se alejaban del modelo femenino impuesto.
Si apreciamos
ciertos obstáculos en la mentalidad de la época para
desnaturalizar las agresiones a las mujeres por parte de extraños y en
la calle, suponemos que mayor dificultad entrañaría concebir como
“abusos” los insultos, amenazas y agresiones del cónyuge. No
olvidemos que desde el Estado se “reconoce a la familia como célula
primaria, natural y fundamento de la sociedad, y al mismo tiempo como
institución moral dotada de derecho inalienable y superior a toda ley
positiva” (García-Nieto 1993:725). Además, la Iglesia
predicaba la “natural” inferioridad de las mujeres. En 1941, en su
libro Matrimonio el presbítero Ricardo Aragón
escribe: “El marido es superior, es cabeza de la mujer, y ella, no
obstante le es igual; y así el marido la ha de tratar como inferior,
más sin lesionar los deberes de amistad, y la ha de tratar como igual,
sin perder los derechos de la superioridad. La mujer es súbdita,
está supeditada al hombre” (Cfr.Otero 1998:78). El “Angel
del hogar” o “perfecta casada” se debe a su marido, siendo
“un imperdonable error la negación al esposo del “débito
conyugal”. La mujer no debe, bajo ningún pretexto, negar a su
marido lo que le pertenece” (Doctor Clavero Núñez, 1946,
Cfr Otero 1998:47).
Las sociedades se
reproducen simbólicamente por medio de un sistema complejo de
símbolos y significantes a través de los cuales se transmite una
concepción determinada del mundo. En el lenguaje[18],
el concepto de “débito conyugal”, acuñado y extendido
durante el franquismo, dejó una profunda huella en nuestro orden
simbólico. Aún hoy en día, es minoritaria la existencia de
referencias relativas al abuso sexual y a la violación dentro del
matrimonio en los discursos institucionales, así como la denuncia de los
mismos por parte de las propias mujeres.
Una lectura
actualizada de los expedientes del Patronato (Roura,1998) pone de manifiesto la
existencia de violencia en la familia y, de modo especial, en relación a
las hijas; así, encontramos referencias del tipo: “El origen de su desviación
es el estar sus padres separados, no portándose bien el padre con
ella” (Exp. 350); “El padre daba mala vida a esta joven”
(Exp.480), “Iba a comer con su padre, quien un día la
maltrató” (Exp. 465). En este sentido, se puede afirmar que la
violencia existía, pero aún no se había construido la
palabra mágica que la definiera, siendo muy alto el umbral de
aceptación social hacia los comportamientos masculinos violentos. Por
otra parte, el fuerte intervencionismo estatal tenía como meta velar por
la familia, no por las mujeres[19]. Incluso en aquellos casos de violencia disfuncional, la que
suponía graves lacras físicas para la mujer, “los sumarios
por malos tratos dentro del matrimonio, por regla general, eran
sobreseídos, reflejando los jueces la política de intentar
mantener el compromiso cristiano del matrimonio” (Lorente
Acosta,1998:29).
Este desolador
panorama social comienza a fracturarse con la apertura de España hacia
los países occidentales. A partir de los años sesenta, el modelo
de mujer tradicional “entregada a su familia” empieza a ser
cuestionado por parte de algunas mujeres. La necesidad de aumentar la
población laboral que el desarrollo industrial imponía
llevó a los legisladores a buscar en las mujeres mano de obra barata. La
Ley sobre derechos políticos, profesionales y laborales de la mujer, de
1961, sin romper el ideal de mujer-madre, ponía fin a las regulaciones
anteriores que conminaban a las mujeres a abandonar el trabajo cuando se casaban[20].
A partir de la progresiva incorporación de las mujeres al mercado
laboral [21] y a la
educación, y de la introducción de los anticonceptivos se
abrió camino un nuevo discurso de género animado por el
desarrollo económico de los planes de estabilización y la lucha
por los derechos democráticos.
En una
práctica política enmarcada en la lucha antifranquista y
cimentada sobre el asociacionismo vecinal, las mujeres comienzaron a hablar de
su discriminación y a debatir sobre la necesidad y oportunidad de crear
organizaciones específicas de mujeres. “Se crearon organizaciones
de mujeres en torno al tema de los presos políticos, la carestía
de vida, las condiciones de vida en los barrios, se organizaron actos
relacionados con el peligro de la guerra” (Grau 2000:739), y se iniciaron
numerosas investigaciones en las que las feministas se inspiraron en los
movimientos de mujeres de la II República. Cuarenta años
después se recuperará “el nuevo discurso de
género” que ya esbozaran algunas feministas anarquistas. En la
clandestinidad empiezaron a organizarse grupos de mujeres como el Movimiento Democrático
de Mujeres, creado en 1965, a “consecuencia de la creciente
incorporación de la mujer al trabajo y el resurgimiento de los
movimientos de masas” (Programa del MDM/MLM 1976; Cfr, Abril y Miranda
1978:219).
La
“apertura” de los sesenta no sólo supuso la adopción
de la norma de consumo de masas y la introducción de los
electrodomésticos; la existencia de movimientos de mujeres en otros
países fue un potente revulsivo. Quince años después de
que Simone de Beauvoir escribiera El segundo sexo,
desde EEUU, Betty Friedan, en La mística de la feminidad constata el retroceso que para las mujeres constituyó la
“sociedad del bienestar” posterior a la Segunda Guerra Mundial y Shulamith Firestone, en La dialéctica de
los sexos, mantiene que son las relaciones de reproducción
el verdadero motor de la historia. Además de las ideas provenientes de
EEUU, desde Europa el artículo “El enemigo principal” de la
francesa Christine Delphy llama la atención sobre un modo de
producción familiar o patriarcal que coexiste con el capitalista. Estas
y otras publicaciones tuvieron una gran influencia en el nacimiento del
movimiento feminista actual, al que no sólo debemos la primera
enunciación del problema de la violencia contra las mujeres sino, lo que
es más importante, el cuestionamiento del modelo tradicional de
relaciones entre los géneros, sobre el que se asienta el contrato sexual[22].
Las relaciones entre los hombres y las mujeres comienzaron a interpretarse como
relaciones de poder en un sistema de dominación: el patriarcado,
cocebido, tal y como se viene advirtiendo en los últimos tiempos, de un
modo excesivamente estático.
Si en la actualidad
asistimos a un momento en el que la violencia contra las mujeres se revela
institucionalmente como importante y como elemento a gobernar, aparentemente en
beneficio de las mujeres y no de las familias como en épocas anteriores,
esto se ha debido fundamentalmente a la divulgación de ideas y
prácticas propugnadas por las feministas y la extensión de las
mismas a sectores cada vez más amplios de la población. Este recorrido
no ha sido fácil. Las mujeres debieron conseguir el estatuto de
ciudadanas con plenos derechos formales –algo que continua estando
estrechamente vinculado a la nacionalidad- para empezar a reivindicar,
posteriormente su libertad. En 1975, a través de las Jornadas
Nacionales por la Liberación de la Mujer y las Primeres
Jornades Catalanes de la Dona, se visibiliza el movimiento de mujeres. Desde
entonces hasta la fecha, el discurso feminista ha cambiado y ha dado lugar a
una serie de transformaciones sociales, entre las cuales figura la modificación
de los umbrales de conformidad en que se expresa y/o concibe la
subordinación femenina.
Podemos decir, a efectos
analíticos, que hubo tres momentos diferentes: (1) de 1975 a 1984, que
podemos definir como de lucha por la igualdad y los derechos civiles, en el que
la proclamación de la Constitución fue uno de los momentos
claves; (2) de 1985 a 1989, de defensa de la libertad sexual y el derecho al
propio cuerpo, en el que la lucha por la modificación del Código
Penal en 1989 resultó esencial, y (3) de éste año a 1995,
en el que de defender la libertad sexual se pasó a defender la
integridad; el asesinato y violación de las niñas de Alcasser,
como ya hemos apuntado, marcó un momento de transición entre esos
discursos.
En cada una de estas
etapas, los bajos umbrales de aceptación de los comportamientos
machistas, entendidos en un continuum, fueron extendiéndose poco a poco
a sectores cada vez más amplios de la población, motivo por el
que el Estado se vió impelido a actuar[23].
Primero lo hizo sobre la violación, después sobre los malos
tratos físicos, y recientemente sobre los psicológicos. La
evolución de la jurisprudencia, como elemento de análisis,
ejemplifica esta toma de posición estatal en cuanto a la menor o mayor relevancia
social otorgada al problema[24].
En los años
sesenta, la incorporación al mercado de trabajo y a la lucha
política llevó a muchas mujeres a cuestionar aspectos relativos a
la propiedad y la descendencia, tal y como estaban establecidas en el
ordenamiento jurídico. Desde el derecho privado, regulador de las
relaciones comunes entre las personas, a las mujeres, fundamentalmente a las
casadas, se las consideraba incapacitadas legalmente y necesitadas de sus
esposos para realizar cualquier acto con trascendencia jurídica. Hasta
mediados de esa década, aún permanecía
prácticamente inalterado el Código Civil de 1889, que reflejaba
una discriminación profunda de las mujeres en materia de relaciones
entre los cónyuges, bienes matrimoniales y filiación.
Artículos como el 57 (“la mujer debía obedecer al
marido”), el 58 (“La mujer estaba obligada a seguir a su marido
donde quiera que fijase su residencia”), el 60 (“El marido es el
representante de su mujer”) o el 59 (“El marido es el administrador
único de los bienes gananciales e incluso de aquellos bienes que fueran
privativos de su esposa”) así lo manifiestan. Estos preceptos
evidenciaban la inexistencia civil de la mujer casada, lo que implicaba, tal y
como explica Pateman acudiendo a
autores como William Thompson o Blackstome, la imposibilidad de las
mujeres de tomar parte libremente en el contrato matrimonial; “en el contrato
del matrimonio una esposa explícitamente acuerda obedecer a su
esposo” (1995:221). En consonancia con los cambios que exigían los
tiempos, algunas de las formas de sujeción incluidas en el contrato
matrimonial fueron abolidas. La Reforma del Código Civil de 1975, reformula
los términos en los que se establece el matrimonio, y preceptos tales
como “el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al
marido” se transforman en “el marido y la mujer deben protegerse
mutuamente y actuar siempre en interés de la familia”, con lo cual
se suprimen ciertas licencias maritales, aunque se sigue observando que el bien
protegido es la familia y no la mujer, que continua estando discriminada en
otros ámbitos del ordenamiento jurídico.
A pesar de las
transformaciones sociales y de la instauración de la democracia,
fenómenos como la violencia contra las mujeres por parte de sus esposos
seguían considerándose como asuntos privados a resolver entre los
cónyuges, tal y como dejan ver alguna publicación de la
época[25]. En el
pasado, los comportamientos actualmente punibles se regulaban internamente en
las familias, y sólo cuando los modelos familiares y los discursos sobre
las mujeres se diversifican y democratizan “el exceso de dominio de los
esposos” se convierte en un problema.
La extendida idea acerca de la privacidad de los asuntos familiares, como
la propia existencia de la familia, fue muy criticada por parte del movimiento feminista. Para las feministas, la familia era
el lugar emblemático de la dominación de las mujeres. Su discurso
aspiraba a limitar las desmedidas actuación de los maridos, y marcaba
una línea de avance en lo que concierne al derecho de las mujeres a decidir
sobre sí mismas. En este contexto, la imposición, el abuso o la
agresión, que hasta entonces eran consideradas como pautas normalizadas
de relación, reciben el nombre de “violencia machista”, y
ésta es denunciada como una de las manifestaciones más extremas
en el ejercicio del poder cotidiano por parte de los hombres.
La denuncia
de la violencia contra las mujeres durante aquellos años tuvo dos
objetivos claros: primero, reprobar socialmente la violación y, segundo, resaltar la violencia que
conlleva la imposición de la heterosexualidad. La imagen dominante de la violencia que se manejaba por aquel entonces era
la de los violadores extraños a la víctima y la agresión
en la calle. Esto determinó que los discurso del mf, como hemos indicado
anteriormente, se iniciaran con la denuncia pública de las violaciones.
El concepto de violencia empezaba a asentarse, a la par
que lo hacían los artefactos que hacían posible su
visualización. A partir de los ochenta, y según los datos
proporcionados por la prensa, los bufetes jurídicos y las
comisarías, el Club Vindicación Feminista aseguró que se
cometían en España unas 15.000 violaciones anuales.
También desde las instituciones se lanzaron alguna campaña de
denuncia, y las comisarías de policía y las unidades especiales
de mujeres empezaron a recoger estadísticas. La información
obtenida a través de estos dispositivos da cuenta de dos
fenómenos importantes: por un lado, la violación no sólo
se produce en la calle y por parte de desconocidos sino que también se
da en el domicilio, el trabajo, las cárceles, las comisarías,
etc., y por otro, se constata que el número de denuncias era muy
limitado.
Para entender estas
limitaciones –a pesar de que las declaraciones internacionales y
estatales reconocían que las agresiones a las mujeres eran un problema
frecuente[26]– es
preciso descender al escalón de la Tutela Jurídica efectiva. Los
pronunciamientos internacionales no pasaban de ser meras declaraciones de
intenciones sin expreso mandato para los estados. Así, no es de extrañar que hasta 1989 no se modificara en el Código Penal el
Título IX de “Delitos contra la honestidad”, que pasó
a figurar como delitos “Contra la libertad sexual”,
modificándose el bien jurídico a proteger: la honestidad y la
libertad sexual respectivamente. En los Artículos 419 y siguientes se
regula la violación, también anal y bucal, y se abandona la idea
de “yacimiento violento”. Por primera vez podemos decir que la violación se entiende como un delito contra la
mujer y no como un agravio a la familia de la víctima.
Por otra parte, y
también a instancias del mf, se tipifican
(Art. 425) por primera vez aquellas conductas causantes de malos tratos
físicos en el ámbito doméstico[27].
Si el gobierno de la violencia "doméstica" durante
los años ochenta se atendía desde los ámbitos asistencial
y policial, las movilizaciones de las mujeres en la calle consiguieron
establecer el primer nivel del control social activo respecto al maltrato: la
consideración de delito[28].
Sin embargo, aún no se había logrado crear una mentalidad social
que hiciera que éste fuera perseguido y posteriormente penado.
La victimización secundaria a la que eran sometidas las mujeres cuando
llegaban a denunciar a una comisaría o a recibir asistencia
médica en un centro de salud era un hecho frecuentemente denunciado por
las asociaciones de mujeres. En las comisarías
y los juzgados se valoraban las agresiones como “riñas
domésticas”. Las denuncias no
llegaban a tramitarse, y en caso de celebrarse el juicio, los propios jueces
instaban a las mujeres a perdonar a su agresor, imponiendo penas absolutamente
ridículas (Molina 1988). La respuesta que éstas obtienen
desde el entorno más inmediato hasta llegar a las instituciones les
lleva a denunciar un porcentaje insignificante de agresiones[29], de modo que
los datos obtenidos a través de estos nuevos dispositivos de
conocimiento representan una parte muy limitada de la realidad.
A pesar de los límites en el
tratamiento institucional del tema, el establecimiento de este primer nivel de
control social fue un punto de partida clave en el ejercicio de
focalización; los resortes analíticos se van afinando
progresivamente. De las frías estadísticas de denuncias que
aportaba el Ministerio de Interior se pasó a la elaboración de
otro tipo de datos provenientes del Centro de Investigaciones
Sociológicas. Interesaba conocer la percepción social del alcance
del maltrato y definir, de forma más precisa, en qué
consistía. Todavía, en 1991, el 93% de la población
consideraba que la agresión física constituía el
más inequívoco acto de maltrato, mientras sólo el 30%
percibía como malos tratos el que alguien gritara o levantara la voz a
otra persona dentro de su casa.
La reducción
de los malos tratos a una de sus expresiones, las agresiones físicas,
por parte de la población coincide con las críticas que algunas especialistas señalan al comentar la omisión, en
el Art 153, de los malos tratos psíquicos como conducta punible. La modificación del Código Penal[30],
y el reconocimiento de la violencia psicológica a partir de la
aprobación, en 1998, del I Plan Contra la Violencia Doméstica se puede interpretar, tal y como hacen las publicaciones oficiales,
como una nueva modificación de los umbrales de violencia. Así, según el 5º Barómetro de Opinión, encargado por el Defensor del Pueblo y efectuado en enero de 1998, cinco
millones y medio de personas afirmaban saber de algún caso de maltrato
físico o psicológico a mujeres por parte de sus parejas.
La
cuestión de la precisión en el actual enfoque no acaba
aquí. Actualmente, se ha llegado a delimitar
el universo de las maltratadas. Según la macroencuesta, realizada por
Sigma Dos para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 1999, el 4,2% de
las mujeres españolas de más de 18 años declaraba haber
sido víctima de malos tratos. Este porcentaje representa un total de
640.000 mujeres entre las 15.028.000 de esa edad. Por otra parte, el 12,4% son
consideradas “técnicamente” como maltratadas[31], lo que representa un total de 1.865.000 mujeres. Estos artefactos
permiten enfrentarse al mito de que el maltrato es raro e infrecuente. Sin
embargo, al definir los límites de lo que entra y no entra dentro del
campo visual de la violencia contribuyen a la segmentación y la
consideración aislada del "fenómeno" y de las mujeres a
la que hemos aludido al inicio del presente artículo. Algo que en los
últimos quince años ha facilitado un tratamiento de la violencia
en términos de emergencia.
En
definitiva, este recorrido nos permite comprender las sucesivas modificaciones
que, impulsadas por el deseo de autonomía de muchas mujeres y su
articulación con los cambios en las formas de dominación, se han
ido produciendo respecto a los niveles admisibles de violencia. De la
valoración normalizada del abuso de poder en cualquiera de sus
manifestaciones durante la dictadura se pasó, gracias a la acción
feminista, a percibir la violación y el abuso sexual como un delito
contra la libertad de las mujeres. Posteriormente, tras el polémico
asesinato y violación de las niñas de Alcasser, la libertad ha
quedado en un segundo plano. Desde principios de los noventa, en un intento de
romper uno de los mitos sobre los que se sustenta nuestro orden
simbólico, el de la privacidad de las relaciones familiares y de todo lo
que sucede dentro de los hogares, la "violencia contra las mujeres",
reducida a una de sus formas, la doméstica, se ha recodificado como
problema social. La violencia, en lugar de ser gestionada exclusivamente en el
seno de las familias, aparece como ámbito de debate e intromisión
pública de las instituciones y sus agencias de intermediación.
Pero, ¿cómo se gobierna actualmente la violencia? Y, sobre todo,
¿a qué se debe esta intervención en el gobierno de la
misma?
Gobernar
a distancia
La red de relaciones que
permiten comprender la violencia contra las mujeres en una perspectiva
más amplia ilustra en nuestro entorno un recorrido que va desde la
inexistencia de la misma hasta la emergencia pública actual. A partir de
la (re)construcción de este proceso podríamos avanzar una
hipótesis de trabajo de cara al futuro que diera cuenta del papel que
está jugando la violencia en la rearticulación de las formas de
dominación de las mujeres. La complicidad, frecuentemente
señalada en la teoría feminista, entre Estado, capitalismo y
patriarcado heteronormativo, fuertemente cohesionados en la perpetuación
de las jerarquías de género en la familia, en el sistema
productivo y en los ámbitos públicos[32]
ha dado paso en unos cuantos años a un nuevo panorama. En él,
como veíamos en la primera parte de este texto al hablar del presente
régimen comunicativo de visibilización, podría parecer que
el Estado se ha situado «del lado de las mujeres»
convirtiéndose en abanderado, garante y gestor de la libertad (individual)
de estas últimas frente a aquellos hombres que aún pretenden
beneficiarse por la fuerza de un orden social heredado en aparente
contradicción con los principios igualitarios de la ciudadanía
(neo)liberal. Pero ¿está realmente el Estado de parte de las
mujeres?
Tal y como hemos señalado
anteriormente, la cuestión del poder[33] –ejercicio
de dominación y sujeción en cuyo horizonte se vislumbra la
agresión, y compleja red de relaciones materiales y simbólicas
con las que se imbrica esta última– queda notablemente desenfocada
o fuera de foco en los discursos hegemónicos sobre el maltrato
doméstico. Al indagar en la penumbra lo que se intuye es la presencia de
una amenaza, una situación que tensiona y convierte en excesivamente
frágil algo que para muchos sectores resulta más preciado y digno
de protección que el cuerpo y la existencia misma de las mujeres; se
trata de la «convivencia», o mejor dicho, los términos en
los que ésta se desarrolla. No estamos hablando extrictamente de la
pervivencia de la familia, si por familia entendemos la unidad nuclear heteropatriarcal
re/productiva tradicional, sino, tal y como apunta Fraser (1997, 2000), de una
estructura doméstica más dinámica y flexible. No obstante,
y a difencia de lo que sugiere esta autora, esta forma de organización,
que ella identifica con la «vida personal», más
autónoma de los imperativos de la producción y la
reproducción, representa un grado aún más avanzado en la
integración de ambas esferas y, por lo tanto, en la reordenación
de esta dicotomía. La puesta a punto de las relaciones entre los sexos
ha de asegurar igualmente la reproducción social en el nuevo entorno del
capitalimo tardío.
La idea de «convivencia»
–término al que se alude con frecuencia en los discursos sobre la
violencia–, en la que se desdibujan notablemente las relaciones sexuadas
de explotación y sujeción, constituye el paradigma dominante
legado de las formulaciones hoy por hoy socialmente asentadas de la igualdad
entre los sexos. El discurso de la convivencia, de la
«recuperación del amor»[34],
del respeto, del reparto, de la igualdad y de la tolerancia se revela como una
apelación, por otro lado excasamente atractiva, destinada a apaciguar la
proliferación de imaginarios y prácticas de creciente
insubordinación entre las mujeres en una situación de sobrecarga.
En este entorno, enunciados como «el amor no es la ostia»,
promovido en una campaña en contra de la violencia en la pareja, donde
se muestra un guante de boxeo ofreciendo un ramo de flores, conforma un
discurso irreverente y desmitificador no sólo de las representaciones de
la convivencia conyugal sino de las relaciones amorosas heterosexuales en
general. El contrato sexual basado en un intercambio entre partes desiguales de
sustento y protección por sumisión o, en un sentido más
actual, de sometimiento y explotación se ha desestabilizado. La fuga[35] con respecto
al mismo, protagonizada por el movimiento feminista y generalizada en
términos individuales al conjunto de las mujeres, ha tenido
consecuencias diversas que van desde el descenso de la natalidad al
cuestionamiento de las relaciones heteronormativas.
Alejadas del escenario, en lo que a
nuestro entorno se refiere, del sistema de bienestar que se extendió en
Europa durante las décadas de los sesenta y setenta, la mayoría
de las mujeres se enfrentan hoy con las exigencias, prácticamente
insostitenibles, de lo que Haraway denomina el circuito integrado[36], un sistema
que ésta reinterpretando y traduciendo en términos de
explotación, en todo el mundo y de manera diferencial, las inquietudes,
conocimientos y hábitos de las mujeres. Las crecientes exigencias de un
mercado segmentado, desregulado, flexibilizado y precarizado ponen a las
mujeres en posiciones extremadamente vulnerables[37].
El trabajo temporal y a tiempo parcial, pero también el trabajo
autónomo y subcontratado se convierten en estrategias preferentes para
muchas. Estas opciones se ajustan a las exigencias que el capital impone sobre
la organización del trabajo, determinando una composición de
clase feminizada que paga con inseguridad, adaptabilidad y estrés su
deseo de autonomía y valorización del ámbito personal[38].
Las tensiones complejas y contradictorias
que se generan en este sistema de explotación complican la
reproducción en los términos en los que se ha venido dando de
forma mayoritaria, esto es, de acuerdo con una división sexual del
trabajo que asignaba a las mujeres la carga doméstica y de cuidado en el
seno de familias nucleares. Las soluciones que las mujeres se plantean ante
esta situación son diversas y no siempre están bajo su control.
Muchas jóvenes se verán obligadas a prolongar su estancia en el
hogar «paterno», las que ya han constituido sus propias familias
transferirán parte de la reproducción, esto en caso de que puedan
pagarlo, por ejemplo, acudiendo a mujeres inmigrantes o sufrirán (en el
caso de muchas inmigrantes y otras mujeres de clase baja) la sobrecarga que
representa la jornada múltiple, otras constituirán unidades de
convivencia alternativas más basadas en el reparto o permanecerán
solas o con sus hijos afrontando serias dificultades económicas.
A pesar de todo, el capital aspira a mantener
el esquema reproductivo mayoritario, intensificándolo incluso, o al
menos reformulándolo, adaptándolo en cualquier caso a las nuevas
exigencias pero preservando el enorme trabajo doméstico y afectivo que
realizan las mujeres de manera gratuita y «voluntaria». Entiende,
por otro lado, que éste no puede sustentarse en el seno de las
relaciones autoritarias patriarcales cada vez más deslegitimadas a causa
de la «explosión de feminismos» de la que habla Haraway.
Desde el poder se apuesta por otro(s) régimen(es) de regulación
que atenuen las contradicciones que se plantean, sin alterar lo fundamental.
Este otro régimen o modo de gobierno promete a las mujeres dos cosas: protección
–seguridad e integridad– como parte de una política
estratégica contra la violencia machista y reparto a
través de las políticas igualitarias de conciliación. La
conciliación de la vida laboral y familiar se revela en estos momentos
junto con la intervención en el plano de la violencia, como un terreno
crucial para gobernar las mujeres.
La Ley
39/1999 de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas
Trabajadoras, aprobada el 5 de noviembre, constituye un buen ejemplo de
cómo se están amortiguando y pacificando las tensiones
existentes. La ley no ofrece un reparto real de las cargas familiares entre los
miembros de la unidad de convivencia. Erigida sobre el
tradicional dimorfismo sexual que asigna a
los hombres la producción y a las mujeres la reproducción, lejos de
conciliar la vida de las personas trabajadoras se ocupa de facilitar y hacer
más llevadera la vida laboral de un grupo determinado de mujeres,
aquellas que cuentan con un empleo, mayoritariamente
fijo. Asume por pasiva que las mujeres se van a seguir ocupando del cuidado,
por no hablar de los trabajos domésticos. La Ley reconoce expresamente que el objetivo es «facilitar que
los hombres puedan ser copartícipes del cuidado de los hijos». No
obstante, en una sociedad donde esta tarea se ha entendido
históricamente como femenina, conseguir que los hombres asuman el
cuidado de los hijos –evidentemente no el resto de las tareas de
reproducción– pasa necesariamente por incentivar, motivar y dar
prioridad a este tipo de prácticas. Sin embargo, el Art. 48 de la Ley
sigue fijando en 16 semanas el permiso por maternidad, no propone primas o
aumenta el número de semanas si es el padre el que se acoge –por
opción de la madre– al «disfrute» de lo que en
definitiva se entiende literalmente como un «periodo de descanso».
Resulta cuanto menos alarmante encontrar en el propio articulado referencias al
disfrute por parte del padre de la totalidad del permiso de maternidad
únicamente en caso de fallecimiento de la madre. Durante el año
2000, únicamente se han acogido a la misma un 0,9% de hombres. En definitiva,
esta regulación deja traslucir una creciente preocupación por la
continuidad de la reproducción en manos de las mujeres. En un momento en
el que las europeas se muestran menos inclinadas hacia la maternidad,
indirectamente se las hace responsables del abandono de hijos e hijas, de los
cambios en las pautas de alimentación, de la falta de atención a
las personas mayores y de los desajustes emocionales de una convivencia sujeta
a horarios extrasalariales.
Con
respecto al segundo campo de intervención, el de la violencia,
la cuestión no es acabar con la violencia, ni siquiera paliar sus
consecuencias, sino limitar las manifestaciones más brutales de la
misma, aquellas que en el plano simbólico representan los aspectos
más llamativos de un orden de género profundamente opresivo que,
en esta perspectiva, se abordará en términos de emergencia. Por
emergencia entendemos un tratamiento de las cuestiones sociales no como si
fueran problemas políticos, sino como excepcionalidades que precisan de
una intervención así mismo excepcional, ya se trate de la
extranjería, el terrorismo o la violencia doméstica. El Estado,
en este sentido, normalizará el estado de excepción y
reformulará su papel de forma creciente en términos de seguridad.
Pero, una vez más,
¿cómo se implementa este nuevo gobierno de la violencia? En
primer lugar, se sirve de técnicas que crean una aparente distancia
entre las decisiones de las instituciones políticas formales y otros
actores sociales más autónomos que, como las asociaciones de mujeres,
vienen encargándose, desde mediados de los ochenta, de la asistencia a
las mujeres víctimas de violencia animadas por la idea de que lo les
sucede es un grado específico de lo que de uno u otro modo sucede a la
mayoría. Estas asociaciones, creadas al calor de la militancia feminista,
se están enfrentando a un choque de racionalidades que ha sustituido la
motivación política de partida por una lógica de
gestión (Bourdieu 1999:291-304).
Mediante las subvenciones, adecuadamente adaptadas a las directrices
previamente marcadas, el Estado ha externalizado gran parte de la
atención generando un vínculo más cómodo y agil.
Las evaluaciones, las monitorizaciones y las técnicas presupuestarias
sirven, así mismo, para ejercer un control sobre el cuerpo de
especialistas asegurando su fidelidad y responsabilidad (Rose )[39].
El Servicio de
Atención a la Violencia Doméstica, dependiente del Ayuntamiento
de Madrid y gestionado por una empresa privada, es un buen ejemplo de
cómo la Administración asume simbólicamente el tratamiento
de la violencia reproduciendo, por otro lado, el modelo de privatización
que ha contribuido a la precarización del empleo femenino, compaginada
con una fuerte responsabilización e implicación afectiva de las
trabajadoras. El SAVD, con sus pautas de externalización, transferencia
de responsabilidad y cuidado, desburocratización, gestión
autónoma y creativa del trabajo y de lo que se entiende como un servicio
«integral» se impone como uno de los modelos dominantes de lo que
se denomina gobierno a distancia.
Depositando la inicitiva, por un lado, en las víctimas y, por otro, en
las especialistas, los poderes han implantado una nueva (auto)regulación
que se nutre ideológicamente de los principios neoliberales acerca del
papel del Estado y la sociedad civil (Gowan 2000).
Otra iniciativa en este
sentido es la promovida por la Generalitat de Catalunya en la que se entrega
una pulsera con alarma a las mujeres maltratadas. Así, a las casas de
acogida y los pisos tutelados, que responden a un dispositivo de
segmentación y control cerrado, hoy por hoy priorizado, se incorpora
nuevos tipos de intervención que permiten el control «abierto y
continuo». La lógica dominante de la denuncia y la casa de acogida
que, como hemos explicado anteriormente, responde a una concepción
lineal, uniforme y simplista de la violencia, convive con otras fórmulas
de asistencia y control difuso actualmente en proceso de prueba. Tal y como
explican Tirado y Domenech siguiendo a Foucault en su caracterización
del paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, nos hallamos
ante «extituciones» que «a diferencia de lo que ocurre en la
institución (...) se caracterizan por la potenciación del
movimiento y el desplazamiento. No más encierro, no más
reclusión, el control continuo y abierto permite que el movimiento deje
de ser un problema» (2001:201). En esta ocasión, las operaciones de
visualización, categorización y asistencia de emergencia se
realizarán reduciendo los costes, y potenciando la movilidad y
«dejando hacer» a las mujeres. Eso sí, al igual a como
sucede con las medidas de alejamiento, son ellas y no los agresores quienes se
convierten en depositarias de la intervención
«extitucional». Si la biopolítica toma el cuerpo de las
mujeres para regular las condiciones en las que se desarrolla la
reproducción, incorporando fracciones de la misma al terreno de lo
público y lo político, las nuevas estrategias de gobierno
«privatizan» el cuerpo politizado –el cuerpo
autodeterminado– para transformarlo en cuerpo individualizado que
gestiona sus propios riesgos y maximiza lo que se juzga como elecciones
propias. De este modo, la organización de la reproducción se
convierte en una cuestión personal y libremente elegida, una
adecuación o puesta a punto, en la que ya no sirve la
planificación autoritaria.
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