El cuerpo contra-puesto.

Discursos feministas sobre la violencia contra las mujeres[1]

Begoña Marugán Pintos

Cristina Vega Solís

“En tiempos, cuando se reunían para expresar una opinión, solían ser una minoría, y a veces les resultaba muy difícil, y hasta imposible, conseguir publicar sus opiniones. Ahora, había ocurrido algo que no todos comprendían; cuando expresaba su opinión sobre este o aquel asunto, cada vez, cada vez con mayor frecuencia su opinión coincidía con la visión convencional que expresaban libremente la mayoría de los países. Antiguamente se habían sentido armados de opiniones agresivamente optimistas sobre la sociedad y la forma de cambiarla; ahora precedían desastres, se veían incapaces de impedir que ocurrieran, y luego luchaban para reducir al mínimo sus consecuencias”

(Doris Lessing 1971)

Introducción e hipótesis

El cuerpo de las mujeres maltratadas ha saltado a la palestra, y la violencia de género que los hombres ejercen sobre las mujeres ocupa en nuestros días una sección regular, incluso destacada, en los medios de comunicación de masas. Lejos de ocultarla como si se tratara de un secreto ignominioso, siempre insuficientemente guardado en el seno de las parejas, las familias y las comunidades, o publicitarla como una manifestación de una masculinidad orgullosa e incuestionada, parece que las fuerzas sociales hegemónicas desde el Estado y la comunicación se han decidido a hablar sobre el asunto erigiéndose en las auténticas "especialistas" en violencia de nuestro tiempo. Informativos, reality shows, informes y estadísticas, investigaciones, cursos de experto y campañas de prevención no son más que algunas de las formas que adopta el interés que se ha generado en torno a un tipo de violencia que hace no tanto únicamente interesaba a aquellas que aspiraban a abolirla mediante la lucha política. En la actualidad, por el contrario, comunicadores y políticos actúan como dinamizadores de un debate que ha desplazado a un segundo o tercer plano el componente de agitación y transformación social que hace unos años tuvieran las luchas en contra de las agresiones.

No cabe duda de que nos encontramos ante un hecho novedoso, sorprendente incluso, para quienes han luchado durante años por desnaturalizar y acabar con esta clase de violencia. No obstante, y a pesar de lo llamativo del mismo, el trasfondo de este desplazamiento de la violencia hacia lo público y todo lo que ello conlleva sigue estando pendiente de análisis. Evidentemente, el feminismo en tanto motor político y simbólico en la emancipación de las mujeres, herramienta de análisis de las formas de explotación y dominación de las mismas en distintas sociedades, catalizador de hábitos nuevos y alegres, y enunciación colectiva y visible de una multitud de deseos femeninos individuales ha sido un elemento clave para entender este fenómeno. En sus distintas expresiones, ámbitos de acción, ubicaciones geográficas, objetivos y encrucijadas, el feminismo, considerado como un movimiento social amplio, ha producido nuevas subjetividades femeninas que han alternado irremisiblemente las relaciones de poder entre las mujeres y los hombres, constituyéndose en un referente fundamental, aunque no siempre admitido o entendido del mismo modo, para muchas mujeres. En este sentido, la presión ejercida desde estas subjetividades resulta clave a la hora de nombrar y dar presencia en lo público a este tipo de violencia.

Si atendemos a la visibilización del fenómeno de la violencia contra las mujeres[2] en nuestro país, hoy por hoy expresado por el número de denuncias, veremos cómo hasta el año 1997, el aumento de las mismas coincide con momentos álgidos en la movilización y la denuncia social. Tras un periodo de estancamiento, esta dinámica se altera, y el protagonismo que anteriormente jugara el movimiento feminista cede ante el papel que en adelante desempeñarán los medios de comunicación y los organismos institucionales o seminstitucionales, con el consiguiente cambio en la comprensión y los modos de abordar esta cuestión[3] (véase el cuadro 2). El cambio en la enunciación del "problema" ("abuso", "malos tratos", "agresiones", "violencia machista", "violencia doméstica", "violencia contra las mujeres", "terrorismo doméstico", etc.) no sería más que una de las manifestaciones de la transformación general del discurso sobre/contra la violencia, un discurso que en el Estado Español se inicia en la década de los 70 y tiene al movimiento feminista como primer enunciador[4].

Tal y como explicaremos más adelante, el movimiento feminista (mf) ha experimentado cambios y ha desplazado sus lugares de actuación en el campo político. Así, en lo que se refiere a la violencia, el espacio reivindicativo de los 80, ocupado por grupos de mujeres locales o temáticos, como las Comisiones Anti-Agresiones (en su mayoría aglutinados en torno a la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español), se transformó en los 90 en un espacio de atención o asistencial de cara a las víctimas de la violencia (espacio inexistente con anterioridad) más o menos autónomo con respecto a las instituciones que en los últimos años ha consolidado su posición y su dependencia con relación a las mismas. Se da, por lo tanto, una tripartición que abarca a los colectivos más o menos unificados del mf que trabajan la cuestión de la violencia, el espacio que ahora mismo ocupan Mujeres Separadas y Divorciadas y otros grupos como Themis, y finalmente, un espacio institucional donde estaría, por ejemplo, la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos. El Foro contra la Violencia ha contribuido durante los últimos años a una acción unificada de los distintos grupos, organismos y personas que intervienen en este campo (Véase el cuadro 1).

A partir de estos y otros procesos podríamos avanzar una hipótesis de trabajo de cara al futuro. La complicidad, frecuentemente señalada en la teoría feminista, entre Estado, capitalismo y patriarcado heteronormativo, fuertemente cohesionados en la perpetuación de las jerarquías de género en la familia, en el sistema productivo y en los ámbitos públicos[5] ha dado paso en unos cuantos años a un nuevo panorama en el que se podría decir que el Estado se ha situado "del lado de las mujeres" convirtiéndose en abanderado, garante y gestor de la libertad de estas últimas frente a aquellos hombres que aún pretenden beneficiarse por la fuerza de un orden social heredado en aparente contradicción con los principios de la ciudadanía (neo)liberal. Alejado, en lo que a nuestro entorno se refiere del sistema de bienestar que se extendió en mayor o menor grado en Europa durante las décadas de los 60 y de los 70, este gobierno de la violencia contra las mujeres entra, en nuestro país, directamente bajo la lógica de la gestión (mínima y a distancia) de los riesgos que propugnaría, siguiendo con el presente análisis, un tratamiento de contención y pacificación del conflicto de género que se suscita necesariamente en un periodo en el que la autodeterminación femenina choca una y otra vez con la continuidad del sistema heteropatriarcal y con las exigencias prácticamente insostenibles para la mayoría de las mujeres de lo que Donna Haraway denomina el circuito integrado[6]. La intervención del Estado, en sintonía con la presente hipótesis explicativa, no iría encaminada a acabar con la violencia, ni siquiera a paliar sus consecuencias, sino a limitar las manifestaciones más brutales de la misma, aquellas que en el plano simbólico representan los aspectos más llamativos de un orden de género profundamente opresivo y, en este sentido, inaceptable. El contrato sexual[7], tal y como se ha entendido desde el feminismo occidental, se quiebra por doquier, y esto se expresaría tanto en los hogares feminizados y violentamente empobrecidos en el Tercer Mundo, que en muchos casos nunca llegaron a suscribirlo, como en las realidades estresadas que viven muchas "mujeres-orquesta" de clase media y baja en los países occidentales. El ejercicio, la resistencia y la gestión de la violencia, y ahora nos referimos al entorno social que nos rodea, se presentarán en adelante como tensiones complejas y contradictorias en un orden de género que en el presente atraviesa una crisis reactiva que se manifiesta tanto en los aspectos físicos como simbólicos. La dimensión pública de la violencia contra las mujeres y la legitimidad de las instituciones en la mediación y gestión de su alcance (se trata, dirán algunos, de impedir que se produzcan más muerte) ha de ser abordada nuevamente teniendo en cuenta la crisis que hemos apuntado, así como los cambios en las formas de gobierno.

Evidentemente, el análisis de un fenómeno complejo como es el de la constante transformación del orden patriarcal, en el que la violencia se dibuja como una dimensión simbólica y existencial clave aunque no única, forma parte de la urgente tarea que el pensamiento y la política feminista tiene ante sí. En lo que se refiere al presente texto, nuestro objetivo se limita a dar algunos pasos en esta dirección reconstruyendo el trayecto de este desplazamiento en el tratamiento público de la violencia contra las mujeres[8]. Se trata primeramente de un compromiso con la historia y la teorización del movimiento feminista, en el que nos reconocemos con la potencia y los límites que dicho reconocimiento conlleva en el momento actual. Dilucidar en qué consiste este reciente interés en la violencia machista y cuál es el trasfondo social y político en el que se dirime pasa a nuestro entender por el análisis de un cambio que, sin desdeñar los elementos positivos que ha traído consigo para muchas mujeres, responde a una nueva orientación en el tratamiento de un hecho social –la violencia contra las mujeres– que en adelante se entenderá como parcialmente "disfuncional" y digno de ser (auto)regulado junto a otros procesos de la vida como pueda ser la enfermedad o la natalidad con los que conforma el campo de lo que Michael Foucault denomina biopolítica[9].

Antes de adentrarnos en la caracterización de este desplazamiento político en el tratamiento de la violencia contra las mujeres en el Estado Español, como primer paso en la reflexión acerca de la regulación actual del conflicto de género, nos referiremos brevemente a la estrategia de la encarnación o corporeidad como un instrumento central de las políticas feministas y, en particular, de las políticas contra la violencia.

La (re)construcción del cuerpo público

Tal y como explicaremos más adelante, la política feminista a partir de los años 60, pero sobretodo, y en lo que se refiere al Estado Español, durante la década de los 70 y hasta nuestros días, se caracteriza en lo fundamental por ser una política del cuerpo, primeramente cuerpo colonizado y, a continuación, atravesado o inscrito[10]. La percepción histórica de las mujeres como "más cuerpo" (frente a los hombres, "más mente") y, en cierto sentido, como cuerpo definido según las determinaciones de la ciencia, y en particular de la biología, es uno de los ejes de intervención fundamental del feminismo de la segunda ola, que en la teoría arranca de la obra de Simone de Beauvoir y alcanza las aportaciones más recientes de autoras como Judith Butler, Susan Bordo, Jacqui Alexader, Elizabeth Grosz o Sumathi Ramaswamy, o, en nuestro país, Raquel Osborne.

El cuerpo es, en primer lugar, experiencia del cuerpo sexuado, aunque también racializado. Fenómenos sociales como la violencia contra las mujeres, la sexualidad, la maternidad, la esclavitud, la anorexia y la totalidad de los modos en los que el cuerpo se conforma de acuerdo con los hábitos que hacen al género contribuyen en la politización de un campo personal-privado[11] anteriormente relegado o directamente ausente en las luchas sociales. La expresividad del cuerpo, especialmente del de las mujeres, en tanto exceso o fuente simultánea de placer y peligro que ha de ser controlada y disciplinada hace emerger el carácter no-natural, producido y productivo, de los cuerpos sexuados (Vance 1989). Por otro lado, la aportación fundamental de los conocimientos situados y de la política de la localización a partir de la década de los 80 reconoce la mediación de prácticas y discursos (incluidos los de las propias feministas), y cuestiona "los presupuestos ontológicos y metafísicos y aboga por la necesidad de una mayor responsabilidad y conocimiento del propio lugar de enunciación" (Casado 1999:82). El cuerpo, en tanto localización inmediata que conforma el lugar y el campo perceptivo y sitúa el punto de vista, implica una materialidad ubicada e inmersa en un proceso histórico.

El cuerpo, en esta perspectiva, debe ser entendido, al menos, con un doble significado: como locus de interpretaciones culturales, el cuerpo es una realidad material que ya ha sido localizada y definida dentro de un contexto social; además, el cuerpo es la situación de tener que asumir y representar una y otra vez el conjunto de interpretaciones recibidas sobre el mismo. La corporeidad, en palabras de Elizabeth Grosz, puede contemplarse como la condición material de la subjetividad (1999:381). Es en este sentido en el que Butler (1989, 1993, 1999, 2000) habla de la «interpretación vivida de una anatomía sexualmente diferenciada», y sostiene que ésta está menos restringida por la anatomía que por las instituciones culturales que convencionalmente han interpretado esa anatomía. El vínculo que de acuerdo con el sistema sexo/género (Gayle Rubin 1993) se establece entre: (a) la bipolaridad de las categorías naturales de las mujeres y los hombres, (b) el modo diferenciado de entender la feminidad y la masculinidad en tanto categorías culturales y, finalmente, (c) la adscripción de la sexualidad según un modelo heterosexual responde a una convención cuyo fin es producir sujetos "normales" que reproduzcan la sociedad "normalizada". Así pues, si asumimos el carácter construido del cuerpo como cuerpo sexuado nada impide pensar en la posibilidad de que esta categoría pueda cambiar a medida que las sociedades evolucionan, o participar en combinatorias aún inexistentes.

Desde esta aproximación, el cuerpo es soporte y materia expresiva, resultado y origen del proceso ininterrumpido de la semiosis[12]. El sujeto corporeizado no sólo padece, asume o reproduce los significados sociales sino que se convierte en agente que "existe" su propio cuerpo como una forma personal de asumir y (re)interpretar las normas de género recibidas. La política del cuerpo como acción individual y colectiva sobre sí abre, de este modo, un campo de actuación que se basa justamente en la intervención de los sujetos en el modelo constituido como hábito a través de su continua puesta en escena de la producción e interpretación ritualizada del sistema sexo/género. El derecho a la autodeterminación del propio cuerpo, enfrentado o "contra-puesto" al ejercicio del poder pero también "puesto", es decir, constituido por las relaciones de poder en el seno de las familias, de acuerdo con los dictados de la iglesia y en conformidad con la hegemonía de los hombres en general, se convertirá desde mediados de los 70 en la piedra angular de los discursos y las prácticas feministas (Bordo 1999:251).

La experiencia femenina de la violencia, que se ha inscrito en el cuerpo de las mujeres, cuya vulnerabilidad conforma una disposición constante e interiorizada del ser-mujer, no precisa del acto violento individualizado. Se sustenta sin necesidad de este último gracias al temor y al propio autocontrol y constante entrenamiento de quienes son susceptibles de convertirse en víctimas. Las mujeres, en adelante ciudadanas, "sujetos de derecho" de segunda categoría, con un pie en el mundo público y otro en la invisibilidad de lo privado, asistirán a la intervención creciente del Estado en áreas selectivas de la reproducción[13]. Las respuestas a las demandas del movimiento feminista en el ámbito de la violencia, de las agresiones sexuales, de la violencia doméstica, del acoso, y más recientemente, de la violación como arma de guerra o la apelación al derecho internacional en lo que se refiere a mujeres que habitan en regímenes patriarcales tremendamente opresivos, formuladas ante el Estado (o la "comunidad internacional"), han tenido hasta hace no mucho una respuesta tímida a pesar de tratarse literalmente de la vida de las mujeres (de aquellas, claro está, reconocidas como ciudadanas).

Sólo recientemente, como explicaremos más adelante, hemos asistido a la intervención estatal en la (re)formulación, distribución e invocación de derechos que atañen a la integridad y libertad de las mujeres en nuestro país. Los efectos, a menudo perversos, de control (e.g., regulación del alcance e intensidad de la violencia), despolitización (e.g., individualización del "problema" vis a vis el Estado) y espectacularización (e.g., identificación reduccionista de violencia con muerte) precisan de un análisis estratégico de nuestra parte. La sostenibilidad del orden social de género, por ejemplo en lo que respecta al vínculo de convivencia que gran parte de las mujeres siguen estableciendo con los hombres, depende, en cierta medida, de esta interlocución en la que el Estado gobierna, eso sí a distancia, gracias a una creciente transferencia o externalización de funciones y recursos, entre otros, los que tienen que ver con la organización del campo asistencial en el terreno de la violencia doméstica. Paralelamente, la dimensión simbólica o comunicativa se torna fundamental. Los medios de comunicación, como explicaremos más adelante, serán los encargados de recrear el fenómeno y la subjetividad acorde a las nuevas tecnologías de género.

En definitiva, el fenómeno de la violencia excede los acontecimientos violentos y abarca la producción y reproducción de la violencia contra las mujeres como fenómeno social de producción discursiva. En este sentido, nos interesa analizar quienes son los sujetos que intervienen en la enunciación del problema y cómo se da ésta en una perspectiva social compleja, es decir, en su interrelación con otros fenómenos sociales y campos de producción discursiva con los que aparentemente no guarda relación (como por ejemplo, el terrorismo) y en una perspectiva histórica (cómo se ha ido transformando no ya las manifestaciones violentas, las formas de agredir, sino los discursos sobre las mismas y con ellos el propio lenguaje).

De este modo, podemos decir que los hechos violentos y los discursos sobre la violencia aparecen entrelazados, sobretodo si pensamos en el reciente papel que han jugado los medios de comunicación en el desarrollo de la violencia contra las mujeres[14]. Lo mismo podríamos decir de las sentencias, de las manifestaciones de protesta, etc. En lo que sigue, trataremos de reconstruir los discursos sobre la violencia contra las mujeres prestando especial atención a la intervención de la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español.

Recuperación del cuerpo expropiado de las mujeres en el discurso del movimiento feminista hasta mediados de los 80

Para el Movimiento Feminista español, nacido en 1975[15] (Miranda y Abril 1978:219), y a diferencia de lo propugnado por el movimiento sufragista y en consonancia con "Mujeres Libres"[16], el cuerpo constituye un eje central que atraviesa la experiencia conjunta de las mujeres y se insinúa en todos los hechos sociales. El cuerpo, al renegar de la concepción biologicista, se desnaturaliza convirtiéndose en depositario del orden social. “Desde Sto. Tomás de Aquino, a Henry Miller, –escribe Rosa Olivares en 1980– a las mujeres se les ha considerado solamente recipiente en el que depositar la semilla del macho”. La revolución sexual, que promovió el feminismo rompe, entre otras cosas, con este orden natural. La introducción de los anticonceptivos[17], a finales de periodo franquista, momento en el que las instituciones religiosas y las políticas se apoyaban mutuamente, fue fundamental para que las mujeres dieran un primer paso en el control de sus cuerpos[18].

Teóricas de la talla de Christine Delphy y Shulamith Firestone entendían que la explotación sexual –la apropiación del cuerpo de las mujeres por parte de los hombres para la reproducción– era el punto de partida, y la familia el núcleo básico en el que se apoya y reproduce la estructura de poder de los hombres. En 1980, Alice Schwarzar escribía en un libro[19] que tuvo una gran influencia entre las feministas del Estado Español: “la sexualidad es al mismo tiempo espejo e instrumento de la opresión que sufren las mujeres en todas las esferas de la vida”, reproduciendo de este modo una visión extremandamente opresiva y sobredeterminada de la sexualidad en el seno de las relaciones heterosexuales (Flax 1990).

En el postfranquismo, tras lo que se denominó "la apertura" y "el destape", las feministas comienzan a analizar las relaciones sistémicas de poder entre los hombres y las mujeres en el patriarcado. En este contexto, acabar con el poder exigía recuperar el propio cuerpo (que se entendía, en aquel momento, como un cuerpo colonizado). La consigna “Nosotras parimos, nosotras decididos”, coreada frecuentemente durante las movilizaciones de la década de los 80, marca una línea de avance en lo que concierne al derecho de las mujeres a decidir sobre sí mismas más allá de las determinaciones de médicos, jueces, políticos, padres, maridos o compañeros. “La posibilidad reproductora de las mujeres es una posibilidad a usar o no usar que las mujeres poseen” (Pineda 1980). En resumen, la maternidad es posibilidad y no destino. La lucha por el derecho al aborto libre y gratuito, cuya liberalización sigue pendiente veinte años después, centra la actividad del movimiento de aquellos años[20].

La idea del cuerpo como lugar en el que se ejercita el poder y la posibilidad de la autodeterminación en el campo de la sexualidad y la reproducción va cobrando fuerza. Tras el referéndum del 6 de diciembre de 1978, las mujeres aparecen en la Constitución como seres capaces y, varios años después, en 1981, el Código Civil[21], tras largos años de cosificación femenina, comienza a reconocer a las mujeres en su condición de sujetos de derecho. “Después de cuarenta años de dictadura fascista, en que las mujeres fueron tratadas al nivel de siervos, incapacitadas para el trabajo y privadas de libertad y de derechos cívicos, sobre todo cuando estaban casada, al implantar la democracia las modificaciones de su condición no se avienen con el nivel económico cultural del país” (Falcón, Siurana y Marín 1985:163). El reconocimiento formal sólo era un paso. El movimiento feminista aspiraba a destronar la dicotomía que ampara la subordinación femenina dividiendo el mundo entre el ámbito público y el privado. "En la definición de la mujer a través de 'lo privado' es donde el pensamiento feminista sitúa el principio de su opresión" (Molina 1994:237). Por lo tanto, era previsible que desde éste se hicieran múltiples críticas a esta dicotomía. Se señala el profundo carácter patriarcal de esta segmentación de la realidad que concierne tanto a las características naturales de los sexos (bajo unos supuestos valores universales el hombre aparece más próximo a la cultura, mientras que la mujer es símbolo de la naturaleza), como a una concepción de la sociedad civil que prescindía de todo lo que, como el trabajo reproductivo, formaba parte de la vida doméstica[22].

Desde ahora, “lo personal es político”. No le deberían quedan “escondites” al poder patriarcal donde seguir reproduciéndose. Había que liberar una sexualidad constreñida y reprimida que estaba limitada a la normatividad de la pareja heterosexual y de la familia y, que restringida a unos fines reproductivos, concebía la sexualidad femenina como algo inexistente. La lucha por el “derecho al propio cuerpo” y por las múltiples formas de habitarlo se había iniciado[23]. “Es hora de desenterrar el hacha de guerra y de decir que sí, que tenemos sexo, que somos seres sexuales y que nuestra relación con nosotras mismas y con nuestros cuerpos, con las mujeres y los hombres y los cuerpos de esas personas, con la naturaleza y con el entorno en que vivimos ha de abrirse camino y desarrollarse” (Pineda 1980). Había que seguir reflexionando en el terreno de la liberación y en junio de 1983 se organizan en Madrid las primeras Jornadas sobre Sexualidad. “La defensa del derecho de las mujeres a abortar la acompañaron [los grupos Pro-Derecho al Aborto] de la denuncia de la sexualidad patriarcal que hace del hombre el centro de la sexualidad, que impone la norma hetorosexual como única relación “natural” negando el lesbianismo y la homosexualidad” (Comisión Pro-Derecho al Aborto 1985:355).

La defensa del derecho a disfrutar y experimentar con el propio cuerpo se veía como una provocación por parte ciertos sectores. Al avance de las mujeres y de sus reivindicaciones algunos contraponían el ejercicio de la fuerza. La reacción de oposición a la afirmación pública del placer femenino también se ejercía mediante la violación[24]. El derecho al cuerpo significaba poder disponer de él en todos y cada uno de los espacios y tiempos de la vida. Las mujeres queríamos “caminar tranquilas” y entendíamos que “la calle y la noche también eran nuestras”.

La violencia en el discurso feminista de los 80

Sin embargo, la extensión de la lucha no hacía sino evidenciar los problemas a los que se enfrentaba la politización feminista de lo personal. La imagen dominante de la violencia que se manejaba por aquel entonces era la de los violadores extraños a la víctima y la agresión en la calle. Esto determinó que los discurso del mf sobre la violencia se inician con la denuncia pública de las violaciones. A partir de datos de prensa y de las informaciones de los bufetes jurídicos[25] y las comisarías, el Club Vindicación Feminista aseguraba que, a principios de los 80, se cometían en España unas 15.000 violaciones anuales.

La denuncia de la violencia contra las mujeres durante aquellos años tuvo dos objetivos claros: reprobar socialmente la violación, y resaltar la violencia que conlleva la imposición de la heterosexualidad. En los manifiestos del 8 de Marzo de mediados de los 80 se podía leer: “la violación es fundamentalmente un acto de agresión y ejercicio de poder de los hombres contra las mujeres. Es la manifestación más extrema de la persecución sexual de todos los días”.

A partir de la creación del Instituto de la Mujer[26], se inicia alguna campaña institucional para denunciar la violencia contra las mujeres[27] y, las comisarías de policía y las unidades especiales de mujeres policías empiezan a recoger estadísticas acerca de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, y a pesar de la extensión del fenómeno tal y como nos recuerda Frente Feminista: “la violación se da en todos los ámbitos donde la vida de las mujeres se desarrolla, en la calle, en el domicilio, en el trabajo, en las cárceles, en las comisarías”, lo cierto es que el número de denuncias es muy limitado; “las agresiones a las mujeres están incrustadas en un tejido de la sociedad donde la sexualidad masculina va ligada al poder de un sexo sobre el otro, lo que implica unos papeles sociales y sexuales de hombres y mujeres ” (Frente Feminista 1988:3). Esto es así hasta el punto de que los delitos de violación aparecen en el Código Penal bajo el Título de delitos "contra la honestidad"[28].

A pesar de las limitaciones cuantitativas, la existencia de datos y el conocimiento directo de las víctimas por parte de determinados colectivos de mujeres supuso la creación de comisiones de trabajo especializadas. A medida que se producía un análisis sobre esta cuestión, los grupos comenzaron a denunciar “la inexistencia de servicios públicos para atender a mujeres violadas y la necesidad de las agredidas de ser escuchadas y encontrar soluciones a corto plazo” (Dones de L´Hospitalet 1988:127).

Por otra parte, las comisiones de mujeres abogadas llamaron la atención sobre los problemas de la Ley en los casos de malos tratos y violencia doméstica, así como su falta aplicación real. En las comisarías y los juzgados se valoraban las agresiones como “riñas domésticas”; las denuncias no llegaban a tramitarse, y en caso de llegar a juicio, los propios jueces instaban a las mujeres a perdonar a su agresor, y las penas que se imponían resultaban absolutamente ridículas (Molina 1988).

En 1985, en un contexto de cierta sensibilidad social sobre el tema, las instituciones se ven obligadas a aceptar ciertos planteamientos feministas sobre la necesidad de auxiliar a las mujeres. Se inician campañas de información sobre las agresiones sexuales y se abren las primeras casas de acogida.

Pero, no sólo se combatía la violencia intersubjetiva, aquella que se produce entre sujetos, también se luchaba en contra de la intergrupal, porque por muchos compañeros maltratadores que existieran, los efectos de la guerra resultaban más terribles para el conjunto de la población, y, como siempre, de modo especial para las mujeres. La violación ha sido un arma histórica de guerra del ejercito enemigo y los Movimientos feministas y pacifistas se aliaron para denunciar esta situación. Los movimientos anti-nucleares y anti-OTAN son un ejemplo de esa imbricación. Frases como “no queremos una guerra que nos mate, ni una paz que nos oprima” se podían escuchar en 1986, antes de la derrota que se produjo en el referendum sobre la entrada de España en la Alianza Atlántica.

Sin embargo, las activistas “éramos conscientes de que hacíamos todo lo que estaba en nuestras manos, pero siempre venía a nuestra cabeza la impotencia que sentíamos. Nos costaba confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra capacidad de respuesta” (Grupo Anti-Agresiones de Euskadi 1988:317). Esta reflexión es la que anima una de las consignas más potentes del movimiento: "ninguna agresión sin respuestas”. La autodefensa, como una respuesta ante las agresiones, era una de las vías para potenciar la acción conjunta de las mujeres. Sin embargo, el debate sobre el Código Penal acabó siendo el eje central del trabajo feminista de finales de los 80. De hecho, la publicación que durante aquella campaña lanzó la Comisión Anti-Agresiones y la Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos se titula: “Ante la violación: responde. Reforma del Código Penal ¡ya!”.

“El vivir en una sociedad sumergida hasta los topes en la violencia ejercida, en primer lugar desde las instituciones del Estado (ejercito, policía, cuerpos especiales). Una sociedad que genera violencia por las condiciones infrahumanas de vida a las que somete a la gente más desposeída, al paro, a viviendas indignas en barrios hacinados... Pero las mujeres, sólo por el hecho de ser mujeres, se ven condenadas a recibir un plus de violencia: la violencia sexista, esa violencia mediante la cual muchos hombres manifiestan, de manera brutal, su desprecio, su prepotencia, su dominio sobre las mujeres” (Coordinadora de Organizaciones Feministas 1990:8). El texto, y la campaña en su conjunto, provocó un largo debate y aglutinó, como nunca, a feministas de distintas corrientes.

“El estado de opinión emergente al que vino a dar respuesta la reforma penal se había creado a partir de los objetivos políticos diseñados desde el Instituto de la Mujer que recogía, bien es cierto, reivindicaciones anteriores del movimiento de mujeres, movimiento que conocía ¿cómo no? la realidad de las mujeres, sobre todo a partir de experiencias tan ricas como las de las casas de acogida, la comisión de investigación de los malos tratos, los despachos profesionales de abogadas y los servicios sociales. Con demasiada facilidad el poder se apropia reinterpreta y asimila las aspiraciones de los movimientos alternativos, entre ellos, de manera significativa los del movimiento feminista. El tratamiento que se dio desde la perspectiva lesgislativa a esa terrible problemática, manifestación ejemplar de la discriminación, supone una situación paradigmática de cómo el sistema es capaz de deglutir, reinventar y rentabilizar políticamente los conflictos” (Sáez 1995:2). La movilización por la Reforma del Código Penal finalizó en 1989[29] con la sustitución del título “delitos contra la honestidad” por el de “delitos contra la libertad sexual”. Se introduce, por primera vez, el término “agresión sexual”, y en los Artículos 419 y siguientes se regula la violación, también la anal y la bucal, que anteriormente no figuraban como tales.

Tras el éxito obtenido, las Comisiones Anti-Agresiones empezaron a disolverse. La emergencia pública de la violencia, que tuvo su apogeo a finales de la década de los 80, se transforma e incluso desaparece como reinvindicación encabezada por el mf. De hecho, en las Jornadas Feministas “Juntas y a por todas”, celebradas en Madrid en diciembre de 1993[30], no hubo ninguna comunicación relativa al tema. El mf se retiraba de este espacio político y dejaba este campo de acción en manos de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas que ya llevaban años trabajándolo.

Se abría, de este modo, un paréntesis que duraría casi una década. El problema de la violencia contra las mujeres, en los 90, sólo reaparece puntualmente y casi siempre en relación con polémicas legislativas. En 1995, en medio de una propuesta de Reforma del Código Penal a cargo del PSOE, tuvo lugar la violación y asesinato de las jóvenes de Alcasser, un hecho que pronto se convertiría en un acontecimiento mediático en clave de reality show sin precedentes en nuestro país. La respuesta popular, poderosamente influida por los mensajes televisivos, se tradujo en la intensificación de las posturas punitivas que se extendieron incluso hasta alcanzar a los propios movimientos sociales. Corcuera, entonces Ministro de Interior, promete endurecer las penas frente a las agresiones sexuales en la calle. Nuevamente en el seno del mf se reabre el debate que origina diferencias entre unos grupos y otros (Zabala 2000:444-445). Pese a lo regresivo del momento, la Reforma del Código[31] sale adelante y, gracias a las presiones del mf no se equipara la pena de violación con la de asesinato.

El balance de la sección del movimiento feminista representada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado español, hasta entonces, se podría resumir con las mismas palabras con las que iniciábamos el texto. Con una impotencia similar a la que describe Doris Lessing en uno de sus cuentos, “Briefing for a descent into hell”, Rosa Fernández, del Frente Feminista de Zaragoza valoraba la evolución de las ideas feministas sobre la violencia sexista durante este periodo en las últimas Jornadas Feministas de Córdoba (2000):

“Cuando hace veinte años se empiezan a organizar las comisiones antiagresiones en las distintas organizaciones feministas del Estado español, el panorama que teníamos ante nosotras era muy diferente del actual. (...) Eran los años en que las provocadoras actuaciones y reivindicaciones del Movimiento Feminista, que cuestionaban los más firmes pilares de la sociedad en que vivíamos, molestaban a amplios sectores que nos definían con todo tipo de calificaciones despectivas, eran años en que audacia y osadía crean escándalo en una sociedad que no está acostumbrada a que las mujeres nos organicemos y luchemos contra unas conductas y estereotipos que daban por hechos naturales en la mujer.(....). Hasta principios de los años noventa, fueron años muy ricos en debate y en experiencias concretas, sin embargo tras esta fase de eclosión y creatividad vino una disminución en la actividad. Las razones eran de diversa índole, pero sobre todo nos sentíamos bastante impotentes ante una sociedad que ya daba por trasnochado y asumido el discurso feminista y pretendía resolver la problemática que implica la violencia sexista haciendo abstracción de causa y origen, de alguna manera, se nos usurpa el discurso formal, sin comprender, ni atender, al fondo del mensaje” (Fernández 2000:452-453).

Pero, además de la apropiación del discurso feminista, previamente vaciada de contenidos, por parte del poder, la Coordinadora de Organizaciones Feministas, al centrarse, casi únicamente, en la exigencia de funcionamiento de los mecanismos del ámbito penal, no tuvo en cuenta el peligro que encierra adoptar objetivos institucionales –asistenciales para las maltratadas y punitivos para los maltratadores- viables para la continuidad de la lucha. De hecho, la centralidad del objetivo y su coincidencia con el momento político de desestructuración de los movimientos sociales redujo al silencio, en lo que a violencia contra las mujeres se refiere, y salvo momentos puntuales, a la Coordinadora. El mf pasó, a finales de los 90, de ser el movilizador principal de las conciencias acerca de este problema, a un enunciador de segundo orden, cediendo ante el nuevo papel de los medios de comunicación.

La violencia como fenómeno mediático

A partir de diciembre de 1997, los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la dramatización, en el sentido que Goffman atribuye a este término, de los hechos violentos al conseguir conformar un público[32] para la violencia familiar que atenta contra las mujeres. Los medios han desempeñado, por lo tanto, su función básica de “mediación” en una sociedad pluralista, creando una opinión colectiva sobre la violencia doméstica. En la batalla por las audiencias y el número de tiradas, que sostienen los poderes económicos que sustentan a los grandes medios, prendió la chispa que hizo saltar a la escena pública el sufrimiento que tantas y tantas mujeres estaban experimentando en lo privado. La industria de la noticia, en ésta como en otras cuestiones, precisa de gestos excepcionales y de la publicidad (Eco 1997). En el discurso de las instituciones y de la opinión pública se habla “de la magia” de los medios de comunicación a la hora de presentar el problema. La aportación de las feministas quedaba, de este modo, en el olvido. Es como si este problema se “descubriera por primera vez”, y desde una mirada sensacionalista e individualizadora. Al centrarse en las consecuencias de la violencia doméstica, más que en el origen o causas profundas de la misma, los medios consolidan la idea predominante, ya expresada en alguna campaña institucional, de que la solución pasa necesariamente por la denuncia. Los mensajes reduccionistas del tipo “Sólo necesitas un dedo” (para marcar el teléfono y realizar la denuncia) o “La solución está en tus manos” contribuyeron a simplificar la complejidad y dificultad de un proceso en muchos casos largo y doloroso, además de cargar a las maltratadas con la responsabilidad única en la solución de su problema. En este sentido, el discurso de la prensa y de las propias instituciones públicas es fundamentalmente autoreferencial, y lejos de cuestionar el papel que juega la violencia en el patriarcado, lo legitima y refuerza. En el perverso juego de las apariencias, los medios de comunicación parecen “haber sacado a la luz” el problema de la violencia familiar contra las mujeres, sin embargo, se limitan a hablar del asesinato y de los casos de agresiones más brutales, en los que las mujeres se convierten exclusivamente en víctimas sin voz. En los medios, las mujeres maltratadas vuelven a aparecer únicamente como cuerpos inertes, magullados, apaleados, amoratados, sin capacidad de decisión, cuerpos pacientes privados de la capacidad de ser. No hay tras estas noticias fragmentadas más que una nueva reproducción de la violencia, de la violencia simbólica sobre la que se apoya la violencia física, grado sumo de violencia, sin aludir por ello a otras expresiones de la misma como la violencia intergrupal que se muestra actualmente en la demostración de fuerza de EEUU frente a Afganistán, la violencia económica que ignora las peores condiciones laborales de las mujeres, particularmente de las inmigrantes, y la violencia simbólica que reduce a las mujeres a cuerpos objetualizados, bellos para el consumo placentero en la publicidad y golpeados para el consumo morboso convertido en espectáculo de masas.

A pesar de la negatividad de estas representaciones, resulta evidente que han sido los medios de comunicación los que han visibilizado, esta vez ante el gran público, el problema de la violencia. Esta visibilidad ha sido un elemento fundamental en la producción de subjetividad en relación a este tema. Por ello, cuando en el año 1998, los asesinatos de ETA producen un impacto decisivo en el imaginario colectivo gracias una fuerte campaña mediática en la que se manufactura la unidad en bloque de la población frente al terrorismo, en aquel entonces convertido en único problema social y político del país, las feministas, esta vez desde la Federación de Mujeres Separadas, alzaron sus voces para llamar la atención sobre lo que desde ese momento se acuñó como "terrorismo doméstico". “La guerra –como explicara Jesús Ibañez– moviliza no solo energía, pertenecer a un bando u otro, sino también y sobre todo, información” (1997:495).

A lo largo de los últimos cinco años, el maltrato doméstico, en sus aspectos más brutales, ha adquirido el estatuto de problema social. El aumento sostenido de las denuncias se ha acrecentado como resultado de una serie de campañas institucionales[33] y mediáticas, en las que la desnaturalización de la violencia corre a cargo de otros actores directos o indirectos (como las ONGs y las empresas contratadas por los organismos públicos para la gestión de los dispositivos asistenciales), y se realiza mediante nuevos mensajes y estilos comunicativos. De la denuncia política se ha pasado a la intervención pública especializada. Esta intervención apunta, como explicábamos al inicio del texto, a un nuevo modo de regular el conflicto de género, que si bien continua dirimiéndose en el seno de las familias, ha visto externalizarse buena parte de sus elementos, en particular los que conciernen a la tutela y protección de las mujeres según un modelo de ciudadanía que apenas logra ocultar las desigualdades, exclusiones y subcategorizaciones a las que los distintos grupos sociales se ven sometidos. Este cambio supone, a nuestro entender, una transformación de las relaciones de género que, a partir de la proliferación de identidades femeninas contra-puestas y la intensificación de la explotación de las mujeres, especialmente las de las clases más bajas, tensiona el orden del patriarcado modificando los términos del contrato sexual.

Si en otro tiempo la violencia era una herramienta y un umbral incuestionable de dominación, ahora se convierte en un exceso, una interferencia en el orden de la reproducción de la sociedad actual. Tal y como han señalado algunas autoras, la violencia en los países del Tercer Mundo y en los espacios fronterizos se ha acentuado a medida que se han radicalizado las desigualdades económicas y se ha producido una sobrecarga para las mujeres (Haraway 1991, Bandarage 1998, Sassen 2000). La identidad hegemónica de los varones se ha desestabilizado, y son las mujeres las que se sitúan en el centro de la cooperación material y simbólica.

Es en este contexto de intensificación de la explotación y de la violencia, y deslegitimación simbólica del orden patriarcal, en el feminismo ha de desarrollar un discurso crítico, dirigido tanto a la actuación institucional y mediática como a sus propias concepciones, que sea capaz de leer de un modo preciso las transformaciones del presente. Intervenciones como la de las mujeres de la Casa Ocupada La Eskalera Karakola que, en 1999, sacaron las camas a la Puerta del Sol de Madrid bajo el lema “Hay mujeres que no están seguras ni en sus propias camas. Por eso sacamos las camas a la calle y metemos la calle en la cama”, constituyen una propuesta diferente que cuestiona la dicotomía de lo público y lo privado sobre la que se sustenta la invisibilidad de la violencia familiar. En las últimas jornadas feministas de ámbito estatal, organizadas por la Coordinadora de Organizaciones Feministas y celebradas en el 2000 en Córdoba, se retomó el debate de la violencia con la presentación de ocho ponencias en las que se habló, entre otras cosas, del acoso sexual, de la utilidad de los instrumentos legales y punitivos en la lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres, de las realidades diversas de las mujeres maltratadas, algunas de extrema vulnerabilidad como es el caso de las inmigrantes, de las situaciones de violencia contra las mujeres que generan las guerras, etc. Entendemos que la realidad social que habitan las mujeres está cambiando, y que con ella han de modificarse las reflexiones y prácticas del feminismo.

Cuadro nº 1

Evolución de las denuncias

Cuadro 2. DISCURSOS FEMINISTAS SOBRE LA VIOLENCIA

AÑO	CONTEXTO INSTITUCIONAL.	M.F	POLÍTICA FEMINISTA
1875	Franquismo Año internacional de la mujer.	1 Jornadas por la liberación (clandestinas)	¬ “Explotación sexual” dominación patriarcal, proviene de la apropiación de los hombres del cuerpo mujeres: reproducción. ¬ LEGALIZACIÓN ANTICONCEPTIVOS. Violencia institucional
1978	Democracia. Igualdad formal, despenalización adulterio.	1ª celebración 8 de Marzo
1979	Convención ONU para la eliminación de toda forma de Discriminación.	Jornadas Feministas en Granadas
1981	UCD Separación y divorcio Cambio Código Civil	Jornadas sobre el derecho al aborto.	¬ Teorías sexo/género. ¬ Acabar patriarcado pasaba por exigir el derecho al propio cuerpo: ABORTO LIBRE. ”Anticonceptivos para no abortar. Aborto libre y gratuito para no morir”. “Derecho al propio cuerpo”. Reprobación violencia: violaciones y la imposición heterosexual. Violencia intersubjetiva. ¬ Principio de opresión: ubicación mujer en lo “privado”: ¬ “lo personal es político”. violencia intergrupal. “Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima”. ¬ Autonomía y autodefensa Mov. “Ninguna agresión sin respuesta” “Ante la violencia responde. Reforma Código Penal¡Ya!”.
1983	PSOE Instituto de la Mujer	-Despenalización del aborto en tres supuestos. - Se crítica la falta de atención a las maltratadas. -Jornadas sobre sexualidad. -
1984	Datos denuncias Ratifica Convención 79 Equiparación maltrato ente cónyuges falta	Lidia Falcó Entrega en NY informe sobre violencia. Enfoque legal.
1985	Despenalización tres supuestos aborto. Conferencia Mundial de Mujeres ( Nairobi).	Jornadas de 10 años de feminismo. Análisis legal y reivindicativo.
1986	Referendum OTAN	Campañas antimilitaristas. Violencia en Guerras. Grupos Antiagresiones.
1988	Fuerte conflictividad Social	Jornadas Feministas contra la violencia machista.
1989	Reforma del Código Penal	Movilizaciones por la reforma Código. (Sentencias)
1993	ONU. Los derechos de la Mujer como Derechos Humanos	Jornadas feministas	(silencio sobre el tema)
1995	- Asesinato de las Niñas de Alcaser. (penalizadoras) - Reality Shows. - Reforma del Código Penal. - Conferencia Mundial de mujeres (Beijin)		Debate sobre reforma. Acoso, y violación.
1996	PP	Campaña de F. Separadas, contra 3 diputados.
1997	Asesinato Ana Orantes. Parlamento Europeo: Tolerancia 0
1998	-Boom mediático -Tregua de ETA	- Convocatoria los días 25 - Derechos Humanos de las mujeres.	¬ Campaña Tolerencia 0 ¬ Terrorismo doméstico
1999	Ley 11/99, Reforma Código (alejamiento, psíquico)	-25 de noviembre: Acción Camas a la calle. - Manifiestos grupos de hombres. -Campaña lazo blanco.
2000	- Ley de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas de Bono -Indulto a T