Accion feminista y GUBERNAMENTALIDAD
la emergencia publica de la violencia contra las
mujeres[1]
Begoña
Marugán Pintos
Cristina Vega Solís
La emergencia de la violencia contra las mujeres
El cuerpo violentado de las mujeres
maltratadas está siendo objeto de un profuso debate. Al rastrear los
discursos que se van conformando en torno a este debate asistimos a la
preeminencia de una práctica de gobierno –a la que Foucault
denominó gubernamentalidad (1978)– que además de haber impulsado en los
últimos años una serie de dispositivos jurídicos, penales
y asistenciales de carácter específico –en el Código
Civil y Penal, a través del Servicio de Atención a la Mujer de la
Policía Nacional, del Equipo de Mujeres y Menores de la Guardia Civil,
del Servicio de Atención a la Violencia Doméstica, del Protocolo
de actuación Sanitaria, etc–, ha promovido el desarrollo de un
conjunto de saberes especializados –estadísticas y toda clase de
datos sobre las maltratadas, perfiles de maltratadores y víctimas, tratamientos
médico-psicológicos, medidas de alcance europeo y mundial,
guía de buenas prácticas, etc– que han ido transformando la
percepción y los modos de abordar esta cuestión y, en definitiva,
la relación entre las mujeres y el Estado.
La complicidad, frecuentemente
señalada en la teoría feminista, entre Estado, capitalismo y
patriarcado heteronormativo, fuertemente cohesionados en la perpetuación
de las jerarquías de género en la familia, en el sistema
productivo y en los ámbitos públicos[2] ha dado paso en unos cuantos
años a un nuevo panorama en el que cabría pensar que el Estado se
ha situado "del lado de las mujeres" convirtiéndose en
abanderado, garante y gestor de la libertad de estas últimas frente a
aquellos hombres que aún pretenden beneficiarse por la fuerza de un
orden social heredado en aparente contradicción con los principios de la
ciudadanía (neo)liberal. Esta percepción nos sitúa
nuevamente ante la relación entre las mujeres y los discursos y las
prácticas que emanan del Estado, ante las transformaciones del papel del
este último que, como señalan algunas autoras feministas, ha sido
una de las principales bajas de la teoría social reciente, y ante las
formas en las que hoy se ejercer el gobierno y, en un sentido general, el poder
(Pringle y Watson 2002).
El cambio fundamental en el
gobierno, tal y como lo entiende Foucault, se refiere a la entrada de la vida
en la política. De acuerdo con Lazaratto, para Foucault, las
técnicas de poder cambian a partir de la integración de la economía
(en tanto que
gobierno de la familia) y la política (en tanto que gobierno de la polis). La
cuestión, en adelante, se refiere a “la manera de gobernar como es
debido a los individuos, los bienes, las riquezas, como puede hacerse dentro de
una familia, como puede hacerlo un buen padre de familia que sabe dirigir a su
mujer, a sus hijos, a sus domésticos, que sabe hacer prosperar a su
familia, que sabe distinguir para ella las alianzas que le conviene.
¿Cómo introducir esta atención, esta meticulosidad, este
tipo de relación del padre con su familia dentro de la gestión de
un Estado?” (Foucault 1991,p.14). Y ¿cómo, siguiendo a
Pateman, en esta entrada se produce una alianza fraternal, un contrato
socio-sexual, que no responde ya al poder del padre sino al de los hombres, en
sentido genérico, sobre las mujeres? (Pateman 1988).
La gran novedad de los nuevos
dispositivos biopolíticos de gobierno es justamente que no revisten un
carácter estrictamente represivo sino que se apoyan en el
carácter productivo de la existencia social, del cuerpo social; aspiran a “mejorar la
suerte de la población” y lo hacen profundizando en la
acción de los propios sujetos sobre sí mismos y sobre los otros.
El poder, en esta aproximación, multiplica sus puntos de
condensación haciéndose inmanente en todas las relaciones
sociales. “El problema político fundamental de la modernidad no es
el de una causa de poder único y soberano, sino el de una multitud de
fuerzas que actúan y reaccionan entre ellas según relaciones de
obediencia y mando (…) La biopolítica, observa Lazarrato, es entonces
la coordinación estratégica de estas relaciones de poder
dirigidas a que los vivientes produzcan más fuerza” (2000, p. 11).
La emergencia de la violencia de
género se inscribe en esta transformación fundamental de las
modalidades administrativas. En efecto, la violencia ha pasado de ser un
secreto ignominioso, siempre insuficientemente guardado y regulado en el seno
de las parejas, las familias y las comunidades a ocupar en nuestros días
un lugar destacado entre los fenómenos de intervención estatal y mediática.
De acuerdo con Foucault, en los Estados administrativos
“gubernamentalizados”, las familias han dejado de ser un modelo
para el gobierno del Estado –el del cabeza de familia que dirige y
controla todo lo que sucede en su casa- para convertirse en un instrumento
privilegiado del gobierno de la población. Es a través de la
familia como el Estado puede organizar ámbitos de la existencia de los
individuos como la maternidad, la prevención de la salud, la reproducción
de la fuerza de trabajo, el consumo, la asistencia y el cuidado a las personas,
etc. cuyas dinámicas se sitúan al margen del marco
jurídico de la soberanía (1978, pp. 21-23). La relación de
poder que implica la violencia, una relación que se extiende desde lo
infinitesimal hasta abarcarlo todo –la identidad, la cultura, la
reproducción, el lenguaje, etc.–, y las resistencias y
contra-posiciones que suscita son aprehendidas en una nueva modalidad de
dominio sobre los cuerpos. Gobernar la violencia se convierte, por lo tanto, en
un modo de gobernar a las mujeres introduciendo una acción externa, de
expertos, jueces, policías, etc., y simultáneamente interna a
cargo de las propias mujeres en su relación con las distintas instancias
de poder y con los hombres.
Las fuerzas sociales hegemónicas
desde el Estado y la comunicación se han decidido a hablar sobre la
violencia erigiéndose en las auténticas "especialistas"
de nuestro tiempo. Se suceden, especialmente por parte de las instituciones,
discursos en los que se subraya que este fenómeno concierne al conjunto
de la sociedad y se advierte sobre el paso adelante dado gracias al creciente
compromiso de los organismos públicos y los medios de
comunicación en su visibilización. Informativos, reality shows,
informes y estadísticas, investigaciones, cursos de expertos y
campañas de prevención no son más que algunas de las
formas que adopta el interés que se ha generado en torno a un tipo de
violencia que hace no tanto únicamente interesaba a aquellas que
aspiraban a abolirla mediante la lucha política. Así, comunicadores y
políticos actúan como auténticos dinamizadores en un
debate que ha desplazado a un segundo o tercer plano el componente de
agitación y transformación social que hace unos años
tuvieran las luchas en contra de las agresiones.
No cabe duda de que nos
encontramos ante un hecho novedoso, sorprendente incluso, para quienes han
luchado durante años por desnaturalizar y acabar con esta clase de
violencia. El feminismo en tanto motor político y simbólico en la
emancipación de las mujeres, herramienta de análisis de las
formas de explotación y dominación de las mismas en distintas
sociedades, catalizador de hábitos nuevos y alegres y enunciación
colectiva y visible de una multitud de deseos femeninos individuales ha sido un
elemento clave para entender este fenómeno. En sus distintas
expresiones, ámbitos de acción, ubicaciones geográficas,
objetivos y encrucijadas, el feminismo ha producido nuevas subjetividades
femeninas que han alternado irremisiblemente las relaciones de poder entre las
mujeres y los hombres constituyéndose en un referente fundamental,
aunque no siempre admitido o entendido del mismo modo, para muchas mujeres. En
este sentido, la presión ejercida desde estas subjetividades resulta
clave a la hora de nombrar y dar presencia en lo público a este tipo de
violencia.
Si atendemos a la
visibilización de la violencia contra las mujeres[3]
en el Estado Español, hoy por hoy expresada por el número de
denuncias, veremos cómo, hasta el año 1997, el aumento de las
mismas coincide con momentos álgidos en la movilización y la
denuncia social (véase el cuadro n° 1). Tras un periodo de
estancamiento, esta dinámica cambia, y el protagonismo que anteriormente
jugara el movimiento feminista (MF) cede ante el papel que en adelante
desempeñarán los medios de comunicación y los organismos
institucionales o seminstitucionales, con el consiguiente cambio en la
comprensión y los modos de abordar esta cuestión. El cambio en la
enunciación del "problema" ("abuso", "malos
tratos", "agresiones", "violencia machista", "violencia
doméstica", "violencia contra las mujeres",
"terrorismo doméstico", etc.) no sería más que
una de las manifestaciones de la transformación general del discurso
sobre/contra la violencia, un discurso que en el Estado Español se
inicia en la década de los 70 y tiene al movimiento feminista como
primer enunciador.
Tal y como explicaremos más
adelante, los cambios en las concepciones feministas que se han producido a lo
largo de las últimas décadas han ido desplazando los campos de
intervención del MF, entre ellos, el de la violencia. Así, en lo
que se refiere a ésta última, el espacio reivindicativo de los
80, ocupado por grupos de mujeres locales o temáticos como las
Comisiones Anti-Agresiones, se transformó en los 90 en un espacio de
atención o asistencial dirigido a las víctimas (espacio inexistente
con anterioridad) más o menos autónomo con respecto a las
instituciones que en los últimos años ha consolidado su
posición y su dependencia con relación a las mismas (véase
el cuadro n° 2). En este sentido, el Estado empleará y
aprovechará todo el potencial, esfuerzo, conocimiento y entusiasmo
desplegado por las organizaciones feministas durante la década de los 80
para ponerlo al servicio, como explicaremos más adelante, de una
racionalidad propia (Bourdieu 1999, pp. 291-304).
Antes de adentrarnos en la
caracterización de este desplazamiento político en el tratamiento
de la violencia en el Estado Español, así como a la
gestión institucional de la misma, consolidada a lo largo de la
última década, nos referiremos brevemente a la encarnación o corporeidad como un instrumento
central de las políticas feministas y, en particular, de las
políticas contra la violencia.
El cuerpo contra-puesto
La política feminista a
partir de los 60 y hasta la actualidad se caracteriza en lo fundamental por ser
una política del cuerpo, primeramente cuerpo colonizado y, a continuación,
atravesado o inscrito[4].
La percepción histórica de las mujeres como "más
cuerpo" (frente a los hombres, "más mente") y, en cierto
sentido, como cuerpo definido según las determinaciones de la ciencia, y
en particular de la biología, es uno de los ejes de intervención
fundamental del feminismo de la segunda ola, que en la teoría arranca de
la obra de Simone de Beauvoir. A diferencia de ésta última, las
aportaciones más recientes no contemplan el cuerpo como obstáculo
para la liberación, sino precisamente como un campo extremadamente rico
de intervención política más allá de la
ideología y la biología.
El cuerpo es, en primer lugar, experiencia
del cuerpo sexuado, aunque también racializado. Fenómenos
sociales como la violencia contra las mujeres, la sexualidad, la maternidad, la
esclavitud, la anorexia y la totalidad de los modos en los que el cuerpo se
conforma de acuerdo con los hábitos que hacen al género
contribuyen a la politización de un campo personal-privado[5]
anteriormente relegado o directamente ausente en las luchas sociales. La
expresividad del cuerpo, especialmente del de las mujeres, en tanto exceso o
fuente simultánea de placer y peligro que ha de ser controlada y
disciplinada hace emerger el carácter no-natural, producido y
productivo, de los cuerpos sexuados (Vance 1989). Por otro lado, la
aportación fundamental de los conocimientos situados y de la política de la
localización
a partir de la década de los 80 reconoce la mediación de
prácticas y discursos y cuestiona "los presupuestos
ontológicos y metafísicos y aboga por la necesidad de una mayor
responsabilidad y conocimiento del propio lugar de enunciación"
(Casado 1999, p.82). El cuerpo, en tanto localización inmediata que
conforma el lugar y el campo perceptivo y sitúa el punto de vista,
implica una materialidad ubicada e inmersa en un proceso histórico.
El cuerpo, en esta perspectiva,
debe ser entendido, al menos, con un doble significado: como locus de
interpretaciones culturales, el cuerpo es una realidad material que ya ha sido
localizada y definida dentro de un contexto social; además, el cuerpo es
la situación de tener que asumir y representar una y otra vez el
conjunto de interpretaciones recibidas sobre el mismo. La corporeidad, en
palabras de Elizabeth Grosz, puede contemplarse como la condición
material de la subjetividad (1999, p.381). La diferencia sexual no constituye
un punto de partida que se verá condicionado por una existencia social
particular sino justamente de llegada o mejor habría que decir, de
tránsito. Es en este sentido en el que Butler (1989, 1993, 1999, 2000)
habla de la «interpretación vivida de una anatomía
sexualmente diferenciada», y sostiene que ésta está menos
restringida por la anatomía que por las instituciones culturales que
convencionalmente han interpretado esa anatomía. El vínculo que
de acuerdo con el sistema sexo/género (Gayle Rubin 1993) se establece entre:
(a) la bipolaridad de las categorías naturales de las mujeres y los
hombres, (b) el modo diferenciado de entender la feminidad y la masculinidad en
tanto categorías culturales y, finalmente, (c) la adscripción de
la sexualidad según un modelo heterosexual responde a una convención
cuyo fin es producir sujetos "normales" que reproduzcan la sociedad
"normalizada". Así pues, si asumimos el carácter
construido del cuerpo como cuerpo sexuado nada impide pensar en la posibilidad
de que esta categoría pueda cambiar a medida que las sociedades se
transforman o participar en combinatorias aún inexistentes.
Desde esta aproximación, el
cuerpo es soporte y materia expresiva, resultado y origen del proceso
ininterrumpido de la semiosis[6]. El sujeto corporeizado no
sólo padece, asume o reproduce los significados sociales sino que se
convierte en agente que "existe" su propio cuerpo como una forma personal
de asumir y (re)interpretar las normas de género recibidas. La
política del cuerpo como acción individual y colectiva sobre
sí abre, de este modo, un campo de actuación que se basa
justamente en la intervención de los sujetos en el modelo constituido
como hábito a través de su continua puesta en escena de la
producción e interpretación ritualizada del sistema
sexo/género. El derecho a la autodeterminación del propio cuerpo,
enfrentado o "contra-puesto" al ejercicio del poder pero
también "puesto", es decir, constituido por las relaciones de
poder en el seno de las familias, de acuerdo con los dictados de la iglesia o
el mercado y en conformidad con la hegemonía de los hombres, se
convertirá desde mediados de los 70 en la piedra angular de los
discursos y las prácticas feministas (Bordo 1999, p. 251).
La experiencia femenina de la
violencia que se ha inscrito en el cuerpo de las mujeres, cuya vulnerabilidad
conforma una disposición constante e interiorizada del ser-mujer, no
precisa del acto violento individualizado. Se sustenta sin necesidad de este
último gracias al temor y al propio autocontrol y constante
entrenamiento de quienes son susceptibles de convertirse en víctimas.
Las mujeres, en adelante ciudadanas, "sujetos de derecho" de segunda
categoría con un pie en el mundo público y otro en la
invisibilidad de lo privado asistirán a la intervención creciente
del Estado en áreas selectivas de la reproducción[7]. Las respuestas a las demandas
del movimiento feminista en el ámbito de la violencia, de las agresiones
sexuales, de la violencia doméstica, del acoso y, más
recientemente, de la violación como arma de guerra o la apelación
al derecho internacional en lo que se refiere a mujeres que habitan en
regímenes patriarcales tremendamente opresivos, formuladas ante el
Estado (o la "comunidad internacional"), han tenido hasta hace no
mucho una respuesta tímida a pesar de tratarse literalmente de la vida de las mujeres (de aquellas,
claro está, reconocidas como ciudadanas).
En el Estado Español, sólo recientemente
hemos asistido a la intervención estatal en la (re)formulación,
distribución e invocación de derechos que atañen a la
integridad y libertad de las mujeres. Los efectos, a menudo perversos, de
control (e.g., regulación del alcance e intensidad de la violencia),
despolitización (e.g., individualización del "problema"
vis a vis el Estado) y espectacularización (e.g., identificación
reduccionista de violencia con muerte) precisan de un análisis
más detallado (Marugán y Vega 2002).
En lo que sigue, trataremos de
reconstruir el desplazamiento que en los discursos sobre la violencia contra
las mujeres se ha producido a lo largo de las últimas dos
décadas. Un desplazamiento que toma las políticas del cuerpo iniciadas
por el Movimiento Feminista –la valorización feminista de la
autonomía sexual y reproductiva, la afirmación del deseo como
motor de la emancipación, el cuestionamiento de la heteronormatividad,
el carácter colectivo de la lucha contra el miedo y la invisibilidad,
etc.– traduciéndolas de acuerdo con una lógica instrumental
múltiple que difumina las relaciones de poder y aborda los conflictos en
términos de gestión.
El discurso feminista de los 80
1. Derechos civiles y políticas del
cuerpo
Para el Movimiento Feminista español,
nacido en 1975[8]
(Miranda y Abril 1978, p. 219), el cuerpo constituye un eje central que
atraviesa la experiencia conjunta de las mujeres y se insinúa en todos
los hechos sociales. El cuerpo, al renegar de la concepción
biologicista, se desnaturaliza convirtiéndose en depositario del orden
social. La revolución sexual, promovida por el feminismo, rompe entre
otras cosas con este orden natural. La introducción de los
anticonceptivos[9],
absolutamente contraria a los principios del nacional-catolicismo, durante la
fase final del régimen franquista fue fundamental para que las mujeres
dieran un primer paso en el control de sus cuerpos.
Teóricas como Christine Delphy y
Shulamith Firestone entendían que la explotación sexual –la
apropiación del cuerpo de las mujeres por parte de los hombres para la
reproducción– era el punto de partida, y la familia el
núcleo básico en el que se apoya y reproduce la estructura de
poder de los hombres. En 1980, Alice Schwarzar escribía en un libro que
tuvo una gran influencia entre las feministas del Estado Español:
“la sexualidad es al mismo tiempo espejo e instrumento de la
opresión que sufren las mujeres en todas las esferas de la vida”,
reproduciendo de este modo una visión extremandamente opresiva y
sobredeterminada de la sexualidad en el seno de las relaciones heterosexuales
(Flax 1990); una afirmación que aspiraba, como tantas otras de entonces,
a producir un extrañamiento en la identificación de las mujeres
como cuerpo sexual-reproductor para los hombres.
En el postfranquismo, las feministas
comenzaron a analizar las relaciones estructurales de poder entre hombres y
mujeres en el patriarcado. En este contexto, acabar con el poder exigía
recuperar el propio cuerpo que, en aquel momento, se entendía como cuerpo
colonizado, es decir, sometido a múltiples capas de opresión que
no permitían comprender la auténtica expresividad del mismo. La
consigna “Nosotras parimos, nosotras decididos”, coreada
frecuentemente durante las movilizaciones de la década de los 80, marca
una línea de avance en lo que concierne al derecho de las mujeres a
decidir por sí mismas más allá de las determinaciones de
médicos, jueces, políticos, padres, maridos o compañeros.
La lucha por el derecho al aborto libre y gratuito, cuya liberalización
sigue pendiente veinte años después, centró gran parte de
la actividad del movimiento durante aquellos años.
La idea del cuerpo como lugar en el que se
ejercita el poder y la posibilidad de la autodeterminación en el campo
de la sexualidad y la reproducción va cobrando fuerza. Tras el
referéndum del 6 de diciembre de 1978, las mujeres aparecen en la
Constitución como seres reconocidos legalmente y, varios años
después, en 1981, el Código Civil[10],
tras largos años de cosificación femenina, comienza a reconocer a
las mujeres en su condición de sujetos de derecho.
El reconocimiento civil sólo era un
paso. El movimiento feminista aspiraba a destronar la dicotomía que
ampara la subordinación femenina dividiendo el mundo entre el
ámbito público y el privado. "En la definición de la
mujer a través de 'lo privado' es donde el pensamiento feminista
sitúa el principio de su opresión" (Molina 1994p.237). Las
críticas señalan el profundo carácter patriarcal de esta
segmentación de la realidad que concierne tanto a las supuestas
características naturales de los sexos, la celebre adscripción
sexual de la naturaleza y la cultura, como a una concepción de la
sociedad civil que prescribía el carácter
doméstico-privado de todo lo concerniente a la reproducción.
La popular consigna “lo personal es
político” inaugura un vasto campo en el que desarrollar una nueva concepción
de la política (Vega 2002). La política se introduce en la
sexualidad, inexistente, constreñida, reprimida y limitada por la
normatividad de la pareja heterosexual, de la familia y de los imperativos
reproductivos. La lucha por el “derecho al propio cuerpo” y por las
múltiples formas de habitarlo se había iniciado[11].
“Es hora de desenterrar el hacha de guerra y de decir que sí, que
tenemos sexo, que somos seres sexuales y que nuestra relación con
nosotras mismas y con nuestros cuerpos, con las mujeres y los hombres y los
cuerpos de esas personas, con la naturaleza y con el entorno en que vivimos ha
de abrirse camino y desarrollarse” (Pineda 1980,p.6). En junio de 1983 se
organizan en Madrid las primeras Jornadas sobre Sexualidad. “La defensa
del derecho de las mujeres a abortar la acompañaron [los grupos
Pro-Derecho al Aborto] de la denuncia de la sexualidad patriarcal que hace del
hombre el centro de la sexualidad, que impone la norma heterosexual como
única relación “natural” negando el lesbianismo y la
homosexualidad” (Comisión Pro-Derecho al Aborto 1985, p.355).
2. La violanción en la batalla por
la reforma del Código Penal
La tematización de la violencia pronto
surgió en los discursos feministas, fundamentalmente en su
vinculación con la libertad sexual y la irrupción de la
política en la esfera privada, por ejemplo, y tal y como advierte el
Grupo de Mujeres Separadas y Divorciadas, a partir de los procesos de divorcio.
La violación –anteriormente considerada como agravio a los varones
de la familia– pasa a considerarse una de las manifestaciones más
importantes de la violencia contra las mujeres. El derecho al cuerpo
significaba poder disponer de él en todos y cada uno de los espacios y
tiempos de la vida. Las consignas de aquel momento se centraban en el deseo de
“caminar tranquilas”: “la calle y la noche también son
nuestras”. La denuncia de la violencia contra las mujeres tuvo dos
objetivos claros: reprobar socialmente la violación y llamar la
atención sobre la violencia que conlleva la imposición de la
heterosexualidad. En un manifiesto del 8 de Marzo de mediados de los 80 se
podía leer: “la violación es fundamentalmente un acto de
agresión y ejercicio de poder de los hombres contra las mujeres. Es la
manifestación más extrema de la persecución sexual de
todos los días”.
Sin embargo, la extensión de la lucha
no hacía sino evidenciar los problemas a los que se enfrentaba la
politización feminista de lo privado. La imagen dominante de la
violencia que se manejaba en aquel periodo era la de los violadores
extraños a la víctima y la agresión en la calle. Esto
determinó que los discursos del movimiento estuvieran centrados en la
denuncia pública de las violaciones. A partir de los primeros datos
difundidos por la prensa y de las informaciones recogidas desde los bufetes
jurídicos[12]
y las comisarías, el Club Vindicación Feminista aseguró
que, a principios de los 80, se cometían en España unas 15.000
violaciones anuales.
Con la creación del Instituto de la
Mujer[13] se
inicia alguna campaña institucional de denuncia, se crean las unidades
especiales de mujeres policías y las comisarías de policía
comienzan a recoger datos estadísticos. Sin embargo, y a pesar de la
extensión del fenómeno, lo cierto es que el número de
denuncias es muy limitado; la causa de este hecho reside en que “las
agresiones a las mujeres están incrustadas en un tejido de la sociedad
donde la sexualidad masculina va ligada al poder de un sexo sobre el otro, lo
que implica unos papeles sociales y sexuales de hombres y mujeres ”
(Frente Feminista de Zaragoza 1988, p.3). Esto
es así hasta el punto de que los delitos de violación aparecen en
el Código Penal bajo el título de delitos "contra la
honestidad"[14].
A pesar de las limitaciones que aún hoy
representa la producción de datos sobre la violencia[15],
éstos, junto al conocimiento directo de las víctimas por parte de
determinados colectivos de mujeres supuso la creación de comisiones
especializadas en el seno del movimiento. A medida que se producía un
análisis sobre esta cuestión, los grupos comenzaron a denunciar
“la inexistencia de servicios públicos para atender a mujeres
violadas y la necesidad de las agredidas de ser escuchadas y encontrar
soluciones a corto plazo” (Dones de L´Hospitalet 1988, p.127).
Por otra parte, las comisiones de mujeres
abogadas llamaron la atención sobre los obstáculos legales en los
casos de malos tratos y violencia doméstica, así como sobre el
incumplimiento de la legislación existente. En las comisarías y
los juzgados se valoraban las agresiones como “riñas
domésticas”; las denuncias no llegaban a tramitarse y, en caso de
llegar a juicio, los propios jueces instaban a las mujeres a perdonar a su
agresor, y las penas que se imponían resultaban absolutamente ridículas
(Molina 1988). En 1985, en un clima de cierta sensibilidad social hacia el
tema, las instituciones se ven obligadas a aceptar ciertos planteamientos
feministas sobre la necesidad de auxiliar a las mujeres. Se inician
campañas de información sobre las agresiones sexuales y se abren
las primeras casas de acogida.
Las tímidas respuestas institucionales
no pueden compararse con el sentimiento de las activistas; “éramos
conscientes de que hacíamos todo lo que estaba en nuestras manos, pero
siempre venía a nuestra cabeza la impotencia que sentíamos. Nos
costaba confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra capacidad de
respuesta” (Grupo Anti-Agresiones de Euskadi 1988, p.317). Esta
reflexión es la que anima una de las consignas más potentes del
movimiento: "ninguna agresión sin respuestas”. La autodefensa
y la autoafirmación colectiva frente a las agresiones formaban parte del
horizonte de la lucha feminista que finalmente acabo centrándose, a
finales de los 80, en torno al debate sobre la reforma del Código Penal[16]. La
publicación que lanzó la Comisión Anti-Agresiones y la
Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos de Madrid
–“Ante la violación: responde. Reforma del Código
Penal ¡ya!”– subraya el objetivo fundamental en lo que a la
respuesta feminista se refiere.
El texto y la campaña en su conjunto
provocaron un largo debate en el seno del movimiento. En torno suyo se
aglutinaron muchas mujeres de distintas corrientes. La siguiente
reflexión expresa una de las limitaciones con las que se topó
esta campaña:
“El estado de opinión emergente al que
vino a dar respuesta la reforma penal se había creado a partir de los
objetivos políticos diseñados desde el Instituto de la Mujer que
recogía, bien es cierto, reivindicaciones anteriores del movimiento de
mujeres, movimiento que conocía ¿cómo no? la realidad de
las mujeres, sobre todo a partir de experiencias tan ricas como las de las
casas de acogida, la comisión de investigación de los malos
tratos, los despachos profesionales de abogadas y los servicios sociales. Con
demasiada facilidad el poder se apropia, reinterpreta y asimila las
aspiraciones de los movimientos alternativos, entre ellos, de manera
significativa los del movimiento feminista. El tratamiento que se dio desde la
perspectiva legislativa a esa terrible problemática,
manifestación ejemplar de la discriminación, supone una
situación paradigmática de cómo el sistema es capaz de
deglutir, reinventar y rentabilizar políticamente los conflictos” (Sáez
1995, p. 2).
La movilización por la Reforma del Código
Penal finalizó en 1989 con la sustitución del título
“delitos contra la honestidad” por el de “delitos contra la
libertad sexual”. Se introdujo por primera vez el término
“agresión sexual” y en los Artículos 419 y siguientes
se regula la violación, también la anal y la bucal, que
anteriormente no figuraban como tales. Tras el éxito obtenido, las
Comisiones Anti-Agresiones empezaron a disolverse[17]. La
emergencia pública de la violencia, que tuvo su apogeo a finales de la
década de los 80, protagonizada en las calles por el movimiento
feminista, se transforma e incluso desaparece, salvo algunas excepciones, como
reivindicación fundamental en el feminismo de los 90. De hecho, en las
Jornadas Feministas estatales “Juntas y a por todas”, celebradas en
Madrid en diciembre de 1993, no hubo ninguna comunicación relativa al
tema. El MF se retiraba de este espacio político que únicamente
siguió tratando la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas,
que ya llevaban años trabajándolo.
El discurso contra la violencia de los 90.
La intervención mediática e institucional
Se abría, de este modo, un
paréntesis que duraría casi una década. El problema de la
violencia contra las mujeres sólo reaparece puntualmente durante los 90
y casi siempre en relación con polémicas legislativas. En 1995,
en medio de una propuesta de Reforma del Código Penal a cargo del PSOE,
tuvo lugar la violación y asesinato de las jóvenes de Alcasser,
un hecho que pronto se convertiría en un acontecimiento mediático
en clave de reality show
sin precedentes en nuestro país. La respuesta popular, poderosamente
influida por los mensajes televisivos, se tradujo en la exigencia de la
intensificación de las posturas punitivas que se extendió incluso
hasta alcanzar a los propios movimientos sociales. El Ministro de Interior
promete endurecer las penas frente a las agresiones sexuales en la calle.
Nuevamente en el seno del MF se reabre un debate en torno a la
judicialización y las penas que originará diferencias entre los
distintos grupos (Zabala 2000, pp. 444-445). Pese a lo regresivo del momento, la
Reforma del Código[18]
sale adelante y gracias a las presiones del movimiento no se equipara la pena
de violación con la de asesinato.
Rosa Fernández, del Frente Feminista de
Zaragoza, valoraba la evolución de las ideas feministas sobre la
violencia en las Comisiones Anti-Agresiones durante este periodo del siguiente
modo:
“(…) el panorama que teníamos ante
nosotras era muy diferente del actual. (...) Eran los años en que las
provocadoras actuaciones y reivindicaciones del Movimiento Feminista, que
cuestionaban los más firmes pilares de la sociedad en que
vivíamos, molestaban a amplios sectores que nos definían con todo
tipo de calificaciones despectivas, eran años
en que audacia y osadía crean escándalo en una sociedad que no
está acostumbrada a que las mujeres nos organicemos y luchemos contra
unas conductas y estereotipos que daban por hechos naturales en la mujer
(....). Hasta principios de los años noventa, fueron años muy
ricos en debate y en experiencias concretas, sin embargo tras esta fase de
eclosión y creatividad vino una disminución en la actividad. Las
razones eran de diversa índole, pero sobre todo nos sentíamos
bastante impotentes ante una sociedad que ya daba por trasnochado y asumido el
discurso feminista y pretendía resolver la problemática que
implica la violencia sexista haciendo abstracción de causa y origen, de
alguna manera, se nos usurpa el discurso formal, sin comprender, ni atender, al
fondo del mensaje” (Fernández 2000, pp. 452-453).
Dejando a un lado la apropiación
del discurso feminista, previamente vaciado de contenido, la Coordinadora de
Organizaciones Feministas, al centrarse casi únicamente en las demandas
dirigidas al Estado desatendió otras dimensiones centrales en la
continuidad de la lucha. De hecho, el techo que se fijó en las reformas
planteadas en un periodo político de desestructuración de los
movimientos sociales redujo al silencio, en lo que a la violencia contra las
mujeres se refiere y salvo momentos puntuales, a la Coordinadora. El movimiento
pasó, a finales de los 90, de ser un agitador de la mentalidad dominante
a un enunciador de segundo orden, cediendo ante el nuevo papel de los medios de
comunicación.
A partir de diciembre de 1997, los medios de
comunicación empezaron a jugar un papel fundamental en la
dramatización de la violencia al conseguir conformar un público
para la misma. En la batalla por las audiencias y el número de tiradas
que sostienen los poderes económicos que sustentan a los grandes medios,
prendió la chispa que hizo saltar a la escena pública el
sufrimiento que tantas y tantas mujeres estaban experimentando en lo privado.
La industria de la noticia, en ésta como en otras cuestiones, precisa de
gestos excepcionales y de la publicidad (Eco 1997).
El asesinato de Ana Orantes, el 4 de diciembre, de 1997, a manos de su
exmarido, tras hablar en un programa televisivo sobre el maltrato que
había recibido, constituye quizá uno de los primeros y más
claros ejemplos de este proceso.
La aportación de las feministas
quedaba, de este modo, en el olvido. Es como si este problema se
“descubriera por primera vez”, en esta ocasión, desde una
mirada sensacionalista e individualizadora. Al centrarse en las consecuencias
de la violencia doméstica, más que en el origen o causas
profundas de la misma, los medios consolidan la idea predominante, ya expresada
en alguna campaña institucional, de que la solución pasa
necesariamente por la denuncia. Los mensajes reduccionistas del tipo “Tan
sólo tienes que mover un dedo” (para marcar el teléfono y
realizar la denuncia) o “La solución está en tus
manos” contribuyeron a simplificar la complejidad y dificultad de un
proceso en muchos casos largo y doloroso, además de cargar a las
maltratadas con la responsabilidad única en la solución de lo que
en adelante se entenderá como un problema individual.
En este sentido, el discurso de los medios de
comunicación y de las propias instituciones públicas es
fundamentalmente autorreferencial (APDH 1999) y lejos de cuestionar el papel
que juega la violencia en el patriarcado, lo legitima y refuerza. En el
perverso juego de las apariencias, los medios de comunicación parecen
“haber sacado a la luz” el problema de la violencia familiar contra
las mujeres, sin embargo, se limitan a hablar del asesinato y de los casos de
agresiones más brutales, en los que las mujeres se convierten
exclusivamente en víctimas sin voz. En los medios, las mujeres
maltratadas vuelven a aparecer únicamente como cuerpos inertes, magullados,
apaleados, amoratados, sin capacidad de decisión, cuerpos pacientes
privados de la capacidad de ser. No hay tras estas noticias fragmentadas
más que una nueva reproducción de otras modalidades de violencia
sobre las que se sustenta la física, como el empleo de la violencia como
arma de guerra, la que conlleva la vulnerabilidad económica de las
mujeres, sobre todo de aquellas que, como las inmigrantes, carecen de derechos,
o la simbólica que reduce a las mujeres a cuerpos objetualizados, bellos
para el consumo placentero en la publicidad y golpeados para el consumo morboso
convertido en espectáculo de masas.
A pesar de los aspectos negativos de estas
representaciones (Marugán y Vega 2002), resulta evidente que han sido
los medios de comunicación los que han visibilizado, esta vez ante el
gran público, el problema de la violencia conformando una intensa
producción subjetiva en torno a esta cuestión. Por ello, cuando
en el año 1998, los asesinatos de ETA producen un impacto decisivo en el
imaginario colectivo gracias a una fuerte campaña mediática en la
que se produce una movilización masiva de la población frente al
terrorismo, en aquel entonces convertido en único problema social y
político del país, la Federación de Mujeres Separadas
aprovechó esta situación para llamar la atención sobre lo
que desde ese momento se acuñó como "terrorismo
doméstico".
A lo largo de los últimos cinco
años, el maltrato doméstico, en sus aspectos más brutales,
ha adquirido el estatuto de problema social. El aumento sostenido de las
denuncias se ha acrecentado como resultado de una serie de campañas
institucionales[19]
y mediáticas, en las que la desnaturalización de la violencia
corre a cargo de otros actores directos o indirectos (como las ONGs y las
empresas contratadas por los organismos públicos para la gestión
de los dispositivos asistenciales) y en las que se produce un nuevo marco
interpretativo, más acorde con la intervención pública
especializada.
Gobernar la violencia
En otro texto hemos caracterizado el gobierno[20]
actual de la violencia a partir de tres procesos íntimamente
entrelazados: (1) la gestión de la emergencia, (2) el gobierno a distancia y (3) la emergencia del discurso de la seguridad
humana. En último término,
estos procesos, que exceden el modo en el que se está abordando en la
actualidad la violencia contra las mujeres, remiten a importantes cambios de
los Estados-nación en Europa occidental que en sus aspectos más
visibles tienen que ver con el derrumbe y fragmentación de las
instituciones, así como con la privatización de lo que hasta el
momento se entendía como el sector público.
Alejado, en lo que al
Estado Español se refiere, del sistema de bienestar que se
extendió en mayor o menor grado en Europa durante las décadas de
los 60 y de los 70, el gobierno de la violencia se inscribe en el creciente
impulso que va adquiriendo una administración diseminada que ha
transferido buena parte de sus funciones, “desinviertiendo” en
ciertas zonas vulnerables e “invirtiendo” de forma selectiva y
limitada en otras que puedan proporcionarle control y legitimidad[21]. El tratamiento
público actual de la violencia contra las mujeres respondería a
este último campo en el ejercicio del control encaminado a contener y
pacificar el conflicto de género que se suscita en un contexto en el que
las transformaciones productivas están intensificando la
explotación de las mujeres, mucho más vulnerables a los procesos
de desregulación.
Las intervenciones estatales en este terreno no
pretenden acabar con la violencia, ni siquiera paliar sus
consecuencias, sino limitar las manifestaciones más brutales, aquellas
que en el plano simbólico representan los aspectos más llamativos
de un orden de género profundamente opresivo que se aborda en
términos de emergencia, es decir, como un conjunto más o menos
coherente de excepcionalidades. La gestión en términos de
emergencia se puede ver claramente en el diseño de los dispositivos de
acogida, que se han convertido en unidades de tránsito carentes de una
perspectiva global –económica, afectiva, laboral, etc.– y a
largo plazo sobre lo que les sucede a las mujeres, disociados de cualquier tipo
de recurso económico para las maltratadas y descoordinados en
relación al campo jurídico y laboral o a otros centros de
acogimiento con los que se podrían establecer acuerdos destinados a
salvaguardar la tranquilidad y seguridad de las mujeres. La insistencia en la
casa de acogida, algo que en un principio el MF ideó como una
auténtica alternativa en el marco comunitario de las redes de apoyo
feministas, actúa como catalizador en el debate bloqueando otras
propuestas que, como los fondos compensatorios, no agotan los problemas que se
derivan de la violencia –en definitiva, ninguna puede agotarlos por
separado–, pero revisten un carácter más amplio y menos
estigmatizador.
La
excepcionalidad produce una segmentación social allí donde no
existía con anterioridad. La maltratada, para la que llega a definirse
un perfil específico, cada vez más determinado por componentes
étnicos y de clase en el imaginario colectivo, queda de este modo
separada del resto de las mujeres. Las campañas de
concienciación, uno de los campos florecientes en la intervención
institucional, han contribuido a este hecho mediante la producción y
difusión de mensajes de carácter victimizador (Marugán y
Vega 2002). Por otro lado, la “obligatoriedad” de la denuncia,
aún a riesgo de provocar situaciones de peligro para las mujeres[22],
y en la casa de acogida como paradigma prácticamente exclusivo de
asistencia vienen a incidir en la percepción de la violencia como una
disfuncionalidad controlable.
La
normalización del estado de excepción, ya se trate de la
extranjería, la violencia o el terrorismo, se convierte en una
práctica de integración de los conflictos de un modo diferencial
y flexible, acorde con las demandas y los intereses de carácter
coyuntural. Estas demandas lo mismo pueden tener que ver con la implementación
de prioridades internacionales que recomiendan determinadas políticas de
género en periodos específicos más o menos extensos, como
con procesos electorales que, dependiendo de los países,
incidirán en ámbitos sobre los que previamente y con la ayuda de
los medios de comunicación se ha generado un amplio consenso.
Otro
rasgo fundamental del gobierno actual de la violencia se refiere a la
externalización de la gestión. El tratamiento actual de la violencia es un ejemplo de
la nueva racionalidad política y de las tecnologías de gobierno
propias de una sociedad global en la que el Estado “está obligado
a economizar su propio ejercicio de poder” a través de la
movilización permanente de su conocimiento sobre los individuos, captado
a través de la vigilancia a distancia y de la observación
mediante el despliegue de fuerzas que operan también desde un cierto
alejamiento. “La regulación será en gran medida obra de
agentes no estatales” (de Marinis 1999, pp.77-78). El
nuevo gobierno se sirve de técnicas que crean una aparente distancia
entre las decisiones de las instituciones políticas formales y otros
actores sociales más autónomos que, como las asociaciones de
mujeres, vienen encargándose desde mediados de los 80 de la asistencia a
las mujeres, animadas por la idea de que lo les sucede a éstas es un
grado específico de lo que de uno u otro modo sucede a la mayoría[23].
Estas
asociaciones, creadas al calor de la militancia feminista, se están
enfrentando a un choque de racionalidades que ha sustituido la
motivación política de partida por una lógica dominada por
las subvenciones y los súbitos virages en la orientación
administrativa. Apoyándose en este impulso de autonomía civil, el
Estado ha externalizado gran parte de la atención generando un
vínculo más cómodo y ágil que descansa,
además de en las asociaciones, en un sin número de empresas
subcontratadas que van rotando el tipo de servicios ofertados; hoy mujeres
golpeadas, mañana ancianas y pasado jóvenes consumidores de
alcohol.
El
Servicio de Atención a la Violencia Doméstica (SAVD), dependiente
del Ayuntamiento de Madrid y gestionado por una empresa privada, es un buen
ejemplo de cómo la administración ha asumido la legitimidad en el
plano simbólico deshaciéndose simultáneamente de las
tareas de atención, coordinación y seguimiento que precisa un
centro de estas características. El SAVD, con sus pautas de
externalización, transferencia de responsabilidad y cuidado,
desburocratización y gestión autónoma y creativa del
trabajo contribuye a la precarización del empleo femenino
compaginándolo con una fuerte dosis de responsabilización e
implicación afectiva por parte de las trabajadoras que, de este modo, se
ven desbordadas por la falta de medios y armonización entre las
distintas agencias que trabajan en este ámbito. Depositando la
iniciativa, por un lado, en las víctimas (en adelante gestoras de sus
propios riegos) y, por otro, en las especialistas (en muchos casos con
contratos en prácticas), los poderes han implantado una nueva
(auto)regulación alejada de la coherencia y el compromiso
económico y más próxima a la imbricación actual
entre el Estado desagregado, los imperativos del mercado mundial y el nuevo
papel de la sociedad civil.
Las evaluaciones, las monitorizaciones y las
técnicas presupuestarias sirven, así mismo, para ejercer control
sobre el cuerpo de especialistas asegurando su fidelidad y responsabilidad.
Como hemos señalado anteriormente, la producción de datos se
revela como uno de los terrenos más relevantes en el ejercicio del
control en el liberalismo avanzado (Rose 1991, p. 33), como lo es
también la nueva pluralización de las tecnologías
sociales.
La
lógica dominante de la denuncia y la casa de acogida, que responden a un
dispositivo de segmentación y control cerrado, comienza a convivir con
otras fórmulas de asistencia y control difuso como la entrega de
pulseras con alarma o el sistema localizador GPS. Tal y como explican Tirado y Domenech siguiendo a
Foucault en su caracterización del paso de la sociedad disciplinaria a
la sociedad de control, nos hallamos ante “extituciones” que
“a diferencia de lo que ocurre en la institución (...) se
caracterizan por la potenciación del movimiento y el desplazamiento. No
más encierro, no más reclusión, el control continuo y
abierto permite que el movimiento deje de ser un problema” (2001, p.
201). En esta ocasión, las operaciones de visualización,
categorización y asistencia de emergencia se realizarán
reduciendo los costes, potenciando la movilidad y “dejando hacer” a
las mujeres. Eso sí, al igual que como sucede con las medidas de
alejamiento, son ellas y no los agresores quienes se convierten en objeto de la
intervención “extitucional”.
Por último, la comprensión de
las cuestiones políticas, incluida la violencia contra las mujeres, como
problemas de seguridad (Mezzadra y Petrillo 2000, Hardt y Negri 2002), una
perspectiva que ha acentuado tras el 11 de septiembre, se ha traducido en el
nuevo encuadramiento de la violencia junto al resto de los apartados del
enigmático campo de la “seguridad ciudadana”. Algo que
estamos teniendo ocasión de ver en las campañas electorales de
los principales partidos, así como en el diseño de las encuestas
de opinión que se están realizando en la actualidad.
En líneas generales podríamos
decir que el actual gobierno de la violencia invierte el proceso de
politización del cuerpo impulsado por el feminismo durante los 70 y los
80, “privatizando” el cuerpo politizado y autodeterminado para
transformarlo nuevamente en un cuerpo individualizado y domesticado que
gestiona sus propios riesgos y maximiza lo que se juzga como elecciones y, por
lo tanto, fracasos propios.
Este enfoque bloquea no ya una
comprensión contextualizada e histórica del papel de la violencia
en las relaciones cambiantes entre los géneros, sino el componente de
agencia y colectividad impulsados desde el feminismo, ambos esenciales en la
erradicación de la misma en el marco de las transformaciones del
patriarcado[24]. En
definitiva, el gobierno de la violencia apunta a un nuevo modo de regular el
conflicto de género, tensionado como decíamos anteriormente por
la desregulación, el declive de los recursos y políticas
públicas existentes, la desestabilización y crisis reactiva del
imaginario sexual dominante y la precariedad y vulnerabilidad a la que se ven
sometidas las mujeres. Así pues, se ha producido una
reinterpretación de la liberación feminista en clave neoliberal
que al tiempo que aspira a producir mensajes legitimadores dispersos –en
lo penal, en lo asistencial, en lo comunicativo, etc.– sobre la violencia
y, en general, sobre las políticas de género, refuerza las segmentaciones
y estigmatizaciones que el feminismo había logrado quebrar –en
este caso, entre las maltratadas y el resto de las mujeres– e implanta
una lógica administrativa flexible que carece por completo de la
voluntad política de convertir los mensajes que se lanzan a diestro y
siniestro en prácticas reales y coherentes.
Entendemos que el reto que estos cambios
plantean al feminismo ha de ser abordado nuevamente ampliando el campo de
visión y recontextualizando la cuestión de la violencia en el
seno de las transformaciones actuales del patriarcado.
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Cuadro nº 1
Evolución de las denuncias
Cuadro 2. DISCURSOS FEMINISTAS SOBRE LA VIOLENCIA
AÑO
|
CONTEXTO INSTITUCIONAL. |
M.F |
POLÍTICA FEMINISTA |
|
1875 |
Franquismo Año internacional de la mujer. |
1 Jornadas por la liberación (clandestinas) |
¬ “Explotación sexual”
dominación patriarcal, proviene de la apropiación de los
hombres del cuerpo mujeres: reproducción. ¬ LEGALIZACIÓN ANTICONCEPTIVOS. Violencia institucional |
|
1978 |
Democracia. Igualdad formal,
despenalización adulterio. |
1ª celebración 8 de Marzo |
|
|
1979 |
Convención ONU para la eliminación de toda forma de
Discriminación. |
Jornadas Feministas en Granadas |
|
|
1981 |
UCD Separación y divorcio Cambio Código Civil |
Jornadas sobre el derecho al aborto. |
¬
Teorías
sexo/género. ¬ Acabar patriarcado pasaba por exigir el
derecho al propio cuerpo: ABORTO LIBRE.
”Anticonceptivos para no abortar. Aborto libre y gratuito para no
morir”. “Derecho al propio
cuerpo”. Reprobación violencia: violaciones y la
imposición heterosexual. Violencia intersubjetiva. ¬
Principio de
opresión: ubicación mujer en lo “privado”: ¬
“lo
personal es político”. violencia intergrupal. “Ni guerra que nos mate, ni paz que nos
oprima”. ¬ Autonomía y autodefensa Mov. “Ninguna
agresión sin respuesta” “Ante la
violencia responde. Reforma Código Penal¡Ya!”. |
|
1983 |
PSOE Instituto de la Mujer |
-Despenalización del aborto en tres
supuestos. - Se crítica la falta de
atención a las maltratadas. -Jornadas sobre sexualidad. - |
|
|
1984 |
Datos denuncias Ratifica Convención 79 Equiparación maltrato ente
cónyuges falta |
Lidia Falcó Entrega en NY informe
sobre violencia. Enfoque legal. |
|
|
1985 |
Despenalización tres supuestos
aborto. Conferencia Mundial de Mujeres ( Nairobi). |
Jornadas de 10 años de feminismo. Análisis legal y reivindicativo. |
|
|
1986 |
Referendum OTAN |
Campañas antimilitaristas. Violencia
en Guerras. Grupos Antiagresiones. |
|
|
1988 |
Fuerte conflictividad Social |
Jornadas Feministas contra la violencia
machista. |
|
|
1989 |
Reforma del Código Penal |
Movilizaciones por la reforma Código.
(Sentencias) |
|
|
1993 |
ONU. Los derechos de la Mujer como Derechos
Humanos |
Jornadas feministas |
(silencio sobre el tema) |
|
1995 |
- Asesinato de las Niñas de Alcaser.
(penalizadoras) - Reality Shows. - Reforma del Código Penal. - Conferencia Mundial de mujeres (Beijin) |
Debate sobre reforma. Acoso, y
violación. |
|
|
1996 |
PP |
Campaña de F. Separadas, contra 3
diputados. |
|
|
1997 |
Asesinato Ana Orantes. Parlamento Europeo: Tolerancia 0 |
|
|
|
1998 |
-Boom mediático -Tregua de ETA |
- Convocatoria los días 25 - Derechos Humanos de las mujeres. |
¬ Campaña Tolerencia 0 ¬ Terrorismo doméstico |
|
1999 |
Ley 11/99, Reforma Código (alejamiento, psíquico) |
-25 de noviembre: Acción Camas a la
calle. - Manifiestos grupos de hombres. -Campaña lazo blanco. |
|
|
2000 |
- Ley de prevención de malos tratos y
de protección a las mujeres maltratadas de Bono -Indulto a Tani |
Jornadas Feministas -No hablar de los agresores, ayudas a
maltratadas; medidas preventivas y medidas cautelares -Rehabilitación maltratador |
|
AÑO
|
Situación |
Código penal |
M.F |
|
1875 |
Franquismo |
Año internacional de la mujer. |
1 Jornadas por la liberación (clandestinas) |
|
1978 |
Democracia |
Igualdad formal, despenalización
adulterio y anticonceptivos |
1° 8 de Marzo |
|
1979 |
|
Convención para la eliminación
de toda forma de Discriminación |
Jornadas Feministas en Granadas |
|
1981 |
UCD |
Separación y divorcio Cambio Código Civil |
Jornadas sobre el derecho al aborto. |
|
1983 |
PSOE |
Instituto de la Mujer |
-Jornadas sobre sexualidad. -Despenalización del aborto en tres
supuestos. - crítica es que no se atiende a las
maltratadas. |
|
1984 |
|
Datos denuncias Ratifica Convención 79 Equiparación maltrato ente
cónyuges falta |
Lidia Falcó Entrega en NY informe
sobre violencia. Enfoque legal. |
|
1985 |
|
Despenalización tres supuestos
aborto. Conferencia Mundial de Mujeres ( Nairobi). |
Jornadas de 10 años de feminismo. Análisis legal y reivindicativo. |
|
1986 |
Referendum OTAN |
|
Campañas antimilitaristas. Violencia
en Guerras. Grupos Antiagresiones. |
|
1988 |
|
|
Jornadas Feministas contra la violencia
machista. (Ninguna agresión sin respuesta) |
|
1989 |
|
Reforma del Código Penal |
Movilizaciones por la reforma Código.
(Sentencias) |
|
1993 |
|
ONU. Los derechos de la Mujer como Derechos
Humanos |
Jornadas feministas (silencio sobre el tema) |
|
1995 |
|
- Asesinato de las Niñas de Alcaser.
(penalizadoras) - Reality Shows. - Reforma del Código Penal. - Conferencia Mundial de mujeres (Beijin) |
- Debate sobre reforma. Acoso, y
violación. |
|
1996 |
PP |
|
- Campaña de F. Separadas, contra 3
diputados. |
|
1997 |
|
Asesinato Ana Orantes. Parlamento Europeo: Tolerancia 0 |
Lobby Europeo Campaña Tolerencia 0 |
|
1998 |
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-Boom mediático -Tregua de ETA |
- Convocatoria los días 25 -Celebración 25 noviembre - Derechos Humanos de las mujeres. |
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1999 |
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Ley 11/99, Reforma Código (alejamiento, psíquico) |
-25 de noviembre: Acción Camas a la
calle. - Manifiestos grupos de hombres. -Campaña lazos blancos. |
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2000 |
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- Ley de prevención de malos tratos y
de protección a las mujeres maltratadas de Bono -Indulto a Tani |
Jornadas Feministas -No hablar de los agresores, ayudas a
maltratadas; medidas preventivas y medidas cautelares -Rehabilitación maltratador |