GOBERNAR LA VIOLENCIA.

APUNTES PARA UN ANÁLISIS DE LA REARTICULACIÓN DEL PATRIARCADO[1]

Begoña Marugán Pintos

Cristina Vega Solís

Ahora la violencia

Es común, en estos días, felicitarnos por el hecho de que la violencia contra las mujeres haya alcanzado por fin la categoría de «problema social» (Bosch y Ferrer 2001; Osborne 2001; Bernárdez 2001). Se suceden, especialmente por parte de las instituciones, discursos en los que se subraya que este fenómeno concierne al conjunto de la sociedad («la violencia doméstica sí es asunto tuyo», reza una reciente campaña del Ayuntamiento de Madrid), se advierte sobre el paso adelante dado gracias al creciente compromiso de los organismos públicos y los medios de comunicación en su visibilización, se habla de la necesidad de promover un cambio en las mentalidades, y se apunta la necesidad de extender las medidas adoptadas, aunque algunas, tal y como pudimos escuchar durante la concentración que se celebró en Madrid el pasado 25 de noviembre 2001, hablen de ineficacia, responsabilicen al Estado de los asesinatos y reclamen, en un tono más o menos vehemente, los denominados «planes integrales». En cualquier caso, la armonización se ha convertido para distintos sectores en el objetivo prioritario.

El desplazamiento de la violencia en tanto fenómeno público[2], se ha ido consolidando en la segunda mitad de los 90; es más, ya en los 2000, la violencia se ha convertido junto al terrorismo en uno de los significantes más poderosos en la esfera pública con una profusión de campañas, noticias y declaraciones en este sentido. En adelante, la producción en el plano simbólico y, por consiguiente, la intervención dirigida a definir el «problema» se convertirá en la cuestión principal.

No todos los mensajes son idénticos, plantean los mismos interrogantes, formulan identicos objetivos o aspiran a alcanzarlos del mismo modo, pero en algo coinciden: existe cierto acuerdo al señalar que se ha logrado traspasar el cerco de la privacidad. La violencia se ve, y esto es así en la medida en que cada vez se fabrican más representaciones de la misma, un hecho que en principio hay que valorar muy positivamente. Poco se ha indagado, por contra, acerca de cómo se producen dichas representaciones; qué es lo que sale a la luz y qué lo que permanece en la oscuridad, quienes son los agentes de esta proliferación discursiva y cuáles los motivos de esta emergencia. En suma, para nosostras la cuestión será analizar el por qué ahora de la violencia contra las mujeres.

En torno a este «nuevo» significante se aglutinan percepciones de lo que Anderson (1991) denomina una comunidad imaginada, que al margen de las desigualdades y explotaciones existentes puede pensarse a sí misma en términos de camaradería o fraternidad profunda entre iguales (o en proceso de constituirse en iguales) frente, y aquí reside uno de los aspectos centrales en el tratamiento de esta cuestión, a unos violentos aislados o, más bien, junto a unas maltratadas igualmente aisladas. No obstante, esta explicación no es suficiente puesto que no da cuenta de a qué se debe la relevancia actual de este tema. Junto a este efecto aglutinador, la gestión actual de la violencia pone de manifiesto aspectos claves en la forma actual de gobierno, en particular en la forma de gobernar la cuestión de género. Por extraño que parezca, entendemos que este proceso de visibilización o desplazamiento de la violencia hacia lo público en la actualidad resulta problemático desde una perspectiva feminista. Así, al tiempo que «hace aparecer» la violencia contra las mujeres a los ojos de las audiencias iluminando un área específica de la realidad social hasta el momento velada, ensombrece cuando no oculta directamente el entramado en el que ésta se genera y desarrolla. De este modo, este enfoque bloquea no ya una comprensión contextualizada e histórica del papel de la violencia en las relaciones cambiantes entre los géneros, sino el componente de agencia y colectividad impulsados desde el feminismo, ambos esenciales en la erradicación de la misma en el marco de las transformaciones del patriarcado.

Lo que sí favorece este enfoque es una intervención diferencial (dependiendo de los distintos organismos) y más o menos diferida (por ejemplo, hacia ONGs o empresas subcontratadas) por parte de los organismos públicos, a través del ordenamiento jurídico, de las fuerzas del orden, de los dispositivos asistenciales, de las agencias que diseñan las campañas informativas y preventivas, etc. Tal y como explicaremos más adelante, el Estado ha ido modificando su papel en relación a esta cuestión, optado en el presente por una actuación, fundamentalmente en el plano de la producción simbólica –suscitando, por ejemplo, un imaginario del tipo «todos contra la violencia»– que nosotras inscribimos en un desarrollo histórico de la biopolítica que hoy en día culmina en el paradigma de gestión de la emergencia, del gobierno a distancia y de la denominada seguridad humana. El objetivo último de nuestra reflexión, que evidentemente excede el propósito del presente artículo, es el análisis de las formas actuales del gobierno de la violencia, elemento clave en las relaciones de género, en un periodo de redefinición de los términos del contrato sexual (Pateman 1993) cuyas expresiones más visibles en nuestro país son el retroceso de la familia tradicional y el descenso de la natalidad.

Por otro lado, a pesar de que con frecuencia se apunta la diversidad y magnitud del fenómeno de la violencia,[3] lo cierto es que la concepción dominante sobre el mismo y, por consiguiente, las prácticas a la que está dando lugar ignoran la interrelación entre las distintas manifestaciones del control violento de las mujeres y, lo que es más importante, desatienden la necesaria perspectiva histórica sobre el mismo que atañe tanto a los actos que en distintos periódos se han considerado violentos (recordemos, a tal efecto, que la violencia psicológica responde a una categoría moderna) como a los umbrales de aceptabilidad en relación a los mismos marcados por las mujeres y por la sociedad en su conjunto. En este sentido, el cambio en la enunciación del «problema» –«abuso», «maltrato», «violencia machista/contra las mujeres/de género», «violencia doméstica», «terrorismo doméstico», etc.– no hace sino poner de manifiesto el dinamismo de un proceso social de comprensión que ráramente aparece en los análisis, y que habitualmente queda soterrado bajo enunciados que insisten en que la violencia no tiene edad y se ha dado igualmente en todas las épocas. Situar las prácticas y discursos sobre la violencia en una perspectiva histórica resulta, en este sentido, una tarea urgente apenas abordada en el Estado Español.

En las siguientes páginas trataremos en primer lugar de ilustrar cómo opera el dispositivo de «focalización» o visibilización. En segundo lugar, propondremos una aproximación más dinámica acerca de la definición de la violencia incorporando la idea de umbral como un modo de promover una aproximación cualitativa y una contextualización histórica de la misma en el marco de las relaciones de poder. Finalmente, avanzaremos en la formulación de una hipótesis de trabajo sobre el papel de la violencia en la rearticulación del contrato sexual en el capitalismo tardío

Dispositivos de visualización de la violencia

Podríamos pensar las recientes prácticas de emergencia pública de la violencia empleando una poderosa analogía visual: la de un haz de luz que, emitido desde una fuente determinada, se proyecta iluminando un campo específico en el que hace aparecer una serie de objetos. La acción de esta fuente de luz direccionada, el acto de focalización que (re)presenta, tiene un doble efecto; así, mientra arroja luz sobre un área determinada que, de este modo queda circunscrita por el propio efecto del enfoque, genera una zona de sombra, artificialmente aislada de la primera. En ella se sitúa la audiencia, además de la fuente de luz cuya localización queda disimulada. Es importante advertir dos hechos: uno, que el campo en sí es el resultado de una operación proveniente de una fuente emisora (evidentemente, pueden existir distintas fuentes, que producirán cada una campos distintos susceptibles de solaparse en algunas áreas) y dos, que la mirada sobre este campo, direccionada por el ejercicio de focalización percibe lo visible en tanto real («lo que se ve es lo que existe»). Existen otros aspectos importantes a tener en cuenta como la intensidad de la luz que desencadena una sobreexposición que deslumbra e impide ver otra cosa que no sea la enfocada, o la distancia entre el objeto y la fuente de luz que construye un campo más amplio o más reducido. Para el propósito del presente texto invitamos a pensar en esta analogía visual, que sin lugar a dudas nos situa ante problemas epistemológicos y metodológicos de mayor alcance sobre la construcción de lo real en las ciencias sociales[4]. La visualización, en esta perspectiva, actúa doblemente como una metáfora del conocer y como un instrumento, la producción de imágenes, para una (más fiel) representación de lo existente.

Instaladas en esta analogía y más allá de la misma, cabría considerar las operaciones de focalización como una intensa acotación del campo que fija en la retina pública una poderosa representación, la de la mujer maltratada, y ensombre la red de relaciones históricas y de carácter multidimensional en las que se incribe. El extrañamiento de las maltratadas con respecto al resto de las mujeres es una consecuencia evidente de los modernos ejercicios clasificatorios. La «coherencia óptica» (Latour 1998 y 1999) de esta producción discursiva proporciona –mediante clasificaciones, estadísticas, evaluaciones, barómetros de opinión, etc.– los efectos de unidad, interés, visibilidad, veracidad, objetividad y movilización necesarios para su funcionamiento. Proporciona, además, un lugar privilegiado desde el que enfocarlo todo, incluido lo más diminuto y privado, disimulando la posición parcial y situada de quien dispone semejante artificio (Haraway 1991). ¿Cuáles son, entonces, los rasgos que caracterizan esta operación de focalización que ilumina al tiempo que oculta, que deslumbra al mostrar con tanta intensidad?

A continuación vamos a referirnos a cuatro rasgos de la focalización actual de la violencia: (1) el surgimiento de la categoría de «mujer maltratada» como un sujeto o, más bien, objeto de análisis que extrañado con respecto al resto de las mujeres se define, por encima de todo, en su relación con las agencias del Estado, es decir, en su condición de asistida; (2) la progresiva operación de reducción del campo visual de la violencia, que pasa de violencia a maltrato doméstico, de maltrato doméstico a maltrato físico y de éste a muerte; (3) la simplificación de la lucha contra la violencia a un único momento: el de la denuncia, de las trayectorias de las mujeres maltratadas a un proceso lineal y de los actores potenciales en este proceso a la exclusiva intervención de las instituciones vis a vis la víctima, y (4) el desenfoque en mayor o menor grado del marco de relaciones de poder en el que se ubica esta clase de violencia, que en caso de aparecer se interpretará en términos de convivencia entre los géneros o como violencia de género o intrafamiliar, concepción que difumina la identidad sexual de víctimas y perpetradores.

Anteriormente, confundida en lo privado junto al resto de las mujeres, la maltratada se ha convertido recientemente en los discursos científicos, institucionales, jurídicos y mediáticos, en una figura bien definida, un perfil determinado que presenta un comportamiento específico y precisa de una intervención especializada. La mujer maltratada no es otra cosa sino eso, maltratada, categorización que contribuye, junto a la acción de aislamiento ejercida por los propios maltratadores, a señalarla y descualificarla.

En este sentido, habría que destacar el énfasis que desde los medios de comunicación se está prestando a esta a imagen condensada de manera ejemplar en la figura de las asesinadas o muertas, como prefieren decir los medios. Las asesinadas cumplirán, a partir de finales de los 90, una función icónica, condensando y simplificando los procesos de violencia en un único momento: el de la muerte o, más bien, el de la recreación mediática de la misma. Este hecho se observa claramente tanto en la televisión como en la prensa y las campañas institucionales de sensibilización[5].

Los rasgos de la nueva televisión hiperrealista (Abril 1995): aproximación a la privacidad de la gente común, interactividad y convivialidad como pautas para la movilización de las audiencias, ejemplaridad de la «persona cualquiera», escenificación de las situaciones realmente vividas –situaciones de heroismo, peligro, problema sentimental y, en general, de conflicto afectivo–, extrapoladas a un nuevo contexto de consumo inmediato del acontecimiento, encuentran en la violencia contra las mujeres un lugar privilegiado. Además, tal y como señala Abril, la televisión, convertida en una empresa de servicios relacionales, no se limitará a presentar o, como dirán algunos a informar, sino que intervendrá –aconsejando, actuando como terapeuta, estableciendo contactos, proponiendo soluciones que no pueden proporcionar las instituciones públicas, etc.– en la gestión de la vida de unos individuos anónimos convertidos, por un momento, en protagonistas[6].

En este contexto mediático, la maltratada se convierte en un caso de lo aberrante común, un caso límite si bien próximo que permitirá a los espectadores traspasar las fronteras de lo privado e inmiscuirse en las relaciones íntimas –lo que no se ve–; indagar en los mecanismos psicológicos que tensionan lo afectivo; establecer valores grupales, para lo que se cuenta con otros –vecinos, familiares, etc.–, espectadores comunes de la cotidianeidad; incorporar el juicio de expertos –psiquiatras, terapeutas, etc.– que determinarán las pautas científicamente relevantes de la neutralización de los riesgos y la correcta gestión de la propia existencia al tiempo que aconsejan, derivan y proponen soluciones. El rasgo más sobresaliente del reality show, no obstante, sigue siendo el extrañamiento progresivo del sujeto con respecto a la vivencia (Lazarato 1992), algo que ya apuntara Benjamin en los años treinta al hablar de la relación entre la narración y el arte y las condiciones del desarrollo industrial.

El asesinato de Ana Orantes, el 4 de diciembre de 1997, a manos de su exmarido tras hablar en un programa televisivo marca un punto de arranque indiscutible en el estallido de la violencia como fenómeno mediático. El asesinato de las jóvenes de Alcasser, en 1995, en un periodo de exaltación de la inseguridad ciudadana, ya había sembrado el terreno aportando las ideas básicas sobre cómo había de enfocarse este tipo de hechos en clave de reality show[7]. En adelante, estas ocurrencias violentas se convertirán en sucesos, acontecimientos dignos de un examen minucioso en lo que respecta a las señales, pruebas, testimonios, antecedentes, etc., pero desprovistos de toda proyección hacia el pasado o hacia el futuro y de cualquier posibilidad de análisis que no opere en términos de barbarie, patología o, más recientemente, tolerancia. Desposeido, así mismo, de su singularidad, el hecho violento se conforma como una mera suma de casos sobre lo que Abril (1995) llama «individuos con dificultades».

Algo similar podría decirse con respecto a las noticias. Tal y como indica Martín Barbero al hablar de la prensa, «transformado en noticia, el acontecimiento sale de la historia para entrar en la 'banalidad', para insertarse en el ciclo del consumo, para integrarse en el ritmo y el valor de la cultura de masa» (1987:173). Aislado de un contexto exterior al que proporciona la propia noticia, el acontecimiento violento se acumula junto a otros semejantes con los que comparte únicamente una sección en los periódicos, acaso una referencia al número de casos en alguna estadística o al plan de turno promovido por las instituciones (Fagoaga 1999). Los instrumentos de visualización –texto, imágenes, encabezamientos, piés de foto, disposición dentro del periódico, etc.– definirán los contornos de la violencia, un escenario circunscrito por la clase de personajes que en él actúan y por los hechos y discursos autorizados. En el centro la maltratada (en algunos casos, los hijos de ésta) y en torno suyo una tupida y articulada red de policias, jueces, especialistas y políticos. Los perpetradores, al igual que en las campañas de sensibilización, aparecen en un plano secundario y en muchos casos en relación a motivos de disculpa como el trastorno mental o los celos. En cuanto a la trama, hay que destacar que uno de los rasgos que la caracterizan es el de la intensificación o escalada, que culmina en el asesinato[8].

Lo que interesa de la violencia es aquel segmento que represente el exceso escandaloso; los umbrales de violencia o el precio en términos de subordinación que ésta cuesta, es decir, el grueso de la violencia ejercida por los hombres, ese tramo mayoritario, permanece en la penumbra y aparece únicamente cuando traspasa el último umbral. La incidencia machacona en las asesinadas frente a aquellas mujeres que han logrado abandonar a sus maltratadores y rehacer sus vidas o que están dando pasos en esta dirección imposibilita la composición de un imaginario en el que las víctimas de violencia, junto con otras personas, sean las que intervengan activamente sin que su actuación tenga que ser tutelada necesariamente por el Estado o concebirse como hechos consumados. Aisladas del resto de las mujeres, nos hallamos ante una mujer «otra», digna de una solidaridad entendida más bien como aspaviento ante una visión «de cerca» de lo escandaloso. Esta alteridad, además, es continuamente subrayada gracias a la construcción en términos de clase, de etnicidad y recientemente de lugar de procedencia que realizan los medios de comunicación. En definitiva, estas representaciones refuerzan la idea de que las mujeres que sufren violencia son sujetos pasivos y radicalmente otros, desatiendiendo un aspecto muy importante, recientemente señalado por Villavicencio: «todas las víctimas están constantemente tomando medidas para evitar que el agresor las maltrate» (2001:36).

Como si del efecto de un zoom se tratara, la luz va definiendo progresivamente un área cada vez más restringida de la que desaparece la violencia sexual, tanto la perpetrada por extraños como por compañeros, el acoso y las distintas formas de control y agresión psicólogica. En este régimen comunicativo, la violencia siempre es mucha violencia, demasiada para el desarrollo de la vida y de la transformación. Las mujeres maltratadas, carentes de voz, quedan reducidas al papel de víctimas; cuerpos inertes, magullados, apaleados, amoratados, sin capacidad de decisión, cuerpos pacientes privados de la capacidad de ser.

Desde los organismos públicos se ha insistido hasta la saciedad en la iniciativa de la denuncia como un paso fundamental, casi habría que decir único, para resolver las situaciones de violencia. Por fortuna, en los últimos años y ante el aumento de las denuncias realizadas en situaciones de inseguridad, se han ido matizando los mensajes. No obstante, la denuncia sigue siendo la llave mágica que abre todas las puertas. Esta instigación por un lado, responsabiliza a las víctimas de detener al maltratador y, por otro, ignora los condicionamientos externos (la falta de servicios eficaces, de vivienda, de subsidios y otros beneficios económicos, etc.) que determinan la fiabilidad y seguridad de una iniciativa que puede poner en peligro la vida de las mujeres[9]. Desde distintos foros, hoy se matiza esta cuestión: «denunciar desde un lugar seguro».

Por otro lado, resulta alarmante que a pesar de la cantidad de datos y estudios que se han emprendido durante los últimos años, que las campañas de sensibilización desatiendan deliberadamente los recorridos heterogéneos, contradictorios y prolongados en el tiempo de quienes se rebelan contra las agresiones. Pareciera que los organismos estatales están más interesados en mostrar su disponibilidad y operatividad (se trata únicamente de activarlos), que de adecuarlos, también en el plano comunicativo, a las trayectorias zigzagueantes y tentativas de las mujeres. La casa de acogida, item genuino y prácticamente único de la asistencia, y el proceso de judicialización, aún hoy ajeno en gran medida al control de las mujeres en aspectos fundamentales que atañen a su seguridad, han copado el imaginario de la lucha contra las agresiones. Tal y como observa la Asociación de Mujeres Juristas (THEMIS), muchas víctimas desisten de las denuncias interpuestas, no comparecen a juicio o perdonan al agresor, dada la falta de mecanismos judiciales de apoyo y protección que las ayuden a superar la dependencia psicológica, afectiva y económica que pueden tener respecto al agresor; en la práctica, la concurrencia de cualquiera de estas tres circunstancias equivale a la total impunidad del agresor (2001:105-12)[10].

Desde algunas posiciones, se ha ampliado el campo arrojando luz sobre otros actores, en particular sobre los hombres y sobre la sociedad. Recientemente se ha incorporado a los hombres en general[11] en campañas de concienciación como la Campaña Europea del Lazo Blanco («Hombres trabajando para poner fin a la violencia masculina contra las mujeres»). En ellas, no se concibe a los maltratadores en su exterioridad con respecto a otros hombres, digamos, los «normales», algo que no se puede decir con respecto a las que van destinadas a las mujeres .

Con respecto a las campañas, hoy por hoy escasas, en las que se visualiza al conjunto de la sociedad cabría destacar la recientemente difundida por el Ayuntamiento de Madrid, que desde hace algún tiempo y junto a la Comunidad de Madrid y el propio Foro contra la Violencia ha adoptado parte de la simbología –fundamentalmente las manos, los lazos y toda la terminología de la «tolerancia cero»– que se popularizó durante la «socialización» de la lucha antiterrorista a finales de los noventa y tras el asesinato de Miguel Angel Blanco a manos de ETA. En esta ocasión, se nos muestra la imagen de distintos individuos con la oreja pegada a una pared con un papel pintado característico de los setenta. El mensaje dice lo siguiente: «No es la tele del vecino, son sus gritos y puñetazos. La violencia doméstica sí es asunto tuyo». A pesar del interés que suscita una campaña en la que se amplía el círculo de la violencia, la combinación de imagen y texto sugiere más una campaña de control social que una invitación a intervenir. La evocación supuestamente irónica del cotilla, de la mentalidad del «cada uno en su casa...» y del oscuro secreto y la doble apariencia que se esconde tras la moralidad burguesa, todas ellas representaciones comunes en el asfixiante ambiente de los setenta, transmite un significado ambivalente. Efectivamente, no es posible hacer oidos sordos o pretender que se trata del televisor, sin embargo, no resulta claro el por qué «la violencia doméstica sí es asunto tuyo». ¿Acaso por las molestias que origina a los vecinos? ¿Por que una siempre desea enterarse lo que les pasa a los de al lado? Tampoco es evidente lo que se propone. ¿Estar atentos a los ruidos que hacen los vecinos? ¿Quedarse a escuchar e imaginar lo que sucede al otro lado del muro, tal y como hacen los personajes en la imagen? ¿Llamar a la policía? En definitiva, la iniciativa de desplazar el foco y visualizar a otros actores no va acompañada de una propuesta clara y directa de intervención, sino más bien de una vaga evocación de la idea de vigilancia, muy acorde con los tiempos que corren.

Tras estos apuntes, en modo alguno exhaustivos, cabría preguntarse a qué responde este régimen comunicativo ¿Por qué se muestra con tanta insistencia el maltrato doméstico de carácter físico? ¿Qué está expresando en estos momentos la representación de la maltratada como radicalmente «otra» respecto al resto de las mujeres? ¿Cómo interpretar la reducción del recorrido y entorno de la violencia y la abrumadora presencia y uniformidad del paradigma asistencial? Para responder a estas preguntas precisamos un nuevo enfoque con el que aventurarnos en la penumbra. Precisamos, además, distanciar el foco de luz con respecto al objeto para poder así producir un campo visual más amplio en el que observar la violencia como parte de las relaciones actuales de poder.

Reenfocando la violencia en las relaciones de poder

El análisis de algunos estereotipos femenisnos en el contexto socio-histórico español nos puede ayudar a entender la “naturalización de la violencia contra las mujeres”, y la permisividad hacia actitudes y comportamientos vejatorios. A través del siguiente recorrido en el tiempo tendremos ocasión de observar cuatro momentos en la conceptualización y tratamiento del problema de la violencia como: (1) inconcebible e inexistente en el lenguaje, (2) concebida en términos de derechos y libertades, (3) en términos de delito y (4) como un problema de gestión. Esto ha significado, como explicaremos seguidamente, una creciente modificación de los umbrales de aceptabilidad de la violencia machista, una modificación progresiva en el modo de entender este fenómeno, así como de las posibilidades de fuga de las mujeres en las sociedades occidentales.

La modificación de los umbrales ha estado acompañada de una serie de mecanismos que han permitido visualizarlos. Si hace años hubo que poner nombre a la violencia y después definir su alcance, más tarde la cuestión sería indagar y modular la consideración social de la misma. Las percepciones de la población sobre este tema han ido entretejiéndose con nuevos dispositivos de conocimiento. En la actualidad, estadísticas, auditorías y barómetros de opinión son las formas de conocer que, tal y como señalaremos en la parte final de este texto, se adecuan a la construcción de la violencia como algo a gobernar, siendo éste uno de los cambios más significativos en la evolución que pretendemos desarrollar.

Para iniciar el recorrido propuesto recordaremos que antes de la industrialización, el modelo familiar predominante era el de la familia extensa, una unidad de residencia y producción de las materias primas en la que participaban todos los miembros de la misma en función de la edad y el sexo. La autoridad la ostentaba el padre, que era el que transmitía generalmente los apellidos y la propiedad. Sin embargo, con la industrialización la familia deja de ser unidad de producción para convertirse en unidad de consumo. Esta separación entre unidad de convivencia y producción favoreció una mayor dependencia de las mujeres en relación a los varones en la medida en que el trabajo asalariado de éstos pasó a ser la mayor aportación a la renta familiar.

En la familia nuclear, la identidad de hombres y mujeres (Nash 2000:80) respondía mayoritariamente a un modelo tradicional de división sexual del trabajo, en el que la maternidad aparecía como base esencial de la identidad femenina[12]. Aunque esta imagen de madres y esposas proveedoras del bienestar familiar no siempre supuso el enclaustramiento de las mujeres en el ámbito privado de lo doméstico, tuvo un peso importante en el papel dependiente y subordinado de las mismas y en la asunción de determinados valores de “sumisión, obediencia y sacrificio”. Como señala Pateman (1995:219), “las costumbres sociales y las leyes privaron a las mujeres de la oportunidad de ganar su propio salario de modo que el matrimonio era su única esperanza de vida decente”. En la transición hacia el modo de producción capitalista encontramos una de las explicaciones de cómo las mujeres fueron forzadas a formar parte del contrato matrimonial.

Las numerosas y avanzadas reformas legislativas dirigidas a las mujeres[13] y aprobadas durante el gobierno de la II República lograron únicamente erosionar el eje vertebrador del estereotipo de identidad femenina anterior. A pesar de los progresos legislativos en materia de derechos, la maternidad -bien fuera entendida como designio divino dentro del discurso de domesticidad conservador o como “maternidad consciente”- siguió constituyendo la base esencial de la identidad femenina. Sólo unas pocas[14], la mayoría de las cuales se agruparían en organizaciones como Mujeres Libres, propugnaron un nuevo discurso de género, en el que se desvinculaba la maternidad de la sexualidad.

Este nuevo discurso, a pesar de ser minoritario fue importante y podría haber dado sus frutos, mucho antes de ser retomado en los setenta por el movimiento feminista (mf), si la fuerza de las armas no se hubiera impuesto. El alzamiento de 1936 y el fracaso de las reformas sociales dio al traste con las críticas al modelo de género vigente.

Aunque se podría pensar que el proceso bélico llevaría a las mujeres a cuestionar su papel familiar, algunos estudios de la vida cotidiana en los que se emplean fuentes orales (Ibáñez, Liria y Triquell 1991) corroboran la aceptación por parte de las mujeres de un papel subordinado. La derrota en la contienda de los reformadores y/o revolucionarios supuso una vuelta a los principios ideológicos más reaccionarios. “La intención del Régimen fue que no quedara ni el menor resquicio de los progresos que en el terreno de lo social se consiguieron en la República” (Roura 1998:73). El franquismo “fue un Estado dictatorial (...) patriarcal y androcéntrico en el que prevalecía un sistema de género masculino con profunda incidencia en las relaciones sociales” (García-Nieto 1993:724). Los años de dictadura reforzaron un modelo patriarcal de familia en el que el Estado se ocupaba de vigilar y controlar a las mujeres. La excedencia forzosa al contraer matrimonio restringía la participación de las mujeres en el mercado laboral relegándolas al ámbito familiar. Al igual que en el resto de las parcelas de la vida, el Régimen franquista estuvo obsesionado por crear un modelo de conducta “típicamente español”, que propugnaba una masculinidad dominada por una “virilidad libre de pulsiones temerosas” (Temas de Pedagogía, de Editorial Escuela Española; Cfr: Otero 1998:97) y una feminidad en la que primaba el recato familiar y la decencia.

La compulsiva búsqueda de la moralidad y las “buenas costumbres” conllevabó una gran dosis de lo que hoy entendemos como violencia institucional contra las mujeres[15], principales responsables de la “inmoralidad”. Más preocupado por mantener el escaparate de la decencia que por solucionar la situación de depauperización económica que asolaba a la población[16], el Estado convirtió a las mujeres en sujetos a vigilar. Aquellas que no estaban integradas en el modelo madre-esposa mayoritario sufrían las consecuencias.

En este contexto de supeditacuón a las necesidades familiares, las mujeres fueron sujeto de numerosas obligaciones y muy pocos derechos. Ante una violencia institucional tan fuerte, en la que éstas no creían tener derechos, se hace difícil imaginar que denunciaran una agresión al ser sometidas a comportamientos lesivos. Sólo cuando a los sujetos se les reconoce el derecho a la integridad y a la libertad se puede percibir el abuso, y éste no era el caso de las españolas de los años cuarenta y cincuenta, para las que el sometimiento al otro y el desequilibrio de poder era “normal”.

No se podía concebir que las mujeres fueran lesionadas y/o dañadas física, psíquica o sexualmente, porque se entendía que lo peor que a una mujer le podía suceder era perder su don más preciado: la virginidad, y convertirse, de este modo, en una “deshonrada”. Muestra de ello es la ausencia de significantes como “abuso sexual” y “violación” en los expedientes recogidos por el Patronato de Protección de la Mujer[17]. En los expedientes de las internas resulta frecuente la utilización de expresiones como “deshonrada”, y “seducida” para definir a las mujeres que, voluntaria o involuntariamente, se alejaban del modelo femenino impuesto.

Si apreciamos ciertos obstáculos en la mentalidad de la época para desnaturalizar las agresiones a las mujeres por parte de extraños y en la calle, suponemos que mayor dificultad entrañaría concebir como “abusos” los insultos, amenazas y agresiones del cónyuge. No olvidemos que desde el Estado se “reconoce a la familia como célula primaria, natural y fundamento de la sociedad, y al mismo tiempo como institución moral dotada de derecho inalienable y superior a toda ley positiva” (García-Nieto 1993:725). Además, la Iglesia predicaba la “natural” inferioridad de las mujeres. En 1941, en su libro Matrimonio el presbítero Ricardo Aragón escribe: “El marido es superior, es cabeza de la mujer, y ella, no obstante le es igual; y así el marido la ha de tratar como inferior, más sin lesionar los deberes de amistad, y la ha de tratar como igual, sin perder los derechos de la superioridad. La mujer es súbdita, está supeditada al hombre” (Cfr.Otero 1998:78). El “Angel del hogar” o “perfecta casada” se debe a su marido, siendo “un imperdonable error la negación al esposo del “débito conyugal”. La mujer no debe, bajo ningún pretexto, negar a su marido lo que le pertenece” (Doctor Clavero Núñez, 1946, Cfr Otero 1998:47).

Las sociedades se reproducen simbólicamente por medio de un sistema complejo de símbolos y significantes a través de los cuales se transmite una concepción determinada del mundo. En el lenguaje[18], el concepto de “débito conyugal”, acuñado y extendido durante el franquismo, dejó una profunda huella en nuestro orden simbólico. Aún hoy en día, es minoritaria la existencia de referencias relativas al abuso sexual y a la violación dentro del matrimonio en los discursos institucionales, así como la denuncia de los mismos por parte de las propias mujeres.

Una lectura actualizada de los expedientes del Patronato (Roura,1998) pone de manifiesto la existencia de violencia en la familia y, de modo especial, en relación a las hijas; así, encontramos referencias del tipo: “El origen de su desviación es el estar sus padres separados, no portándose bien el padre con ella” (Exp. 350); “El padre daba mala vida a esta joven” (Exp.480), “Iba a comer con su padre, quien un día la maltrató” (Exp. 465). En este sentido, se puede afirmar que la violencia existía, pero aún no se había construido la palabra mágica que la definiera, siendo muy alto el umbral de aceptación social hacia los comportamientos masculinos violentos. Por otra parte, el fuerte intervencionismo estatal tenía como meta velar por la familia, no por las mujeres[19]. Incluso en aquellos casos de violencia disfuncional, la que suponía graves lacras físicas para la mujer, “los sumarios por malos tratos dentro del matrimonio, por regla general, eran sobreseídos, reflejando los jueces la política de intentar mantener el compromiso cristiano del matrimonio” (Lorente Acosta,1998:29).

Este desolador panorama social comienza a fracturarse con la apertura de España hacia los países occidentales. A partir de los años sesenta, el modelo de mujer tradicional “entregada a su familia” empieza a ser cuestionado por parte de algunas mujeres. La necesidad de aumentar la población laboral que el desarrollo industrial imponía llevó a los legisladores a buscar en las mujeres mano de obra barata. La Ley sobre derechos políticos, profesionales y laborales de la mujer, de 1961, sin romper el ideal de mujer-madre, ponía fin a las regulaciones anteriores que conminaban a las mujeres a abandonar el trabajo cuando se casaban[20]. A partir de la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral [21] y a la educación, y de la introducción de los anticonceptivos se abrió camino un nuevo discurso de género animado por el desarrollo económico de los planes de estabilización y la lucha por los derechos democráticos.

En una práctica política enmarcada en la lucha antifranquista y cimentada sobre el asociacionismo vecinal, las mujeres comienzaron a hablar de su discriminación y a debatir sobre la necesidad y oportunidad de crear organizaciones específicas de mujeres. “Se crearon organizaciones de mujeres en torno al tema de los presos políticos, la carestía de vida, las condiciones de vida en los barrios, se organizaron actos relacionados con el peligro de la guerra” (Grau 2000:739), y se iniciaron numerosas investigaciones en las que las feministas se inspiraron en los movimientos de mujeres de la II República. Cuarenta años después se recuperará “el nuevo discurso de género” que ya esbozaran algunas feministas anarquistas. En la clandestinidad empiezaron a organizarse grupos de mujeres como el Movimiento Democrático de Mujeres, creado en 1965, a “consecuencia de la creciente incorporación de la mujer al trabajo y el resurgimiento de los movimientos de masas” (Programa del MDM/MLM 1976; Cfr, Abril y Miranda 1978:219).

La “apertura” de los sesenta no sólo supuso la adopción de la norma de consumo de masas y la introducción de los electrodomésticos; la existencia de movimientos de mujeres en otros países fue un potente revulsivo. Quince años después de que Simone de Beauvoir escribiera El segundo sexo, desde EEUU, Betty Friedan, en La mística de la feminidad constata el retroceso que para las mujeres constituyó la “sociedad del bienestar” posterior a la Segunda Guerra Mundial y Shulamith Firestone, en La dialéctica de los sexos, mantiene que son las relaciones de reproducción el verdadero motor de la historia. Además de las ideas provenientes de EEUU, desde Europa el artículo “El enemigo principal” de la francesa Christine Delphy llama la atención sobre un modo de producción familiar o patriarcal que coexiste con el capitalista. Estas y otras publicaciones tuvieron una gran influencia en el nacimiento del movimiento feminista actual, al que no sólo debemos la primera enunciación del problema de la violencia contra las mujeres sino, lo que es más importante, el cuestionamiento del modelo tradicional de relaciones entre los géneros, sobre el que se asienta el contrato sexual[22]. Las relaciones entre los hombres y las mujeres comienzaron a interpretarse como relaciones de poder en un sistema de dominación: el patriarcado, cocebido, tal y como se viene advirtiendo en los últimos tiempos, de un modo excesivamente estático.

Si en la actualidad asistimos a un momento en el que la violencia contra las mujeres se revela institucionalmente como importante y como elemento a gobernar, aparentemente en beneficio de las mujeres y no de las familias como en épocas anteriores, esto se ha debido fundamentalmente a la divulgación de ideas y prácticas propugnadas por las feministas y la extensión de las mismas a sectores cada vez más amplios de la población. Este recorrido no ha sido fácil. Las mujeres debieron conseguir el estatuto de ciudadanas con plenos derechos formales –algo que continua estando estrechamente vinculado a la nacionalidad- para empezar a reivindicar, posteriormente su libertad. En 1975, a través de las Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer y las Primeres Jornades Catalanes de la Dona, se visibiliza el movimiento de mujeres. Desde entonces hasta la fecha, el discurso feminista ha cambiado y ha dado lugar a una serie de transformaciones sociales, entre las cuales figura la modificación de los umbrales de conformidad en que se expresa y/o concibe la subordinación femenina.

Podemos decir, a efectos analíticos, que hubo tres momentos diferentes: (1) de 1975 a 1984, que podemos definir como de lucha por la igualdad y los derechos civiles, en el que la proclamación de la Constitución fue uno de los momentos claves; (2) de 1985 a 1989, de defensa de la libertad sexual y el derecho al propio cuerpo, en el que la lucha por la modificación del Código Penal en 1989 resultó esencial, y (3) de éste año a 1995, en el que de defender la libertad sexual se pasó a defender la integridad; el asesinato y violación de las niñas de Alcasser, como ya hemos apuntado, marcó un momento de transición entre esos discursos.

En cada una de estas etapas, los bajos umbrales de aceptación de los comportamientos machistas, entendidos en un continuum, fueron extendiéndose poco a poco a sectores cada vez más amplios de la población, motivo por el que el Estado se vió impelido a actuar[23]. Primero lo hizo sobre la violación, después sobre los malos tratos físicos, y recientemente sobre los psicológicos. La evolución de la jurisprudencia, como elemento de análisis, ejemplifica esta toma de posición estatal en cuanto a la menor o mayor relevancia social otorgada al problema[24].

En los años sesenta, la incorporación al mercado de trabajo y a la lucha política llevó a muchas mujeres a cuestionar aspectos relativos a la propiedad y la descendencia, tal y como estaban establecidas en el ordenamiento jurídico. Desde el derecho privado, regulador de las relaciones comunes entre las personas, a las mujeres, fundamentalmente a las casadas, se las consideraba incapacitadas legalmente y necesitadas de sus esposos para realizar cualquier acto con trascendencia jurídica. Hasta mediados de esa década, aún permanecía prácticamente inalterado el Código Civil de 1889, que reflejaba una discriminación profunda de las mujeres en materia de relaciones entre los cónyuges, bienes matrimoniales y filiación. Artículos como el 57 (“la mujer debía obedecer al marido”), el 58 (“La mujer estaba obligada a seguir a su marido donde quiera que fijase su residencia”), el 60 (“El marido es el representante de su mujer”) o el 59 (“El marido es el administrador único de los bienes gananciales e incluso de aquellos bienes que fueran privativos de su esposa”) así lo manifiestan. Estos preceptos evidenciaban la inexistencia civil de la mujer casada, lo que implicaba, tal y como explica Pateman acudiendo a autores como William Thompson o Blackstome, la imposibilidad de las mujeres de tomar parte libremente en el contrato matrimonial; “en el contrato del matrimonio una esposa explícitamente acuerda obedecer a su esposo” (1995:221). En consonancia con los cambios que exigían los tiempos, algunas de las formas de sujeción incluidas en el contrato matrimonial fueron abolidas. La Reforma del Código Civil de 1975, reformula los términos en los que se establece el matrimonio, y preceptos tales como “el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido” se transforman en “el marido y la mujer deben protegerse mutuamente y actuar siempre en interés de la familia”, con lo cual se suprimen ciertas licencias maritales, aunque se sigue observando que el bien protegido es la familia y no la mujer, que continua estando discriminada en otros ámbitos del ordenamiento jurídico.

A pesar de las transformaciones sociales y de la instauración de la democracia, fenómenos como la violencia contra las mujeres por parte de sus esposos seguían considerándose como asuntos privados a resolver entre los cónyuges, tal y como dejan ver alguna publicación de la época[25]. En el pasado, los comportamientos actualmente punibles se regulaban internamente en las familias, y sólo cuando los modelos familiares y los discursos sobre las mujeres se diversifican y democratizan “el exceso de dominio de los esposos” se convierte en un problema.

La extendida idea acerca de la privacidad de los asuntos familiares, como la propia existencia de la familia, fue muy criticada por parte del movimiento feminista. Para las feministas, la familia era el lugar emblemático de la dominación de las mujeres. Su discurso aspiraba a limitar las desmedidas actuación de los maridos, y marcaba una línea de avance en lo que concierne al derecho de las mujeres a decidir sobre sí mismas. En este contexto, la imposición, el abuso o la agresión, que hasta entonces eran consideradas como pautas normalizadas de relación, reciben el nombre de “violencia machista”, y ésta es denunciada como una de las manifestaciones más extremas en el ejercicio del poder cotidiano por parte de los hombres.

La denuncia de la violencia contra las mujeres durante aquellos años tuvo dos objetivos claros: primero, reprobar socialmente la violación y, segundo, resaltar la violencia que conlleva la imposición de la heterosexualidad. La imagen dominante de la violencia que se manejaba por aquel entonces era la de los violadores extraños a la víctima y la agresión en la calle. Esto determinó que los discurso del mf, como hemos indicado anteriormente, se iniciaran con la denuncia pública de las violaciones.

El concepto de violencia empezaba a asentarse, a la par que lo hacían los artefactos que hacían posible su visualización. A partir de los ochenta, y según los datos proporcionados por la prensa, los bufetes jurídicos y las comisarías, el Club Vindicación Feminista aseguró que se cometían en España unas 15.000 violaciones anuales. También desde las instituciones se lanzaron alguna campaña de denuncia, y las comisarías de policía y las unidades especiales de mujeres empezaron a recoger estadísticas. La información obtenida a través de estos dispositivos da cuenta de dos fenómenos importantes: por un lado, la violación no sólo se produce en la calle y por parte de desconocidos sino que también se da en el domicilio, el trabajo, las cárceles, las comisarías, etc., y por otro, se constata que el número de denuncias era muy limitado.

Para entender estas limitaciones –a pesar de que las declaraciones internacionales y estatales reconocían que las agresiones a las mujeres eran un problema frecuente[26]– es preciso descender al escalón de la Tutela Jurídica efectiva. Los pronunciamientos internacionales no pasaban de ser meras declaraciones de intenciones sin expreso mandato para los estados. Así, no es de extrañar que hasta 1989 no se modificara en el Código Penal el Título IX de “Delitos contra la honestidad”, que pasó a figurar como delitos “Contra la libertad sexual”, modificándose el bien jurídico a proteger: la honestidad y la libertad sexual respectivamente. En los Artículos 419 y siguientes se regula la violación, también anal y bucal, y se abandona la idea de “yacimiento violento”. Por primera vez podemos decir que la violación se entiende como un delito contra la mujer y no como un agravio a la familia de la víctima.

Por otra parte, y también a instancias del mf, se tipifican (Art. 425) por primera vez aquellas conductas causantes de malos tratos físicos en el ámbito doméstico[27]. Si el gobierno de la violencia "doméstica" durante los años ochenta se atendía desde los ámbitos asistencial y policial, las movilizaciones de las mujeres en la calle consiguieron establecer el primer nivel del control social activo respecto al maltrato: la consideración de delito[28]. Sin embargo, aún no se había logrado crear una mentalidad social que hiciera que éste fuera perseguido y posteriormente penado. La victimización secundaria a la que eran sometidas las mujeres cuando llegaban a denunciar a una comisaría o a recibir asistencia médica en un centro de salud era un hecho frecuentemente denunciado por las asociaciones de mujeres. En las comisarías y los juzgados se valoraban las agresiones como “riñas domésticas”. Las denuncias no llegaban a tramitarse, y en caso de celebrarse el juicio, los propios jueces instaban a las mujeres a perdonar a su agresor, imponiendo penas absolutamente ridículas (Molina 1988). La respuesta que éstas obtienen desde el entorno más inmediato hasta llegar a las instituciones les lleva a denunciar un porcentaje insignificante de agresiones[29], de modo que los datos obtenidos a través de estos nuevos dispositivos de conocimiento representan una parte muy limitada de la realidad.

A pesar de los límites en el tratamiento institucional del tema, el establecimiento de este primer nivel de control social fue un punto de partida clave en el ejercicio de focalización; los resortes analíticos se van afinando progresivamente. De las frías estadísticas de denuncias que aportaba el Ministerio de Interior se pasó a la elaboración de otro tipo de datos provenientes del Centro de Investigaciones Sociológicas. Interesaba conocer la percepción social del alcance del maltrato y definir, de forma más precisa, en qué consistía. Todavía, en 1991, el 93% de la población consideraba que la agresión física constituía el más inequívoco acto de maltrato, mientras sólo el 30% percibía como malos tratos el que alguien gritara o levantara la voz a otra persona dentro de su casa.

La reducción de los malos tratos a una de sus expresiones, las agresiones físicas, por parte de la población coincide con las críticas que algunas especialistas señalan al comentar la omisión, en el Art 153, de los malos tratos psíquicos como conducta punible. La modificación del Código Penal[30], y el reconocimiento de la violencia psicológica a partir de la aprobación, en 1998, del I Plan Contra la Violencia Doméstica se puede interpretar, tal y como hacen las publicaciones oficiales, como una nueva modificación de los umbrales de violencia. Así, según el 5º Barómetro de Opinión, encargado por el Defensor del Pueblo y efectuado en enero de 1998, cinco millones y medio de personas afirmaban saber de algún caso de maltrato físico o psicológico a mujeres por parte de sus parejas.

La cuestión de la precisión en el actual enfoque no acaba aquí. Actualmente, se ha llegado a delimitar el universo de las maltratadas. Según la macroencuesta, realizada por Sigma Dos para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 1999, el 4,2% de las mujeres españolas de más de 18 años declaraba haber sido víctima de malos tratos. Este porcentaje representa un total de 640.000 mujeres entre las 15.028.000 de esa edad. Por otra parte, el 12,4% son consideradas “técnicamente” como maltratadas[31], lo que representa un total de 1.865.000 mujeres. Estos artefactos permiten enfrentarse al mito de que el maltrato es raro e infrecuente. Sin embargo, al definir los límites de lo que entra y no entra dentro del campo visual de la violencia contribuyen a la segmentación y la consideración aislada del "fenómeno" y de las mujeres a la que hemos aludido al inicio del presente artículo. Algo que en los últimos quince años ha facilitado un tratamiento de la violencia en términos de emergencia.

En definitiva, este recorrido nos permite comprender las sucesivas modificaciones que, impulsadas por el deseo de autonomía de muchas mujeres y su articulación con los cambios en las formas de dominación, se han ido produciendo respecto a los niveles admisibles de violencia. De la valoración normalizada del abuso de poder en cualquiera de sus manifestaciones durante la dictadura se pasó, gracias a la acción feminista, a percibir la violación y el abuso sexual como un delito contra la libertad de las mujeres. Posteriormente, tras el polémico asesinato y violación de las niñas de Alcasser, la libertad ha quedado en un segundo plano. Desde principios de los noventa, en un intento de romper uno de los mitos sobre los que se sustenta nuestro orden simbólico, el de la privacidad de las relaciones familiares y de todo lo que sucede dentro de los hogares, la "violencia contra las mujeres", reducida a una de sus formas, la doméstica, se ha recodificado como problema social. La violencia, en lugar de ser gestionada exclusivamente en el seno de las familias, aparece como ámbito de debate e intromisión pública de las instituciones y sus agencias de intermediación. Pero, ¿cómo se gobierna actualmente la violencia? Y, sobre todo, ¿a qué se debe esta intervención en el gobierno de la misma?

Gobernar a distancia

La red de relaciones que permiten comprender la violencia contra las mujeres en una perspectiva más amplia ilustra en nuestro entorno un recorrido que va desde la inexistencia de la misma hasta la emergencia pública actual. A partir de la (re)construcción de este proceso podríamos avanzar una hipótesis de trabajo de cara al futuro que diera cuenta del papel que está jugando la violencia en la rearticulación de las formas de dominación de las mujeres. La complicidad, frecuentemente señalada en la teoría feminista, entre Estado, capitalismo y patriarcado heteronormativo, fuertemente cohesionados en la perpetuación de las jerarquías de género en la familia, en el sistema productivo y en los ámbitos públicos[32] ha dado paso en unos cuantos años a un nuevo panorama. En él, como veíamos en la primera parte de este texto al hablar del presente régimen comunicativo de visibilización, podría parecer que el Estado se ha situado «del lado de las mujeres» convirtiéndose en abanderado, garante y gestor de la libertad (individual) de estas últimas frente a aquellos hombres que aún pretenden beneficiarse por la fuerza de un orden social heredado en aparente contradicción con los principios igualitarios de la ciudadanía (neo)liberal. Pero ¿está realmente el Estado de parte de las mujeres?

Tal y como hemos señalado anteriormente, la cuestión del poder[33] –ejercicio de dominación y sujeción en cuyo horizonte se vislumbra la agresión, y compleja red de relaciones materiales y simbólicas con las que se imbrica esta última– queda notablemente desenfocada o fuera de foco en los discursos hegemónicos sobre el maltrato doméstico. Al indagar en la penumbra lo que se intuye es la presencia de una amenaza, una situación que tensiona y convierte en excesivamente frágil algo que para muchos sectores resulta más preciado y digno de protección que el cuerpo y la existencia misma de las mujeres; se trata de la «convivencia», o mejor dicho, los términos en los que ésta se desarrolla. No estamos hablando extrictamente de la pervivencia de la familia, si por familia entendemos la unidad nuclear heteropatriarcal re/productiva tradicional, sino, tal y como apunta Fraser (1997, 2000), de una estructura doméstica más dinámica y flexible. No obstante, y a difencia de lo que sugiere esta autora, esta forma de organización, que ella identifica con la «vida personal», más autónoma de los imperativos de la producción y la reproducción, representa un grado aún más avanzado en la integración de ambas esferas y, por lo tanto, en la reordenación de esta dicotomía. La puesta a punto de las relaciones entre los sexos ha de asegurar igualmente la reproducción social en el nuevo entorno del capitalimo tardío.

La idea de «convivencia» –término al que se alude con frecuencia en los discursos sobre la violencia–, en la que se desdibujan notablemente las relaciones sexuadas de explotación y sujeción, constituye el paradigma dominante legado de las formulaciones hoy por hoy socialmente asentadas de la igualdad entre los sexos. El discurso de la convivencia, de la «recuperación del amor»[34], del respeto, del reparto, de la igualdad y de la tolerancia se revela como una apelación, por otro lado excasamente atractiva, destinada a apaciguar la proliferación de imaginarios y prácticas de creciente insubordinación entre las mujeres en una situación de sobrecarga. En este entorno, enunciados como «el amor no es la ostia», promovido en una campaña en contra de la violencia en la pareja, donde se muestra un guante de boxeo ofreciendo un ramo de flores, conforma un discurso irreverente y desmitificador no sólo de las representaciones de la convivencia conyugal sino de las relaciones amorosas heterosexuales en general. El contrato sexual basado en un intercambio entre partes desiguales de sustento y protección por sumisión o, en un sentido más actual, de sometimiento y explotación se ha desestabilizado. La fuga[35] con respecto al mismo, protagonizada por el movimiento feminista y generalizada en términos individuales al conjunto de las mujeres, ha tenido consecuencias diversas que van desde el descenso de la natalidad al cuestionamiento de las relaciones heteronormativas.

Alejadas del escenario, en lo que a nuestro entorno se refiere, del sistema de bienestar que se extendió en Europa durante las décadas de los sesenta y setenta, la mayoría de las mujeres se enfrentan hoy con las exigencias, prácticamente insostitenibles, de lo que Haraway denomina el circuito integrado[36], un sistema que ésta reinterpretando y traduciendo en términos de explotación, en todo el mundo y de manera diferencial, las inquietudes, conocimientos y hábitos de las mujeres. Las crecientes exigencias de un mercado segmentado, desregulado, flexibilizado y precarizado ponen a las mujeres en posiciones extremadamente vulnerables[37]. El trabajo temporal y a tiempo parcial, pero también el trabajo autónomo y subcontratado se convierten en estrategias preferentes para muchas. Estas opciones se ajustan a las exigencias que el capital impone sobre la organización del trabajo, determinando una composición de clase feminizada que paga con inseguridad, adaptabilidad y estrés su deseo de autonomía y valorización del ámbito personal[38].

Las tensiones complejas y contradictorias que se generan en este sistema de explotación complican la reproducción en los términos en los que se ha venido dando de forma mayoritaria, esto es, de acuerdo con una división sexual del trabajo que asignaba a las mujeres la carga doméstica y de cuidado en el seno de familias nucleares. Las soluciones que las mujeres se plantean ante esta situación son diversas y no siempre están bajo su control. Muchas jóvenes se verán obligadas a prolongar su estancia en el hogar «paterno», las que ya han constituido sus propias familias transferirán parte de la reproducción, esto en caso de que puedan pagarlo, por ejemplo, acudiendo a mujeres inmigrantes o sufrirán (en el caso de muchas inmigrantes y otras mujeres de clase baja) la sobrecarga que representa la jornada múltiple, otras constituirán unidades de convivencia alternativas más basadas en el reparto o permanecerán solas o con sus hijos afrontando serias dificultades económicas.

A pesar de todo, el capital aspira a mantener el esquema reproductivo mayoritario, intensificándolo incluso, o al menos reformulándolo, adaptándolo en cualquier caso a las nuevas exigencias pero preservando el enorme trabajo doméstico y afectivo que realizan las mujeres de manera gratuita y «voluntaria». Entiende, por otro lado, que éste no puede sustentarse en el seno de las relaciones autoritarias patriarcales cada vez más deslegitimadas a causa de la «explosión de feminismos» de la que habla Haraway. Desde el poder se apuesta por otro(s) régimen(es) de regulación que atenuen las contradicciones que se plantean, sin alterar lo fundamental. Este otro régimen o modo de gobierno promete a las mujeres dos cosas: protección –seguridad e integridad– como parte de una política estratégica contra la violencia machista y reparto a través de las políticas igualitarias de conciliación. La conciliación de la vida laboral y familiar se revela en estos momentos junto con la intervención en el plano de la violencia, como un terreno crucial para gobernar las mujeres.

La Ley 39/1999 de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras, aprobada el 5 de noviembre, constituye un buen ejemplo de cómo se están amortiguando y pacificando las tensiones existentes. La ley no ofrece un reparto real de las cargas familiares entre los miembros de la unidad de convivencia. Erigida sobre el tradicional dimorfismo sexual que asigna a los hombres la producción y a las mujeres la reproducción, lejos de conciliar la vida de las personas trabajadoras se ocupa de facilitar y hacer más llevadera la vida laboral de un grupo determinado de mujeres, aquellas que cuentan con un empleo, mayoritariamente fijo. Asume por pasiva que las mujeres se van a seguir ocupando del cuidado, por no hablar de los trabajos domésticos. La Ley reconoce expresamente que el objetivo es «facilitar que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado de los hijos». No obstante, en una sociedad donde esta tarea se ha entendido históricamente como femenina, conseguir que los hombres asuman el cuidado de los hijos –evidentemente no el resto de las tareas de reproducción– pasa necesariamente por incentivar, motivar y dar prioridad a este tipo de prácticas. Sin embargo, el Art. 48 de la Ley sigue fijando en 16 semanas el permiso por maternidad, no propone primas o aumenta el número de semanas si es el padre el que se acoge –por opción de la madre– al «disfrute» de lo que en definitiva se entiende literalmente como un «periodo de descanso». Resulta cuanto menos alarmante encontrar en el propio articulado referencias al disfrute por parte del padre de la totalidad del permiso de maternidad únicamente en caso de fallecimiento de la madre. Durante el año 2000, únicamente se han acogido a la misma un 0,9% de hombres. En definitiva, esta regulación deja traslucir una creciente preocupación por la continuidad de la reproducción en manos de las mujeres. En un momento en el que las europeas se muestran menos inclinadas hacia la maternidad, indirectamente se las hace responsables del abandono de hijos e hijas, de los cambios en las pautas de alimentación, de la falta de atención a las personas mayores y de los desajustes emocionales de una convivencia sujeta a horarios extrasalariales.

Con respecto al segundo campo de intervención, el de la violencia, la cuestión no es acabar con la violencia, ni siquiera paliar sus consecuencias, sino limitar las manifestaciones más brutales de la misma, aquellas que en el plano simbólico representan los aspectos más llamativos de un orden de género profundamente opresivo que, en esta perspectiva, se abordará en términos de emergencia. Por emergencia entendemos un tratamiento de las cuestiones sociales no como si fueran problemas políticos, sino como excepcionalidades que precisan de una intervención así mismo excepcional, ya se trate de la extranjería, el terrorismo o la violencia doméstica. El Estado, en este sentido, normalizará el estado de excepción y reformulará su papel de forma creciente en términos de seguridad.

Pero, una vez más, ¿cómo se implementa este nuevo gobierno de la violencia? En primer lugar, se sirve de técnicas que crean una aparente distancia entre las decisiones de las instituciones políticas formales y otros actores sociales más autónomos que, como las asociaciones de mujeres, vienen encargándose, desde mediados de los ochenta, de la asistencia a las mujeres víctimas de violencia animadas por la idea de que lo les sucede es un grado específico de lo que de uno u otro modo sucede a la mayoría. Estas asociaciones, creadas al calor de la militancia feminista, se están enfrentando a un choque de racionalidades que ha sustituido la motivación política de partida por una lógica de gestión (Bourdieu 1999:291-304). Mediante las subvenciones, adecuadamente adaptadas a las directrices previamente marcadas, el Estado ha externalizado gran parte de la atención generando un vínculo más cómodo y agil. Las evaluaciones, las monitorizaciones y las técnicas presupuestarias sirven, así mismo, para ejercer un control sobre el cuerpo de especialistas asegurando su fidelidad y responsabilidad (Rose )[39].

El Servicio de Atención a la Violencia Doméstica, dependiente del Ayuntamiento de Madrid y gestionado por una empresa privada, es un buen ejemplo de cómo la Administración asume simbólicamente el tratamiento de la violencia reproduciendo, por otro lado, el modelo de privatización que ha contribuido a la precarización del empleo femenino, compaginada con una fuerte responsabilización e implicación afectiva de las trabajadoras. El SAVD, con sus pautas de externalización, transferencia de responsabilidad y cuidado, desburocratización, gestión autónoma y creativa del trabajo y de lo que se entiende como un servicio «integral» se impone como uno de los modelos dominantes de lo que se denomina gobierno a distancia. Depositando la inicitiva, por un lado, en las víctimas y, por otro, en las especialistas, los poderes han implantado una nueva (auto)regulación que se nutre ideológicamente de los principios neoliberales acerca del papel del Estado y la sociedad civil (Gowan 2000).

Otra iniciativa en este sentido es la promovida por la Generalitat de Catalunya en la que se entrega una pulsera con alarma a las mujeres maltratadas. Así, a las casas de acogida y los pisos tutelados, que responden a un dispositivo de segmentación y control cerrado, hoy por hoy priorizado, se incorpora nuevos tipos de intervención que permiten el control «abierto y continuo». La lógica dominante de la denuncia y la casa de acogida que, como hemos explicado anteriormente, responde a una concepción lineal, uniforme y simplista de la violencia, convive con otras fórmulas de asistencia y control difuso actualmente en proceso de prueba. Tal y como explican Tirado y Domenech siguiendo a Foucault en su caracterización del paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, nos hallamos ante «extituciones» que «a diferencia de lo que ocurre en la institución (...) se caracterizan por la potenciación del movimiento y el desplazamiento. No más encierro, no más reclusión, el control continuo y abierto permite que el movimiento deje de ser un problema» (2001:201). En esta ocasión, las operaciones de visualización, categorización y asistencia de emergencia se realizarán reduciendo los costes, y potenciando la movilidad y «dejando hacer» a las mujeres. Eso sí, al igual a como sucede con las medidas de alejamiento, son ellas y no los agresores quienes se convierten en depositarias de la intervención «extitucional». Si la biopolítica toma el cuerpo de las mujeres para regular las condiciones en las que se desarrolla la reproducción, incorporando fracciones de la misma al terreno de lo público y lo político, las nuevas estrategias de gobierno «privatizan» el cuerpo politizado –el cuerpo autodeterminado– para transformarlo en cuerpo individualizado que gestiona sus propios riesgos y maximiza lo que se juzga como elecciones propias. De este modo, la organización de la reproducción se convierte en una cuestión personal y libremente elegida, una adecuación o puesta a punto, en la que ya no sirve la planificación autoritaria.

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[1] Este texto forma parte de un proyecto más amplio de feminismo activista que aspira a repensar el papel de la violencia contra las mujeres en el transfondo de los cambios del patriarcado. Nos gustaría agredecer las aportaciones de numerosas compañeras, imprescindibles en el desarrollo del presente texto.

[2] En un artículo anterior, dedicado a la reconstrucción de dicho desplazamiento, nos referíamos a tres momentos del mismo: "Así, en lo que se refiere a la violencia, el espacio reivindicativo de los 80, ocupado por grupos de mujeres locales o temáticos, como las Comisiones Anti-Agresiones (en su mayoría aglutinados en torno a la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español), se transformó en los 90 en un espacio de atención o asistencial de cara a las víctimas de la violencia (espacio inexistente con anterioridad) más o menos autónomo con respecto a las instituciones, que en los últimos años ha consolidado su posición y su dependencia en relación a las mismas. Se da, por lo tanto, una tripartición de este área que abarca a los colectivos más o menos unificados del movimiento feminista que, entre otras cuestiones, trabajan la de la violencia, el espacio que ahora mismo ocupan Mujeres Separadas y Divorciadas y otros grupos como Themis, y finalmente, un espacio institucional donde estaría, por ejemplo, la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos. El Foro contra la Violencia ha constituido durante los últimos años un espacio de confluencia para buena parte de los distintos grupos, organismos y personas que intervienen en este campo» (2001:111-112).

[3] En sintonía con la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1992, la categoría de actos de violencia incluye: la violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia y en su entorno, la violencia relacionada con la explotación, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la trata de mujeres, la prostitución forzada y la violencia perpetrada o tolerada por los Estados (2001:10). Recientemente también se viene llamando la atención sobre la violencia contra las mujeres, en particular la violación, como arma de guerra, así como sobre otros actos violentos, que como la mutilación genital femenina, constituyen prácticas que tradicionalmente se han ejercido en distintos lugares del mundo y periodos históricos.

[4] Casado y Gatti (2001) en su cartografía de la investigación social proporcionan una figuración semejante. Reflexionando acerca del viaje de investigación, lo caracterizan como desencadenante de un movimiento simultáneo de acercamiento, en el que se activan los dispositivos de focalización que permiten fijar el objeto, y de alejamiento que determinan el olvido de la red de relaciones en las que éste ha sido construido con el fin de tornar el viaje en un texto objetivado. La lógica de acercamiento/alejamiento resulta esencial para el disciplinamiento del campo; «regula las identidades y las diferencias que éste presupone, administra los modos de decir y hacer, controla los contenidos y, sobretodo gestiona las fronteras entre un campo que se presenta naturalizado y unos territorios repletos de monstruos, desechos de la disciplina sociológica y del disciplinamiento» (160).

[5] Esto aparece ilustrado en la realizada por la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de las Mujeres (CELEM), que agrupa a distintas organizaciones, en 1999, bajo el lema «Tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres». Esta campaña, acompañada además por una exposición fotográfica, estaba encabezada por la imagen de Mercedes C.A., asesinada a tiros por su marido en la Plaza de España de Cuenca en 1997. Así, a pesar de proporcionar una comprensión más amplia de la violencia contra las mujeres (se alude a distintas manifestaciones violentas, entre ellas las ejercidas por el régimen talibán) y valorizar la acción del movimiento feminista, esta iniciativa acude nuevamente a visualizaciones que despotencian la respuesta e inciden en la centralidad representacional de la mujer muerta en un intento, tal y como subraya el folleto, de «poner en evidencia la brutalidad de las diversas modalidades de violencia y las graves consecuencias derivadas de la tolerancia social y de la inhibición de los poderes públicos». No obstante, la profusión de mujeres golpeadas en el espacio público durante los últimos años ha corrido a cargo fundamentalmente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El pasado mes de noviembre este organismo presentaba su última campaña contra los malos tratos, cuyo mensaje central, «Si te quedas sin palabras, te quedarás sin nada», acompañado de la foto de una mujer golpeada, retraida y llorando entrecortadamente, aspira a instar a las mujeres a «hablar» so pena, como afirma el texto, de perder la oportunidad de «recuperar su vida» (EL PAÍS, 23 de noviembre de 2001).

[6] Recientemente, el programa Sucedió en Madrid exponía el caso de Alexandra Arias Medina, una mujer colombiana asesinada por su marido cuyo cadaver no podía ser repatriado por la familia por falta de medios. En pocos minutos, el teléfono de atención quedo colapsado por las aportaciones económicas provenientes de la audiencia.

[7] En 1995, en medio de una propuesta de Reforma del Código Penal a cargo del PSOE, tuvo lugar la violación y asesinato de las jóvenes de Alcasser, un hecho que pronto se convertiría en un acontecimiento mediático sin precedentes en nuestro país. La respuesta popular, poderosamente influida por los mensajes televisivos, se tradujo en la intensificación de las posturas punitivas que se extendieron incluso hasta alcanzar a los propios movimientos sociales. Corcuera, entonces Ministro de Interior, prometió endurecer las penas frente a las agresiones sexuales en la calle. Pese a lo regresivo del momento, la Reforma del Código salió adelante y, gracias a las presiones del movimiento feminista no llegó a equiparase la pena de violación con la de asesinato.

[8] En el momento de redactar este texto, el último asesinato de una mujer (y su madre, a cuya casa se había desplazado dadas las constantes amenazas recibidas) a manos de su exmarido se produjo el 14 de diciembre de 2001; el artículo que apareció el día 15 en EL PAÍS, en el que se muestra una foto del cadaver cubierto por una sábana, repasa los antecedentes de una muerte anunciada; «Angeles ya había sufrido agresiones e incluso una vez fue evacuada en ambulancia, según los vecinos que la conocieron. Sin embargo, y pese a que este año había presentado dos denuncias ante la Policía Nacional (una retirada al poco tiempo y la otra que activó el proceso judicial de alejamiento) ni los servicios sociales de la capital, ni el Instituto Canario de la Mujer tuvo conocimiento previo de su situación». Tal y como explica Fagoaga, tras la información relativa a la intervención de la justicia, «la macroproposición más frecuente se centra en el drama personal: el asesinato u hospitalización grave. La percepción de los medios presenta como apogeo del maltrato este drama, cuando en la realidad social el apogeo está en la tortura.

[9] La frivolidad con la que se ha tratado esta cuestión de la denuncia alcanzó su máxima expresión durante la campaña en la que se decía a las mujeres que lo único que tenían que hacer era «mover un solo dedo» para marcar el teléfono y realizar la denuncia que pondría fin al maltrato; «la solución –se afirmaba en otra campaña– está en tus manos» o «no dudes en romper el silencio, nadie lo puede hacer por tí» (Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres).

[10] Poco o nada se dice, además de las medidas judiciales y de acogida, sobre la conveniencia de destinar un apoyo económico específico para las mujeres que sufren violencia y no quieren o no necesitan un dispositivo de acogida. En muchos casos, este tipo de medidas estrictamente económicas resultarían decisivas a la hora de cortar con relaciones violentas y abusivas.

[11] Los maltratadores permanecen por regla general ausentes en las representaciones públicas de la violencia doméstica. Entre las excepciones figura una reciente campaña de la Generalitat de Catalunya en la que se muestra a un hombre de espaldas abandonando su casa, «Con violencia: te tendrás que marchar. Y te quedarás solo». Tampoco se han publicitado excesivamente los resultados de los programas de intervención con maltratadores.

[12] Este modelo de identidad estuvo además reforzado desde el Estado que, incluso en los momentos de mayor necesidad de mano de obra femenina, reguló de un modo paternalista el trabajo asalariado de las mujeres. En el artículo “¿Madres de la Revolución? Mujeres en los movimientos sociales españoles, 1900-1930”, María Dolores Ramos (2000) cuestiona un proceso legal realizado teóricamente para proteger a las mujeres, en el que se limitaba su jornada laboral, se restringían las horas extraordinarias, se prohibía el trabajo nocturno, y en industrias consideradas peligrosas e insalubres y se creaba un seguro de maternidad ajeno a las propias mujeres, cuya finalidad era la de proteger la maternidad y propugnar una política natalista que disminuyera la mortalidad infantil y tuviera en cuenta el importante papel de socialización de la mujer en el seno de la familia.

[13] Entre ellas la aprobación, en 1931, del derecho al voto, en 1932, el derecho al matrimonio civil y la ley de divorcio, o las llevadas a cabo en el Parlamento Catalán, tales como la Ley de mayoría de edad, la Ley reguladora de autoridad paterna, la de 1934, de capacidad jurídica de la mujer y los cónyuges, en la cual se proclama la igualdad de los esposos ante la ley, o la Ley, de 1936, de interrupción voluntaria del embarazo.

[14] Una de estas anarquistas fue Lucia Sánchez Saornil, cofundadora de Mujeres Libres, cuyo discurso era minoritario incluso dentro de las propias anarquistas; donde el feminismo “maternal” de Elisa Soriano, que reivindicaba el derecho a la educación, la higiene y la igualdad laboral femenina, se asentaba sobre la premisa de la maternidad femenina, fue mucho más representativo (Nash 2000:698).

[15] Denominamos violencia institucional a aquella que se ampara en las regulaciones legales, políticas y religiosas de muchos países.

[16] En los Informes sobre la moralidad que resume Assumpsta Roura (1998) se observa como eran más preocupantes las consecuencias morales del hacinamiento que el propio hacinamiento. En el Informe de Álava, relativo a 1952, se dice: “El factor más perturbador de la moralidad es la falta de viviendas que obliga a convivir en intimidad total a matrimonios y a jóvenes de ambos sexos por lo que se producen caídas de mayor gravedad” (152). Idea reiterada por los informadores de otras provincias como Albacete, donde se señala: "La escasez de viviendas es uno de los factores que influyen en la moralidad, por tener que convivir en una habitación personas del mismo sexo y edad" (156).

[17] El Patronato de Protección a la Mujer, creado en 1941, bajo los auspicios y con la decidida protección del Caudillo de España, tenía una función de “saneamiento” moral y se encargaba de coordinar todas las actuaciones e instituciones que se ocuparan de rehabilitar a las “caídas” - prostitutas, mendigas, lesbianas, pobres de solemnidad, las llegadas del campo que no encontraban casa donde servir o las sirvientas “deshonradas”, madres solteras, las perdedoras, etc.-. Entre sus obligaciones principales figuran las de informar al Gobierno del estado de la moralidad, indicándole las políticas a seguir para defender las buenas costumbres, realizar una función moralizadora y de defensa de las víctimas del vicio (Roura 1998:45 y ss)

[18] Además de distintas acepciones según el género como “zorra/zorro o gobernante/gobernante”, los refranes y canciones han ayudado a transmitir una mentalidad que ha excusado históricamente la violencia contra las mujeres. Esta mentalidad ha quedado reflejada en nuestra lengua en numerosos refranes -"matrimonio bien avenido, la mujer junto al marido", "pega a tu mujer todos los días. Tu no sabrás por qué pero ella sí", "Mujer, caballo y nogal, cuando más les zurres mejor serán" y canciones, tanto infantiles -"Sancho Panza un hombre gordo que mató a su mujer porque no tenía dinero para irse, para irse al café" o "Don Federicó mató a su mujer, la hizo picadillo y la….", como de copla y canción española -"Llevamé por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme. Echamé a los ojos un puñao de arena, matamé de pena, pero quiereme”-.

[19] La falta de interés por parte del Estado en proteger a las mujeres se observa en la violencia institucional que éste ejerce sobre las mismas. Según comenta Mª Jesús Miranda (1996), en “Delincuencia femenina y situación social de las mujeres”, en 1960 había en las prisiones españolas casi un centenar de mujeres condenadas por aborto, debido precisamente a una legislación que interfería más que la actual en el ámbito de lo privado. Cuando la actividad estatal cambia de signo en la regulación de la esfera íntima, es decir, cuando se reduce la violencia institucional contra las mujeres, y se les permite una mayor libertad de acción -reconociendo su derecho al divorcio y, aunque de manera limitada, al aborto-, disminuye el número de las que se ven forzadas a recurrir a la violencia para escapar de situaciones extremas de abuso, humillación o desamparo.

[20] Sin embargo, al igual que en otros ámbitos, el Derecho del Trabajo ofrece ejemplos de discriminación femenina. No sólo había empleos propios de hombres y de mujeres, sino que las medidas adoptadas por el Estado para “proteger” a estas últimas eran discriminatorias. Se evitaba el peligro de posibles violaciones prohibiendo, por ejemplo, la realización de trabajos nocturnos a las empleadas.

[21] La Encuesta de Población Activa ofrece los datos de esta progresiva incorporación. El porcentaje de población laboral femenina sobre el total era del 12% en 1940, del 16% en 1950, del 20 y el 24% en 1960 y 1965 respectivamente. Este cambio objetivo, no conllevó la modificación inmediata de la mentalidad tradicional anterior sobre el papel social de la mujer. Todavía en 1970, el Informe FOESSA estima en un 16% a las mujeres que aprueban el trabajo asalariado de las casadas con hijos pequeños (FOESSA 1970:1089).

[22] En su conocida obra El contrato sexual (1995), Pateman desarrolla una genealogía de la forma contractual no como afirman los teóricos clásicos en tanto libertad universal, sino como la concepción moderna de la dominación y la subordinación. La historia del contrato ilustra la versatilidad de este mecanismo de sujeción. Pateman subraya que el contrato sexual (matrimonio, prostitución, etc.) es originario en el sentido de que está en la fundación de la sociedad civil. Además, este contrato reviste una singularidad específica. Para empezar, la cuestión central en la teoría del contrato no implica «la libertad general de hacer lo que a uno le plazca, sino la libertad para subordinarse de la forma que a uno le plazca (...) El tema no es la libertad abstracta ilimitada sino las relaciones sociales de producción y de trabajo, el matrimonio y la vida sexual» (204). Estas formas de contrato, precedidas por la servidumbre, la esclavitud y el paternalismo, conforman la subordinación a partir de la ficción de la elección voluntaria no coercitiva. Con respecto al matrimonio moderno, Pateman observa cómo la situación histórica de desigualdad ha pervivido a través de las representaciones de lo que significa ser un hombre y ser una mujer. La trampa de la incorporación a la vida civil de las mujeres y su participación en el establecimiento de contratos es, según Pateman, garantía de sometimiento; algo que muchas feministas al concebir su lucha en términos de derechos jurídico-formales no han sabido detectar. Para una crítica del contrato sexual, en particular de su formulación de la cuestión del poder en términos de dominación-subordinación, esto es, de una relación amo-esclavo, véase Fraser (1997).

[23] Este proceso no siempre ha sido lineal y unidireccional. En este sentido debemos matizar que estamos refiriéndonos al Estado en su totalidad en tanto que poder ejecutivo, legislativo y judicial y no a las posibles actuaciones aisladas de organismos que, como el Instituto de la Mujer, también han contribuido, desde los ochenta, a la propagación del discurso feminista en mayor o menor medida.

[24] Utilizamos la jurisprudencia como herramienta analítica al entender que una nueva consulta sobre los Códigos y de modo especial cuando se aumentan las penas ya existentes con anterioridad en el Código Penal está indicando que los bienes jurídicos protegidos han adquirido una especial importancia y consideración en la sociedad (Instituto de la Mujer y Ministerio del Interior 1991:86).

[25] En el libro ¿Muerte civil de la española?, Nuria Beltrán reproduce la siguiente noticia del Correo Catalán: "A la una en punto de un soleado día otoñal, el hombre, ardiente latino, sintió como entre los costillares se le solidificaba la pasión por hacer el amo. Se lo dijo a su cónyuge: "vamos a la cama", le dijo. Y la esposa, hila que te hila al ladito del balcón, le respondió ofuscada que no le daba la gana de hacer el amor. Por la psiquis del hombre debieron pasar muchas cosas. Una de ellas la de que el día que se casó le dijeron a su esposa todo aquello de que debía obediencia a su marido. Después de una paliza, místico sedante que le arreó su jefe y protector, la cosa terminó en el Juzgado Municipal”. En este caso el juez dictaminó que las relaciones sociales deben negociarse en privado y la propia autora opina que lo justo es que la pareja decida en privado su vida particular (1975:43-44).

[26] En la Conferencias Mundiales de la Organización de Naciones Unidas, de Copenhague se reconocía que la violencia contra las mujeres es un problema complejo para las mujeres, la familia y la sociedad. Y, la Constitución Española, en su Artículo 15, establece que "todas las personas tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidas a tortura, ni pena o trato inhumano o degradante”. En la interpretación de este artículo ha prevalecido el criterio que vincula la idea de "integridad personal" a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes"; por tanto, aunque algunos expertos consideran que la expresión de "malo tratos" debería quedar mejor perfilada en la CE su artículo 15 los prohibe.

[27] Lo que actualmente y tras varios cambios se recoge en el Artículo 153 es lo siguiente: “El que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad o sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela o guarda de hecho de uno u otro, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el resultado que, en cada caso, se causare”.

[28] Dos aspectos son relevantes en este sentido, en primer lugar, la consideración del maltrato como delito privado, solo perseguible mediante la denuncia de la víctima en los juzgados, y en segundo lugar, la reducción del mismo a la violencia física, puesto que aunque no era infrecuente referirse al maltrato psicológico, éste no tuvo redacción específica hasta 1999, entendiendo que se debía aplicar lo ya establecido en el Código, como el Art. 457, de injurias, el 493, de amenazas y el 496, de coacciones. No existe en el C.P alusión alguna al abuso sexual y la violación por parte del cónyuge.

[29] En 1991, en la publicación Violencia contra la mujer, del Ministerio de Interior y el Instituto de la Mujer, se cuantifica en un 2% el número de palizas denunciadas por las mujeres (61).

[30] Con la reforma de 1999 cambia la consideración de delito privado, por el de semi-público, lo que significa que abandona su condición de perseguible solo por la denuncia de la persona agraviada, para poder ser denunciado por otros ciudadanos y seguido por el Ministerio Fiscal.

[31] A diferencia de las mujeres que se declaraban maltratadas, otras mujeres no se percibían como tales, y sin embargo, respondían afirmativamente cuando se les preguntaba si alguno de los miembros de su familia, y en especial su compañero ¿le insulta o amenaza?, ¿en ocasiones le produce miedo?, ¿insiste en tener relaciones aunque usted no quiera?, ¿No tiene en cuenta sus necesidades?, cuando se enfada ¿llega a empujarle o golpearle? ¿le quita el dinero que gana o no le da suficiente dinero? A este segundo grupo es al que la investigación se refiere como “mujeres técnicamente maltratadas”.

[32] Con respecto a esta alianza en los análisis actuales véase el debate entre Butler y Fraser en la New Left Review, edición en castellano, 2000, nº 0, 126-155 y nº 2, 109-122 y 123-136. Véase, así mismo, Haraway (1991), Fraser (1997), Weeks (1998), Ebert (1999).

[33] El poder, en esta perspectiva deudora de Foucault y a diferencia a cómo lo entienden algunas corrientes marxistas y las teorías de la dominación, se caracteriza, en primer lugar, por su multiplicidad. El poder no emana de un único lugar sino que constituye una relación de puntos que conforman las redes de poder. En segundo lugar, frente a la aproximación jurídica, el poder es «productivo». Es represión pero también construcción; participa directamente en la producción del conocimiento y de las relaciones de verdad. Esta concepción del poder determina una diferencia conceptual, que como sucede en Butler, se aleja de forma radical de las posiciones deterministas. De acuerdo con la misma, los sujetos son simultáneamente agentes en el ejercicio del poder y la resistencia y sujetados en el sentido de sometidos al poder; los procesos de subjetivación y sometimiento son mutuamente constitutivos. El sujeto, dirá Butler, está constituido por la ambivalencia: deriva su potencia precisamente del poder al que se opone. Para una crítica de las posiciones de Foucault desde el feminismo y la teoría queer, véase Butler (1990, 1993, 1997, 2001), Benhabib, Butler, Cornell y Fraser (eds.) (1995), Allen (1998) y Weeks (1998).

[34] Título de unas jornadas sobre maltrato doméstico recientemente celebradas en la Universidad Complutense de Madrid.

[35] Yann Moulier Boutang ha empleado la figuración de la fuga –de la plantación, de la servidumbre, del trabajo asalariado– para explicar la positividad de los sujetos frente a los aparatos de captura y el modo en el que estos están constantemente nutriéndose y modificándose con el fin de aprehender la liberación. La historia del capitalismo, sostiene Boutang, es la historia del control de estas fugas, que van mucho más allá del trabajo en tanto avatar del sujeto y se extienden a la totalidad de la existencia cotidiana. Véase Yann Moulier Boutang: De l'esclavage au salariat. Éconoie historique du salariat bridé. PUF (Actuel Marx/Confrontations), 1998. Véase, así mismo, la entrevista realizada en 1999 por Stanley Grelet «El arte de la fuga» en: http://vacarme.eu.org/article15.html.

[36] La imagen tecnológica del circuíto integrado permite a Haraway teorizar la red de relaciones sociales –hogar, mercado, puesto de trabajo remunerado, estado, escuela, clínica-hospital e iglesia– desde el punto de vista de las sociedades capitalistas avanzadas; «... las formas específicas de las familias se relacionan dialécticamente con formas del capital y con sus concomitantes políticos y culturales. Aunque vividas de manera problemática y desigual, las formas ideales de estas familias (relacionadas con las tres grandes etapas del capitalismo, industrial, monopolista y multinacional, unidas al nacionalismo, al imperialismo y al multinacionalismo además de a los tres periódos estéticos, realismo, modernismo y postmodernismo) podrían resumirse como (1) la familia de núcleo patriarcal, estructurada por la dicotomía entre lo público y lo privado y acompañadas por la ideología burguesa blanca de esferas separadas y por el feminismo burgués ango-estadounidense del siblo XIX; (2) la familia moderna condicionada (o puesta en vigor) por el estado del bienestar y por instituciones como el salario familiar, con un florecimiento de ideologías heterosexuales afeministas (...); y (3) la 'familia' de la economía del trabajo casero con su estructura oximorónica de hogares con cabeza de familia femeninos y su explosión de feminismos y la paradójica intensificación y erosión del propio género. Este es el contexto en el que las proyecciones para el desempleo estructural a nivel mundial que surgen de las nuevas tecnologías son parte del cuadro de la economía del trabajo casero» (286).

[37] Las sociedades industriales avanzadas han asistido al desarrollo del sector servicios, claramente feminizado, con una creciente polarización y segmentación en el empleo, cada vez más desregulado (externalización, empleos a tiempo parcial, temporal e informal, etc.) y determinado por las dimensiones de género, edad y etnicidad. Alain Lipietz (1996) habla de una cuatripartición del colectivo asalariado en: (1) un segmento altamente cualificado y remunerado, (2) un segmento de asalariados permanentes y relativamente cualificados, (3) un segmento de inserción precaria y de bajo salario (no necesariamente de baja cualificación) y (4) un segmento permanentemente excluido del sector asalariado. Queremos señalar el carácter sexuado y determinado por la etnia y el lugar de procedencia de esta segmentación, con un gran número de mujeres autóctonas pero sobretodo inmigrantes en los grupos (3) y (4), particularmente en el primero, que constituye la vía de acceso privilegiada de muchas mujeres, tanto jóvenes como adultas, al mercado laboral, y un aumento moderado de su representación, en el caso de las autóctonas, en los grupos (2) y (1).

[38] Es preciso advertir, al margen de Lipietz, que la flexibilización ha alcanzado tanto al grupo más precarizado, formado mayoritariamente por mujeres-jóvenes-inmigrantes en empleos formalmente no cualificados de atención, limpieza, reparto y otros servicios a empresas o individuos, pero también de tratamiento de información (encuestas, introducción de datos, transcripción, etc.) como al muy cualificado y remunerado en el que se sitúan muchos trabajadores autónomos que trabajan en régimen de microempresa en red y que se dedican a la creación, por ejemplo en el campo del diseño y la ingeniería. Para un análisis de estas condiciones, véase el texto colectivo «La 'domesticación' del trabajo» presentado por el Seminario «Feminismo y Cambio Social» del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM, presentado en las Jornadas Feministas de Córdoba y publicado en el volumen en el que se recogen dichas jornadas (2000:289-292).

[39] Ya en las directrices europeas que animan los planes nacionales contra la violencia del año 2000 figura entre las prioridades la necesidad de «realizar nuevos estudios para determinar cuál es el alcance de la violencia doméstica y cuáles son sus costes socioeconómicos» («Romper el silencio». Campaña europea contra la violencia doméstica, Comisión Europea, 2000).