Hace
ya cuatro años que l@s vecin@s
de Lavapiés conseguimos que, tras muchos años de abandono, las
administraciones públicas decidiesen invertir en nuestro barrio. Con la
declaración del Área de Rehabilitación Preferente (ARP)
logramos algunos objetivos históricos: subvenciones para la
rehabilitación de edificios y viviendas, un programa de
erradicación de la infravivienda, arreglo de las calles,
infraestructuras y espacios públicos, creación de nuevos
equipamientos y zonas verdes, incluso presupuestos (aunque fuesen
mínimos) para programas sociales. Aun sabiendo que un plan así
atacaba sólo parte de los problemas del barrio, el sentir general era
que a partir de ese momento había que estar alerta para profundizar en
lo que no obstante era el Plan de Rehabilitación más ambicioso
que ha existido hasta el momento en el Casco Antiguo de Madrid y que la
presión vecinal podía orientar esa inversión más
hacia las demandas vecinales que a los intereses económicos que
también subyacían en el plan.
La
posterior insistencia vecinal en remarcar las carencias e insuficiencias del
plan reivindicando la mejora y profundización de las actuaciones para
hacerlas más integrales y (¿sobre todo?) la situación
conflictiva (los problemas de "seguridad") a la que se llegó
en el verano de 1999 desembocaron en la realización del reciente Plan de
Integración Social y Educativa de Lavapiés (PISE) aprobado en
diciembre de 2000.
Durante
todos estos años, desde la Red de Lavapiés hemos promovido el
debate y la crítica al Plan de Rehabilitación con asambleas,
movilizaciones, actos públicos, etc., buscando con ello la mejora del
modelo de intervención, haciéndolo más social.
La situación, tras cuatro años de obras,
se está aclarando. El modelo de intervención que
diseñó la administración es el que ha prevalecido. Un
modelo al que aplicamos, parafraseando al Antiguo Régimen, la
definición de despotismo castizo: en Lavapiés las administraciones parece que
hacen "todo para el barrio pero sin el barrio".
La presentación casi clandestina, sin querer
contar con la presencia crítica de los colectivos del barrio, de una de
las intervenciones estrella del plan, la del Casino de la Reina (Centro de
Día, Centro ¿Comunitario?, parque, pabellones...) es una buena prueba
de ello: después de desatender las propuestas vecinales de
autogestión del espacio comunitario, las autoridades se presentan por
sorpresa y de tapadillo a mostrar a la prensa dócil sus grandes
proyectos "integradores" sin mencionar siquiera que lo que
presentaban era un lugar vacío: vacío de participación,
vacío de proyectos, vacío de contenidos... pero lleno de
subvenciones a programas semipúblicos de “acción
social” con horario de oficina a entidades domesticadas y
acríticas.
Cuando conocemos los contenidos del Plan de Intervención
Social y Educativa; cuando la Investigación Acción Participativa
(IAP) (que se viene desarrollando desde hace un año por distintos
colectivos del barrio) constata el descontento de una buena parte de l@s vecin@s ante cómo
se están produciendo las intervenciones; cuando surgen las primeras
movilizaciones ante el resultado de proyectos, como el de la Plaza de
Agustín Lara, hechos de espaldas al barrio; cuando ha desaparecido un
Centro Social en funcionamiento, como era El Laboratorio, sin que a la administración
le haya importado lo que supone de pérdida de un espacio de
relación, socialización y creación de múltiples
actividades para el barrio… es ahora el momento de hacer una
valoración crítica de lo que ha supuesto y va a suponer la
actuación en Lavapiés y de nuestra propia intervención
como colectivos y vecin@s del barrio.
Tres
han sido y son las líneas fundamentales de nuestra crítica:
1) La carencia de una actuación
integral. La
decisión misma de aprobar un Área de Rehabilitación
Preferente, en lugar de un Área de Rehabilitación Integral[1],
ya da una idea del modelo de intervención elegido por las
administraciones, pero es que incluso en las actuaciones que se contemplan, se
dejan fuera aspectos fundamentales para la regeneración del barrio.
2)
La descoordinación entre organismos y administraciones. La separación de las actuaciones
en vivienda, en infraestructuras, en asuntos sociales, en equipamientos, en
urbanismo, etc., con la dirección de distintos organismos sin
prácticamente ninguna relación entre ellos, en la mayoría
de los casos incluso sin información transversal, hace que sea imposible
abordar y resolver problemas que, como no puede ser de otra forma, se ven
afectados por varios de estos temas, además de producir un despilfarro
de recursos y posibilidades.
3)
La ausencia de participación de l@s vecin@s. No se han querido establecer mecanismos para la
participación de l@s vecin@s
en la construcción del modelo de barrio que queremos. En muchos aspectos
ni tan siquiera hemos podido contar con una mínima información de
en qué consistían las actuaciones, sus plazos, su
programación, su diseño, sus objetivos… Las administraciones
han manejado y manejan el término “comunitario” vaciándolo de contenido,
aplicándolo a proyectos, equipamientos y actuaciones en las que, en el
mejor de los casos, la participación de la comunidad es testimonial. Las
propuestas vecinales han sido sistemáticamente obviadas.
Ante
esto, queremos analizar punto por punto cómo se han producido las
intervenciones, el grado de cumplimiento de sus objetivos, sus carencias, sus
olvidos… también sus éxitos, para poder así, de
forma razonada, marcar las diferencias con el modelo de intervención que
defendemos y, finalmente, destacar aquello que aplaudimos, denunciamos y
exigimos.
Según
sus impulsores, el Área de Rehabilitación Preferente de
Lavapiés se proponía como objetivos generales, para un plazo de
cuatro años a partir de julio del 97, recuperar
(“ennoblecer”) un barrio degradado que se halla
estratégicamente situado en el centro histórico de la ciudad,
respetando su carácter residencial y “rejuveneciendo” la población.
Se plantearon tres líneas fundamentales de actuación:
a) la rehabilitación del caserío mediante la
concesión de ayudas económicas de hasta un 60% para las
iniciativas privadas de rehabilitación de edificios y viviendas, con un
programa específico de erradicación de la infravivienda;
b) la rehabilitación de las calles, infraestructuras y espacios
públicos, y
c) la creación de nuevos equipamientos para el barrio.
Una cuarta línea de actuación, los
programas sociales, nació con un presupuesto muy bajo (900 millones),
dentro del cual estaba la dotación material y personal de algunos de los
equipamientos, sin ideas claras de cuáles eran sus objetivos y sin tan
siquiera saber a quién correspondía su gestión.[2]
En
líneas generales todo puede parecer aceptable, pero para comprender el
alcance del plan es necesario bajar al detalle de su aplicación y
preguntarnos: ¿es un plan integral?, ¿responde el planteamiento
de los espacios y equipamientos públicos a las necesidades y
expectativas de l@s vecin@s?,
¿en qué condiciones se conceden las ayudas a la
rehabilitación?, ¿cuál es la realidad económica de
l@s vecin@s?, ¿se
diseñó y se está desarrollando con su
participación?
La actuación en Lavapiés -y este es el primer problema- no tiene un carácter integral, no
solo porque no aborde (o lo haga de forma incompleta) aspectos
económicos, sociales, urbanísticos o de vivienda de vital
importancia para la regeneración del barrio, sino también porque
donde actúa lo hace de forma descoordinada, separando las intervenciones
por “temas” como si no hubiese relación entre ellos y
provocando, en suma, un despilfarro de recursos y posibilidades.
Los temas de vivienda (gestionados principalmente por
la EMV) necesariamente deben tener algo que ver con los sociales (gestionados
por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento y la
Consejería de Asuntos Sociales de la CAM) y estos deben tener una
relación directa con las infraestructuras, equipamientos y dotaciones (gestionados
por la Gerencia Municipal de Urbanismo). El diseño de las actuaciones no
se ha hecho teniendo en cuenta estas interrelaciones; pero, además,
más grave si cabe, unos desconocen por completo lo que hacen los otros,
con qué objetivos, en qué plazos…
Durante
este tiempo otro asunto fundamental ha sido el de la participación de l@s vecin@s en el
diseño y desarrollo de las obras y proyectos que se han llevado o se
están llevando a cabo en su barrio o, mejor dicho, la carencia de
participación. En estos casi cuatro años de
rehabilitación, los únicos órganos de participación
que se han creado son: la Comisión Técnica de Vivienda, donde
está la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
y nadie más (por decisión de la administración) y en la
que el trabajo con los técnicos ha sido transparente y
fructífero; y la Comisión Técnica de Integración
Social, donde participan los colectivos del barrio (y de fuera del barrio) que
lo desean, aunque las decisiones son tomadas por la administración y comunicadas
incluso a la prensa sin haber oído su opinión. En el resto de
“temas” no existe ningún órgano participativo, se ha
negado incluso reiteradamente la posibilidad de celebrar reuniones informativas
para explicar a l@s vecin@s las
obras.[3]
Además los tiempos previstos no se han
cumplido para ninguna de las tres líneas (tan solo las obras de las
calles parece que pueden aproximarse a los plazos de ejecución) y cuatro
años después seguimos con el barrio levantado, sólo dos de
las dotaciones que se plantearan son medio visibles (Casino de la Reina y
aparcamiento de Agustín Lara) y el número de edificios
rehabilitados es bajo.
En
el año 97, el informe “Diagnóstico de la vivienda en
Lavapiés”, presentado por la Red de Colectivos del barrio,
establecía con claridad cuál era la situación a la que el
Plan de Rehabilitación debería responder. Centrado en el tema de
la rehabilitación de edificios, el informe partía de la
fundamental consideración de los mismos como necesidad primaria que determina
el entramado social:
un 74% de los
edificios del barrio, de carácter eminentemente residencial, necesitan
ser rehabilitados en profundidad; esto significa que ¾ partes de la
población habita viviendas altamente degradadas.
Un Concurso de
Ruinas, realizado en noviembre del 98 durante las jornadas reHABI(li)TAR
LAVAPIÉS (intervenciones artísticas en espacios públicos
del barrio), nos permitió visitar cinco edificios tomados como iconos de
la realidad que esa estadística describe: forjados hundidos, puntales en
las corralas, puntales en el interior de las viviendas, infraviviendas…
Y
sigue la estadística:
un 20% de las
mismas no dispone de baño o ducha, un 7% ni siquiera de retrete y el 16%
son infraviviendas (menos de 20 m² ).
Reflexionar
sobre los modos de concretar la intervención es especialmente necesario
en el caso de la rehabilitación de edificios. Ésta supone un
problema complejo cuya solución requiere VOLUNTAD para acometerla y
CAPACIDAD ECONÓMICA para realizarla y ambas condiciones raramente se dan
juntas. Las cifras cantan; a noviembre de 2001 las viviendas y edificios
rehabilitados no se acercan ni de lejos a la programación prevista
Los
ejes del análisis de este fracaso son múltiples: las
características de la propiedad, la desocupación de las
viviendas, la edad de los ocupantes, la precariedad laboral, social,
económica…, la circunstancia misma del Plan de
Rehabilitación (sus exigencias, la normativa aplicable…), la
infinita burocracia en la gestión que se produce en demasiados casos, la
entrada “a saco” de pequeños “inversores” e
inmobiliarias en el barrio, etc. Factores que debían haber sido
previstos con un estudio que analizara el tipo de población y el
régimen de propiedad que había en el barrio. Merece la pena
analizar algunas de estas causas y ver por qué se han producido:
Hay
que recordar que en el marco del Área de Rehabilitación
Preferente de Lavapiés la iniciativa ha de venir en primera instancia de
el/los propietarios (y, asimismo, que buena parte de la gente del barrio vive
de alquiler).
El negocio de expulsar a
l@s inquilin@s
En
el caso de la propiedad vertical (edificios de viviendas en alquiler que
pertenecen a un propietario) esa iniciativa no se produce prácticamente
nunca. Para el propietario resulta más atractivo poner el edificio en el
mercado inmobiliario, aunque para conseguirlo se tenga que recorrer un largo
camino –deshacerse de los inquilinos–. Esta suerte han corrido
numerosos edificios en el barrio que nunca han sido reparados, en última
instancia con la intención de forzar un expediente de ruina y desalojo.
En estos edificios se puede decir que el fracaso del Plan de
Rehabilitación es prácticamente absoluto.
En
estos cuatro años no se ha dictado ni una sola Orden de
Rehabilitación, no se ha iniciado ningún Expediente de
Expropiación por incumplimiento de los deberes de conservación y
rehabilitación, no se ha hecho ejecutiva ni una sola de las millonarias
sanciones y deudas (de hasta 50 millones) que estos caseros especuladores
tienen pendientes con el Ayuntamiento, no se realizan ejecuciones sustitutorias
de obras de reparación… Y, mientras, vecinos y vecinas siguen
viviendo en edificios apuntalados e infrahumanos, con la constante amenaza de
quedarse sin vivienda y viendo pasar por delante miles de millones destinados a
rehabilitar su barrio… pero no sus casas. Es un hecho que la
administración ha olvidado la función social de la propiedad y su
responsabilidad en preservarla.
La
situación de las comunidades de propietarios es distinta. El propietario
que reside en su vivienda está muy interesado en rehabilitar, pero es
necesario el acuerdo de la comunidad para iniciar el proceso y solicitar las
ayudas. Muchos vecinos y vecinas son ancianos con pensiones ínfimas,
personas solas o familias de economía muy débil o en paro que NO
por casualidad habitan infraviviendas. Dadas las desigualdades
económicas (algun@s vecin@s tienen
cierta capacidad de endeudamiento), el acuerdo solo llega in extremis, con decretos
de ejecución de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo o ante la
amenaza de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) y asociado en
algunos casos a situaciones dramáticas (quien no paga las derramas puede
perder su vivienda).
La rehabilitación
de un edificio medio en Lavapiés viene costando 35 o 40 millones de
pesetas, en algunos casos mucho más. Las ayudas que se conceden son muy
importantes, pero para acceder a ellas la propiedad debe aportar un fondo
previo del 30% que hay que reunir de golpe. Una familia con ingresos de 385.000
ptas/mes puede recibir una subvención de hasta el 50%; con ingresos de
245.000 ptas/mes, hasta el 60%: exactamente lo mismo que las que cobran las
62.455 ptas/mes de las pensiones mínimas… o incluso nada. Las
repetidamente prometidas ayudas de hasta el 100% para familias con bajos
recursos no han llegado a Lavapiés. ¿Son estas unas ayudas
progresivas? ¿Facilitan las intervenciones?
Cruzando
estas reflexiones se comprende el FRACASO del Plan de Rehabilitación en
el tema de la vivienda en estos cuatro años.
Y aun así, si alguien ha cumplido las expectativas en el Área de Rehabilitación son l@s vecin@s. Según cifras de la Entidad Gestora a junio de 2001, habían realizado informes técnicos, por solicitud de l@s vecin@s, en 477 edificios y 848 viviendas. De ellos, tan solo habían obtenido la calificación provisional o definitiva 127 edificios (el 26.6%) y 298 viviendas (el 35.1%). ¿Tendrá algo que ver en estas cifras, además de los problemas mencionados, la burocracia administrativa? (Conocemos algunos casos de edificios y viviendas que tienen entregada la solicitud de ayudas y de licencia desde el 98, sin haber recibido hasta el momento la calificación definitiva).
De igual
forma, la administración invirtió en rehabilitación de
viviendas y edificios 1.505 millones de los 4.237 que tenía previsto
gastar a finales de 2001 (el 35.5%), mientras los privados, (l@s vecin@s) habían
invertido 4.061 millones de los 4.894 previstos (el 83 %). De nuevo l@s vecin@s están
muy por delante.
Por
último dos datos oficiales que resultan también sorprendentes:
2.779 viviendas han sido subvencionadas hasta junio de 2001 sobre una
previsión de 4.000 para diciembre de 2001. Si este dato fuese correcto,
en tres años y medio habría obtenido subvención el 69% de
las viviendas previstas, cuando la tenía que haber recibido el 83%, pero
es que además estas cifras no concuerdan con las anteriores, también
oficiales. No sabemos cómo se adecua esta cifra con la demoledora de tan
solo 23 edificios con la rehabilitación finalizada en junio de 2.001, el
4.8% de los 477 que han solicitado informe técnico. Las cifras no solo
cantan, también bailan.
¿Por
qué esta situación si el dinero está ahí y
evidentemente los técnicos de la administración esperan
repartirlo? Como se ha visto, dos son los obstáculos principalmente: voluntad y capacidad.
Cada
uno de ellos requiere un tipo de solución, algunas ya las hemos
apuntado, pero es necesaria la VOLUNTAD POLÍTICA de poner en
práctica un modelo que no sea excluyente, es decir, que no suponga de
facto el desplazamiento forzoso (expulsión) y desarraigo de l@s vecin@s económicamente
más débiles. ¿Es necesario insistir en que una vivienda
digna es la base insustituible de cualquier intento de estructuración
social?
Enfatizamos
la voluntad política porque existen los instrumentos legales para
intervenir[4]
(ya los hemos mencionado) y si no se utilizan es porque no existe dicha
voluntad… o los intereses son otros.
Del
mismo modo es necesaria una adecuación de la normativa que rige la
concesión de ayudas a la realidad económica de los aspirantes,
reformando la base legal de ésta si es preciso, considerando
individualmente los casos y regulando porcentualmente la cuantía de las
ayudas en función de la necesidad. (Desgraciadamente parece que la
tendencia es la opuesta. Véase al respecto el Decreto 11/2001 de 25
de enero, por el que se regula la financiación cualificada a actividades
protegidas en materia de vivienda para el periodo 2001-2004 de la
Comunidad de Madrid).
La infravivienda
subsiste... la especulación también
Capítulo
aparte merece el Programa de Erradicación de la Infravivienda. Lo que en
el 97 se recibió como un logro vecinal, que por primera vez en Madrid la
administración se planteara intervenir en este tema, resultó ser
tan solo una declaración de intenciones con una absoluta carencia de
programación, falta de presupuestos, estudios incompletos… En
estos años la Comisión Técnica de Vivienda, (uno de los
pocos órganos en los que existe alguna participación de l@s vecin@s) ha tenido
que construir un modelo de intervención, ha tenido que conseguir que se
aprobaran presupuestos específicos, incluso ha tenido que elaborar una
normativa que no ha estado lista hasta diciembre de 1999. Y, mientras, l@s vecin@s esperando y
viendo cómo la cosa era “vendida” convenientemente por los
políticos.
Según
las administraciones, en el Área de Rehabilitación Preferente de
Lavapiés tienen que ser eliminadas 894 infraviviendas (aunque se
reconoce la existencia de más de 2.000), lo que supone el realojo en
viviendas públicas de las personas que las habitan. En estos cuatro
años han sido comprados (a precio de mercado) 11 edificios (lo que
supone aproximadamente 100 viviendas), ninguno de los cuales está listo
para ser habitado, en la mayoría ni se han iniciado las obras y cinco de
ellos (los adquiridos por la Comunidad de Madrid) son para realojos temporales.
En todo este tiempo, por tanto, no ha sido realojada ni una sola familia y l@s vecin@s empiezan a
estar cansados de promesas.
Si
se mantienen estos índices, y considerando que el 40% de l@s vecin@s estuviesen
dispuestos a ser realojados fuera del barrio, se necesitaría un
mínimo de doce o quince años para contar con las viviendas
necesarias en Lavapiés (compradas) y ni nos atrevemos a estimar los
plazos en los que estarían listas para ser habitadas. La otra
alternativa, producir realojos masivos fuera del barrio, ni nos parece
admisible ni sería asumida por las personas afectadas. Y, mientras,
sigue habiendo cientos de viviendas vacías (1 de cada 3 según
datos municipales) y edificios arruinados con los que se está
produciendo una feroz especulación consentida (y en cierto modo
alentada) por el Ayuntamiento. ¿Voluntad política? Sobran comentarios.
Este
es el capítulo en el que la actuación se aproxima más a
los tiempos establecidos y, sin embargo, se aleja enormemente de lo que
debería ser un modelo de intervención en un barrio.
No
ha existido participación de l@s vecin@s ni en su
diseño ni en su desarrollo. La Gerencia Municipal de Urbanismo se ha
negado reiteradamente a realizar asambleas informativas para explicarles en
qué consistían las obras, sus plazos, sus
características… (mucho menos ha querido consultarles sobre lo que
opinaban de las actuaciones, si querían más bancos, alguna fuente[5]…
y mucho menos establecer un método mediante el cual pudieran participar
en la construcción de su barrio).
L@s vecin@s han visto
aparecer y desaparecer las máquinas en su calle sin estar avisados, han
tenido que soportar obras que, aun siendo necesarias, han sido largas, sucias,
en muchos casos peligrosas, en demasiadas ocasiones incontroladas… Los
comerciantes han sufrido la bajada de sus negocios sin poder opinar
cuáles eran los mejores tiempos (o los menos dañinos). En
definitiva, el Ayuntamiento ha actuado como si Lavapiés fuese su cortijo y l@s vecin@s sus
lacayos.
En
cuanto a los aparcamientos para residentes –polémicos para los que
piensan a pie–, de los cuatro previstos en Ministriles, Cabestreros,
Casino de la Reina y Agustín Lara, tan solo este último ha sido
iniciado y, aunque debería haber sido ya inaugurado, retrasos en la obra
y protestas vecinales ante la sorpresa y el malestar que ha provocado el
diseño lleno de obstáculos de la plaza, han hecho que no vaya a
estar listo hasta dentro de dos o tres meses. Una muestra más de
despilfarro de recursos por no contar con l@s vecin@s.
De
los cuatro grandes espacios públicos existentes en el Área de
Rehabilitación, la Plaza de Lavapiés ha sido rehabilitada con una
solución que ha mejorado sustancialmente la confortabilidad de un
espacio bastante difícil (tanto es así que se ha convertido,
desgraciadamente, en zona de “botellón”, con el
consentimiento de la administración y generando innumerables molestias y
ruidos para los vecinos), el Parque del Casino de la Reina ha sido ejecutado
aproximadamente en su tercera parte, que aún no se puede utlizar, el
Parque de Cabestreros ni se ha iniciado (está supeditado a la
construcción de un aparcamiento, por lo que todavía faltan
años para verlo terminado) y ya hemos hablado de la Plaza de Agustín
Lara.
Por
último, una grave carencia, de nuevo, nos hace resaltar la falta de
integralidad de este Plan. No existe ninguna actuación en la movilidad
del barrio, no se ha estudiado el tráfico de vehículos, no se han
previsto itinerarios peatonales, no se han limitado los tráficos de paso…
El ganar espacio en la calle enterrando coches aparcados está bien (y le
da sus buenos beneficios a las constructoras al tiempo que se compensa con la venta de plazas la
inversión pública...), pero no es suficiente. Hablar de calles
residenciales con límite de velocidad para los vehículos, uso
compartido o tráfico templado no es otra cosa que mostrar una supuesta
voluntad que nunca se convierte en real, solo hace falta darse un paseo por las
calles que han sido terminadas para ver cómo circulan los coches y con
quién comparten la calzada: ningún vecino osa disputarles el
espacio si aprecia su integridad física. El caos que supone la carga y
descarga o el ruido ni tan siquiera han sido contemplados. El coche, y
más con los nuevos aparcamientos, sigue siendo el dueño de la
actividad del barrio.
Todos estos
temas y muchos otros son fundamentales para la recuperación del espacio
público (e incluso privado) para l@s vecin@s y la
posibilidad de su uso y disfrute. No basta con operaciones en las que se pongan
más o menos bonitas y aseadas las calles si luego resultan agresivas.
En este tema, como en el anterior, la tan cacareada
participación ciudadana ha sido nula. Desde el primer momento la
administración ha decidido qué era lo que necesitaban l@s vecin@s y
qué no, cuáles eran los objetivos, con qué criterios y con
qué intenciones se daba destino a los edificios, si interesaba
más atender a la población residente o buscar la llegada de
“parejas jóvenes con mayor poder adquisitivo”…
Las dotaciones previstas y su grado de ejecución actual es el siguiente:
¾ Eliminación del Colegio
Público Santa María y construcción de un nuevo colegio en
la calle Doctor Fourquet.
Después de tenerlo previsto y presupuestado, el Ayuntamiento fue
informado por el Ministerio de Educación de que en el pretendido solar
no cabía un colegio que cumpliese los mínimos establecidos por la
LOGSE. Su primera intención entonces fue eliminar el colegio y repartir
a l@s niñ@s en otros fuera del barrio. Tras movilizaciones de
los padres y madres de los alumnos se consiguió que se estudiara la
posibilidad de crear el nuevo colegio dentro del recinto del Instituto
Cervantes, para lo que deberá ser modificado el Plan General. En la actualidad
el colegio Santa María se encuentra en bastante malas condiciones,
creemos que no se han iniciado los trámites de modificación del
Plan General y no se tiene previsto el inicio de las obras.
¾ Sustitución de la Sala Olimpia. Se pretende sustituir el teatro que estaba
funcionando por otro nuevo y con mejores condiciones e infraestructuras. Parece
que la programación sería del mismo tipo que la que tenía.
En la actualidad ha sido ya derribado el antiguo edificio pero no han sido
iniciadas las obras.
¾ Creación de un Centro Asociado de
la UNED y una biblioteca en las Ruinas de las Escuelas Pías y el solar
del antiguo Teatro Lavapiés. Parece que la biblioteca va a ser pública, aunque esté
gestionada por la UNED y que en el aulario va a existir una sala
“multiusos” en la que tendrán cabida actividades del barrio
(todo esto ha sido contado por los técnicos de Gerencia, pero no ha
habido contactos oficiales ni con el ayuntamiento ni con la universidad). Las
obras no han sido comenzadas.
¾ Centro ¿Comunitario? del Casino de
la Reina. Pretendidamente
quiere ser un espacio en el que tengan cabida tanto los profesionales que
trabajan en temas sociales de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid como los
colectivos, asociaciones y vecin@s del
barrio. Desde hace más de dos años, en que se tuvieron algunas
reuniones que terminaron con un absoluto desprecio a las propuestas realizadas
por la absoluta mayoría de organizaciones sociales de Lavapiés,
no se volvieron a mantener contactos hasta hace poco y estos de forma
individualizada. En otra parte de este documento se analiza con más
detalle cómo se produjo este proceso. En la actualidad está
rehabilitado y ha sido presentado (¿?) en una operación
relámpago por parte de los próceres de la administración,
que no se han atrevido a convocar a los colectivos y vecin@s del barrio... no fuera que se les diijera lo que
pensamos.
¾ Pabellones del Parque del Casino de la
Reina. Ambos se encuentran rehabilitados. Uno de
ellos, el más cercano a la puerta principal del parque, será un
café. El otro ya ha sido adjudicado a Cruz Roja Española (primera
organización que consigue un local en Lavapiés a costa de
presupuestos del Plan de Rehabilitación) para la instalación de
algo que tiene que ver con los niños (¿?).
¾ Pistas deportivas del Casino de la Reina. Empezó siendo un proyecto para construir un
polideportivo en la planta alta del Mercado de San Fernando. Después se
traslado su ubicación al Casino de la Reina y se convirtió en una
piscina cubierta. Finalmente parece que van a ser unas pistas deportivas que
formarán parte del parque. Aunque el CSO El Laboratorio fue desalojado de
la calle Embajadores “por la necesidad de iniciar las obras”, estas no han sido aún comenzadas.
¾ Centro de Día del Casino de la
Reina. Previsto para dar
servicio a mayores que precisen rehabilitación y terapia ocupacional, ya
ha sido construido e inaugurado (en la operación relámpago). En
ningún momento se ha contado con los colectivos de mayores para su
diseño.
¾ Centro Comunitario de la calle Ave
María. Aunque no estaba previsto en principio, la
adquisición de un edificio de vivienda por la Gerencia Municipal de
Urbanismo incorporó esta dotación al Plan de
Rehabilitación. En la actualidad todavía viven vecinos y no se
tiene prevista su puesta en marcha hasta 2003.
¾ Los equipamientos del Programa de
Intervención Social y Educativa de Lavapiés. Son dotaciones que no se tenían
previstas en principio y que por tanto las administraciones no habían
considerado necesarias para la regeneración del barrio hasta noviembre
de 2000, una muestra más de su sideral distancia con la realidad.
Sospechamos que algo ha tenido que ver la constante denuncia y
reivindicación de los colectivos del barrio en que hayan sido por fin
incluidas en el Plan.
Se habla de la construcción de una escuela
pública de Educación Infantil en 2002-2003, de escuelas taller y
casas de oficios en 2001-2003, de oferta de educación a personas adultas
en 2002-2003, de un centro de atención a menores y promoción de
la mujer en enero de 2001 (¿?), de un espacio de conciliación
entre la vida familiar y laboral en enero de 2001 (¿?), de plazas
residenciales para mayores en 2001 y de los pisos tutelados Vázquez de
Mella en septiembre de 2001. Desconocemos la ubicación de todos estos
equipamientos (creemos que la administración también la desconoce),
incluso de los que supuestamente empezaban a funcionar en enero de este mismo
año y que o están fuera del barrio (y entonces no sabemos por
qué se incluyen en el programa) o habrá que empezar por buscar
dónde se sitúan, lo que no parece fácil cuando el
equipamiento más solicitado por los vecinos, el Centro de Salud, lleva
años buscando una posible ubicación. (Por cierto, equipamiento no
incluido en el Plan de Rehabilitación).
En resumen, estos son los resultados visibles de
cuatro años de Área de Rehabilitación Preferente y algunas
objeciones.
a) Se ha renovado la práctica totalidad de las calles (y las
infraestructuras de luz, alcantarillado, agua, gas...). Pero eso se ha hecho balcanizando el barrio durante cuatro años: calles
una y otra vez abiertas, dificultades (y peligro) para el tránsito
peatonal, caos circulatorio, falta de limpieza y conservación.
Sólo hay, además, un plan de regulación del tráfico
motorizado: el realizado por la Asociación de Vecinos La Corrala. El
coste de las obras (también el económico) se ha disparado.
b)
Tan solo 23 edificios han
terminado la rehabilitación, menos del 5% de los previstos y poco
más del 25% han obtenido la calificación provisional o definitiva
necesaria para obtener subvenciones. Y eso sólo entre l@s vecin@s solventes
o que pueden endeudarse para serlo. Reconocer ese dato, e incluso alegrarnos
por quien lo ha conseguido, no debe hacernos olvidar que hay muchos otr@s vecin@s que no
pueden acceder a las subvenciones y que eso les deja fuera del plan; que a otr@s sus caseros
les impiden rehabilitar (prefieren la declaración de ruina); que, por
tanto -y
también era previsible-, el plan no
responde a las necesidades de todo el barrio: sólo y fundamentalmente a
l@s vecinos a l@s que se les puede sacar
las perras, l@s que -aunque tengan
pocos recursos- pueden juntar
su dinero con el dinero público para que promotores y constructores se
lleven sus buenos beneficios.
El dinero
quieto vale menos, así que otro objetivo de la rehabilitación
cumplido: hacer que el dinero de l@s que menos tienen
también se ponga en circulación para ayudar a enriquecerse a los
mercaderes de la vivienda: el Plan de Rehabilitación parece
también un plan de inversión: genera riqueza... para otros.
c) No se ha
erradicado la infravivienda. No hay un plan conocido para proceder a la
desaparición de la infravivienda. No hay un plan de realojo ni
previsión de dinero suficiente para hacerlo asegurando que se respeta la
elección de l@s vecin@s (sobre todo
si quieren quedarse en Lavapiés). Ni vivienda pública adquirida
ni planes de alquileres baratos para gente (mayor o joven) con bajos ingresos.
Tampoco ningún organismo con participación vecinal para analizar
los problemas y decidir las soluciones que incluya la consulta al conjunto de
personas afectadas. De hecho, la administración trabaja en la sombra y
caso por caso para dificultar que las personas afectadas puedan exigir
soluciones para tod@s. Lavapiés 42, Espino 4, Oso 21 o
Amparo 27 son solo algunos ejemplos de la falta de voluntad política
existente.
d) El coste del
metro cuadrado (de suelo y construido) ha aumentado espectacularmente,
así como el precio de los alquileres. En algunos casos, en dos
años casi se ha triplicado y se pueden encontrar ejemplos en que ronda
las 500.000 ptas/m2 en viviendas monoparentales (estudios y
apartamentos, antiguas viviendas modestas convertidas en viviendas de lujo).
Así se "ennoblece" Lavapiés: haciendo un filtro
económico para que sólo los que tienen más recursos se
queden o vengan.
e) Está
terminado el primer macroaparcamiento subterráneo, con quejas vecinales
sobre el agreste diseño de su superficie. Asimismo, está
inaugurado pero sin uso el Parque del Casino de la Reina y sus equipamientos,
entre ellos el Centro ¿Comunitario?[6]
Para el diseño del nuevo centro de Casino no se han atendido los
proyectos presentados por la Red de Lavapiés, basados en la
autogestión del espacio por l@s vecin@s y un modelo
de participación abierto y comunitario. El proyecto de la
administración es más de lo mismo: gestión
burocrática, despilfarro de recursos (incluida la seguridad privada) y
privatización parcial de servicios.
f) Se han desalojado
tres edificios okupados (el primer Laboratorio, donde vivían cuarenta
personas, la primera Biblio Autogestionada, donde vivían otras quince y
el segundo Laboratorio donde vivían alrededor de 25). También se
han okupado otros edificios total o parcialmente vacíos, el de Amparo,
21 (que la EMV mantiene, aunque semiabandonado, en propiedad), el de Abades, 3
(con promesa de expropiación, semirruinoso y con inquilinos que
aún viven entre puntales y grietas) y el de Cabeza, 20 (comprado por la
Comunidad de Madrid). La administración se niega a emprender ninguna
iniciativa para regularizar estos casos que no hacen sino destapar el abandono
que en materia de vivienda seguimos sufriendo, como se niega a dar soluciones a
otros casos de vecin@s que sufren procesos
especulativos (como la ruina progresiva y forzada de Sombrerete 3, Calvario 6,
Cabestreros 18 y otras...). Un número indeterminado (porque el silencio
rodea todos estos casos) de vecin@s ha sufrido también
desahucios sin que se haya tenido en cuenta la situación
económica que los ha conducido al impago de deudas o hipotecas o a
poseer irregularmente el piso...
g) Otras
dotaciones duermen el sueño de los justos, a pesar de su urgencia y de
la demanda vecinal que ya dura años: el nuevo Centro de Salud, el Ambulatorio,
las plazas públicas de educación infantil, los centros deportivos
o recreativos... De ellos, a pesar de los parches que se prevén a
través del Programa de Intervención Social y Educativa de
Lavapiés (ver más adelante), no se conocen todavía planes
concretos porque no se tiene en cuenta a los colectivos vecinales para
realizarlos ni para informarlos.
Hay, en
cualquier caso, otro objetivo que también se está cumpliendo: que
la población del barrio sea la adecuada al nuevo carácter que se
quiere dar a Lavapiés. Para conseguirlo sólo ha hecho falta
inyectar el dinero suficiente para activar el mercado. Este ha hecho todo lo
demás. Y, claro, el mercado no entiende de lo que se queda fuera, de
aquell@s de quienes no obtiene beneficios: inquilin@s que no
pueden pagar los nuevos precios, buscadores de vivienda en propiedad que no
tienen dinero suficiente, gentes con malos o regulares trabajos y malas o
peores cuentas corrientes. El mercado coloca a cada cual en su sitio.
Lavapiés será mejor... para los que vengan.
Y lo peor es
que no hemos podido o sabido remediarlo: tod@s conocemos a
gente cuyos problemas de trabajo, de dinero, de vivienda no se pueden
solucionar con esta rehabilitación. Tod@s conocemos a
gente que se ha ido o tendrá que irse del barrio. Tod@s conocemos a
gente que no quiere que éste se convierta en un barrio residencial y
turístico, sino que le gustaría proyectar un barrio que
mantuviera sus signos de comunidad abierta y participativa perdiendo a la vez
sus características de barrio empobrecido. Éste debería
ser el objetivo de la rehabilitación: que no haya casas ruinosas, que la
gente tenga recursos suficientes para vivir a gusto, que el barrio sea
habitable, que las casas y las calles sean habitables... y que nadie tenga que
irse si no quiere, que los alquileres sean baratos, que haya espacios
suficientes para vivir y socializar, espacios de cooperación e
intercambio y participación.
Pero eso no
figura en los planes de la administración. La administración no
dice cuánta gente vive en los umbrales de la pobreza ni propone
solucionarlo. No dice cuánta gente vive en condiciones precarias
(respecto a la casa, al trabajo, a la formación, al disfrute del ocio y
de la salud) ni propone solucionarlo. La administración hace planes como
ella misma decide y para quien ella misma decide. Y lo demás no es que
no le importe: es que le sobra. Y la rehabilitación, además de
servir para cambiar calles, arreglar casas también (¿sobre todo?)
sirve para eso: para expulsar a la gente que sobra.
Es
precisamente por esta causa por la que, sin olvidar las cuestiones de vivienda,
llevamos trabajando la crítica de la rehabilitación dando la
mayor importancia a la intervención social. Es por lo que hemos hecho
las propuestas de que sea desde el barrio desde donde se gestionen los
equipamientos y también se solucionen los conflictos... o al menos que
se busquen las soluciones. Nadie desde un despacho puede pretender conocer los
problemas e intervenir sobre ellos: de hecho ni siquiera los colectivos
sociales del barrio podemos pretenderlo. Por eso el modelo de
rehabilitación, el modelo de intervención social, es importante.
Los modelos
conocidos de los centros históricos de las grandes ciudades, hechos
desde los despachos, con abundante dinero que revierte en beneficios para
promotores y constructores, con traslados forzosos o "negociados" de
la población tradicional, dedicados más a la
transformación urbanística que a las necesidades sociales (con
macroproyectos de carácter cultural que sin embargo no son sentidos como
prioritarios por parte del vecindario), sin participación vecinal o con
participación simbólica... esos modelos no nos valen. Queremos
decidir el barrio que queremos y responsabilizarnos de conseguirlo.
INTERVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN:
"REHABILITACIÓN" SOCIAL DE LAVAPIÉS
Desde un principio, cuando hemos hablado de rehabilitar Lavapiés
hemos tratado de hablar de rehabilitar socialmente Lavapiés. Es decir, de llevar a cabo
políticas concretas que superen el tradicional marco de precariedad,
pobreza y exclusión con el que se identifica al barrio... además
del casticismo folclórico y popular. Pero políticas que no
expulsen a l@s much@s
vecin@s que viven (que vivimos) en condiciones
precarias, sino que hagan que tod@s tengan los
medios suficientes para disfrutar de la vida: dinero, vivienda, salud,
formación, espacios de ocio y comunicación, espacios de
participación, comunidad y cooperación.
Hacer
una "rehabilitación social" de Lavapiés implica una
acción social. Y ésta necesita de una política social.
Leyes, programas, servicios (y los presupuestos necesarios) que se establezcan
para responder a las necesidades básicas de la población y la
mejora de sus condiciones de vida, que es en definitiva la mejora de la
sociedad. La acción social es una intervención organizada con
esos fines y especialmente dirigida a quienes más lo necesitan y se
fundamenta en la creencia de que las transformaciones son posibles, incluida la
distribución justa de los bienes económicos, sociales,
culturales... y la superación de los problemas de marginación y
exclusión que esta sociedad genera. No disimular la pobreza, y tratarla
como algo inevitable que afecta a unos pocos excluidos, sino repartir la
riqueza.
En
la acción social debemos considerar tres niveles, y es bueno recordarlo
y considerarlos por el momento histórico y político de nuestro
país.
a) A partir de los recursos existentes, remediar o
prevenir problemas sociales y dar soluciones individuales y colectivas dentro
de una intervención cooperativa, participativa e integral que transforme
las relaciones sociales del territorio donde se actúa.
b) Una acción profunda sobre la sociedad, que
vaya al origen de los problemas, para conseguir cambios en estructuras e
instituciones que abarque los aspectos políticos, económicos,
educativos, culturales, etc.
c) La creación de un tejido social capaz de
construir y sacar adelante colectivamente sus propias alternativas.
Sin una integración de los diversos
planos en las políticas de intervención social es imposible
aspirar a transformaciones duraderas y profundas. La administración, al
elegir el modelo de rehabilitación preferente obvió esta
integración, de la misma manera que obvió el papel fundamental
que la participación autónoma de los colectivos sociales y de l@s vecin@s del barrio
puede jugar en el diseño de las políticas públicas, no
como un elemento consultivo o decorativo, sino como un sujeto de
definición y decisión. La oportunidad de alterar las formas de
hacer política jerárquicas, paternalistas y autoritarias se ha
dejado de nuevo de lado: lógico, teniendo en cuenta el abismo que separa
nuestra cultura de la de la administración.
Estos planos de la acción social han
sido abordados desde los colectivos de Lavapiés de diversas formas. Por
un lado, hemos intentado contribuir a la creación de un tejido social
diverso, plural, creativo y crítico, acorde con la propia diversidad del
barrio y con la difícil situación en la que viven much@s vecin@s,
jóvenes, mayores, inmigrantes, madrileñ@s, mujeres, parad@s o con trabajo, propietari@s o inquilin@s...
Un tejido reivindicativo y no domesticado que pueda influir en las
políticas públicas a la vez que crear sus propios mecanismos de
cooperación y de transformación. Ese intento ha tenido su mejor
representante en la Red de colectivos de Lavapiés, de cuya actividad
añadimos un anexo al final de este documento, aunque no ha sido la
única.
Por otro lado, hemos tratado de no perder de
vista la labor de la administración, reducir su despotismo con nuestra
presencia en las instituciones a las que hemos tenido acceso y proponer
líneas de actuación que, acertadas o no, permitieran abrir
vías de participación y poner en marcha proyectos y alternativas
que daban soluciones a problemas del barrio. Sobre esta actividad, a
continuación abundamos un poco más.
UN
DIÁLOGO IMPOSIBLE: LAS RELACIONES ENTRE L@S VECIN@S Y LA
ADMINISTRACIÓN
A lo largo de estos cuatro años, se han
producido básicamente tres intentos de acercamiento entre los colectivos
operativos en el barrio y las instancias públicas.
De esta forma, las demandas sociales de l@s vecin@s han logrado hacerse
“oír”, aunque no escuchar. Las distintas “Mesas”
que nos han reunido con técnicos y políticos han resultado ser de
un mero carácter consultivo porque las decisiones han venido impuestas
desde arriba en todos casos.
Cierto es que algunas de las ideas aportadas desde los
colectivos de la Red se han incorporado a los programas presentados por los
servicios sociales del Ayuntamiento que, ahora, nos suenan a algo familiar.
Pero nos quejamos de que tales incorporaciones tienen mas bien el sentido de
una “apropiación indebida” de las propuestas que una
asunción de las mismas, dado que los proyectos concretos han resultado
desvirtuados en su aspecto mas fundamental: la participación productiva,
organizativa y decisoria por parte de los propios implicados.
La
Mesa de los 900 millones
Lavapiés es el primer barrio de Madrid que
cuenta, dentro de los Convenios del Área de Rehabilitación, con
un presupuesto para el desarrollo de programas sociales. Esto no es casual,
sino la consecuencia de la reivindicación histórica del barrio
para que cualquier plan que se desarrollase fuese integral y de la apuesta de
los técnic@s de la Empresa Municipal de la Vivienda
para que esto fuese así. Es sintomático que el día de la
firma de los convenios los políticos declararan a la prensa que estos
presupuestos no existían. Ni se habían enterado.
No es sorprendente, por tanto, que esta mesa se
convocara un año y medio después de aprobarse el Área de
Rehabilitación. La reunión fue planteada por los Servicios
Sociales de la Junta Municipal de Centro y de la EMV el 21 de enero del 99.[7]
Desde el principio quedó claro que la
distribución del gasto estaba ya decidida: una parte importante del
presupuesto (casi la mitad) se iba a destinar al servicio de ayuda a domicilio
y teleasistencia para personas mayores y el resto a la construcción y dotación
de un Centro de Día y un Centro Social en el Casino de la Reina.
El debate se limitó al destino del Centro
Social, la única parte del proyecto en la que parecía que
podía haber participación real de los colectivos. Los
representantes del Ayuntamiento manifestaron su voluntad de que fuese un centro
abierto, en el que tuviesen cabida tanto los profesionales de la
administración como las asociaciones.
Dada esa perspectiva, la Red se esforzó en
preparar (en tiempo “record”) un proyecto pormenorizado[8]
fruto de la colaboración que se había establecido entre los distintos
colectivos desde su constitución.
El Centro Social debía servir como eje
vertebrador de los proyectos presentados por las distintas organizaciones, para
lo cual debería estar gestionado por una entidad jurídica
integrada por todas las asociaciones colectivos y vecin@s interesad@s en participar.
Además se incluían 35 proyectos que contemplaban trabajo con
menores, formación, de trabajo comunitario y de autoproducción de
recursos.
En cuanto a la localización del Centro,
además del antiguo asilo de Cigarreras que se tenía previsto y en
el que se ubicarían espacios de información, gestión y
reunión, se proponía la utilización de los pabellones del
Casino de la Reina para actividades y talleres, el inmueble sito en Casino 6
para talleres y la planta alta del Mercado de San Fernando para espacios de
socialización y actividades. En definitiva, se proponía un modelo
de Centro Social que estuviera realmente abierto al barrio, en el que l@s vecin@s pudiesen generar diariamente la actividad y
no tan solo acudir a los servicios prestados (y decididos) por la
administración y las asociaciones sumisas, un Centro participativo en
lugar de clientelar.
Posteriormente se completó el proyecto con un
documento en el que se articulaban los órganos e instancias de gobierno
del Centro Social y el modelo para su mantenimiento mediante la
constitución de cooperativas en coordinación con las diversas
iniciativas de formación laboral, prelaboral y de apoyo a la
población parada del barrio
El proyecto contó con el apoyo explícito
de la Mesa de Prevención de Menores (que lo había debatido
previamente) y, animados por la receptividad “no-oficial” de los
concejales de Urbanismo y Vivienda, fue remitido a las distintas instancia
municipales implicadas así como a los partidos de la oposición
que lo apoyaron sin reservas. (Lo llegaron a incluir en sus programas
electorales.)
A partir de la 3ª
reunión el discurso de los representantes municipales cambió de
sesgo, cerrándose desde entonces a cualquier diálogo sobre el
centro social; con lo qué la Mesa quedó vacía de
contenido. En realidad sus planes se habían torcido, la Red había
elaborado un proyecto más interesante, más participativo y
más abierto que el suyo. No fue de su agrado la negativa a aceptar como
meros comparsas el triste papel clientelar que nos habían reservado.
En abril la Red de Lavapiés le remitió
una carta a Carmen Casasmeiro, directora de los Servicios Sociales de la Junta
de Centro e impulsora de la mesa, en la que le expresaban su decisión de
no acudir a mas reuniones mientras no se aclarasen cuáles eran los
objetivos y se asumiese un claro compromiso de cuál iba a ser la
participación de l@s vecin@s y
colectivos de Lavapiés en el Centro Social. Esta carta no tuvo respuesta
y nunca más se convocó a la Red a otra reunión, con ello
se desperdiciaba (y despreciaba) el compromiso de gran parte del tejido social
activo del barrio en la creación de un equipamiento abierto y
participativo en el que desarrollar un trabajo comunitario que podría
haber sido modélico.
Tenemos constancia que en estos años se han
seguido convocando reuniones con distintas asociaciones (ONGs), ajenas a la
realidad del barrio en la mayoría de los casos, de forma más o
menos individual, buscando probablemente crear una plataforma ficticia y sumisa
que justifique la presencia de asociaciones en el Centro Comunitario, pero no
ha sido hasta hace poco que nuevamente se ha empezado a convocar a l@s vecin@s y colectivos de
Lavapiés para intentar “negociar” su entrada en el Centro
(¿se habrán dado cuenta de que sin l@s
vecin@s el proyecto se desmorona?).
Mesa social y
policial para abordar los conflictos del barrio
La segunda ocasión vino dada por la fractura
que se abrió entre algunas comunidades dentro del barrio, como
consecuencia de un problema de seguridad producido por un grupo de menores
magrebíes, en situación de abandono y adictos al pegamento, que
paraban en la plaza de Cabestreros.
Irónicamente las opiniones de la policía
y los colectivos de la Red respecto al conflicto confluían: sólo
desde políticas sociales se podían conseguir resultados
(reunión con la Jefatura General de Policía el día 7 de
junio de 1999).
Así mismo tuvimos una nueva oportunidad de
comprobar la ceguera y la testarudez de los responsables de las
políticas sociales; pero vayamos por partes.
A raíz de la citada reunión y a
petición de la otra parte, los colectivos de la Red propusieron la
convocatoria de una mesa en la que estuvieran presentes responsables
políticos de las distintas administraciones y los colectivos de
Lavapiés, para abordar el problema de un modo integral; revisando los
aspectos sociales, educativos, laborales, sanitarios y de vivienda, que son
causa en gran medida de los problemas de marginalidad y exclusión social
que estaban provocando conflictos de seguridad (carta al Inspector Regional de
Servicios de la Jefatura General de Policía de 1 de julio de 1999). Por
su parte los colectivos de la Red se comprometían a seguir interviniendo
en el barrio como interlocutores entre las distintas comunidades que lo habitan
y a acentuar más, en la medida de lo posible, el trabajo con los menores
desarraigados en situaciones de delincuencia o predelincuencia.
Como consecuencia de esta propuesta, la
Delegación de Gobierno propició el 14 de julio de 1999 una
reunión en la sede del Defensor del Menor.[9]
En la reunión, tanto la Delegación de Gobierno como los
colectivos sociales se reafirmaron en que la carencia de políticas de
intervención social, por parte de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid,
habían sido determinantes en la gestación de esta
situación. Estos últimos, en su ceguera, entendían que era
una situación principalmente policial. La policía anunció
mayor presencia en el barrio, siendo conscientes que con ello no se iba a
resolver el problema de fondo.
El 5 de mayo de 2000 se mantuvo una nueva
reunión en la Delegación del Gobierno. En ella, la consejera de
Servicios Sociales, perseverando en su línea de “hacer la guerra
por su cuenta”, presentó un paquete de medidas confeccionado con
arreglo a sus propias ideas. De entre ellas, cabe destacar su propuesta para
segregar el modelo actual de la mesa en dos: la Comisión de Seguridad y
la Comisión Técnica de Integración Social.
La Delegación de Gobierno consideraba mejor
mantener el formato de la mesa que estaba establecida, sin separar los temas de
seguridad de los sociales y anunció un incremento de la dotación
policial y la puesta en marcha de las pruebas preconstituidas.
Diversos colectivos se mostraron partidarios de
separar los temas de seguridad de los sociales. También denunciaron la
falta mecanismos para la participación, actuaciones policiales que
criminalizaban a los inmigrantes, la deportación ilegal de menores…
La presidenta del Instituto del Menor y la Familia
comentó que la política de “reagrupación
familiar” era prioritaria y que no admitía debate, contando con el
único apoyo del Movimiento Contra la Intolerancia que pidió
incluso la deportación de los menores delincuentes.
A partir de ese momento, los temas de seguridad se tratarían en
los Consejos Locales de Seguridad y los sociales en la Comisión de
Integración Social.
El 9 de mayo de 2000 se reunió por primera vez
la Comisión de Integración Social de Lavapiés[10]
en el local de PAIDEIA. De esta forma, la administración asumía
una reivindicación histórica de l@s
vecin@s y colectivos de Lavapiés, la
necesidad de una política social que abordase los numerosos problemas
existentes, contando para ello con los colectivos organizados. También
se reconocía implícitamente una denuncia reiterada por la Red,
que el Plan de Rehabilitación de Lavapiés no era integral, al
carecer de auténticos programas sociales, educativos,
económicos…
En esta primera reunión constitutiva se
debatió sobre el alcance de la Comisión, existiendo discrepancias
entre la administración, que defendía que puesto que su
creación era como consecuencia de unos problemas de seguridad concretos,
debería trabajar solo para la integración de los inmigrantes y
especialmente con los menores delincuentes y sin coordinación con otros
responsables de vivienda, urbanismo, equipamientos, etc. y los colectivos de la
Red, que defendían que debería trabajar para todos los vecinos y
de forma coordinada. También plantearon la necesidad de que participaran
otros colectivos que no habían sido invitados, a lo que la
administración respondió que la Comisión estaba abierta a
todo el mundo, si bien por razones prácticas creían mejor que
entre los distintos grupos se nombrasen tres representantes del tejido social.
(Esto no pudo hacerse nunca por oponerse radicalmente el Movimiento Contra la
Intolerancia, en contra de la opinión del resto de colectivos).
La siguiente reunión se mantuvo el 16 de mayo
de 2000 en los Servicios Sociales de la Junta de Centro. En ella se presentaron
informes analizando la situación y los recursos existentes en temas
sociales y educativos, que eran de todo el distrito y no del barrio de
Lavapiés y carecían de la profundidad y el rigor necesarios, lo
que fue admitido por la administración. Se quedó en que l@s técnic@s
de las distintas administraciones se encargarían de mejorar estos
informes y preparar una propuesta de programa de intervención para su
estudio y debate por todos los participantes.
La tercera convocatoria fue en julio. No habiendo
cumplido el compromiso de remitir con quince días de anterioridad el
borrador de programa de intervención, los colectivos se presentaron sin
poderlo haber estudiado y debatido, por lo que no se pudieron llevar propuestas
concretas. En cualquier caso el programa partía de un análisis de
la situación bastante más ajustado a la realidad, para llegar a
una declaración de intenciones con mucha literatura y medidas sin
definición práctica, adoleciendo de auténticas
políticas estructurales.
En esta reunión, (y en alguna de las
anteriores), se volvió a sacar el tema del Centro Social, ya que el
programa insistía en hablar de que en él habría espacios
comunes en los que llevar a cabo actuaciones integrales, contando con el
trabajo, esfuerzo e ideas de todos los agentes sociales actuantes,
institucionales o no, fomentando el respeto y el reconocimiento entre ellos. La
respuesta de los Servicios Sociales de la Junta de Centro fue la de siempre: ¡no
es el momento, … tenemos en cuenta el proyecto de la Red, … ya
hablaremos de esto…¡.
Se quedó en que los colectivos
presentarían por escrito sus propuestas al programa y que l@s técnic@s
de la administración seguirían trabajando en el mismo para
mejorarlo y detallarlo.
La última reunión hasta la fecha de la
Comisión se mantuvo el 13 de diciembre de 2000 en la Consejería
de Asuntos Sociales (se va alejando del barrio…en más de un
sentido), y no fue tal, sino una presentación pública con rueda
de prensa y audiovisual incluido de “su Programa de Intervención
Social y Educativa en Lavapiés”.
Si bien en esta ocasión sí se
cumplió el compromiso de remitir el documento a los colectivos con
anterioridad, cuando estos se presentaron dispuestos a debatir, hacer
propuestas, criticar algunos aspectos y aplaudir otros, resolver dudas, etc.,
se encontraron con que el programa ya estaba aprobado y presupuestado, sin
posibilidad de modificación y sin tan siquiera poder opinar sobre él
hasta que ya había sido convenientemente “vendido” a los
medios de comunicación. Y lo más triste es que para la
administración el proceso había sido un modelo de
participación, así lo dijeron, ¿lo creerán de
verdad? La respuesta de algunos colectivos, los menos dependientes, fue:
“es vuestro Programa, vuestra responsabilidad y será vuestro
triunfo o vuestro fracaso, pero no digáis que se ha elaborado con
nuestra participación”. Otros empezaron a interesarse
exclusivamente por las subvenciones.
EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA[11]
(PISE) EN LAVAPIÉS
Así pues, este programa surgió de la
respuesta a una fractura que se estaba produciendo en el barrio entre diversos
grupos y comunidades y de los posteriores contactos con colectivos del barrio,
no de un análisis que estableciera una necesidad de conjunto de
intervenir respondiendo a necesidades sociales que se hubieran detectado tanto
desde las administraciones como desde l@s
vecin@s del barrio. Tampoco, por tanto, se tuvo en
cuenta para su diseño a los colectivos que habían participado en
las fases previas del proceso.
El PISE, con una importante previsión
presupuestaria (aunque más adelante se comentará algo al
respecto) ha sido desde un principio criticado por algunos colectivos de
Lavapiés. Otros, de fuera y de dentro del barrio, se han prestado
rápidamente a presentar proyectos que recibieran subvenciones sin
aportar públicamente ningún tipo de reflexión
crítica...
Por
nuestra parte, no podemos mirar el programa sin esa perspectiva crítica,
basada en que cualquier intervención en el barrio debería tener
un carácter coordinado e integral y partir de un diagnóstico
profundo y compartido con el vecindario y de una actuación participativa
y horizontal entre instituciones y vecin@s.
El
PISE se corresponde con un modelo asistencialista que parte de una oferta de
servicios que más que responder a necesidades generan demandas. Y el
repertorio de respuestas posibles a esas demandas viene ya predeterminado por
las actuaciones previstas: cualquier necesidad que salga de esas actuaciones no
será considerada.
Se
trata de determinar que existen situaciones de emergencia y que solo a estas
deben responder las políticas públicas, en vez de planear una
respuesta global a las necesidades sociales, económicas, culturales,
sanitarias, educativas... de la población del barrio que busque una
transformación duradera y positiva de las condiciones de vida de l@s vecin@s de
Lavapiés.
Sobre el diagnóstico
Existen
muchas posibilidades para el estudio de la población de un territorio
sobre el que se quiere intervenir. Había muchas posibilidades para hacer
el diagnóstico de Lavapiés para proyectar el Programa de
Intervención. La que se ha elegido responde a una rápida
improvisación derivada de la imprevisión anterior, del
desconocimiento de que sin una intensa intervención social la
rehabilitación está destinada al fracaso. Responde asimismo a que
el origen del programa no es un análisis social de Lavapiés, sino
la fractura comentada más arriba.
Por
tanto, adolece de un problema de origen: se centra en la hipótesis de
que el sujeto preferente de intervención es la población
inmigrante de Lavapiés. Los problemas de exclusión social, sin
embargo, no tienen que ver con el origen del afectado, sino con situaciones
sociales, económicas, laborales, etc.[12] Articular programas de
intervención para un colectivo determinado, cuando otros sufren
problemáticas similares, en lugar de contribuir a su integración
puede fomentar la xenofobia y los recelos entre comunidades.
En
el PISE el diagnóstico se ha basado en estadísticas de
población del barrio de Embajadores[13]
y en los recursos tanto de la administración local como de la
autonómica (servicios sociales, educación, cultura, sanidad... en
el Distrito Centro) y de las entidades de la llamada "iniciativa
social". A partir de estos datos, sin un trabajo de investigación
social ni participación ciudadana, se realiza una lista de problemas
prioritarios del barrio: sobreenvejecimiento, necesidad de acogida y fomento de
la participación comunitaria de los inmigrantes residentes,
adecuación de los recursos escolares a la llamada multiculturalidad,
atención a los hijos de familias (de madres) que trabajan fuera del
hogar, capacitación e inserción laboral de los jóvenes,
dificultades de alojamiento relacionadas con la rehabilitación y la
erradicación de la infravivienda, necesidad de "reciclaje" de
los profesionales de los distintos ámbitos (social, educativo,
sanitario, policial...) en relación a la nueva realidad del barrio.
Lo
cierto es que hay cosas tan obvias que en algunas aciertan (también es
cierto que algo les hemos soplado algunos colectivos del barrio). Pero llama la
atención que el diagnóstico no parta de un trabajo
específico de investigación y consulta en Lavapiés, sino
de estadísticas y cuadros del barrio de Embajadores y del distrito
Centro. Así que no es raro que otros datos no se tengan en cuenta,
quizá porque se desconocen: la población no censada, personas que
no tienen papeles, condiciones de vida y condiciones de habitabilidad de las viviendas,
hacinamiento, personas con bajos recursos, las que reciben algún tipo de
subsidio o prestación social, las que carecen de formación (en
cualquier idioma y en castellano), las que no tienen empleo y las que no tienen
recursos económicos estables, personas que viven solas, viviendas
vacías, amenazas de desahucio... Datos que, cruzados, darían una
visión más aproximada de Lavapiés y de sus necesidades
sociales y educativas, pero que quizá no servirían para
justificar el PISE. Los problemas de vivenda, sanitarios, laborales,
económicos, educativos, urbanísticos, etc., son los que
están provocando que haya vecin@s en
graves situaciones... y que algunos, los menos, recurran a la violencia, al
trapicheo, a los pequeños delitos económicos (por otro lado, como
siempre), mientras que otr@s lo sufren
en soledad y aislamiento.
Sobre
el modelo de intervención
Las soluciones pasan por el desarrollo de
políticas estructurales, integrales. Los programas desarrollados por
asociaciones y vecinos, siendo absolutamente necesarios para crear tejido
social, para acercar al vecino a los recursos existentes, para sensibilizar,
reivindicar, etc., son solo una pequeña parte de las actuaciones
necesarias. El mejor panorama posible que nos podemos imaginar es aquel en el que
no fuese necesario que las asociaciones y colectivos prestásemos
servicios no cubiertos por la administración, la mayoría de las
veces además con carencias presupuestarias, de local, con voluntariado y
no en las mejores condiciones. Para nosotr@s
es evidente que la responsabilidad está en manos de las Administraciones
y estas no pueden delegarla en las organizaciones sociales, cuyo principal
cometido debe ser participar en la elaboración de las políticas
para después colaborar en su desarrollo, nunca sustituir la
intervención pública.
En
Lavapiés, un barrio donde las necesidades son multidimensionales, se
tendría que partir de una acción social integral e integradora.
Una
acción integral debe contemplar y agrupar las distintas áreas de
intervención (vivienda, empleo, educación, salud,
protección social...). Ese es precisamente el gran problema del Programa
de Intervención Social y Educativa en Lavapiés: que no es un
programa integral, que se produce sin una coincidencia de objetivos con el Plan
de Rehabilitación y que no tiene en cuenta los dos elementos
fundamentales cuya carencia es la base de los procesos de exclusión: la
obtención de recursos económicos suficientes (por medio del
empleo o de rentas garantizadas) y la vivienda.
Un programa
integral debería entonces partir de un diagnóstico no solo
estadístico, sino coelaborado con l@s propi@s vecin@s, que
expresara las preocupaciones y objetivos de est@s, y que
nosotr@s mism@s pudiéramos
desarrollar autónomamente nuestras propuestas con la administración
como facilitadora de recursos necesarios.
Todo
lo contrario. Lejos de esto, la administración hace un frío
diagnóstico acelerado a partir de cuadros estadísticos primarios
y propone un modelo asistencial para cubrir necesidades urgentes parciales que
olvida que las personas pueden ser sujetos de sus propias transformaciones.
Mucho dinero mal invertido: como hasta ahora, porque mucho de ese dinero
venía ya gastándose en diversos programas que han demostrado que
no son capaces de producir transformaciones profundas, que son ineficaces y
sólo producen dependencia y subsidiariedad, aunque aligeren la carga
vital de mucha gente desfavorecida.
Los
problemas, normalmente, se cruzan, se interrelacionan: la situación
legal y económica de much@s inmigrantes se une a la
progresiva carestía de la vivienda para provocar fenómenos de
hacinamiento de muchas personas en la misma casa para poder pagar el alquiler y
permite el abuso de propietarios que cobran rentas elevadísimas porque
no pueden acceder la mercado "legal" de arrendamiento. Esta
situación, a su vez, contribuye al encarecimiento de los alquileres
tanto como que haya viviendas desocupadas y otros fenómenos
especulativos que buscan el envejecimiento y la ruina de los edificios. Todo
esto se hace con total impunidad y no es materia, al parecer, del programa de
intervención social. La picaresca y el delito, sin embargo, no son
precisamente asuntos exclusivos de la población excluida: simplemente a
unos se les persigue y a otros se les tolera. Son cuestiones que afectan a la
escolarización, a la seguridad (entendida como algo que afecta a la
salud, a la educación, al trabajo, a los recursos económicos, a
la soledad y a la marginación, a la libre circulación... no solo
a la llamada seguridad ciudadana).
Un programa integral
debería incluir datos sobre recursos y necesidades económicas de
la población (paro, IMI, personas asistidas... pero también
actual tejido productivo, posibilidades de nuevo tejido productivo, tendencias
económicas que favorezcan la integración del territorio de vida
con la obtención de recursos económicos), situaciones concretas
de vivienda (hacinamiento, infravivienda, dificultades de pago... y sus
soluciones: realojos en el barrio, alquileres baratos, etc.), estado de los
equipamientos (educación, sanidad, sociales: y su función como
mecanismo de estructuración y de cooperación social, no como
organismos de "atención al púbico" separados de la
gente y que "se visitan"), análisis de los tipos de
población, descripción de los recursos presupuestarios... Y todo
ello debería formar parte de
un amplísimo debate público entre la gente del barrio.
Esto es lo que venimos demandando algunos colectivos sociales.
Lo que se
ofrece es más de lo mismo. Un programa integral debe ser un programa
afectado por el territorio concreto al que se va a aplicar y contar con los
sujetos de dicho programa para su desarrollo: si no, es puramente asistencial.
Y el asistencialismo produce dependencia, no autonomía.
Pero,
además, el programa que se ofrece es síntoma de un modelo de
intervención: de un lado paternalista, porque se basa en la asistencia
en lugar de potenciar las capacidades sociales y poner en marcha mecanismos de
cooperación; y de otro privatizador, porque entrega a entidades y
empresas la gestión de los recursos públicos. Haciendo depender a
todas de la iniciativa pública, sin embargo, descarga la responsabilidad
del desarrollo de las actuaciones a personas y entidades que buscan
también con ello su propio beneficio y que ni siquiera han de tener
implantación en el barrio para desempañar sus trabajos.
Un modelo, en
definitiva, alejado de los sectores de población a los que va dirigido:
si quieres participar, adáptate a las exigencias de la
administración.
Así es
el programa de intervención social y educativa en Lavapiés: llega
tarde, es parcial, inconcreto, asistencial y privatizador. Pero además
muestra una falacia presupuestaria (concentra recursos y presupuesto que ya se
venían aplicando sin analizar su eficacia); hace una lectura de l@s vecin@s inmigrantes
como caso particular, segregándoles como un cuerpo extraño de la
sociedad y sin contar para nada con uno de sus problemas fundamentales: la
falta de papeles, su obligada "ilegalidad"; propone un tipo de
actuaciones parciales diseñadas para que organizaciones
acríticas, casi gubernamentales o semiempresas de carácter
asistencial, muchas ajenas al barrio, puedan desarrollarlas (y sacar beneficio
de ello), una vía para la privatización de servicios: para usarlos
hay que recurrir a esas entidades.
Un programa
que viene herido de muerte precisamente porque no se ha discutido y planificado
con los colectivos sociales del barrio: se ha presentado ya elaborado y
algunos, como mal menor, se ven obligados a aceptarlo. Son, de nuevo, lentejas.
Porque entre
las preocupaciones de los colectivos del barrio sí figuran cuestiones
que todos los planes y programas dejan de lado: las subvenciones al 100% para
familias sin recursos en las rehabilitaciones de sus viviendas, un plan de
erradicación de la infravivienda que incluya el presupuesto para el
realojo en el barrio de l@s vecin@s afectad@s si
así lo desean, la acción municipal contra los propietarios
verticales o los agentes inmobiliarios que promueven la ruina de edificios con
sus inquilin@s dentro, el control de los alquileres y de las
viviendas vacías, la promoción de autorrecursos para el barrio en
el ámbito del Plan de Rehabilitación (talleres de oficios
relacionados con la rehabilitación, por ejemplo), el abandono de las
persecuciones administrativas y policiales contra organizaciones y centros que
trabajan por y desde el barrio….
Y es que a
pesar de los intentos vecinales por hallar una solución, los centros
sociales autogestionados del barrio no sólo se mantienen en la
precariedad a pesar del volumen de actividades que desarrollan, sino que sufren
la persecución policial y administrativa y la amenaza permanente de
desalojo. Su mantenimiento como espacios de socialización y
participación, de creación de tejido social, debería ser
un objetivo también de la administración. Lejos de ello, y
precisamente porque representan la posibilidad y la vigencia de un modelo
participativo y abierto, la administración prefiere que mueran. La
administración no quiere alternativas. Nosotr@s sí.
Sobre los proyectos
En
tanto que el diagnóstico está elaborado con esa parcialidad de
datos de análisis, el PISE sólo prevé proyectos parciales.
Las intervenciones sociales en diversa materias quedan descoordinadas y no se
anticipa ningún organismo vecinal-institucional que afronte en conjunto
las diversas áreas de intervención (vivienda queda por un lado
-en el ARPL-, por otro educación, por otro sanidad, por otro
economía... ¿o este no queda por ningún lado?)
Así, el
programa de intervención anuncia actuaciones en materia de educación...
deficientemente. No hay garantías de que se vaya a redistribuir el
alumnado con necesidades de compensación educativa en todos los centros
sostenidos con fondos públicos. Tampoco que se vaya a invertir la
tendencia de disminución de las plazas públicas y aumento de las
concertadas: de hecho no hay previsión de construcción de
ningún nuevo centro público ni por tanto de que se vaya a
responder a la demanda de plazas públicas suficientes en
educación infantil. El PISE pasa por alto el hecho de que la
mayoría de centros del barrio son confesionales y que eso dificulta que
los hijos de inmigrantes acudan a ellos porque no asumen su ideario, lo cual
vuelve a aumentar la concentración...
En
cuanto al empleo, se
habla de programas subvencionados por la administración a distintas
asociaciones, dirigidos a la integración laboral de personas con
especiales dificultades, proyecto de habilidades para el empleo, de
acompañamiento sociolaboral, talleres ocupacionales y de
adquisición de hábitos laborales para personas sin hogar y
proyectos de inserción laboral para usuarios del programa IMI.
Desconocemos la incidencia que tienen en Lavapiés algunas de las
asociaciones que se mencionan o de las que reciban las nuevas subvenciones, o
su grado de efectividad. En cualquier caso aplaudimos sus esfuerzos y les
reconocemos el éxito que supone cada caso que resuelvan, pero pensamos
que o existe una política de formación, inserción laboral
de demandantes del primer empleo y reinserción laboral de parados, que
se desarrolle desde las administraciones, o nuevamente nos encontraremos ante
buenas intenciones y escasos resultados. Y que alternativamente a eso, deben
asegurarse los recursos mínimos para tod@s l@s vecin@s del barrio.
Somos conscientes de que la políticas
económicas que puedan resolver los problemas del paro exceden con mucho
de las capacidades de la intervención en nuestro barrio, pero una vez
más insistimos, en Lavapiés está habiendo una inversión
pública de casi 20.000 millones de pesetas en su rehabilitación,
a la que hay que sumar la inversión privada y los nuevos presupuestos
que necesariamente se tendrán que aprobar en un futuro próximo.
Esto da unas enormes posibilidades de formación laboral y de trabajo
cooperativo de desempleados y precarios en la recuperación de su propio
barrio, que se están desaprovechando. Algunas asociaciones llevan tiempo
recomendando que se estudien experiencias en este sentido desarrolladas con
éxito en otras ciudades españolas, subvencionadas incluso por la
Unión Europea.
Por último señalar una realidad de
difícil solución con las actuales políticas de
inmigración, la de los inmigrantes irregulares que no pueden acceder al
mercado laboral legal y que están condenados a la explotación y
el “trapicheo” en situaciones de grave riesgo social y llegando en
algunos casos a la delincuencia. La administración mira a otro lado y
manda policía: no a buscar a los que explotan a los trabajadores
inmigrantes, sino a buscar a los sin papeles y a los pequeños
trapicheros... pero incluso la
policía llegó a reconocer que hay que buscar soluciones sociales.
En
lo que afecta a la sanidad, está previsto el traslado del Centro de Salud de la calle
Tribulete a la calle Rodas. Esta actuación, largamente reivindicada por
todas las asociaciones y colectivos de Lavapiés, es la muestra evidente
de una intervención en equipamientos públicos sin
participación de los vecinos y absolutamente alejada de las necesidades
reales del barrio. Y decimos esto porque el Área de
Rehabilitación Preferente se aprobó sin tener en cuenta esta
urgente necesidad y no ha sido hasta el pasado año y ante la constante
denuncia, cuando las administraciones la han asumido.
Pero
existe otra antigua reivindicación que aun no ha sido atendida. El
área de salud a la que pertenece el barrio de Lavapiés no cuenta
con un Centro de Especialidades, por lo que los vecinos debemos peregrinar por
todo Madrid usando los centros de otras áreas en función de la
atención que requiramos. Nunca se ha dado respuesta a la demanda de usar
el edifico situado en la Pza. Duque de Alba, 2, antiguo Palacio de los Duques
de Sueca, para la instalación de este necesario equipamiento.
En
lo que se refiere a intervención social, más allá de los programas
subvencionados a asociaciones, que como ya hemos dicho creemos necesarios pero
insuficientes por sí mismos, nos gustaría que se profundizase
más en la explicación de los recursos que se pretenden poner en
marcha.
Desconocemos
en qué consiste el programa de menores drogodependientes o el proyecto específico para
jóvenes no acompañados , qué se va a hacer, cómo se van a
llevar a cabo, cuándo y por quién (y más cuando hay
muestras de una política errática, si no malintencionada
–por parte especialmente del Instituto Madrileño del Menor y la
Familia–, y teniendo en cuenta que cuando las primeras medidas
emprendidas de carácter social comenzaron a dar sus frutos por encima de
las medidas policiales, fueron boicoteadas y cortadas desde la propia entidad
de atención al menor)[14].
Igualmente
precisa un enorme esfuerzo de descodificación saber qué son en
concreto los espacios de conciliación entre la vida familiar y
laboral, dónde se
van a desarrollar, a quién van dirigidos, cuáles son sus
objetivos… Intuimos que bajo este manto se desarrollarán medidas
dirigidas a mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, con pocos
recursos (¿se les garantizará un mínimo?) y sin apoyo
familiar. Es evidente que estas mujeres están en situación de
gran precariedad y que la administración (pero no sólo) tiene una
responsabilidad al respecto, pero hay que preguntarse si esta es la
única actuación que se plantea con respecto a las mujeres del
barrio: porque, desde una perspectiva de género, ausente en el programa,
deberían considerarse todas las situaciones de desigualdad, teniendo en cuenta
posibilidades diversas –y no solo asistenciales– para cubrir
objetivos como la necesidad de plazas en escuelas infantiles con horario
ampliado, también que sean las propias mujeres las que gestionen estos
espacios, lo que permitiría, en efecto, conciliar la vida familiar y
laboral al tiempo que introducir nuevas formas de relación social y
creación de comunidad entre nosotras. Con medidas de este tipo se podría hablar, no
sólo desde un punto de vista asistencial, sino integral, de empleo,
sanidad, educación, ocio, cultura.
Creemos
que un Programa de Intervención debe ser más explícito y
asumir mayores compromisos.
EL
CENTRO “COMUNITARIO”
Dedicamos
un capítulo específico para el Centro “Comunitario”
porque creemos que es la actuación que tiene mayores posibilidades de
estructuración de los vecinos de Lavapiés, imprescindible para su
conocimiento mutuo e integración. Además debería ser el
espacio físico donde los propios vecinos y por extensión las
asociaciones y colectivos, colaborasen en el desarrollo de las políticas
mencionadas hasta ahora, así como otras relacionadas con el ocio y
esparcimiento, la cultura, espacios de socialización…
Aun
no tenemos una idea clara de cuál va a ser el destino de este espacio y,
por supuesto, hasta ahora no se ha contando con nosotros para su
definición. Incluirlo en el programa de intervención y familia o hablar de espacios comunes en los
que llevar a cabo actuaciones integrales, contando con el trabajo, esfuerzo e
ideas de todos los agentes sociales actuantes, institucionales o no, fomentando
el respeto y el reconocimiento entre ellos no nos da muchas pistas de en qué se quiere
convertir.
El centro abrirá sus puertas en las
próximas días y entonces ¿estará vacío?.
¿Será entonces cuando empecemos a hablar de las actividades y los
servicios que deben de ser acogidos? ¿Nos encontraremos con un bedel y
una empresa de servicios que no tienen nada que ver con el barrio, al estilo de
los Centros Culturales?
Como
hemos comentado, hace ya bastantes meses los Servicios Sociales de la Junta
Municipal del Distrito Centro consiguieron con este proyecto reunir en una mesa
a más de treinta asociaciones y colectivos de todo tipo, que discutieron
y trabajaron en la elaboración de propuestas y asumieron el compromiso
de crear, entre todos, un Centro Social abierto a vecinos y administraciones,
profesionales y voluntarios, sin exclusiones. La enorme ilusión generada
por el proyecto se vio truncada por la carencia de respuestas y compromisos por
parte de la administración. Creemos que será muy difícil
recuperar aquella ilusión, pero el intentarlo está en manos de
quienes tienen la capacidad de decisión y también en nuestras
propias manos el no conformarnos con lo que nos viene impuesto: no sólo
en cuanto al modelo de centro, sino también en cuanto a la
coordinación de diversos espacios que figuraban en el proyecto y que han
sido obviados finalmente por la administración. De no ser así,
nos encontraremos con un Centro Cívico y Social al que no acuden los
vecinos y tan carente de contenidos como los Centros Culturales. Nuestra
apuesta es clara: trabajaremos por un Centro Comunitarios de l@s vecin@s y para l@s vecin@s.
CONCLUSIÓN
Se cumplen ahora cuatro años desde
la aprobación del Área de Rehabilitación Preferente de
Lavapiés (Sector 1, no lo olvidemos). Con la inyección de miles
de millones de dinero público podría considerarse que se asientan
las bases para una transformación social duradera y positiva en el barrio.
Pero no es
así. Sólo podría hacerse si eso figurara expresamente
entre los objetivos da la rehabilitación, que esta se ocupara no
sólo y parcialmente de viviendas e infraestructuras, sino de proponer un
modelo participativo e integral que los vecinos definieran y llevaran a cabo.
Eso es lo que desde un principio propusimos. La famosa
“degradación” del barrio es entre otras cosas la
destrucción de la comunidad, la fractura de la red de relaciones
sociales entre l@s vecin@s del barrio, la separación entre
políticas de intervención y sujetos sociales y, en última
instancia, la imposibilidad de que estos participen en la organización
de su territorio y de sus vidas.
Acostumbrados
a no poder decidir, l@s vecin@s sufrimos pacientemente, en el mejor de los casos,
programas asistenciales que consumen sin perspectivas de futuro recursos
públicos (IMI, ayudas domiciliarias, subvenciones, etc.) que no aseguran
la creación de un tejido social autónomo en cuanto a recursos
económicos y sociales, medios de producción y medios de vida,
condiciones de habitabilidad, estructuración social, etc. Poco a poco
eso deja de convertirse en un derecho y se convierte en una limosna.
Así
pues, sin unir los objetivos de la rehabilitación urbanística y
de los programas sociales a un diagnóstico común y a la
creación de un espacio de vida más favorable a l@s vecin@s actuales
del barrio, todo queda en un parcheo que muestra preocupaciones
–legítimas– pero no propone soluciones duraderas. Enajenados
de las dinámicas de los mercados (de la vivienda, de trabajo, etc.), l@s vecin@s quedan
aparcados como problema, no activados como sujetos de su propio bienestar.
Ante
estos cuatro años de intervención en Lavapiés:
Aplaudimos:
· La
decisión, largamente reivindicada por el barrio, de invertir en
Lavapiés tras decenas de años de abandono.
· El compromiso
adquirido por la mayoría de los técnicos con l@s vecin@s (preferimos
obviar las excepciones), para intentar entre todos que el Plan avance aun con
todas sus carencias.
· Las por desgracia
necesarias subvenciones a la rehabilitación y ayudas sociales, el
arreglo de las calles, la recuperación para uso público del
Parque del casino de la Reina…
· El
reconocimiento por fin, por parte de las administraciones, de la necesidad de
intervenir en aspectos sociales, sanitarios, educativos…
Denunciamos:
· Absoluta
descoordinación entre las distintas administraciones actuantes, lo que
supone un despilfarro de recursos y posibilidades.
· Falta de
integralidad en el proyecto, que deja fuera aspectos económicos,
sociales, educativos, culturales, urbanísticos, de vivienda, etc.,
fundamentales para la regeneración del barrio.
· Ausencia casi
total de mecanismos de participación de l@s vecin@s en el
diseño y desarrollo de los proyectos, que les permitan tomar las riendas
de lo que quieren que sean sus espacios, su barrio, sus vidas…
· La consentida
y absoluta indisciplina urbanística que sigue permitiendo que los
edificios lleguen a la ruina y que l@s vecin@s sean desalojados de sus viviendas. La falta de
compromiso político para que el Programa de Erradicación de la
Infravivienda sea una realidad. La excesiva burocracia en la gestión de
las subvenciones para la rehabilitación de edificios.
· La
construcción y diseño del Centro Comunitario del Casino de la
Reina (como el resto de equipamientos) de espaldas al barrio y a l@s vecin@s, con
un modelo de gestión que parece que va a ser absolutamente
burocrático y con la privatización parcial de los servicios.
· El cinismo que
supone que la administración hable del fortalecimiento del tejido social
y la creación de nuevos centros comunitarios y no haga nada por evitar
la desaparición de colectivos o centros sociales, como El Laboratorio,
con actividades generadas por múltiples grupos y vecinos del barrio.
· El desarrollo
de las necesarias obras de las calles de forma incontrolada, peligrosa, sucia
molesta y sin ninguna información. La falta de políticas de
movilidad, de regulación del tráfico y la carga y descarga, de
limitación del ruido y control medioambiental…
· El
diseño de un Plan de Intervención Social y Educativa
paternalista, inconcreto, parcial, asistencial y privatizador, con ausencia de
políticas estructurales y sin una participación real de l@s vecin@s.
Exigimos:
· Que se
establezcan los mecanismos por los que l@s vecin@s puedan participar en la construcción y el
diseño de su barrio.
· Que se
establezca una acción social que se base en dar soluciones individuales
y colectivas dentro de una intervención cooperativa, participativa e
integral que transforme las relaciones; con cambios en estructuras e
instituciones que abarquen aspectos políticos, económicos,
educativos, culturales, etc. y buscando el fortalecimiento de un tejido social
capaz de construir y sacar adelante colectivamente sus propias alternativas.
· Que se asuma
la responsabilidad política de frenar los procesos especulativos en
temas de vivienda, las ruinas planificadas, el abuso de los alquileres a
inmigrantes sin papeles, la vivienda vacía, los deshaucios…
· Que se adecue
la normativa que rige las ayudas a la rehabilitación a la realidad
económica de los aspirantes, ayudando más al que más lo
necesita.
· Que se
establezcan los métodos para realojar en el barrio a todos aquellos
afectados por infravivienda que lo deseen. Que se construya vivienda
pública en alquiler para vecin@s con bajos ingresos que se están viendo
expulsados del barrio por la incesante subida de precios del mercado.
· Que el Centro
Comunitario del Casino de la Reina sea realmente comunitario, con la
participación en su programación y en su gestión de l@s vecin@s y colectivos
de Lavapiés.
· El
diseño participativo de una política de movilidad con itinerarios
peatonales, limitación de la carga y descarga y del tráfico de
vehículos… De una política medioambiental que limite el
ruido, regule la recogida de basuras y la limpieza…
· La inmediata
construcción de un nuevo Centro de Salud y de un Centro de
Especialidades, el aumento real de plazas escolares públicas, la
construcción de pisos tutelados para mayores….
· Que se
desarrollen programas públicos de formación y reinserción
laboral de demandantes del primer empleo, parados, jóvenes,
precarios…. Que se proteja el existente y se potencie la creación
de nuevo tejido productivo. Que se aprovechen los nuevos yacimientos de empleo,
en rehabilitación, servicios sociales, etc. potenciando la creación
de cooperativas. Que se aseguren recursos mínimos para tod@s l@s vecin@s del barrio.
Lavapiés,
noviembre de 2001
ANEXO 1 - LA RED
DE LAVAPIÉS.
Con
la constitución de la Red de Colectivos de Lavapiés no se quiso
crear una coordinadora o plataforma de asociaciones que coincidían en un
determinado programa, sino establecer una forma de comunicación y
trabajo en red, de cooperación y acción conjunta que desde la
coordinación y el intercambio de experiencias, información y
reivindicaciones permitiese un mejor conocimiento mutuo y de los vecin@s de los distintos servicios, demandas y discursos
existentes en el barrio. Una forma abierta de intervención entre
diversos grupos, asociaciones, colectivos y vecin@s
que trabajan en el barrio en temas de inmigración, menores,
asociacionismo vecinal, vivienda, actividades artísticas y culturales
asociadas a la participación ciudadana, voluntariado, etc.
Esta forma de trabajo ha permitido que desde 1997, en
que se mantuvieron los primeros contactos, colectivos que trabajan en diversos
campos y con distintas ideologías hayan mantenido una
comunicación estable que ha llevado a convocar acciones conjuntas que,
sin pretender unificar discursos, demanden respuestas a carencias existentes,
planteen propuestas y proyectos, llamen la atención sobre determinados
problemas o simplemente fomenten el debate y la participación de l@s vecin@s en lo que ocurre o
quieren que ocurra en Lavapiés.
Si no se ha conseguido el objetivo fundamental, que es
que el barrio decida sobre sus propias transformaciones, al menos se ha
conseguido demostrar que hay capacidad colectiva de reflexión y
acción dentro del barrio
De
forma esquemática podemos decir que entre los objetivos de la Red de
Colectivos de Lavapiés están los siguientes:
-
La constitución de un foro estable de participación de
colectivos y vecin@s del barrio.
-
El fomento del trabajo en red, tendente a la relación
horizontal entre organizaciones y el fortalecimiento del tejido asociativo.
-
El intercambio de información y recursos.
-
Dotar a las organizaciones de un mecanismo de respuesta rápido
a cualquier problema que se plantee en el barrio.
-
Elaboración de acciones y trabajos en común.
-
Facilitar la participación en la vida ciudadana de los sectores
de población más desfavorecidos.
En definitiva,
la intervención conjunta y coordinada en la autoconstrucción del
barrio que queremos.
El
respeto a la diferencia, el reconocimiento de que todas las voces son
válidas incluso en la discrepancia y la decidida apertura a cualquier
grupo o vecin@ interesado, ha permitido que, hasta el momento,
hayan trabajado en la Red, con mayor o menor constancia, los siguientes
colectivos:
Asociación
de Vecinos LA CORRALA;
Centro Social Okupado EL LABORATORIO; XENOFILIA-LAVAPIÉS; Asociación para la Integración de
Menores PAIDEIA; SOS
RACISMO; Asociación
de Emigrantes Marroquíes en España, AEME; Grupo de Artistas LA
FIAMBRERA; Asociación
de Inmigrantes Senegaleses de España, AISE; Asociación MADRID PUERTA ABIERTA; Casa Okupada de Mujeres LA
ESCALERA CARAKOLA; Grupo de
Artistas EL LOBBY FEROZ;
Asociación de Madres y Padres de Alumno (AMPA) C.P. EMILIA PARDO
BAZÁN; Grupo de
acción AY UNTAMIENTO S.A.;
Asociación Cultural EL CRUCE; Kolectivo Arde Lavapiex, KAL; Servicio Civil Internacional,
SCI; Asociación de
Inmigrantes de Bangladesh, AIB;
Asociación Cultural COSAS DE LA LUNA; PUBLIC-ART; ASOCIACIÓN MUSULMANA; Asociación de Mujeres Inmigrantes
Marroquíes AMAL;
Asociación Pro Derechos Humanos de España, APDH; Asamblea de Cooperación
por la Paz, ACP, EL
FORO; LA
TELARAÑA;
Asociación de Padres de Alumnos, APA C.P. SANTA MARÍA; Asociación Cultural
FRAUEN; Asociación de
Viandantes A PIE; Biblioteca
Autogestionada LA BIBLIO;
ALTERNATIVA SOLIDARIA;
ALBANTA;
Asociación de Inmigrantes Guineanos MALEVA; Asociación
Madrileña de Artistas Visuales, AMAVI; ASOCIACIÓN RECREATIVA ARGUMOSA; EDUCACIÓN Y NO
VIOLENCIA; ASOCIACIÓN AL HOUDA; Zona de Acción Temporal,
ZAT; Frente Organizado de
Juventudes Africanas, FOJA;
Amigos del Mundo, AMIMUN;
Tetería AL AMMAN;
Asociación DERECHOS PARA TODOS; Asociación PUEBLO Y TIERRA; TRASGO…y los que van
llegando.
Es difícil hacer una cronología de la actividad de la Red de Colectivos de Lavapiés en sus más de tres años y medio de vida, ya que muchos de los trabajos que se han llevado a cabo no se han plasmado en actos concretos, sino que han sido estudios, valoración de proyectos, intervención en asuntos del barrio, colaboración y apoyo de actividades propias de algún colectivo, cesión de materiales, locales o infraestructuras, etc. Aun así, sí podemos hacer una selección de lo que el trabajo en red ha producido en Lavapiés:
Oct.
97. Creación
de la Red de Colectivos de Lavapiés. Tras diversos contactos y
colaboraciones durante el año, siete colectivos constituyen la Red.
Nov.
97. Fiesta en el
Parque de Agustín Lara. La Red se presenta
al barrio en una jornada festiva con el lema “Muchos barrios, un
barrio”. Actividades para niñ@s y
jóvenes, comida española, senegalesa y marroquí, debates
sobre el barrio y música en directo, sirven para mostrar la convivencia
y el respeto entre todas las culturas, etnias e ideologías que habitan
el barrio.
Dic.
97. Debate
“El barrio que queremos”. En el CSO El Laboratorio,
afectad@s por expedientes de ruina, “okupas” y
otr@s vecin@s involucrados en procesos
especulativos intercambian experiencias y opiniones, estableciendo
vínculos de acción y colaboración.
Dic.
97. Manifestación
“¿Qué barrio queremos?”. Convocada por
diez colectivos, se pide participación de l@s vecin@s en el Plan
de Rehabilitación y soluciones para diversos problemas del barrio. Un
grito se impone: “¡Ya basta de desalojos!”.
Ene.
98. Análisis del
Plan de Rehabilitación. Se inicia un profundo
estudio y debate de las propuestas y discursos existentes en el Área de
Rehabilitación Preferente de Lavapiés y de las necesidades del
barrio, que meses después dará como resultado un documento de
análisis y propuestas.
Feb.
98. Campaña
de deportación de Agustín Lara. Basándose en un
supuesto ficticio, la decisión policial de deportar la estatua de
Agustín Lara que se encuentra en el parque de su mismo nombre, se genera
un debate público mediante carteles, cartas a los periódicos,
etc., buscando la reflexión de l@s vecin@s sobre la Ley
de Extranjería.
Mar.
98. Fiesta fin de
campaña de deportación de Agustín Lara. En una
mañana de domingo personal uniformado de Ay Untamiento S.A. empaqueta la
estatua y la franquea hacia Méjico. Mientras, los vecin@s debaten,
beben limonada y protestan por la pérdida de tan reputado vecino.
Abr.
98. Asamblea
“La rehabilitación de Lavapiés, también para los
inquilinos”. Decenas de inquilin@s en peligro
de desalojo se reúnen para elaborar estrategias de denuncia y
autodefensa.
Abr.
98. Campaña
“Esta casa se cae”. Se señalizan
edificios afectados por expedientes de ruina con grandes carteles que discurren
por las fachadas, en los que se lee el lema de la campaña.
Intervención en los plenos de la Junta Municipal. Reuniones con partidos
políticos. Rueda de Prensa. Denuncia de caseros especuladores.
May.
98. Presentación
oficial del ARP de Lavapiés en el Instituto Cervantes. Los colectivos
de la Red llevan sus propuestas y participan en el debate.
May.
98. Reinauguración
del parque de Cabestreros. Pintada de un mural por l@s niñ@s,
plantación de diversas especies vegetales, guiñol, malabares,
asamblea de vivienda y rehabilitación, inauguración de una
minipradera de césped (primera y única que ha habido en
Lavapiés) y fiesta, como no, sirven para reivindicar la mejora de los
parques y plazas, haciendo más humano uno de nuestros pocos espacios de
relación.
Jul.
98. Reuniones
“artísticas”. Se inician una serie de
debates con l@s “vecin@s–artistas”
de La Fiambrera, la Zona de Acción Temporal, la Asociación
Cultural El Cruce, Public-Art… que se prolongan hasta septiembre. Empieza
a gestarse un gran festival de arte público.
Ago.
98. Propuesta de
equipamientos. Se saca una publicación en la que se propone
al barrio, para su debate, la utilización de dieciocho espacios y
edificios concretos que no tienen uso. Entre ellos se habla de algunos tan
necesarios como el Centro de Salud y por primera vez se propone la
gestión por el barrio del Centro Social que se piensa construir en el
Casino de la Reina.
Nov.
98. Festival de
arte público “REHABI(li)TAR LAVAPIÉS”. Organizado
por trece colectivos con la colaboración de la UNED y RENFE,
Lavapiés se convirtió durante tres días en una fiesta.
Docenas de artistas–vecin@s y vecin@s–artistas
realizaron más de cincuenta acciones e intervenciones en espacios
públicos de todo el barrio. Performances, revistas caminadas,
proyección de diapositivas en fachadas, concurso de ruinas, actuaciones
teatrales y musicales, proyección de cine, instalaciones, exposiciones y
un largo etcétera hicieron del evento el mayor festival de arte
público que se recuerda en Madrid. Con él se quiso llamar la
atención sobre los olvidos, las carencias y los incumplimientos del Plan
de Rehabilitación.
Dic.
98. Revista
caminada “Lavapiés sin fronteras”. Con nueve
páginas y editorial de José Saramago, la revista recorrió
el barrio pidiendo papeles para todos y todas.
Ene.
99. Asamblea “Espacio
cerrado, espacio liberado”. Tras el desalojo del CSO
El Laboratorio de su primera sede, se tiene una nueva asamblea de inquilin@s en peligro
de desahucio, inmigrantes, ocupantes de casas, habitantes sin techo, afectados
por el Plan de Rehabilitación… Un nuevo Centro Social nace para el
barrio, El Laboratorio del parque de Cabestreros. Larga vida.
Ene.
99. Reunión con
los Servicios Sociales de la Junta de Centro. Primera de una serie de
reuniones para debatir el uso de los novecientos millones para programas
sociales del ARP de Lavapiés. El destino del Centro Social del Casino de
la Reina se pone sobre la mesa.
Feb.
99. Proyecto para
equipamientos sociales de la Red de Colectivos de Lavapiés. En la segunda
reunión de la mesa de negociación con los Servicios Sociales, la
Red presenta un proyecto para la creación de un Centro Social
autogestionado por los vecin@s del barrio. (Ver
“UN DIÁLOGO IMPOSIBLE: LAS RELACIONES ENTRE L@S VECIN@S Y LA
ADMINISTRACIÓN”)
Abr.
99. Ruptura con la
mesa de Servicios Sociales. La Red rompe con la mesa de Servicios
Sociales, al ver que no existen objetivos claros, ni voluntad de debate y
participación en las decisiones.
Abr.
99. Fiesta
“Por un Centro Social para la gente del barrio”. Juegos
infantiles, payasos, talleres, debates y música en directo de distintas
partes del mundo sirven para que veintiún colectivos expliquen al barrio
y reivindiquen el proyecto de Centro Social.
May.
99. Reunión con
comerciantes mayoristas. El trabajo en red consigue sentar alrededor
de una mesa a representantes de los comerciantes chinos, senegaleses, coreanos,
bengalíes, marroquíes, españoles y a l@s vecin@s, para
debatir sobre las molestias generadas por la concentración de mayoristas
y valorar posibles soluciones y compromisos de convivencia.
May.
99. Visita
turística a una ruina emblemática. Organizada y
anunciada como una visita turística, l@s vecin@s (y
periodistas) pudieron convivir un día con las familias del edificio en
ruina de la calle Sombrerete 6, un ejemplo entre decenas, y de paso, asistir a
una verbena en una auténtica corrala.
Jun. 99. Reunión
Jefatura General de Policía. Reunión en la que
se discute sobre posibles métodos de intervención de la Red con
vecinos (sobre todo jóvenes de origen magrebí) que causan
problemas de seguridad. La Red propone la convocatoria de una reunión
amplia con todas las administraciones y agentes sociales y se compromete a
seguir haciendo trabajo activo en el barrio.
Jun.
99. Siete
días de lucha social. Colectivos de la Red participan en los siete
días de lucha social. El Reclama las Calles es en el barrio.
Jun.
99. Fiesta
“Ven a ver Lavapiés en globo”.
Música, limonada, foto aérea gigante, debate ¡y un globo
aerostático! desde el que l@s vecin@s pudieron
contemplar, a vista de pájaro, dónde podrían estar los
equipamientos que necesitamos y que no nos dan, los que nos van a dar y no
necesitamos, e incluso los que nos dan y necesitamos (o no, depende de cada
uno)
Jul.
99. Reunión
en la sede del Defensor del Menor. La Delegación del
Gobierno cumple su compromiso y convoca una reunión con colectivos
sociales, Servicios Sociales del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y otros
responsables políticos y policiales para debatir sobre la
situación de los menores que delinquen en Lavapiés.
Jul.
99. Cena y
debate en el parque de Cabestreros. La Red cumple igualmente
su compromiso e inicia una serie de acciones en la calle para debatir sobre
situaciones de marginación y exclusión social que generan
delincuencia, buscando métodos de intervención. En los meses
siguientes se tienen distintas reuniones y asambleas con l@s vecin@s en general y
en especial con las comunidades china, marroquí, senegalesa,
bengalí…, para estudiar la situación y proponer
alternativas. Al mismo tiempo se mantienen acercamientos con los menores
“problemáticos” y se trabaja con ellos.
Nov.
99. Fiesta en
Cabestreros “Centro Social Virtual”. Ajedrez,
actuación de Tinito, malabaristas, música, películas,
charlas y debates para presentar, en otra jornada festiva más, el
“Centro Social Virtual”, es decir lo que entre todos y todas ya
estamos haciendo en el barrio (que es mucho) y que nos gustaría que
contase con un espacio estable (y no virtual) para su desarrollo. Algún
periodista-vecino se atrevió a llamar a este movimiento “la nueva
movida madrileña”.
Feb.
00. Estudio de los
recursos sociales de Lavapiés. La Red se enfrasca una vez
más en un sesudo estudio, esta vez de los recursos sociales y educativos
que existen en el barrio tanto públicos como privados. Meses más
tarde se elaboró un documento de estos recursos y de las carencias
existentes. Como siempre, reivindicación documentada.
May.
00. Reunión en la
Delegación de Gobierno. Una nueva reunión,
en la que se anuncia la creación de la Comisión de
Intervención Social de Lavapiés. Las administraciones reconocen
por fin una de las demandas que la Red venía haciendo desde el
año 97, Lavapiés necesita un programa de intervención
social.
May.
00. Reunión de la
Comisión de Intervención Social de Lavapiés. En la sede de
PAIDEIA se reúne por primera vez esta nueva comisión. El
análisis de la reunión lo dejamos para otra parte de este
documento. En este mismo mes se mantiene la segunda reunión en los
Servicios Sociales de la Junta de Centro.
Jun.
00. Investigación
Acción Participante IAP. Se inicia una IAP que
explicará Carlos mucho mejor que yo. En los meses siguientes se
desarrollan trabajos que también él explicará mejor. Sigue
en curso en la actualidad y con vocación de futuro.
Oct.
00. Taller
“De la acción directa como una de las bellas artes” en el
MACBA. Diversos colectivos de la Red son invitados a participar en los
talleres organizados por el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA,
sobre redes globales de acción directa, espekulación, fronteras,
desempleo e indy media – medios independientes. De las jornadas surgieron
una serie de agencias para trabajar en acciones concretas y establecer
contactos que siguen abiertas en la actualidad.
Dic.
00. Presentación
del Programa de Intervención Social y Educativa en Lavapiés. Lo que
debería haber sido una nueva reunión de la Comisión de
Intervención Social para debatir sobre el programa de actuación,
se convierte en una presentación pública (con prensa y
vídeo incluidos) por parte de la administración.
Ene.
01. Asamblea sobre la
rehabilitación del barrio. Se debate sobre el
desarrollo de las obras, el tráfico y otros problemas que afectan a la
vida diaria de l@s vecin@s. Se acuerda
el inicio de una campaña reivindicativa con distintas acciones.
Ene.
01. Asamblea sobre el
Centro de Salud. Ante el injustificado retraso en la
construcción de un nuevo Centro de Salud, se mantiene una asamblea en la
que se informa sobre la situación y se acuerda el inicio de una
campaña para exigir el nuevo Centro de Salud. Como primera acción
se colocan pancartas en numerosos balcones del barrio.
Feb.
01. Comparsa de
Carnaval “SOS Tribulete”. Se participa en el desfile
de Carnaval con una comparsa que reivindica un nuevo Centro de Salud y denuncia
el lamentable estado del actual.
Feb.
01. Marcha –
concentración “Centro de Salud Ya”. El día
del Entierro de la Sardina se intentó salvar la vida del pobre animal
llevándolo al Centro de Salud, pero dada su carencia de medios el pez
fallece y no hubo más remedio que certificar su defunción. Duelo
y desconsuelo de vecin@s y emplead@s de Tribulete
y un grito unánime: “¡Centro de Salud Ya!”
Mar.
01. Propuesta de
peatonalización. Se comienza a trabajar en una propuesta de
peatonalización para el barrio.
Abr.
01. Amenaza de
desalojo del CSO El Laboratorio. Ante la amenaza de
desalojo del CSO El Laboratorio, el único Centro Social abierto a todos
l@s vecin@s que existe en Lavapiés y en el que
pueden participar en su gestión, la Red se centra en la defensa de
éste, su espacio, desarrollando todo tipo de actividades, participando
en las manifestaciones que se convocan y ayudando, en lo que se puede, a forzar
un proceso de negociación para mantenerlo en el barrio. Desgraciadamente
en agosto fue desalojado.
Abr.
01. Análisis
de cuatro años de rehabilitación. Se forma un
grupo de trabajo compuesto por vecin@s y representantes de
colectivos para hacer una valoración de los cuatro años del
Área de Rehabilitación de Lavapiés. En los meses
siguientes se redactan varios borradores del documento “LA
REHABILITACIÓN DE LAVAPIÉS O EL DESPOTISMO CASTIZO: TODO PARA EL
BARRIO… PERO SIN EL BARRIO”, que son el resultado de
múltiples reuniones y debates con colectivos, asociaciones y vecin@s.
Sep.
01. Asamblea vecinal
“Qué fue de la rehabilitación”. Se celebra
una asamblea con vecin@s y colectivos para debatir
sobre el documento, los problemas y carencias existentes en Lavapiés. Se
decide iniciar vías de acción y como primera medida se
constituyen tres mesas de trabajo para abordar la vivienda, los equipamientos y
los temas sociales y educativos.
Oct.
01. Mesas de trabajo. Desde la
celebración de la asamblea y hasta finales de octubre las mesas se
reúnen periódicamente y empiezan a desarrollar trabajos de
análisis, propuestas de acción, etc. La mesa de vivienda
desarrolla la primera acción con un taller de pancartas en la Pza. de
Lavapiés, al que se le dará continuidad, para señalizar
los edificios con problemas. El trabajo de las mesas desemboca en una nueva
asamblea vecinal, en la que se decide preparar para principios de diciembre
unas jornadas de lucha social, con acciones que denuncien algunos de los
problemas que se han ido analizando.
ANEXO 2 –
INSTRUMENTOS LEGALES PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS DE VIVIENDA.
Vivienda
vacía:
Una de cada tres viviendas están
vacías en Lavapiés según datos del Ayuntamiento. Tanto para
el realojo de l@s afectad@s
por operaciones de erradicación de infravivienda como para l@s afectad@s por ruina y
edificación deficiente, así como para evitar que tengan que
abandonar el barrio vecin@s que no pueden acceder a la vivienda
libre, es absolutamente necesario la creación de un importante parque de
vivienda pública. Esto solo se puede conseguir recuperando la vivienda
vacía, para lo que existen suficientes instrumentos legales. Enumeremos
algunos de ellos:
1.- Según el artículo 170 de la Ley 9/2001
del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM) el incumplimiento injustificado de
las órdenes de ejecución de obras de conservación o
rehabilitación, permite la expropiación por incumplimiento del deber
social de la propiedad. La competencia corresponde al Ayuntamiento en todos los
casos, pero también a la Comunidad de Madrid en los supuestos de
edificios catalogados o declarados de interés
histórico-artístico. (No aplicado nunca)
2.- También el
artículo 138 de la LSCM contempla entre los supuestos para la
expropiación forzosa la declaración del incumplimiento de los
deberes urbanísticos del propietario, cuando la declaración
esté motivada por el incumplimiento de los deberes de
conservación, mantenimiento y, en su caso, rehabilitación de los
inmuebles legalmente exigibles. (No aplicado nunca)
3.- El artículo 182 de la LSCM establece que tanto
la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento podrán ejercer el derecho de
tanteo y, en su caso, retracto, en las ventas de edificios que se realicen en
ámbitos sujetos a actuaciones de rehabilitación del patrimonio
con finalidad residencial (Áreas de Rehabilitación). (No
aplicado nunca)
4.- El artículo 25 de la Ley 10/1998 del
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (LPHCM), dice que la
declaración de ruina o la simple incoación del expediente de un
edificio objeto de la protección de dicha ley (catalogados),
serán causa suficiente de utilidad pública para su
expropiación forzosa. (No aplicado nunca)
5.- La Ordenanza sobre
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las
Edificaciones de febrero de 1999 (OCRERE), establece en su artículo 33
que los propietarios tendrán el deber de rehabilitar los edificios
catalogados en los niveles 1 y 2 y todos los que se encuentren en un
Área de Rehabilitación. Según el artículo 40, el
incumplimiento de las ordenes de rehabilitación permite la
expropiación del inmueble cuando resulte necesario por suponer la
rehabilitación una disminución del número de viviendas,
desalojos o cualquier otra causa que impida o dificulte la realización
de las obras. (Ninguno de los dos artículos se ha aplicado
jamás)
6.- La recaudación ejecutiva de las importantes deudas (de hasta
más de 50 millones de pesetas) que algunos caseros especuladores tienen
con el Ayuntamiento, le permitiría a éste hacerse con la
propiedad del inmueble fácilmente. (No conocemos ningún caso
en el que se haya ejecutado)
Infravivienda:
En demasiados edificios incluidos en el
programa de erradicación de la infravivienda, además de las
evidentes dificultades de gestión, se produce la paralización de
la actuación porque un propietario que no vive en el edificio y que solo
busca especular con su vivienda impide la necesaria unanimidad. Esto se produce
incluso cuando el resto de propietarios han llegado a acuerdos con la
administración, pero también existen instrumentos legales para
evitarlo:
1.- Como ya hemos dicho, el artículo 33 de la
OCRERE permite la expropiación por incumplimiento de las órdenes
de rehabilitación. (No aplicado jamás)
2.- Igualmente los artículos 138 y 170 de la LSCM
posibilitan la expropiación forzosa por incumplimiento de los deberes urbanísticos y de
la función social de la propiedad, cuando se incumplen las órdenes
de conservación o rehabilitación. (No aplicados jamás)
3.- En ambos supuestos, y según el artículo 141 de la LSCM,
los propietarios dispuestos a la actuación podrían llegar a
acuerdos con la administración, llevando a la expropiación
forzosa al propietario especulador. Estos acuerdos serían de
indemnización y realojo en vivienda pública, solo de realojo o
indemnización o, por último, de recuperación de la propiedad de su vivienda para
posteriormente acometer la rehabilitación del edificio con las
subvenciones correspondientes, según se establece en la normativa de
gestión del Área de Rehabilitación. Otra posibilidad
sería la rehabilitación pública del inmueble y la
posterior adjudicación de viviendas a l@s
vecin@s en el mismo u otro edificio. (No ha
existido hasta el momento voluntad política para intentar este tipo de
soluciones)
Propiedad vertical:
Desgraciadamente, el final de muchos
edificios de propiedad vertical es la declaración de ruina, lo que
supone la rescisión de los contratos de alquiler y el desalojo de l@s inquilin@s sin derecho a
nada, salvo cuando se producen Convenios de Realojo entre el propietario y el
Ayuntamiento o cuando la administración compra el inmueble. Pero la
expropiación del edificio sí da derecho al realojo a l@s inquilin@s. Ya hemos
mencionado los medios para proceder a la expropiación, pero queremos
señalar uno más:
1.- Según el artículo 171 de la LSCM, en la
declaración de la situación legal de ruina urbanística el
Ayuntamiento deberá pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber
de conservación. Esto es importante, ya que dicho incumplimiento permite
la expropiación del inmueble. (No aplicado jamás)
En cualquier caso, la solución
real de este problema es evitar que los edificios lleguen al estado legal de
ruina, para lo que existe numerosa legislación que dota a la
administración de instrumentos suficientes:
1.- Según el artículo 170 de la LSCM, el
incumplimiento de las órdenes de ejecución de obras de
conservación y rehabilitación habilitará a la
administración actuante para adoptar cualquiera de estas medidas:
· Ejecución
subsidiaria de las obras a costa del propietario. (Casi nunca aplicado en
obras de reparación)
· Imposición
de las sanciones previstas en la ley (de 99.831 ptas. a 4.991.580 ptas). (Raramente
impuestas y casi nunca cobradas)
· Subsidiariamente,
la administración actuante podrá declarar en situación de
ejecución por sustitución el inmueble. (Nunca aplicado)
· Expropiación
por incumplimiento de la función social de la propiedad. (Nunca
aplicado)
2.- Según el artículo 18 de la LPHCM, el
Ayuntamiento o la Consejería de Educación y Cultura
ejecutarán las obras necesarias en los edificios objetos de la ley
(catalogados), en caso de incumplimiento del deber de conservación, a
costa de los titulares del edificio y sin perjuicio de las sanciones que puedan
acordarse. (Nunca aplicado)
3.- Según los artículos 16 y 17 de la
OCRERE, en el caso de incumplimiento de las órdenes de ejecución
de obras la administración actuante podrá:
· Imponer
sanciones de hasta 150.000 ptas. (Raramente impuestas y casi nunca cobradas)
· Iniciar
expediente de sanción urbanística por el que se impondrá
la sanción que corresponda por la infracción urbanística
cometida. (Aplicado de forma escepcional)
· Ejecutar las
obras por ejecución subsidiaria con cargo al propietario. (Casi nunca
aplicado en obras de reparación)
[1] En el propio Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) la administración maneja dos conceptos de
rehabilitación:
– La Rehabilitación Preferente: se aplicaría a aquellos ambientes de la ciudad
que presentan zonas con problemas homogéneos y características
peculiares, por lo que pueden convertirse en "campo de actuación
interna mediante la actuación conjunta y coordinada de las
administraciones públicas y la iniciativa privada. En ella la
intervención se plasma a través de un conjunto de ayudas a la
rehabilitación privada de edificios e intervenciones directas en las
infraestructuras públicas.
–La Rehabilitación Integrada: se aplicaría a "entornos en los que se ha
detectado una mayor necesidad de inversión pública debido al mal
estado del caserío, el escaso poder adquisitivo de sus habitantes y la
acusada de gradación ambiental". Se plantea como meta prioritaria
favorecer los usos residenciales y económicos que dan servicio al
barrio, desarrollar posibles acciones estructurantes y obtener espacios libres
para equipamientos.
Al parecer, Lavapiés no necesitaba, según la administración, una intervención integrada: ni por el mal estado del caserío ni por el escaso poder adquisitivo de sus habitantes ni por la acusada degradación ambiental ni por la necesidad de actuaciones estructurantes ni para obtener espacios libres para equipamientos.
[2] Fue, como veremos, después del verano
de 1999 cuando comenzó a discutirse lo que terminaría siendo el
Programa de Intervención Social y Educativa (PISE) de Lavapiés.
Antes de esto, los 900 millones fueron un gol que entre técnicos de la
administración y vecin@s le colaron a los responsables
políticos.
[3] El debate que existe en la actualidad sobre el Parque de Agustín Lara no es otra cosa que la constatación evidente no solo de una absoluta carencia de participación, sino de lo que ocurre cuando se diseña una actuación sin tan siquiera informar a l@s vecin@s de en qué consiste. Los innumerables “cabreos” por las obras, la frustración y el escepticismo de los colectivos del barrio ante el futuro Centro Comunitario del Casino de la Reina y el desprecio absoluto de la administración ante su compromiso de ayudar a crearlo y un largo etcétera, son otras muestras de cómo se construye un barrio de espaldas a sus vecinos y vecinas, incluso en algunos casos nos atrevemos a decir que en su contra.
[4] En el ANEXO 2 se hace una relación detallada de estos instrumentos legales y su grado de aplicación.
[5] El Ayuntamiento se niega a poner fuentes públicas para beber porque “hay drogadictos”.
[6] Para ello fue desalojado el primer centro social autogestionado que había en el barrio, El Laboratorio, a pesar de haberse presentado un plan que facilitaba el desarrollo de los planes iniciales del Ayuntamiento y el mantenimiento, al menos en parte, de un edificio, okupado como Centro Social, que presentaba un buen estado de conservación.
[7] En la mesa participaron representantes de
los Servicios Sociales de la Junta Municipal de Centro, Servicios Sociales de
la Empresa Municipal de la Vivienda, Red de Colectivos de Lavapiés, Mesa
de Prevención de Menores (integrada por PAIDEIA, Cruz Roja, Madrid
Puerta Abierta, Cáritas, Fundación Rosalía Rendú y
Albanta), AMPA del Colegio Público Emilia Pardo Bazán, Centro
Municipal de Salud, IMEFE, Departamento de Salud Mental, Parroquia San Vicente
Paul, Hogar de la Tercera Edad de Embajadores, ATIME y educadores, mediadores y
trabajadores sociales de Centro.
[8] Los colectivos que presentaron el proyecto fueron la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE), Asociación de Emigrantes Marroquíes de España (AEME), Asociación de Vecinos “La Corrala”, Xenofilia-Lavapiés, Centro Social Okupado El Laboratorio, Asociación para la Integración de Menores PAIDEIA, Asociación de Inmigrantes de Bangladesh (AIB), Colectivo de Artistas El Lobby Feroz, Asociación de Mujeres Marroquíes AMAL, Asociación de Viandantes A PIE, SOS RACISMO, Cosas de la Luna, Alternativa Solidaria, Frente Organizado de Juventudes Africanas (FOJA), La Telaraña, Sercice Civil International (SCI), a los que se unen más tarde La Escalera Karacola, la Asociación de Inmigrantes Guineanos MALEVA, la Asociación Madrid Puerta Abierta y el AMPA del Colegio Público Emilia Pardo Bazán y cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos del Distrito Centro y con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
[9] En ella estuvieron presentes el Delegado del Gobierno,
el Defensor del Menor, los concejales de Servicios Sociales, Policía
Municipal y del Distrito Centro, la Consejera de Asuntos Sociales, la
Presidenta del Instituto del Menor y la Familia, representantes de
policía nacional y municipal y representantes de la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos, colectivos de la Red de Lavapiés
entre los que estaban la Asociación de Vecinos La Corrala y PAIDEIA,
Movimiento Contra la Intolerancia, Asociación de Comerciantes ATILA,
comerciantes chinos y marroquíes.
[10] A la reunión asistieron la Consejera de Asuntos Sociales, la Concejala de Servicios Sociales, la Concejala de Centro, la Presidenta del Instituto del Menor y la Familia, representantes de los Servicios Sociales de la Junta de Centro y de la Empresa Municipal de la Vivienda, del Defensor del Menor, de educación, de formación… Los colectivos invitados fueron la Asociación para la Integración de Menores PAIDEIA, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la Asociación de Vecinos La Corrala, Xenofilia- Lavapiés, el Movimiento Contra la Intolerancia, la Asociación de Comerciantes ATILA, Madrid Puerta Abierta, la Fundación Tomillo, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses (AISE), la Asociación de Trabajadores Marroquíes (ATIME), Cruz Roja y representantes de los comerciantes chinos.
[11] El proyecto viene resumido y comentado en varios
números del periódico Centro de Madrid.
[12] Si algo diferencia la situación social de la
inmigración de bajo nivel económico son las políticas que
impiden su regularización (algo que ni se menciona en el PISE) y la
situación a la que se ha llegado en Lavapiés en el asunto de la
vivienda a base de olvidar las obligaciones que tienen las administraciones públicas
a este respecto y dejarlo en manos de especuladores sin escrúpulos. La
gran mayoría de los inmigrantes que viven en Lavapiés lo hacen en
viviendas arrendadas, al igual que otros vecinos de bajo poder adquisitivo.
Esto hace que dependan para la rehabilitación de sus viviendas de la
voluntad de los propietarios de los edificios, ya que la intervención
pública se limita a subvencionar a aquellos que quieren rehabilitar. Ya
hemos hablado de la situación de la vivienda en Lavapiés (desde
la subida de precios a la ruina provocada, pasando por situaciones tan
perversas como la de la “cama caliente” en la que se establecen
turnos de ocho horas para dormir) y de la falta de voluntad política
para remediarlo por parte de la administración. La absoluta carencia de
viviendas sociales en el barrio que no sean para operaciones de realojo, hace
que este problema no haga más que aumentar con el tiempo. Es
especialmente grave el abuso que se comete con los inmigrantes que se
encuentran en situación irregular y a los que los propietarios les
cobran rentas elevadísimas por no poder acceder al mercado
“legal” de arrendamiento. No existe ninguna medida que persiga
estas actuaciones totalmente ilegales y fraudulentas.
[13] Evolución de la población, estructura de edades de la población total, población extranjera por edades, extranjeros menores de edad nacidos en España, población extranjera por nacionalidades, además de cuadros sobre los centros educativos del Distrito Centro, tablas de los recursos y servicios sociales del distrito y memoria de intervenciones anteriores.
[14] Hablamos de la utilización de información conseguida desde la confianza, para deportar (ellos hablan de reagrupación familiar) a chavales cuyos padres se encontraban aquí, o no habían sido contactados, provocando la huida de los centros de acogida y la imposibilidad de trabajar socialmente con ellos.