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El estado del malestar en España

 

El paro juvenil

A pesar de que el desempleo juvenil en España alcanza cotas históricas, no parece sin embargo que ello quite el sueño ni a tecnócratas ni a gobernantes. Una vez garantizada la paz social para sus negocios, lo que es más extraño es que este paro masivo de la juventud no desencadene una revuelta social más amplia. Desde la crisis económica y financiera de los años 80 el desempleo en general nunca ha bajado del 8%. En los últimos treinta años la tasa de paro española ha sido el doble de la media de los países desarrollados, incluso en las épocas de crecimiento; con ello constatamos reiteradamente que España es el país de la OCDE con mayor tasa de desempleo, por delante de Irlanda, Grecia y Portugal.

Para ver la tendencia ocupacional y de paro más reciente utilizamos los datos del 31 de diciembre de 2011. Durante este año han pasado al paro 577.000 personas, lo cual representa un 12,3% más de parados respecto a los que había a finales de 2010. La tasa de paro a finales de 2011 alcanzaba la cota del 22,85%, pero en los inmigrantes regularizados la tasa alcanzó el 34,82%. En 2011 se destruyó más del doble de empleos que en 2010, un total 600.600 puestos de trabajo, frente a los 237.800 que se perdieron en 2010. Y por sectores, el desempleo creció en la construcción un 18,80%; en la industria un 3,68%; en servicios un 1,58% y disminuyó en el sector de la agricultura, –0,49%.

El aumento del paro ha ido en paralelo con un empeoramiento de las condiciones de contratación. Aunque se realizaron más contratos que en el 2010, el peso de la contratación indefinida ha continuado a la baja y ha pasado del 11,9% del total de los firmados en el 2010 a solo un 7,7% en el 2011. En diciembre último se firmaron 1.165.465 contratos, lo que supone una reducción de 24.353 (un 2,05%) sobre el mismo mes de 2010 y del 4,3% respecto de noviembre de 2011. De ellos sólo eran indefinidos 65.678 (el 5,64% del total). Se constata el fracaso –o engaño– de las directrices gubernamentales acerca del abaratamiento del despido con el argumento de crear más empleo fijo.

Entre los jóvenes menores de 25 años, el paro subió en noviembre en 9.455 personas (1,98%) respecto a octubre, y entre los mayores de 25 años, en 50.081 (1,29%).

El total de hogares españoles es de 17.371.568. Ahora bien, el número de hogares con todos sus miembros activos[1] en paro ha aumentado en 149.800 en estos últimos meses, situándose en 1.575.200, cifra nunca alcanzada desde que se realiza este tipo de estadísticas. Los hogares en que no hay ningún miembro activo son 4.388.940. Por su parte, los hogares en los que sus miembros no perciben ningún ingreso alcanzan también niveles desconocidos hasta la fecha, situándose en 560.000; en Catalunya son 225.300 la cifra de familias que no tienen ningún ingreso, el 8,1% más que hace un año. El 40% de los parados –el 8% de la población activa– vive en hogares donde nadie trabaja, y el 49’3% de los parados actuales son de larga duración.

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Nos queremos fijar ahora en el paro juvenil en nuestro país. El paro en menores de 25 años que buscan empleo en España ha doblado al del resto de la población durante los últimos cuarenta años; en 2010, la tasa de paro juvenil alcanzó el 41,6% es decir, 2,3 veces superior a la de la población de 25 y más años; a cierre de 2010, la tasa de paro de los jóvenes de 16 a 24 años era del 42,8%, frente al 48,5% del 2011. Uno de cada dos jóvenes españoles no tiene empleo.

Hoy este paro sobrepasa ya el 50% de los jóvenes con menos de 30 años que no tienen trabajo, y los que lo tienen es de forma precaria, con contrataciones que penden de un hilo. Sus vidas están paralizadas, sin poder hacer planes de futuro ni de vida.

La probabilidad de estar parado de un individuo entre 25 y 29 años era un 4,4% inferior a la de un joven menor de 21 años durante el período 2000-2007; en 2011, la disminución de la probabilidad de encontrarse desempleados en aquellos de entre 25 y 28 años en relación con los menores de 21, alcanza el 11,6%.

Si ponemos cifras al desempleo juvenil en perspectiva histórica y las comparamos con las de otros países, vemos como el paro de los jóvenes españoles siempre aumenta muy rápidamente cuando la economía sufre un parón. Baste recordar que el desempleo de los menores de 25 años subió hasta el entorno del 45% en el tramo 1984-85 (como consecuencia de la crisis de principios de los 80) y en 1994-96 (consecuencia de la crisis de 1991-92). Por tanto, el rápido aumento del desempleo juvenil en España en respuesta a una caída del crecimiento económico no es un fenómeno nuevo sino recurrente, indicando que tiene unas causas estructurales que persisten en el tiempo.

Es cierto que en los datos históricos de la ocupación laboral dentro del sistema de acumulación del capital siempre, más o menos, el paro de los jóvenes suele doblar al de los adultos de mediana edad, mientras que en países con un alto nivel de formación, como los escandinavos, esta relación se acerca al triple. Desde los años setenta estos países han practicado un capitalismo de “rostro humano” buscando el pleno empleo, y los más beneficiados han sido los jóvenes y las mujeres a través de la creación de trabajos de alta cualificación y una alta tasa de empleo público. En 1990 éste representaba el 30% del empleo total. La crisis en estos países precisamente ha afectado a este nivel de cualificación, siendo por tanto los jóvenes los más afectados. El Estado era el mayor contratante de empleo público joven en los países nórdicos; con la relativización del estado del bienestar esto ha dejado de ser así, y hoy afecta severamente al empleo juvenil.

En la UE, el desempleo de los menores de 25 años es del 20,9% mientras el paro general alcanza al 9,9% de la población activa. Este desempleo juvenil no solo es elevado en perspectiva histórica sino también en perspectiva com-parada: durante los últimos 20 años la tasa de paro de los menores de 25 años ha multiplicado por 1,5 la de la UE de los quince, y por 3,1 la de Alemania. Ello pone en claro que la tasa española de desempleo juvenil no es particularmente alta respecto al desempleo general. Por tanto el problema no es tanto el desempleo juvenil como el elevado desempleo general y sus causas estructurales.

La tasa regional de desempleo juvenil se ha duplicado en cuatro años al pasar del 24,5% registrado a finales de 2007, al 49,57% al cierre de 2011, según los datos de la EPA. El incremento en esta franja de edad (de 16 a 25 años) ha sido casi vertiginoso en Canarias, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares, comunidades que completan el grupo de las diez regiones europeas con mayor paro juvenil. Canarias, con una tasa del 60,5%, supera a Túnez y Libia.

España fue el país de la UE que experimentó el mayor incremento de población activa (con trabajo o en su búsqueda) durante la última década: entre los años 2000 y 2010 la magnitud de la inmigración fue tal que el número de activos entre 25 y 64 años aumentó en 5,6 millones de personas (un 36,5%) hasta alcanzar los 20,9 millones. Por el contrario, la población activa menor de 25 años experimentó una disminución significativa (–452 mil personas desde 2000, un –18,1%), casi seis veces superior a la registrada en la UE15 (–3,1%). Sin embargo, este sector es el que más ha sufrido el paro.

Con estos datos haremos algunas consideraciones respecto al paro de la juventud en nuestro país.

Hemos dicho que el paro juvenil es problema en España desde hace más de veinte años. En 1988 el gobierno socialista introdujo un contrato temporal para jóvenes trabajadores que provocó, entre otras cosas, la huelga general de 1988. A partir de aquel momento han sido innumerables las reformas basadas en la flexibilización del empleo, sobre todo respecto al empleo juvenil. Sin embargo, las tasas de paro juvenil lejos de disminuir han aumentado año tras año, y cuanto más se ha flexibilizado el mercado, más paro juvenil se ha creado. Por el contrario, para el mundo empresarial, la rigidez del mercado laboral es lo que impide la contratación. A pesar de la existencia de infinidad de oficinas y empresas dedicadas a la colocación e intermediación (prestamismo regularizado), y la promulgación de muchísimas modalidades de contratos, como los de obra, de servicio, por horas, temporales con indemnizaciones de 8 días por año trabajado, contratos de becarios, de prácticas, etc., el paro general ha seguido en aumento, y el juvenil más.

Cabe recordar dos momentos cruciales en los que socialistas y populares impulsaron, en la misma dirección y con los mismos métodos, el desarrollo y el crecimiento del gran capital: la expoliación o apropiación del suelo español para una consecuente y coordinada especulación inmobiliaria. En primer lugar recordemos al gobierno socialista con la ley Boyer de abril de 1985, con la supresión de la prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos urbanos, y con la autorización para la transformación de viviendas en locales de negocio.

El segundo momento se dio con la promulgación de la ley del régimen del suelo por parte del gobierno popular en abril de 1998, con la reforma y la falacia según la cual cuanto más suelo se calificara como urbanizable, más barato sería aquél, y, en consecuencia, también lo sería la vivienda. Estos dos momentos aceleraron el proceso que llevaría al derrumbe laboral y al inicio de la etapa en la que nos encontramos ahora. En aquel momento se llegaron a crear cinco millones de empleos flexibilizándose la ley de extranjería para aumentar el ejército laboral reservista que contuviera los precios salariales ante tanta demanda; los inmigrantes ocuparon más de la mitad de los cinco millones de nuevos puestos, y se promovió el crecimiento de otros muchos en sectores derivados de la construcción. No hay duda de que en este sector se ganaba dinero, en él mismo y en sus numerosas ramificaciones. Ello constituyó un atractivo para los jóvenes que no se sentían a gusto en los estudios de secundaria y el dinero que ganaban servía para cubrir las necesidades que tenían o se creaban. Muchos jóvenes sin estudios o con niveles académicos limitados encontraron trabajo aunque fuera de baja calificación. Cuando la crisis llegó estos empleos desaparecieron, y en el sector industrial los jóvenes fueron los primeros despedidos, fundamentalmente porque tenían contratos temporales e indemnizaciones más baratas. Estos jóvenes ahora no tienen trabajo; los que pueden operan en la economía sumergida.

En España hay un índice de abandono escolar del 30,6%, superior al de los demás países UE27, de tal manera que solo Malta con el –38% y Portugal con el –34,3%, tienen datos peores en relación a sus estudios secundarios, aunque desde el hundimiento del sector de la construcción se han observado más matriculaciones escolares.

Respecto a la formación superior, el subempleo (el ocupado con una categoría que se encuentra bastante por debajo de su preparación profesional), ha sido normal en España durante las dos últimas décadas. Los universitarios empleados en ocupaciones que requieren una titulación menor, ha sido superior al 30% desde comienzos de la década de los 90, el más elevado de la UE27. A las alarmas de la OIT se une el hecho de que el paro de los titulados universitarios en España se duplicó entre 2007 y 2009 hasta alcanzar una tasa del 9,4%. En el resto de la UE el incremento fue de un punto, con un 4,8% de los licenciados y diplomados sin trabajo. La sobre-formación es todavía más relevante en los conjuntos de población más jóvenes: el porcentaje de ocupados sobre-cualificados supera el 40% en la población entre 25 y 29 años. La EPA revela que ya hay más de un millón de licenciados en paro.

Es frecuente el trabajo en negro en academias, en los puestos de becarios, los doctorados sin beca y sin remuneración que hacen muchos jóvenes titulados al ver que no pueden obtener un empleo. Un gran número de ellos, ante el mercado laboral que se les presenta, se dedican a preparar oposiciones porque ven que en la función pública van a obtener condiciones laborales mucho mejores de lo que les podría ofrecer el mercado de trabajo privado. Pero la propia realidad de la crisis está llevando a que se sobresaturen las oposiciones, creando una situación de enorme dificultad para acceder a un empleo público. Y si hablamos de un concurso-oposición, la cosa ya roza lo imposible, siendo la máxima aspiración la de estar en “bolsa” para hacer sustituciones y ganar puntos y así, en pocos años, aspirar realmente a la plaza. De todas formas, las administraciones han lanzado una moratoria según la cual no va a haber oposiciones, o van a estar restringidas durante bastantes años.

Otra característica de los jóvenes trabajadores españoles es la temporalidad de sus trabajos: en el primer trimestre de 2011, el 55,9% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 24 años que trabaja, tenía un contrato temporal, porcentaje que superaba y duplicaba la media de los países de la OCDE situada en el 24,5%. Más tarde, en agosto, el gobierno suprimió el límite para encadenar contratos temporales que hasta entonces, desde la reforma laboral del 2006, tenían un tope de dos años, lo cual significó otro paso hacia la precarización. Un tercio de los casi cuatro millones de temporales que existen tienen contratos de menos de seis meses de duración, 20.300 de un día y 118.500 menos de un mes. El número de asalariados con contrato indefinido ha disminuido en 160.600 jóvenes durante el tercer trimestre, mientras que los temporales han aumentado en 47.600, lo que parece indicar que las empresas están sustituyendo una modalidad de contratación por la otra. (Datos de octubre 2011). Como tendencia, durante 2011 la contratación indefinida de la población joven ha disminuido un 2,2% respecto a 2010.

Desde los inicios de la especulación de la vivienda, ésta se convirtió en un bien casi inasequible para los jóvenes. Ello hizo que la edad de emancipación de la familia fuera aumentando de tal manera, que si en 1977 los jóvenes emancipados de entre 20 a 34 años constituían el 44% de su población, en 2001 eran el 33%. A estas dificultades de la vivienda, se han sumado las de la actual crisis las cuales, juntas, han hecho que el 45% de los adultos españoles de entre 18 y 34 años siga viviendo en el hogar progenitor, configurando una de las tasas más altas de Europa. De manera más segmentada: el 67% de los jóvenes españoles de entre 18 y 29 años vive con sus padres. Tampoco es de desdeñar la cultura familiarista de la sociedad española que ha contribuido a este retraso en la emancipación. Las actitudes sociales promueven que la mayoría de los jóvenes no salgan del hogar familiar hasta que van a formar la propia familia.

La prolongación de la relación familiar, aunque sea no deseada, sería una explicación al porqué en España no se han constituido guetos juveniles como los que se dan por ejemplo en ciudades de Francia, Inglaterra, etc. Este ‘colchón familiar’, proporciona protección y seguridad, a la vez que al Estado le supone un enorme ahorro en dispendio social. No es de extrañar que hoy sean ensalzados una y otra vez los valores de la familia, su solidaridad, unidad, etc., o “la convivencia en el hogar funciona como un seguro de desempleo” (de un estudio elaborado por encargo de la Obra Social La Caixa).

Son de remarcar las importantes diferencias de desempleo entre las Comunidades Autónomas, y dentro de ellas, según las provincias: mientras Navarra y el País Vasco no alcanzan el 14%, Andalucía supera el 31%, y dentro de ella, Cádiz cerró el año con el 35,33%, siguiéndole Huelva con el 34,23%.

Respecto al futuro próximo, la OCDE en su último informe afirma que la tasa de paro en España en 2012 crecerá de manera acentuada y tendrá una variación todavía más negativa frente a las anteriores previsiones, acercándose al 24%, con lo cual el juvenil, que es el más sensible, sería el que más sufriría las consecuencias.

Siguiendo los pasos que señala la centralidad europea del capital, la patronal española alienta con nuevas ideas el cerco al mundo asalariado –de manera especial al más joven– como, por ejemplo, sugiriendo la creación de mini-empleos de  400 €. –paso del contrato basura al de coste casi nulo– y acentuando la idea de desligar los incrementos salariales de los del coste de la vida pero vinculándolos a la productividad y la rentabilidad empresarial.


Despilfarro y corrupción

La argucia presentada por representantes del capital español para exigir el ahorro del 8,2% del PIB para cubrir el déficit con el que ha cerrado España el 2011, es que ‘hemos’ gastado más de lo que debíamos. Afirman que para ello se deberá acometer un recorte de 38.0006 €. más para cumplir con el objetivo de reducir hasta el 4,4% el déficit en 2012. Han explicado que cada punto de déficit equivale aproximadamente a 10.0006 €. Por su parte, el gobierno catalán alega que para reducir ‘nuestro’ déficit del 3,9% del PIB del 2010 hasta el 1,3% del 2011, ha sido preciso hacer ahorros mediante recortes por un valor de 4.9006 €. durante 2011. En los últimos dos años se habrá reducido la deuda en 5.611,86 €. Cifras que marean, y sobre todo, que mienten. En el supuesto de la necesidad del dinero, sabemos quienes lo tienen y que lo tienen para hacer a su vez más dinero, en un frenesí desbocado, huida a un futuro dibujado sin imaginación. Se trata de una patología endémica. Dos cuestiones surgen de inmediato: quién y cómo se ha gastado este dinero (suponiendo que así sea), y si hay que pagarlo, ¿quién? Sólo las costumbres (rutina y sumisión), la permeabilidad (propaganda) y la enorme adaptabilidad (supervivencia y equívoco sentido de la supervivencia) de la especie humana, puede aceptar, hasta el momento, este estado social de las cosas.

Veamos de qué manera se ha empleado y se sigue haciendo uso del dinero público, y en qué magnitudes.

Banca. Los bancos españoles han utilizado desde el inicio de la crisis financiera ayudas públicas –ya sea en forma de capital o de avales para emitir deuda– que ascienden a 146.0006 €., cifra equivalente al 8,4% del PIB, según un informe oficial publicado el 1 diciembre 2011. Esta cantidad no incluye todavía las ayudas concedidas en 2011. Las cantidades de ayuda utilizadas por las entidades han ido aumentando progresivamente a medida que avanzaba la crisis, desde los 2.3306 en 2008 a los 56.7406 en 2009 y 87.1506 en 2010, según los datos de Bruselas. En total, el volumen de ayudas autorizadas para la banca española hasta ahora asciende a 336.9606, aunque sólo se han utilizado de manera efectiva la mitad.

En todo caso, el volumen de ayuda pública a la banca española todavía está por debajo de la media de la UE, que se sitúa en el 13% del PIB. El conjunto de las entidades europeas ha utilizado ayudas públicas por valor de 1,6 billones €., de las cuales 1,1 billones corresponden a avales y 409.0006 a medidas de recapitalización y tratamiento de ‘activos tóxicos’.

En España, de los 2.5006 €. autorizados para facilitar el acceso de las empresas a financiación, sólo se han utilizado 350 millones en 2010. Ahora bien, la misma banca española afirma haber obtenido 9.3006 €. de beneficios en los nueve primeros meses de 2011.

El Banco de España informó a primeros de octubre que cuatro Cajas de Ahorro españolas habían recibido 7.5516 €., poniendo así punto final a su proceso de recapitalización.

Industria del armamento. Hay aspectos en la Administración que sin ser secretos oficiales, no se airean. Nos dicen que toda la industria española está inmersa en la crisis. Casi, porque la venta de armamento a otros países, solo en el primer semestre de 2010 aumentó en un 77,7 % con respecto al año anterior. Las exportaciones de material militar alcanzaron los 1.3466 de €. en 2009, son datos oficiales de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble uso. En 2010 el total de gasto militar en España[2] fue de 18.1606 de €, lo que supone respecto al PIB, el 1,73 %, o si se quiere 506 €/día. De todas formas hay que tener en cuenta que el CNI se escuda en la ley de secretos oficiales y no facilita la liquidación final que probablemente es muy superior a la que hemos incluido. Sabemos que la variación final del gasto desviado respecto al presupuesto aprobado fue de un +15,8% en 2008 y +11,9% en 2009.

Casa Real. Conviene saber que la asignación global de la Casa del Rey no está sometida al Tribunal de Cuentas. El presupuesto de la casa real para 2010 fue de 8,66 €. a los hay que sumar, al menos, otros 5,96 para el “apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado”. Esta cantidad adicional se utiliza para pagar los sueldos de la mayor parte de los 137 empleados de la casa. Los gastos totales de la casa real, incluyendo su asignación oficial, los gastos de desplazamientos, el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, el mantenimiento de los 60 vehículos oficiales y los viajes al extranjero, se elevan a 256 €.

Cárceles. Instituciones Penitenciarias obtuvo para el año 2010 una partida de 1.241,526 €., lo que supone un incremento de 65,106 €., un 5,5 % más que en el ejercicio anterior. En 2009, mantener un preso en España costó 54,79 €. al día. La asignación para el mantenimiento del régimen penitenciario español –cuya población carcelaria tiene la ratio más alta de Europa– fue en 2010 de 3.184.558 €. al día, lo que supone  unos 50 € preso/día. Entre otras consideraciones no podemos dejar de pensar que la mayor parte de ellos vivirían, fuera de la cárcel, con estos 1.500 €. mensuales. Catalunya tiene el porcentaje más alto de funcionarios por recluso de todo el Estado español: 5.000 para 10.500 presos.

Suicidios y enfermedades mentales. Según la OMS, en el mundo occidental el suicidio es la segunda causa de muerte, tras los accidentes de tráfico, entre los 10 y 24 años. Afirma que se podría evitar el aumento de los suicidios con el rechazo a las políticas que hacen caer el sistema de previsión social, la educación, la sanidad, la cultura y el medio ambiente. El mismo Instituto Nacional de Estadística refiere que el número total de suicidios en España en 2008 fue de 3.421 personas, superando por primera vez los muertos por siniestros de tráfico (3.021). Se sabe que las cifras reales son mayores que aquéllas, puesto que muchos de aquellos sucesos se confunden con accidentes. También es notorio como en España los suicidios están aumentando y son ya la tercera causa de muerte, tras la mortalidad cardiovascular y el cáncer.

El psiquiatra Álvaro Rivera, de “San Juan de Dios. Salud Mental, Madrid”, ha constatado que las situaciones de angustia que están viviendo los españoles han multiplicado los episodios de depresión y ansiedad en los últimos cuatro años. Las personas con problemas psicológicos entre los parados representan el 34% en comparación con el 16% de los que tienen trabajo y, cuanto más se prolonga el desempleo, mayores son las consecuencias sobre la salud mental. Únicamente el 14% de estas personas tiene una pareja estable y un porcentaje muy elevado está aislado socialmente, al pesar sobre ellas “un estigma importante”. Afirma que actualmente un 9% de la población española padece una patología de estas características –un 3% de carácter grave– y, haciendo una estimación de futuro, el 19% sufrirá algún trastorno de este tipo a lo largo de su vida.

En España supone la segunda causa de baja laboral y el tercer grupo de enfermedades que genera más gasto al sistema sanitario público, en torno a unos 8.0006 €. anuales.

Gran parte del dinero público se sigue tirando a la basura, y sobre todo, a los bolsillos de muchos políticos. Unos ejemplos: Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela: 4006 €.; sólo se ha construido con este dinero la tercera parte del proyecto completo.— Tranvía de Zaragoza, con un coste de 4006 €. destinados a una única línea con planes de ampliación a dos más.— Caja Mágica, de Madrid: coste de 3006 €. (para el Open de Madrid de tenis), costó el doble de lo presupuestado.— Aeropuerto de Castellón-Costa Azahar, cuyo coste ha sido de 1506 €.; hay visitas guiadas a sus instalaciones, que no operan.— Palacio de Congresos de Oviedo, diseñado por el arquitecto Calatrava con un coste de 1436 €.— Las setas de la Encarnación, Sevilla: 1236 €., cobrados por Sacyr, con un 70% de sobrecoste y una subvención pública de 656 €. para que sea gestionado por una empresa privada durante los primeros 40 años.— Puerto deportivo de Laredo: una obra de 906 €.— Tranvía de Jaén, 746 € y 66 € anuales en su mantenimiento.— Torre del Agua, en Zaragoza, de la Expo de aquella ciudad, con un coste –solo la Torre– de 466 €: se trata de un edificio de 76 metros de altura, vacío en su interior.— Aeropuerto de Lleida-Alguaire, coste de 426 €., con una media de 50 pasajeros a la semana.— En Valencia la Generalitat pagó 156 €. al arquitecto Calatrava para diseñar un proyecto urbanístico junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que casi con toda seguridad nunca se realizará.— La Terminal-1 del aeropuerto de Barcelona ha supuesto una inversión superior a los 3.0006 €. Una partida de otros 2.0006 más se va a destinar para remodelar las Terminales A, B y C. (Cuando entre en servicio en 2013 el llamado Satélite de la Terminal 1 de Barcelona, podrá absorber 706 de pasajeros al año).—

El AVE merece un apartado propio: España es el país europeo con más kilómetros de vía para alta velocidad construidas (2.600 km., por encima de Francia y Alemania), y en construcción (2.200 km., por encima de los 378 alemanes y de los 300 franceses). Cada kilómetro de vía AVE cuesta entre 12 y 306 €. (según orografía y geología del terreno), y su mantenimiento sube a 100.000 €. por kilómetro/año, y 200.000 si es en túnel, según la Unión Internacional del Ferrocarril. Tomando como referencia la línea Madrid - Asturias, actualmente en construcción, sólo para el trazado La Robla - Gijón (112 km), Fomento baraja una inversión de “más de 3.890 millones”. El coste total de esta construcción es de 8.0966 €. Para el mantenimiento, suponemos 395 km (que son exclusivos para el ramal de Asturias) a razón de 100.000 €. y 60 Km de túnel a 200.000 €., resulta un gasto anual de 51,56 €.

El Gobierno en febrero de 2011 anunció a la UE que iba a licitar el tramo de AVE entre Olmedo (Valladolid) y Ourense por 6.5006 €., que tras la desviación presupuestaria se convirtieron en 7.7006.

En junio 2011 el servicio AVE que une Toledo con Albacete fue suprimido por su baja ocupación. Se invirtieron 3.5006 €. en este tramo que ahora funcionará con trenes ordinarios.  Sólo la estación nueva de Albacete costó 486 €.

Sin embargo la partida en los presupuestos de 2011 de la red de alta velocidad es la menos afectada por los ajustes. Fueron destinados 5.1876 €., el 73% de la cuantía total para ferrocarriles y su descenso escasamente llega a un 4% con respecto al presupuesto de 2010.

Iglesia católica. En la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, el gobierno, en nombre de haber asistido siempre históricamente a la Iglesia, renovaba el compromiso del Estado de contribuir a su adecuado sostenimiento económico, pero de forma transitoria, y respetando de forma absoluta el principio de libertad religiosa. Sin embargo no ha dado ningún paso en esta dirección. En abril de 2009 el gobierno elaboró un proyecto para modificar la orden que eximía a la Iglesia Católica del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Las obras en los edificios religiosos están exentas de abonar este suplemento municipal, que no supera el 4% de la base imponible (el presupuesto de la obra). En la práctica, sin embargo, la Iglesia sigue sin pagar estos impuestos. A ello hay que añadir las exenciones fiscales/tributarias que, pese a lo que dice la ley, aún mantiene la institución.

En 2009, el Estado español entregó a esta iglesia más de 6.0006 €. para su financiación. Año tras año se repite la donación. Sólo en centros escolares, se ceden más de 3.5006, más otros 600 destinados a pagar a los profesores de religión u otros enseñantes en centros concertados. La declaración de la renta reportó a los católicos 2416 el año 2009. Por si no bastara, las donaciones a la Iglesia desgravan un 25% del IRPF (personas físicas), y un 35% del Impuesto de sociedades (personas jurídicas). Pero el Estado devuelve a los fieles, y por tanto aporta, el 25% (o el 35%) de esa cantidad. Esto supone 716 €.

Algo más de 606 €. costó la visita del Papa a Valencia en 2006. La visita a Madrid en agosto de 2011 supuso un gasto equivalente al recorte en educación realizado por aquella Comunidad mediante la Ley de Medidas Urgentes, un total de 406 €. según estimaciones de la propia Consejería.

La CE ha emitido repetidas críticas desde los años 90 a los privilegios fiscales de que goza la Iglesia Católica en España. Las denuncias más airadas se produjeron en 2004 y 2005 en relación a la exención del pago de la tasa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La UE exigió la aplicación del IVA a la Iglesia. El Gobierno y la Conferencia Episcopal acordaron en 2006 la renuncia de la Iglesia a la exención del IVA en las operaciones comerciales, que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente. Sin embargo la institución se sirve de mil vericuetos para eximirse de este pago, sin que tenga que esforzarse mucho dada la permisividad de la hacienda española para con ella. Además, se mantiene la exención en la renta, el patrimonio, IBI, sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales. La exención de estos impuestos le supone un ahorro a la Iglesia de 7506 €., que son otra contribución más del Estado. La donación de solares tampoco es una rareza: en Valencia se han cedido diez parcelas en la última década.

La Iglesia recibe por otra parte ayudas directas para el sostenimiento de su patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas y cerca de mil monasterios. Decenas de millares son sus templos. Las administraciones públicas en 2005 gastaron 2006 €. para obras de conservación o reforma.

Impuesto de sucesiones y donaciones. Una de las primeras decisiones del gobierno catalán de Artur Mas fue el de proceder a la supresión del impuesto de sucesiones –el que afecta a las herencias– para los familiares próximos o de primer grado (entre padres e hijos y abuelos y nietos). La medida supone una merma de recaudación de 1306 €. Mas ha asegurado que, con esta medida, Catalunya será la comunidad autónoma donde se pagará menos en concepto del impuesto de Sucesiones. Las de tercer grado (tíos, sobrinos, primos...) quedarán como las dejó la reforma del tripartito aprobada en 2009. En Catalunya se bonificará hasta el 99% de la cuota tributaria. El Gobierno no quiso poner fin, en cambio, a las discriminaciones en el impuesto de donaciones. La medida beneficiará sobre todo al medio millar de contribuyentes de esos dos grupos que todavía pagaban este impuesto al tener un patrimonio superior al millón de euros. En 2010, con la reforma anterior del tripartito, la Generalitat preveía recaudar 712,16 €. Ahora serán 156,26.

Evasión de capitales. España ocupa el octavo puesto en el ranking mundial del PIB, y ello va aparejado con la evasión de impuestos de las personas jurídicas y de las particulares. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa estima en unos 80.0006 €. la cantidad que cada año es trasladada desde España a los paraísos fiscales.

El 82% de las empresas del Ibex (que cotizan en Bolsa) acude a paraísos fiscales (Repsol YPF, Grupo Santander, BBVA, Ferrovial, Gas Natural, ACS, Abengoa, Abertis, Inditex, Banco Sabadell, Telefónica… etc., etc.). Nadie lo impide. Cada vez son más, según el informe del Observatorio, dado que en 2007 la presencia en los paraísos fiscales representaba el 69% del Ibex 35. En el trienio de la crisis económica han aumentado, precisamente en casi un 19%, las empresas que han decidido instalarse en esas zonas opacas a las haciendas.

El Observatorio afirma que «mientras las inversiones de las empresas del Ibex 35 en paraísos fiscales han experimentado un crecimiento vertiginoso –entre enero y setiembre de 2010 ha sido el doble que en todo 2009–, la recaudación por el Impuesto de Sociedades se desplomó un 55% entre 2007 y 2009, y recuerda que «las grandes empresas se benefician de deducciones y exenciones, con lo que en la práctica sólo pagan el 10% de media sobre los beneficios en el Impuesto de Sociedades». Estas empresas «subieron el sueldo en un 15,5% a los consejeros, con una media de 602.000 € más que en 2008.

Es decir, que el Estado como institución es sumamente corrupto, inepto y letal. Si a él unimos algo que le es intrínseco como son los poderes económicos, tenemos lo que ahora vemos y vivimos. Sin querer ser tremendistas, creemos que se vislumbra un escenario dantesco en un futuro próximo. Más de dos millones y medio de personas están a las puertas de la beneficencia, la caridad y la solidaridad familiar o vecinal. Y cuando vemos la orientación, las propuestas, el lenguaje soez y los propósitos de los estrategas, pensamos –a menos que se dé una contundente y pertinaz reacción social– en un derrumbe y aplastamiento de nuestras sociedades. Quizás, por desgracia, de nuevo constataríamos lo que Walter Benjamin dejó escrito, a propósito de los totalitarismos, para la Europa de los años 30, que el fascista no es sino un liberal dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias del liberalismo.

Se ha proclamado hasta la saciedad que todo lo que se hiciera contra este orden establecido no era más que atentar a los cimientos de la civilización y a los pilares del Estado de derecho, etc. Hoy, quizás más que nunca, queda patente que solo rompiendo este orden se podrá generar otra sociedad. Envalentonados los Estados europeos ante la pasividad y la condescendencia social, identificados aquéllos con los supremos poderes financieros, conforman una alianza fuerte y despótica en su brutalidad sobre las masas. Imposibilitados de hacer una tercera guerra mundial de tipo convencional optan por una masacre generacional y cultural; millones de proletarios sobramos –eufemísticamente productores, especialistas, empleados, vendedores, informáticos, parados, jubilados, etc. ¿Qué hacer con ellos? la marginación social, que es un linde en el proceso de la precarización.

Tras la Segunda guerra mundial y el consecuente final de la gran crisis, los triunfadores se prodigaron en las promesas –hechas sobre los sesenta millones de tumbas– de que jamás habría otra guerra como aquella; que todos los gobiernos velarían por la primacía de la paz y el bienestar de los pueblos. La guerra había sepultado, entre muchas cosas, las revueltas y las luchas sociales que intentaban evitar, también, la hecatombe que luego vendría. En 1948 se promulgaron derechos humanos para todos. Casi setenta años después el capital internacional preside de nuevo la humillación de la mayor parte de población de los pueblos de Europa.

                                                        Etcétera, febrero, 2012

 

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Käthe Kollwitz: Niños hambrientos

 

 

 

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[1] La población activa hace referencia a las personas de 16 o más años que están trabajando o dispuestas y en condiciones de hacerlo. Se subdivide en ocupados y parados. La EPA (Encuesta de Población activa, elaborada por el INE), considera como parados a los buscadores de empleo disponibles, aunque no necesariamente tengan que estar inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes.

La tasa de paro es el cociente entre el número de parados y el de activos.

[2]  Este análisis del gasto militar pertenece a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el Instituto que analiza los aspectos militares mundiales. Los criterios son: gasto de las fuerzas armadas; gasto del personal civil o militar con cargo al Ministerio de Defensa; gasto de funcionamiento de los programas militares incluidos los espaciales; gasto de las organizaciones paramilitares; gasto en I+D e inversiones en armas, infraestructuras e instalaciones militares; pensiones y seguridad social del personal civil o militar del Ministerio de Defensa; la ayuda militar y la participación en organismos o misiones militares al exterior.