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Francia:

En el trasfondo de las manifestaciones contra la reforma de las jubilaciones, un “hartazgo” contra las políticas y la política, o mejor, contra el propio sistema capitalista

 

El sistema de jubilaciones francés

En Francia, desde hace medio siglo, cualquier persona haya o no trabajado tiene derecho a percibir, hoy en día al cumplir los 65 años, una pensión mínima de jubilación independientemente de los recursos generados por otros conceptos, pensión que puede verse completada por distintas modalidades según el estado de salud, la existencia de hijos, etc. Además, si no se llega a un mínimo de recursos, esta pensión mínima puede verse complementada con ayudas al pago del alquiler, a los transportes y, de manera eventual y en el ámbito local, con otras ventajas financieras.

Todos los que han trabajado la mayor parte de su vida adulta llegan a esta edad de  jubilación con una pensión superior a este mínimo. Todas las clases sociales tienen derecho a ello incluidos los no asalariados ya que el derecho a una pensión es una obligación legal (las más de las veces, de  contractual a legal). Sin embargo, esta generalización esconde una multiplicidad de situaciones. Si dejamos de lado los no asalariados que dependen de una legislación propia y de organismos de gestión independientes del Estado que recaptan las cotizaciones y aseguran la gestión de las  pensiones a unas determinadas categorías de no asalariados, los sistemas de pensiones de jubilación para los asalariados es extremadamente diverso. Cualquier asalariado, según su empleo, puede depender:

-     del régimen general (en la práctica todos los asalariados del sector privado que dependen de la “Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse de la Sécurité Sociale) cuyas prestaciones se  complementan con los regímenes complementarios obligatorios propios a cada sector de actividad económica.  Para un asalariado que haya trabajado de los 20 a los 60 años representan, en la actualidad, alrededor del 70% de su salario.

-     Los funcionarios del Estado (entre los que se incluyen el conjunto de los enseñantes) cuyas pensiones específicas las paga el Estado.

-     Los “regímenes especiales” de asalariados, cuyas condiciones son, generalmente más favorables que el régimen general y que afectan tanto a los agentes de los colectivos territoriales como a los trabajadores de las actividades económicas estratégicas, (minería, energía, transportes ferroviarios nacionalizados en el pasado) o algunas actividades concretas (por ejemplo los teatros nacionales o los secretarios de notaría).

Los marcos jurídico y financiero del régimen general los fija el Estado, pero su gestión es independiente del mismo y es administrada de manera paritaria por los sindicatos patronales y obreros (al principio era un proceso electivo pero se ha burocratizado bajo la forma de prebendas sindicales); respecto a las cajas de jubilaciones complementarias o de regímenes especiales, las normas de gestión dependen de acuerdos colectivos de ramo y su administración forma parte también, ya sea de manera electiva o burocrática, de las prebendas sindicales. En principio, la gestión de la mayor parte de las cajas de pensiones de jubilación de régimen general o de los regímenes especiales o complementarios se realiza mediante reparto o sea, que las cuotas de las cotizaciones que se reparten entre los empresarios y asalariados sirven para pagar las actuales pensiones, todas estas cajas están obligadas a colocar sus excedentes (provisiones) en el mercado financiero (a menudo con la perspectiva de futuras privatizaciones), también se ha obligado a los regímenes especiales, que funcionan como el de los funcionarios (o sea realizado directamente por el empresario) a crear cajas diferentes que funcionan como el resto de cajas de jubilación.

 

La reducción general del coste del trabajo

Este tecnicismo forma parte de un ataque general y antiguo hacia estos regímenes especiales que estuvieron en el pasado –y lo continúan estando– en el centro de las protestas sobre las jubilaciones; es un aspecto importante de esta lucha dado que los beneficiarios de los regímenes especiales (principalmente energía y transportes) trabajan en sectores claves de la economía que, con su acción, pueden paralizar toda la actividad económica del país. Recordemos las huelgas memorables de 1953 y de 1995 que obligaron a los gobiernos a dejar sin efecto los proyectos de reforma de estos regímenes especiales.

Es cierto que estos regímenes ofrecían garantías superiores a las del régimen general y que los sucesivos gobiernos utilizaron este hecho para intentar, en nombre del principio de igualdad, incluir estos regímenes, al igual que el de los funcionarios, en el régimen general. De hecho, estos intentos no tenían ninguna intención moralizante, sino que más bien eran una pantalla de la tendencia general del capital para con las sociedades de seguros para llevar acabo la reducción de las prestaciones legales en vista a reducir todos los complementos salariales y la financiación del conjunto de los regímenes de jubilación. La situación extremadamente compleja de este tema tal como acabamos de exponer, debida no solo a la reacción de los asalariados afectados sino también a la enorme cantidad de intereses que se mezclan, económicos (la patronal buscando reducir sus propias contribuciones y los medios financieros intentando captar las imposiciones de los particulares), sindicales (el tema de las jubilaciones no es sino un elemento dentro del contexto del cuestionamiento de la función de los sindicatos dentro del sistema general de mediación en la gestión de la fuerza de trabajo) y políticos (el gobierno actual hace de la reforma de las jubilaciones uno de los puntos clave de su “política de cambio” aunque se halle en una inverosímil maraña de manipulación y corrupción).

Lo que se ha dado en llamar “el ataque a las jubilaciones” no es sino la versión francesa de la tendencia mundial –para remediar la disminución global de la tasa de ganancia–- de aumentar la productividad del trabajo en todos los sectores y, a la vez, reducir los costes de la fuerza de trabajo. Este ataque global y mundial se desarrolla en el contexto de una competencia capitalista exacerbada  entre las multinacionales y los Estados de las que todavía son los sustentos principalmente en lo referente a las manipulaciones monetarias. 

 A nivel de la Unión Europea, esta presión se manifiesta desde hace tiempo mediante las deslocalizaciones de los centros de producción hacia países, incluso europeos, con costes laborales más bajos y casi inexistentes cargas sociales, lo que, por un lado, ha comportado una modificación de las condiciones de explotación (disminución de los salarios, de las garantías sociales anexas, aumento de la precariedad) y por otro reestructuraciones en los circuitos de producción y de distribución. Desde hace dos años estas tendencias se han visto acentuadas por la crisis. Por otro lado, y con el objetivo de ayudar a las empresas a mantener su competitividad, las exenciones, bajo distintas formas, de las cargas sociales o fiscales han contribuido, en Francia, al abaratamiento de los costes de producción. El conjunto de estos factores impuestos directa o indirectamente por la crisis del capital, han provocado que los ingresos del conjunto de los organismos que atienden las prestaciones sociales hayan experimentado un aumento  del déficit debido a la disminución de los ingresos mientras crecían los gastos. Este hecho era particularmente evidente en los organismos gestores de las pensiones de jubilación, que se veía agravada por el hecho del alargamiento de la vida. Pero además, en los regímenes especiales que afectan a grupos cerrados de empresas nacionales, la evolución económica y la política de subcontrataciones provocan una disminución de los activos mientras crece el número de jubilados, este desequilibrio es todavía más patente: por ejemplo, en Francia ya no hay prácticamente minas porque, debido a motivos de coste competitivo mundial, se cerraron todas las minas mientras que muchos ex mineros continúan cobrando sus pensiones de la caja que gestiona este régimen especial; otro ejemplo nos lo proporciona la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) que ha eliminado muchos de sus efectivos a través de la subcontratación y la contratación de obreros fuera de convenio por lo que la caja de las pensiones sufre un  aumento del número de pensionistas mientras disminuyen los ingresos sobre los salarios. Todos estos organismos, pertenezcan al régimen general o a los regímenes especiales, no tienen otra opción para financiar su déficit que llamar a la puerta del Estado o acudir al préstamo, lo que a su vez incrementa la deuda global del Estado. A la presión económica originada por la competencia exacerbada por la crisis, se añade la presión en el seno de la Unión Europea que, para mantener la estabilidad de la moneda, el euro, impone una reducción de la deuda pública a los Estados de la Comunidad: lo que comporta la reducción, en Francia como en el resto de los otros Estados, de los gastos del Estado y en primer lugar, la partida destinada a la deuda social, de la que una gran parte corresponde al sistema de pensiones.

A esto se añade otro proceso indirecto que es el del capital en su conjunto que busca expandirse en otros sectores –definidos de manera global como servicios públicos– para intentar, a la vez, nuevas fuentes de financiación y de beneficio: las restricciones en este ámbito llevarían a los que pueden permitírselo, buscar en el sector financiero privado el mantenimiento de un cierto nivel de pensión.

 

Un ataque sistemático contra el salario diferido

Es cierto que la prolongación de la duración de la vida es un factor esencial en el problema de las jubilaciones (en Francia, la esperanza de vida ha pasado, en promedio, de 66 años en 1950 a 80 años en 2010), mientras que al mismo tiempo y debido a diversos factores, la reducción de la vida de explotación por el trabajo ha disminuido 8 años; de tal manera que en 2010 hay 1,5 trabajador activo por un jubilado. Esta situación se halla presente, sea cual sea el sistema de financiación de las pensiones de jubilación, ya que todos los sistemas se apoyan sobre las mismas bases técnicas. El problema central es, principalmente, financiero y se plantea de igual manera independientemente del sistema que se utilice: quién pagará el servicio de las pensiones de jubilación. El trabajo o el capital: en qué lugar colocamos el cursor en el reparto de la plusvalía. No se trata de un obstáculo insuperable, especialmente si tenemos en cuenta la acumulación de plusvalía debido al considerable aumento de la productividad del trabajo en el período que nos ocupa. Algunas encuestas recientes realizadas a asalariados han mostrado que una mayoría de trabajadores estaban tan hartos del trabajo que, para mantener las actuales condiciones de jubilación, preferían, o bien un aumento de las propias cotizaciones, o bien jubilarse con una pensión reducida. Pero estas soluciones, que conllevarían una contribución de los asalariados, no encajan en absoluto en la tendencia general de reducir la parte de plusvalía destinada a los obreros en beneficio del capital; se enfrentan a un enorme rechazo tanto por parte de la patronal como del gobierno y no son tenidas en cuenta por ninguna de las organizaciones sindicales. Las únicas soluciones financieras posibles consistirían en aumentar las deducciones fiscales no vinculadas al trabajo, ya realizadas únicamente sobre los ingresos de los asalariados sin afectar a las empresas o sea, aumentando la extracción sobre la parte de plusvalía procedente del sector productivo y repartida en el conjunto de  costes de funcionamiento del sistema capitalista.

Lo esencial en el presente debate sobre la reforma de los sistemas de jubilación tiene que ver, casi únicamente, con consideraciones técnicas. Este es el terreno escogido por el capital: las presentes discusiones y las reivindicaciones de las organizaciones sindicales no plantean el problema global sino solamente detalles técnicos cuya mezcla produce una enorme confusión. Pero, a parte los cálculos individuales de los que están cerca de la jubilación, nadie puede prever con certeza qué le depara el futuro, a no ser el convencimiento de que deberá trabajar más tiempo para obtener una pensión de jubilación inferior a las expectativas anteriores. Es imposible, en el marco de este artículo, desarrollar todas las manipulaciones a que dan pie todos estos datos técnicos; vamos a presentar aquí solo su situación actual:

- la edad donde encontramos ya una confusión entre edad legal mínima para la jubilación (65 años que pasará a 67 años para tener derecho a una jubilación plena y completa) y la edad posible de jubilación (bajo algunas condiciones, especialmente para jubilación reducida, 60 años, que pasará a  62 años).

- los años de trabajo asalariado, o sea, años de contribución que se calculan según el número de trimestres que dan derecho a la pensión de jubilación plena y completa y sino, reducida de manera proporcional. De los 150 trimestres (37,5 años), esta duración va aumentando de manera regular y en la actualidad se halla por encima de los 40 años.

- El salario base tomado como base de cálculo de la pensión de jubilación: ha ido variando y en la actualidad se sitúa en el promedio del salario de los 20 “mejores” años, lo que representa una regresión respecto a épocas anteriores y que por el momento no se puede tocar.

Estos proyectos, que en la actualidad se están discutiendo en el Parlamento, afectan solo al régimen general, pero se pueden prever modificaciones en las jubilaciones de los funcionarios y  homologaciones de los regímenes especiales con las disposiciones del régimen general.

Lo que podemos retener de toda esta exposición, es que el capital y el gobierno manipulan hábilmente la complejidad de los sistemas de jubilación en todas sus variantes, evitando los errores de ataques frontales que, en el pasado, habían provocado fuertes movimientos de lucha que les obligaron a dar marcha atrás en algunos puntos concretos. Parece difícil llevar a término una unidad de lucha sobre esta cuestión debido a la multiplicidad de situaciones individuales.

 

Quiénes son los que se oponen a las actuales reformas del sistema de pensiones de jubilación

Antes de continuar, es preciso decir algo sobre las estructuras sindicales en Francia. Se  caracterizan por:

-     una importante protección legal que les garantiza una actividad protegida en el interior de las empresas, una participación en numerosos organismos obligatorios, a menudo electivos, tanto en el seno de las empresas (comités de empresa, delegados de personal) como en una multitud de organismos paritarios (que incluyen la gestión de la mayoría de beneficios sociales, enfermedad, jubilación, formación profesional, juzgados de lo laboral) o de organismos consultivos nacionales (Consejo Económico). A parte, y considerado como prebendas legales, pueden también recibir diversas formas de subvenciones del Estado o de los entes locales.

-     Un muy reducido número de afiliados (de manera global, menos de 10% de la población activa y casi inexistente en algunos sectores como los de la distribución o el de las pequeñas empresas) lo que convierte a su funcionamiento y a su política en prisioneros de sus privilegios y protecciones legales.

-     Un pluralismo sindical (no menos de siete confederaciones nacionales “reconocidas”, o sea, beneficiándose de los distintos grados de protecciones legales) que, por un lado conlleva una carga en la gestión de las empresas en todos sus órganos de gestión de la fuerza de trabajo, carga de la  que el capital quisiera desprenderse, y por otro lado una competencia que no favorece en nada la formación de movimientos unitarios.

 

En la actualidad se está llevando a cabo una reforma y distintos  planteamientos en el seno de este paisaje sindical típicamente francés y es también una parte de lo que subyace sin explicitarse en los enfrentamientos alrededor del tema de la jubilación.

A parte de las negociaciones gobierno-sindicatos y de los movimientos contra la reforma de las jubilaciones, no existe en la actualidad ningún movimiento independiente de resistencia: las organizaciones sindicales son los únicos intermediarios con el gobierno y las manifestaciones, incluyendo las “jornadas de acción” y también las huelgas generales de un día contra la reforma de las jubilaciones, las organizan conjunta o separadamente dichas organizaciones sindicales.

Ante este panorama de la lucha de clases que pondrían de relieve estas distintas acciones, uno no puede más que sorprenderse por la enorme distancia existente entre las huelgas puntuales violentas más o menos salvajes de los dos últimos años de trabajadores despedidos (ocupaciones, secuestros de directivos, destrucción o sustracción de material, amenazas con hacer saltar la fábrica, etc…) y la modestia de medios utilizados contra esta reforma de las jubilaciones.

 

Un tren puede no dejar ver  a otro: las manifestaciones contra las jubilaciones esconden un incremento de las resistencias contra la ofensiva global del capital

En Francia existe una especie de culto o de rutina de la manifestación que es más un acto de presión política que la expresión de una acción directa de clase. Un arma en manos de los sindicatos ya que son prácticamente los únicos que pueden organizarlas de manera significativa a nivel de toda Francia.

El gobierno y las organizaciones sindicales se enfrentan respecto al número de manifestantes como si fuera una especie de termómetro de la tensión social y confiriera más peso a los dirigentes sindicales en su diálogo con el poder. Pero no hay que hacerse ilusiones respecto a este número. Generalmente se encuadra en una “jornada de acción” que no es obligatoriamente una huelga, pero deja margen a las secciones sindicales de empresa para organizar la protesta a nivel de la empresa. El número puede venir dado no tanto por la participación activa de un número importante de trabajadores: es de sobras conocido que las organizaciones sindicales pueden, si lo juzgan necesario para esta presión política, “movilizar” todos aquellos que, en la empresa, tienen derecho a disponer legalmente de tiempo “no productivo” pagado incluso fuera de la empresa; una fábrica mediana de unos 1.000 trabajadores puede “movilizar” de esta manera unos cuarenta “representantes sindicales” entre todos los sindicatos. Eventualmente hay que contabilizar también algunos adeptos a los que los horarios en equipos o los ajustes de la ley de las 35 horas permiten, de esta manera, manifestarse sin perder el salario.1

La manifestación es un sustituto de la huelga pero sólo con carácter político, sin ninguna afirmación social en términos de lucha de clases.

Sin embargo, debemos considerar este problema de las manifestaciones bajo otro aspecto. Si para las organizaciones sindicales representan la forma de canalizar un movimiento y eventualmente asfixiarlo mediante la repetición, llevándolo a la desafección y a la muerte, pueden, sin embargo, tener un efecto contrario: una participación mayor de la prevista y la naturaleza misma de estas acciones puede ser la expresión de una corriente más profunda y más general que va más allá del objeto aparente de las reivindicaciones planteadas por las organizaciones sindicales.

Es lo que sucedió en la última manifestación del 7 de septiembre que se quería que fuera parecida a las anteriores contra la jubilación. No solo la de Paris reunió muchos más participantes que las anteriores (es difícil dar una cifra, pero varios centenares de miles) sino que estas acciones se realizaron simultáneamente en numerosas ciudades de provincia reagrupando, a veces, a más participantes que la totalidad de asalariados de la ciudad. Esta característica nos demuestra que la protesta contra la reforma del sistema de jubilación contiene otro elemento más general que este punto específico: traduce un amplio movimiento de descontento social que no puede expresarse debido a los particularismos a los que hemos aludido, pero que aprovecha esta oportunidad para salir a la luz del día.

La unidad de las organizaciones sindicales en la convocatoria de las manifestaciones pone de relieve, además, la amplitud de esta corriente subterránea de descontento social. La dificultad que tuvieron para dar continuidad a esta manifestación del 7 de septiembre pone en evidencia el temor que sienten de hallarse ante un movimiento muy amplio que supere su capacidad de control. Algunos dirigentes sindicales han manifestado abiertamente este temor y lo que tienen previsto, mientras dure la discusión del proyecto de reforma en el Parlamento, manifestaciones dispersas y una nueva jornada el 23 de septiembre idéntica en su espíritu a la anterior, demuestra que no tienen en absoluto la intención de llevar a cabo una acción de gran alcance sabiendo que, al final, la reforma será aprobada y que su juego político con el poder solo les permitirá reivindicar algunos arreglos de detalle. Su actual función efectiva, objetiva o no, está en la línea de la función sindical: ser los agentes eficientes de lo que precisa el capital para resolver los problemas de permanencia y, eventualmente, ejercer de perros guardianes del proletariado.

En octubre les siguieron otras cuatro jornadas de huelga-manifestaciones de ámbito nacional y están previstas otras en noviembre, en algunas ocasiones con solo unos días de intervalo. Mientras que habitualmente estas repeticiones se llevan a cabo para conducir al desánimo, esta vez por el contrario, reunieron el mismo número importante de participantes en una misma proporción en todo el territorio francés. Es precisamente esta característica que da cuenta de una determinación de base de no abandonar la lucha que prácticamente obliga por un lado a mantener la unidad intersindical y por otra, organizar este mínimo de lucha contra la reforma.

Pero al mismo tiempo y de manera paralela se desarrollaron una serie de diversas iniciativas provenientes ya sea de la base sindical o de iniciativas individuales o de distintos colectivos así como de federaciones sindicales opuestas a la política reformista de los sindicatos y de la organización del movimiento. Estas iniciativas se presentan de dos maneras: por un lado huelgas de larga duración y,  por otra, participaciones locales en acciones puntuales o de apoyo a los piquetes de huelga. Las huelgas pueden limitarse a sectores bien precisos: los portuarios de Marsella, los basureros de esta misma ciudad, las refinerías de petróleo y el bloqueo de los depósitos de combustible, sectores en los que la huelga es total. Por el contrario, aunque se han convocado huelgas intermitentes en el sector del transporte (SNCF y transporte urbano), sólo afectan a un número limitado de participantes y no causan serias perturbaciones en estos sectores.

En la actualidad, el bloqueo del sector petrolero afecta muy seriamente el aprovisionamiento en algunas partes del territorio y como consecuencia toda la actividad económica. La reacción del gobierno ha sido la de dispersar por la fuerza los piquetes de huelga y utilizar los medios jurídicos de que dispone para reducir al mínimo el bloqueo de la distribución. Estas operaciones han desencadenado una solidaridad activa que refuerza las operaciones de bloqueo y se extiende por la red de carreteras.

La semana pasada, se desarrolló también en toda Francia un movimiento de huelga de los alumnos de las escuelas secundarias y una parte de las universidades. Ha sido en el marco de este movimiento, que afecta también a los jóvenes de los suburbios, donde han tenido lugar los enfrentamientos más violentos con la policía. Este movimiento que en parte se ha desarrollado en forma de bloqueo de carreteras, ha producido una especie de confluencia con los bloqueos provocados por la huelga de las refinerías u otras huelgas o también por las jornadas de acción sindical.

El conjunto del movimiento, en su origen y todavía formalmente contra la reforma de la jubilación, se convierte así en la expresión directa de una protesta dirigida más contra el gobierno que contra el sistema capitalista en su actual crisis (aunque sea realmente difícil caracterizarlo ya que presenta, incluso en su concreción, una enorme confusión). Lo que sucede en la actualidad no se puede en absoluto comparar, por ejemplo, con mayo del 68 o con otros movimientos de conjunto más recientes. La economía, de momento, continúa funcionando sin dificultades aparentes. A parte de los sectores que hemos evocado, ninguno de los sectores claves se halla en huelga o lo está de manera muy limitada. La incógnita sobre lo que puede suceder se apoya sobre distintos puntos: la vacaciones escolares, la votación de la reforma prácticamente asegurada dentro de algunos días que llevará a que algunos sindicatos abandonen la intersindical, la evolución de esta fusión entre corrientes de lucha hacia un amplio movimiento de protesta social que escape al control político-sindical.

Henri Simon, París, octubre de 2010.

 

 

1. Lo que se llama “las huelgas RTT” es el resultado de la aplicación de la ley de las 35 horas semanales que permite al trabajador acumular días de descanso pagados que puede utilizar a lo largo del año, sobretodo para participar en una manifestación durante las horas de trabajo sin pérdida de salario.




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