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Etcetera 46, Enero 2010

 

 

Criminalización de la precariedad y la pobreza

Si atendemos a las cifras que hoy se nos ofrecen de la población carcelaria española podríamos hacer una lectura que nos llevaría a creer que su vertiginoso crecimiento va aparejado con el de la crisis económica del capital; si en el año 1990 _expansión y crecimiento espectacular de la Banca, construcción, hostelería, etc._ la población penal era de 33.000 personas, es decir, un 0,82 ‰ de la población española, en el año 2000 era de 45.300, con un 1,11 ‰; y actualmente son 76.400 los que se hacinan en las cárceles, cantidad equivalente al 1,66 ‰ de la población. El 34 por ciento del contingente carcelario es de origen extranjero. España, el país con la tasa más alta de paro de la UE es también la que posee la población carcelaria más elevada, en términos relativos, de la Unión.

A falta de datos más actuales, sabemos que un total de 118 reclusos se suicidaron en los centros de Instituciones Penitenciarias _lo que excluye a los situados en Catalunya_ entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de octubre de 2004, y otros 379 lo intentaron. En 2002 fueron 25 los presos que se quitaron la vida, 28 lo hicieron en 2003, y 40 en el 2004, año en que además otros 40 murieron por drogas y 31 perdieron la vida por el SIDA frente a los 66 que lo hicieron por causas naturales. El índice de suicidios en las cárceles españoles es ocho veces superior al de la media nacional extra-carcelaria.

Como en tantas cosas, los Estados Unidos siguen siendo el referente mundial, y si lo es del capital, también lo es en las estadísticas carcelarias que nos indican como en 25 años se ha cuadruplicado su población; hoy la cifra de los presos en USA es de 2.310.000 personas, lo que representa casi 800 presos por cada 100.000 habitantes, ocho veces más que en Francia, Italia o Alemania. Con un 5 % de la población mundial, posee el 25 % de los presos del mundo. En USA a finales de 2008, una de cada 30 personas de entre 20 y 34 años se encontraba en prisión. En la población negra, la proporción es uno de cada nueve. A esta cifra, hay que añadir los 5 millones 100 mil ciudadanos que se encuentran en libertad bajo fianza, bajo palabra o dentro de algún programa de reinserción. Las administraciones penitenciarias se han convertido en el tercer empleador del país con más de 600.000 funcionarios, apenas por debajo de la primera empresa del mundo por su volumen de negocios, _al menos hasta hace poco la General Motors_, y el gigante de la distribución Wal-Mart.

De las muchas consideraciones que podemos hacer, una primera salta a la vista: el desprecio absoluto de las autoridades y jerarquías hacia este sector de la sociedad, desprecio que contiene altas dosis de anomalías mentales. Vista esta aversión hacia un segmento tan numeroso de la población, podemos inferir que poco les importa a los actuales gobernantes y a sus aspirantes, dirigentes muchos de ellos de nuestros partidos políticos, la solidaridad con el resto de la sociedad no carcelaria. Les interesamos como sujetos para uso y consumo de sus valores económicos y políticos.

En el ordenamiento de la sociedad el ciudadano está sometido, entre otras, a una progresiva vigilancia electrónica como son las escuchas de telefonía, el control de lugares y personas visitados vía internet, la proliferación continua de cámaras de vigilancia en todas las ciudades, la colocación de dispositivos GPS escondidos en coches o bolsos y mochilas, la identificación de las personas mediante el iris de los ojos, la creación de ficheros del ADN de determinados grupos sociales, el rastreo a través de las tarjetas bancarias, etc., es decir, una opresión permanente que acaba generando un temor el cual a su vez está vinculado a un miedo omnipresente. El vivir de forma habitual en este entorno tiene como una de las consecuencias la sumisión y el deje a la ley, objetivos buscados por parte de aquel control ejercido en nombre del bien común. Esto explicaría, aunque sólo en parte, la actitud pasiva de hoy frente a la crisis.

La reforma del código penal en España va encaminada a exigir un aumento de integración de la sociedad en el marco de los límites señalados por el "Estado de derecho", Estado identificado con el mercado de la acumulación mediante la rentabilidad de las plusvalías obtenidas con el trabajo asalariado y la especulación sobre el planeta. El endurecimiento de las leyes no pretende sino hacer imposible cualquier otro tipo de interpretación y proyecto de sociedad en contra o más allá del sistema vigente; así, la tipificación como delito de muchas actividades hasta hace pocos años normales y el agravamiento incesante de penas por hechos que ya eran considerados delictivos, no hace sino dejar fuera de la (su) ley a cada vez más personas. Algunos tipos de ayudas a los sin papeles pueden comportar multas de hasta 10.000 euros, y en algunos casos de hasta 100.000, como los matrimonios de conveniencia; las ventas de los top-manta, los límites cada vez más restrictivos del uso de Internet, el uso de la llamada propiedad intelectual, las pintadas o grafitis, los pequeños hurtos y robos, la entrada en vigor a finales de este año de la reforma de la ley de Arrendamientos urbanos ("desahucio exprés") que permitirá la expulsión de aquellos que se retrasen en el pago de los alquileres en pocas semanas, la "ley de defraudaciones de fluido eléctrico y análogas", beber alcohol en la calle, etc., hoy son hechos que por menos de nada llevan a la cárcel. No sirven de excusa al crecimiento carcelario las repetidas declaraciones que lo atribuyen a las infracciones de tráfico convertidas ahora varias de ellas en delito: a finales de noviembre último no eran más de 700 las personas internadas por estas causas, es decir, el 0,076 % del total de los reclusos.

Vivir inserido socialmente conlleva poseer un mínimo de medios económicos considerables que ya no están al alcance de toda la población; somos testigos del permanente hostigamiento a que es sometida la gente, sobretodo joven, que intenta subsistir, o como puede, (inmigrantes, vendedores callejeros), o como cree que debe hacerlo (okupas, músicos de calle, vestimenta no convencional, etc.,).

Constatamos como a mayor desarrollo del capital, mayor represión y mayor exclusión de los que no integra el capital. La ideología neoliberal conlleva la separación entre la dimensión totalitaria de lo económico y la dimensión, por tanto relativa, de lo social, siempre subordinada ésta a la primera. En definitiva, los términos se van invirtiendo, de manera que paso a paso se va procediendo al control de toda la sociedad que ya desde un principio está bajo la sospecha de que cualquiera de sus ciudadanos, en algún momento, puede delinquir; frente a ello la minucia de no dejar pasar por alto ninguna alteración del orden _tolerancia cero_ en que se basa la pretensión de mantener la `pacificación' ciudadana y social. Sobre la sociedad se cierne ahora el panoptismo policial. Para éste, la acumulación de pequeños hechos `anómalos' podría llevar a la agrupación de afinidades sociales que conformarían otras sub-culturas, tribus urbanas, etc., según la nomenclatura en boga, que podrían socavar el orden. Así se va afinando en la edificación de un modelo de construcción social ejemplar donde los valores de respeto absoluto a la propiedad privada, la indiferencia hacia el otro y la búsqueda del dinero, tienen la prioridad.

En febrero del año 2006 fue aprobada por el Tribunal Supremo e incorporada al Código Penal la llamada "doctrina Parot"; los incriminados con esta modalidad tienen que cumplir sucesivamente la totalidad de la condena, de manera que lo hacen empezando con la pena más grave, y una vez ésta cumplida, se pasan a la siguiente menos grave y así sucesivamente hasta el límite legal de 40 años según el nuevo código penal, de manera que encubiertamente la cadena perpetua se da ya en España. Este endurecimiento se viene aplicando a los delitos de terrorismo; delitos menores como los de la kale borroka son tipificados como actos de terrorismo.

El límite para la edad penal son los 14 años en España, donde la privación de libertad puede ser de cinco años como regla general y hasta diez años en casos de extrema gravedad. Actualmente en España los menores pueden ser procesados por juzgados especiales si tienen entre 14 y 18 años. Pese a que las estadísticas muestran un descenso paulatino de los delitos cometidos por menores, tanto en EEUU como en Europa, la nueva filosofía imperante es la que endurece los castigos en detrimento de la educación, la intervención mínima y las sanciones comunitarias.

Una fijación delirante de los políticos es no dejar `ningún vacío legal', es decir, cubrir todas las grietas, existentes o posibles, por donde lo que ellos entienden como orden social se pueda desquiciar. En el 2000 se promulgó la actual Ley del Menor pero ésta resulta blanda y demasiado tolerante: para el ex defensor del Menor de la Comunidad de Madrid Pedro Núñez la propuesta de rebajar la edad penal de los menores es positiva si alcanza a los menores de 12 y 13 años. "Es una realidad que hoy muchos menores de 12 y 13 años están cometiendo delitos que alarman a la sociedad" y para los que la Ley del Menor, que busca la reeducación de los niños, "no tiene respuesta, lamentablemente". Muchos de esos menores, explicó, "ven que no pasa nada" y reinciden porque perciben una impunidad en la ley. El concepto de alarma social debería cundir frente a la actuación del sistema depredador que sume a cantidades ingentes de niños en la miseria humana.

Vemos en tales afirmaciones las acciones y los ecos de un sistema basado en el uso de la fuerza bruta, fuerza sostenida con enormes cantidades de dinero público y empleado en la compra y sostenimiento de policía y ejército, brazos ejecutores del dominio y la represión. La mayor parte de las fuerzas políticas han optado por lo que se denomina el "populismo punitivo", planteamiento caracterizado por el endurecimiento de las leyes penales, el crecimiento de la privación de libertad y que se asienta, no tanto en la pretensión de intentar resolver los problemas de la delincuencia de menores y jóvenes con rigor, sino en el convencimiento de que la exhibición de "políticas de mano dura" suponen un caladero de votos nada despreciable. Por eso no es de extrañar que estas propuestas en clave de retribución y endurecimiento simbólico de la norma, se hagan más intensos en periodos electorales.

El tratamiento informativo de la criminalidad de menores es una cuestión a tener muy en cuenta pues existe una contradicción entre el moderado crecimiento de las cifras reales de delincuencia juvenil y la alarma disparada en la preocupación general de la sociedad por esta delincuencia.

El ministro español José Blanco ha revelado que para combatir los efectos de la crisis se va a incrementar la obra pública, entre la que figura la construcción de más cárceles. De hecho, el plan de infraestructuras penitenciarias contempla 12 nuevas macro-cárceles hasta 2012. Así es como la ecuación crisis-represión cuadra el círculo: los que engendraron la crisis engendrando pobres, se sirven de éstos para paliar y encubrir aquélla.

                                                                                                                                                                                                                            Etcétera, 2010

 

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