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Bolivia entre la revolución de las asambleas y la utopía capitalista

Desde principios de este año, la prensa del mundo se ha hecho eco del nombramiento del primer presidente indígena de las Américas. Las publicaciones izquierdistas cubrieron de alabanzas ditirámbicas a la "revolución" andina de Evo Morales, mientras los articulistas más reaccionarios alertaban del peligro que corren las inversiones extranjeras bajo el "nuevo régimen de La Paz", que anuncia la nacionalización de las reservas de gas y petróleo y alardea de sus relaciones amistosas con la Cuba de Fidel Castro y la Venezuela de Chávez; aunque la prensa más seria ha destacado, con más realismo, el cordial entendimiento del nuevo mandatario con las empresas transnacionales _sobre todo las europeas_ y los gobiernos a su servicio.

Lo que unos y otros prefieren olvidar es que el tímido reformismo del nuevo gobierno boliviano nació como una especie de solución de compromiso que los poderes dominantes del mundo han aceptado, a última hora y de mala gana, ante la amenaza de unos movimientos populares mucho más radicales que, apenas cinco meses antes de la victoria electoral de Morales, habían llegado hasta el borde de la revolución social, cuando las ciudades de La Paz y El Alto, tomadas por el pueblo insurgente, se preparaban para la instauración de un gobierno revolucionario de las asambleas populares; movimiento que no fue derrotado, sino más bien momentáneamente aplacado por la perspectiva de un cambio pacífico, y que puede volver a emerger en cualquier momento, apenas las esperanzas de un cambio radical que muchos habían depositado en el nuevo gobierno demuestren demasiado claramente su carácter ilusorio.

Recordemos que Bolivia ha vivido, durante los últimos años, una escalada de luchas sociales que, en su extensión y radicalidad, es probablemente única en estos tiempos. Aunque viene de una tradición de varios siglos de resistencia popular, como inicio del movimiento actual puede señalarse probablemente la marcha de los pueblos originarios sobre la ciudad de La Paz, en 1997, primera manifestación multitudinaria, pacífica y festiva, de los pueblos indígenas contra el Estado neocolonial. Luego siguieron la revuelta de la población de Cochabamba por el suministro de agua potable, en abril del 2000, y, desde septiembre del mismo año, los primeros enfrentamientos victoriosos de los campesinos del Altiplano contra el ejército, el movimiento de los cocaleros contra la erradicación de cultivos, las ocupaciones de terrenos por los campesinos sin tierra del sureste, manifestaciones de los mineros, etc. (ver "La guerra social en Bolivia", Etcétera n. 36, mayo 2002).


De una insurrección a otra: octubre de 2003 y junio de 2005

En agosto de 2003, el escándalo político de las ventas ilegales de gas y petróleo por el gobierno de Sánchez de Lozada propicia la ocasión para reunir a todos los movimientos de protesta en torno a una misma reivindicación: la nacionalización de los recursos de hidrocarburos del país. Las protestas culminan en la insurrección popular de octubre de 2003, más enardecida aún por la violenta represión militar. El presidente Sánchez de Lozada dimite y huye a los Estados Unidos; lo sucede el vicepresidente Carlos Mesa (ver "Bolivia: ¿guerra del gas o guerra social?", Etcétera n. 38, junio 2004).

Se restablece una calma precaria, jalonada de huelgas, ocupaciones de tierras y de minas, algunas revueltas locales, protestas de los cocaleros y dos huelgas generales, en mayo de 2004 y enero de 2005. En octubre de 2004, el Congreso, cercado por decenas de miles de manifestantes, admite a tramitación un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, presentado por el Movimiento al Socialismo (MAS), que prevé un considerable aumento de impuestos a las transnacionales petroleras, aunque renunciando a la nacionalización. Aún así, las protestas, por el momento, se apaciguan; en cambio, a las compañías petroleras y a los sectores más vendidos de la burguesía nacional esa propuesta de compromiso les parece un ataque inaceptable a sus intereses. La oligarquía latifundista del departamento petrolífero de Santa Cruz, notoriamente derechista y vinculada a las transnacionales petroleras, amenaza con proclamarse "región autónoma" a fin de eludir los efectos de la nueva ley (ver "Bolivia, segunda parte", Etcétera n. 39, mayo 2005).

Cuando el proyecto de ley, entre tanto retocado hasta quedar prácticamente en confirmación del statu quo, se presenta finalmente, en mayo de 2005, a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, vuelven a arreciar las protestas y manifestaciones. En todo el país se multiplican las huelgas, los cortes de carreteras y las marchas de protesta; las organizaciones populares se preparan para la huelga general. Los sectores más radicales _los sindicatos de la Central Obrera Boliviana (COB), las confederaciones campesinas del Altiplano y las juntas vecinales de la ciudad de El Alto, epicentro de la insurrección de 2003_ exigen la nacionalización sin indemnización del gas y del petróleo, la dimisión del presidente y el cierre del parlamento, mientras que el MAS y los sectores sindicales y campesinos afines a este partido se limitan a pedir un aumento de impuestos sobre las exportaciones de hidrocarburos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, proyecto más bien vago de reforma constitucional que supuestamente otorgaría una mayor participación política a las comunidades indígenas y los movimientos sociales.

A medida que la revuelta va ganando extensión y profundidad, se radicalizan también sus medios y sus objetivos. El 18 de mayo, la Central Obrera de El Alto llama a luchar "por la toma del poder por el pueblo, expulsando a las transnacionales petroleras, a su gobierno traidor y a todo su parlamento de sirvientes de las transnacionales, conformando las asambleas populares que organicen la toma del poder". Un portavoz de la Federación de Campesinos de La Paz declara: "No pedimos sólo la nacionalización, planteamos la recuperación de todos nuestros recursos naturales. No sólo hablamos de hidrocarburos; es fundamental recuperar la tierra, el agua, la flora, la fauna, el aire, todo lo que representa nuestra tierra". El mismo día, varios centenares de mineros armados de dinamita intentan tomar por asalto el Congreso y el palacio de gobierno, en medio de una marcha multitudinaria de obreros y campesinos; los diputados, por si acaso, deciden suspender las sesiones hasta el final del mes.

El 23 de mayo, los obreros de El Alto inician una huelga general indefinida, cortando las carreteras y el acceso al aeropuerto; en la ciudad de La Paz se suman a la huelga los maestros, los transportistas y el gremio de comerciantes minoristas y vendedores callejeros, que agrupa a más de cincuenta mil afiliados. Mineros, campesinos y cocaleros van llegando por miles desde todas partes a la ciudad sede del gobierno, paralizada por las huelgas y cercada por los cortes de carreteras de los alteños y los campesinos rebeldes. El dirigente sindical Jaime Solares llama, entre aplausos multitudinarios, a derribar el régimen burgués e instaurar un gobierno de los obreros, los campesinos y los pobres, invitando a los "militares patriotas" a unirse al pueblo (en efecto, dos días después se anuncia el arresto de un grupo de coroneles que se habían solidarizado públicamente con la lucha por la nacionalización), mientras Evo Morales exhorta a preservar la democracia y evitar el cierre del parlamento. Pero los obreros más radicales ya no se dejan engañar tan fácilmente: "Los trabajadores queremos nuestra propia democracia, la democracia de obreros y campesinos, la democracia de los pobres, no la democracia burguesa", declara un delegado de la federación de mineros.

Al cabo de una semana, incluso los campesinos seguidores del MAS que han acudido a La Paz se han pasado a la consigna de la nacionalización. Mientras los intentos de asalto al Congreso y al palacio de gobierno, rodeados por la policía y el ejército, se suceden casi a diario, Morales aprovecha hábilmente la situación para vender a la burguesía y a los restos del maltrecho estamento político del país, como última tabla de salvación, el único punto de su programa que sigue contando con el apoyo de una parte de los rebeldes: la Asamblea Constituyente. De momento, delegar la decisión sobre los hidrocarburos en un organismo representativo aún por constituir es, por lo menos, ganar tiempo. La Constituyente se presenta como el remedio milagroso que hará llover a gusto de todos: en sus arengas a los manifestantes, Morales vaticina que "seguramente la Asamblea no sólo nacionalizará los hidrocarburos, sino todos los recursos naturales; por eso el sector oligárquico no quiere que haya una Asamblea Constituyente", mientras intenta convencer a ese mismo sector oligárquico de que la Constituyente no nacionalizará los hidrocarburos ni los latifundios ni otra cosa alguna. Los oligarcas de Santa Cruz aún desconfían; insisten en sus exigencias de autonomía regional. Pero el endeble gobierno de Mesa y el Congreso, arrinconados entre el levantamiento popular y el secesionismo oligárquico, no tardan en comprender que la única opción que les queda es la que propone y ejemplifica Morales: prometerlo todo a todos y buscar aplazamientos. El 3 de junio, el presidente Mesa, cuya política de gobierno, a estas alturas, se limita mayormente a seguir las sugerencias del MAS, convoca para octubre un referéndum sobre las autonomías y las elecciones para la Constituyente, que deberá decidir sobre la nacionalización.

Pero ya es tarde. Los sindicatos de la COB califican de "trampa" el decreto presidencial y llaman a intensificar las protestas. El movimiento insurgente, consciente de su fuerza, se niega a retroceder. En La Paz y El Alto, la huelga es total; dos tercios de las carreteras del país están cortadas por los rebeldes. En el norte de Santa Cruz, el feudo del la oligarquía, los campesinos e indígenas empiezan a ocupar los pozos petroleros. El gobierno ha perdido el control de la situación. Entre las barricadas de El Alto emergen los rudimentos de un poder popular ejercido por los vecinos organizados, que controlan todas las calles y las avenidas, turnándose de día y de noche.

Las asambleas al asalto del poder: los siete días de junio

Al mediodía del 6 de junio, en el centro de La Paz, más de cuatrocientos mil obreros, campesinos y estudiantes aclaman la proclamación de la Asamblea Popular Nacional. "No queremos ni elecciones ni la sucesión constitucional, porque estaríamos repitiendo los errores del pasado _declara, entre aplausos estruendosos, un portavoz de la federación minera_. Todas las organizaciones sociales y populares nos vamos a autoproclamar con una gran asamblea popular y forjar el nuevo gobierno del pueblo, que surge hoy de la Asamblea Popular bajo la línea de la nacionalización de los hidrocarburos". Un delegado de los vecinos de El Alto añade: "El pueblo debe ser gobierno. Hay que unirnos todos para ser gobierno". Acto seguido, la multitud se encamina hacia el Congreso y el palacio de gobierno, levantando barricadas y enfrentándose a pedradas a la policía y el ejército. El presidente Mesa huye del palacio; la misma noche presenta su renuncia. El parlamento traslada sus sesiones a la ciudad de Sucre, capital nominal del país.

Pero esta vez los insurgentes ya no se conforman, como en octubre de 2003, con haber derribado un gobierno; quieren derribar el régimen de la burguesía y su Estado, y así lo declaran abiertamente. Un comunicado de la federación minera del 7 de junio llama a "discutir e imponer el gobierno popular y revolucionario que debe sustituir a Mesa". Al día siguiente, la Federación de Juntas Vecinales y la Central Obrera de El Alto deciden constituir la ciudad aymara como "cuartel general de la revolución boliviana", llamando a los trabajadores y campesinos de todo el país a organizarse en asambleas populares revolucionarias, formadas por delegados electos, revocables y con mandatos concretos, de todas las organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas, para "ejercer el poder en su respectivo territorio, organizar el suministro de alimentos y preparar a los hombres y las mujeres, a viejos, jóvenes y niños, en la autodefensa y la previsible lucha contra el ejército y la policía". En suma, unas asambleas como las que ya están funcionando en El Alto, en las carreteras del Altiplano y en los barrios pobres de La Paz, donde los vecinos organizados en las juntas, los sindicatos, los comités de barrio y de distrito, ejercen el control del territorio y organizan la distribución de víveres, los transportes y la participación en las movilizaciones y vigilias.

También en Cochabamba se constituye, el 9 de junio, una Asamblea Popular decidida a "constituir el gobierno de obreros y campesinos", llamando a la huelga general en todo el país "si nos quieren imponer a cualquier payaso politiquero burgués como presidente". Un comunicado de la Coordinadora de Defensa del Agua y del Gas de Cochabamba, que había dirigido la rebelión del 2000, anuncia que esta vez "no sólo vamos a ocupar los pozos (petroleros), vamos a operarlos para el beneficio colectivo de todos". En la lejana región oriental del Chaco, los indígenas guaraníes se suman a los cortes de carreteras y las ocupaciones de pozos: "Que no se vaya uno, que se vayan todos de una vez por todas", dice una de sus dirigentes.

La clase dominante y el ejército se encuentran divididos ante la ofensiva revolucionaria del pueblo. Las fracciones más duras y reaccionarias de la oligarquía se agrupan en torno al presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, partidario de sofocar la revuelta mediante la represión militar; los más moderados, entre ellos la Confederación de Empresarios y la Iglesia Católica, temiendo una guerra civil y un baño de sangre de dimensiones imprevisibles, se decantan por nombrar sucesor de Mesa al presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, que promete convocar nuevas elecciones; opción que apoyan también el MAS, los sectores más reformistas de los movimientos campesinos e indígenas y la mayoría de las clases medias.

Las transnacionales petroleras, la embajada de los Estados Unidos y el ejército, los verdaderos poderes fácticos del país, se inclinan en un principio por la vía militar de Vaca Díez; pero ante la cada vez mayor envergadura de la revuelta, pronto comprenden lo arriesgado de tal solución: recuerdan demasiado bien como, en octubre de 2003, la matanza de insurgentes de El Alto había tenido por único resultado sublevar contra el gobierno a todos los que hasta entonces aún no se habían sublevado; y esta vez se enfrentan a un movimiento mucho más radical y mejor organizado que en octubre. Los hechos no tardan en corroborar esa reflexión: cuando, justo a pocos kilómetros de Sucre, un minero cae muerto y otros tres heridos por las balas de la policía, la protesta inunda también la hasta ahora tranquila capital en la que habían buscado refugio los parlamentarios.


Además, el ejército mismo está dividido: no toda la oficialidad está resuelta a llevar la fidelidad a los intereses transnacionales hasta el genocidio; los altos mandos miran con recelo los afanes autonomistas de la oligarquía cruceña; en fin, muchos militares simpatizan más o menos abiertamente con las demandas de nacionalización, y nadie sabe cuántos de entre ellos estarían dispuestos, llegado el caso, a pasarse al bando de los insurgentes.

Así se entiende que el 9 de junio el Congreso reunido en Sucre, cercado por miles de manifestantes, elige presidente a Rodríguez, que promete convocar elecciones anticipadas para finales del año. La respuesta de los sectores populares más radicales es clara y tajante: "Estamos luchando por recuperar los hidrocarburos y no por cambiar un payaso por otro", dice un delegado de los vecinos de El Alto, y otro precisa: "El Alto ya ha vivido este tipo de transición política cuando Mesa reemplazó a Sánchez de Lozada y siguió gobernando a favor de las petroleras y de los ricos. No debemos cometer el mismo error con Rodríguez". Las juntas vecinales de El Alto conceden al nuevo presidente un plazo de 72 horas para nacionalizar el gas y el petróleo; en un comunicado de la federación minera se lee: "A las masas no les importas quién esté en el gobierno. Es el momento de ejercer el poder popular a través de nuestra recién creada asamblea popular nacional originaria y sepultar a los eternos traficantes de nuestra pobreza. Es hora de decirles a los capitalistas que sus privilegios terminaron".

Los dirigentes del MAS, por el contrario, llaman a la tregua y a la desmovilización; en el oriente y en los valles andinos, donde este partido es mayoritario, los campesinos empiezan a retirar las barricadas y levantar los bloqueos. Pero el cansancio y el sufrimiento hacen mella también en las poblaciones de El Alto y La Paz, agobiadas por la falta de alimentos y de transportes al cabo de tres semanas de huelga general. El 12 de junio, la COB y las organizaciones vecinales de El Alto aceptan la oferta de negociación del nuevo presidente y declaran una tregua; levantan el cerco sobre La Paz y suspenden los bloqueos, aunque aseguran que la lucha continúa, que "no hay desmovilización" sino un "repliegue para ajustar nuestros métodos de lucha para que sean consecuentes e inclaudicables".

De la revolución a la reforma: el imparable ascenso de Evo Morales

Por el momento, sin embargo, ese repliegue deja la vía abierta al reformismo y el retorno a la política parlamentaria. El país, que durante una semana parecía estar al borde de la revolución, se vuelca a la campaña electoral. Morales y los dirigentes del MAS están en su elemento: ante sus seguidores campesinos e indígenas hablan de nacionalización y reforma agraria, mientras en sus encuentros con los empresarios prometen respetar y proteger la propiedad privada, incluida la de las transnacionales y los latifundistas. Tras fracasar en un primer intento de integrar en una alianza electoral a los movimientos radicales _los sindicalistas de la COB y las organizaciones vecinales de El Alto desautorizan a los dirigentes que pretenden presentarse a las elecciones_, van buscando y encontrando cada vez más el apoyo de las clases medias, los empresarios _a los que prometen ventajas fiscales y reducciones de impuestos_, profesionales e intelectuales, sin olvidar los esfuerzos por congraciarse con los militares y _aunque con menos éxito_ los latifundistas: en septiembre, Morales asegura en Santa Cruz que no permitirá las ocupaciones de tierras por los campesinos, y la consigna de la reforma agraria desaparece de los discursos electorales del partido.

La ardua tarea de dar a esa táctica de alianzas con tirios y troyanos visos de un proyecto político coherente recae en un numeroso equipo de intelectuales encabezado por el ex-guerrillero Álvaro García Linera. Aunque el partido, que ahora se define como de "centroizquierda", sigue denominándose oficialmente "Movimiento al Socialismo", ese ideólogo sostiene que el socialismo, siendo la "maduración extrema del capitalismo", no es viable en un país como Bolivia, donde no hay grandes industrias ni un proletariado mayoritario; por lo cual el objetivo inmediato ha de ser la instauración de un "capitalismo andino-amazónico", esto es, un "proyecto de desarrollo nacional y modernización productiva", centrado en un "Estado fuerte" capaz de encauzar las ganancias de la venta de materias primas hacia la mejora de las infraestructuras, la creación de industrias nacionales y el fortalecimiento de las empresas autóctonas, con especial atención a las microempresas familiares y la "economía comunitaria" campesina, actividades a las que se dedica la mayor parte de la población indígena del Altiplano.

Esa promesa de un cambio modesto pero inmediato e incruento no deja de seducir a la sufrida población del país andino. El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales gana las elecciones por mayoría absoluta, con el 54 % de los votos, muy por delante del 28,5 % del ex-presidente derechista Jorge Quiroga, a pesar de que el Consejo Electoral había eliminado del censo, por razones "técnicas", a casi un millón de electores, en su mayoría votantes indígenas del MAS, con los cuales éste habría obtenido cerca del 65 %. Algunos observadores han destacado también la notable independencia de criterio que mostró esa mayoría al no dejarse influir por la masiva campaña de propaganda denigratoria y catastrofista que los medios de "información" habían desatado contra el candidato: que el gobierno de Morales expropiaría a las transnacionales, ahuyentaría a la inversión extranjera, llevando el país al aislamiento internacional y a la ruina económica, y finalmente legalizaría el tráfico de cocaína, provocando las intervención militar del ejército estadounidense y la guerra civil, etc. Pero más probable parece que esas acusaciones, al igual que la abierta hostilidad que le profesaban el gobierno de Bush y sus allegados, hayan contribuido más bien a dar mayor credibilidad a la retórica antiimperialista de Morales, que en sus discursos electorales prometía convertirse en una "pesadilla para Washington", y que la perspectiva de una huida masiva de los capitales extranjeros debió de antojárseles más bien esperanzadora a los obreros y campesinos que hasta hace pocos meses habían luchado por expulsar a esos mismos "inversores".

Pero en realidad, como se sabe, nada de eso ha sucedido: el gobierno de Morales, que se ha comprometido firmemente a defender la libertad de comercio, importación y contratación _es decir, los pilares del modelo de gestión neoliberal que en otros tiempos pretendía suprimir_, mantiene excelentes relaciones con las empresas transnacionales y los gobiernos a su servicio, ante todo los de España y la Unión Europea. Durante la visita oficial de Morales a España, a principios de enero de 2006, donde fue recibido muy amistosamente por el gobierno y los prohombres de las grandes compañías, las acciones de la petrolera española Repsol, que anunció cuantiosas inversiones en Bolivia, subieron en un 4,5 % en las bolsas europeas, mientras el gobierno de Rodríguez Zapatero se comprometió a condonar la mayor parte de los 120 millones de dólares de deuda externa de Bolivia con España.

Pero también la administración norteamericana ha iniciado un prudente acercamiento a Morales, a quien había venido denigrando hasta hace poco como aliado de los narcotraficantes y agente desestabilizador a sueldo de Castro y Chávez: cuatro días antes de su ya previsible triunfo electoral, el director de Asuntos Antinarcóticos de EE UU en Bolivia anunció la disposición de su gobierno a "colaborar con el que ustedes elijan", y el 3 de enero Morales y García Linera se reúnen, con la "mayor cordialidad y respeto", con el embajador estadounidense, con el que declaran coincidir acerca de "la lucha frontal contra el narcotráfico y el respeto a la democracia", según un comunicado oficial del MAS. El 1 de febrero, en fin, la embajada expresa oficialmente su acuerdo con la política del nuevo gobierno respecto a la coca: legalización limitada de los pequeños cultivos familiares y erradicación forzosa de los demás; para determinar los límites exactos de la legalización, se esperan los resultados de unos estudios de mercado sobre los posibles usos comerciales de la hoja.

El intento es, al parecer, contentar a las bases más combativas del movimiento cocalero, garantizándoles una modesta subsistencia como suministradores agrícolas de las industrias químicas y farmacéuticas extranjeras, mientras el resto seguirá sufriendo la destrucción de sus medios de supervivencia, necesaria para abastecer de abundante mano de obra barata a las boyantes industrias petroleras de la región. Parece dudoso, sin embargo, que los cultivadores vayan a aceptar de buena gana esa benévola solución de compromiso: a finales de enero, los cocaleros de Vandiola, en la zona tropical de Cochabamba, cercaron a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta que están arrasando sus cultivos e intentaron expulsarlos del territorio.

Nadie duda, a estas alturas, de que la anunciada "nacionalización" de los hidrocarburos va a quedar en un mero gesto simbólico: según el ingenioso proyecto del MAS, los yacimientos de gas natural y petróleo serán propiedad inalienable del Estado boliviano, eso sí, mientras sigan yaciendo en el subsuelo o no se alejen demasiado de allí, pero una vez lleguen a un metro por encima del suelo, "en boca de pozo", pasarán a propiedad de las transnacionales, que continuarán a cargo de la exploración, extracción, comercialización, exportación y refinación como antes, aunque probablemente con una carga ligeramente mayor de impuestos. Esa solución, que el programa del MAS llama "nacionalización responsable", deja evidentemente satisfechas a las compañías petroleras, mientras que les suena a burla a los movimientos sociales que lucharon por la nacionalización. Del mismo modo, la "reforma agraria" se limitará, con toda probabilidad, a la distribución de algunas tierras de escaso valor y situadas en zonas remotas del país, y en todo caso sin tocar las enormes propiedades de los latifundios.

Los revolucionarios a la sombra de la promesa reformista

Entre tanto, el movimiento revolucionario ha quedado, por el momento, eclipsado por la euforia reformista. Los sindicatos de la COB y las organizaciones vecinales de El Alto habían decidido, a principios de septiembre, tras algunas vacilaciones y enconados debates internos, boicotear las elecciones _desbaratando así los planes de algunos dirigentes de presentar una "candidatura revolucionaria" junto a los indigenistas aymaras del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) del "Mallku" Felipe Quispe-, pero no hay duda de que muchos de los insurgentes de junio estuvieron entre los votantes de Morales. En la ciudad de El Alto, el MAS obtuvo el 88 % de los votos; la candidatura del MIP, que propugna la nacionalización de todos los recursos naturales, pero cuya influencia se limita a los territorios aymaras del norte del Altiplano, no llegó al 3 % a nivel nacional.

Por otra parte, también es cierto que el MAS, aunque haya conseguido cooptar a unos pocos de los dirigentes de la protesta _como el ex-portavoz de las juntas vecinales alteñas, Abel Mamani, ahora ministro del agua_, ha fracasado en su intento de integrar en su proyecto de Estado a los movimientos más radicales, que mantienen en pie el llamamiento a organizarse en asambleas populares. Ahora la propuesta de la COB y demás organizaciones radicales es movilizarse para exigir al nuevo gobierno el cumplimiento de sus promesas electorales _nacionalización de los hidrocarburos, reforma agraria, aumentos salariales y derogación del Decreto 21060, que instituye la libertad de comercio, importación y contratación para las empresas_, a fin de acelerar el desengaño y abrir de nuevo las vías del poder popular.

El gobierno de Morales sabe, desde luego, que, para no perder la inmensa popularidad de la que está gozando por ahora entre la mayoría de los bolivianos, tendrá que ofrecer muy pronto, si no el cumplimiento de sus promesas, por lo menos algunas mejoras reales y palpables que las hagan olvidar más fácilmente. Así, el nuevo presidente ha prometido, al tomar posesión de su cargo el 22 de enero, la creación de un Seguro Universal y de un Banco de Fomento para las pequeñas empresas, la lucha contra la corrupción y la construcción de algunas carreteras. "Los que desestabilizan gobiernos están con nosotros, pero tenemos que ofrecerles algunos resultados en seis u ocho meses. Este es el tiempo de crédito abierto que nos conceden", dijo el vicepresidente García Linera, a finales de diciembre, en una entrevista concedida al diario español ABC, no sin esgrimir la amenaza de la represión para quienes no se den por convencidos por esos resultados: "Ahora, el Estado también es fuerza. Hay que saber hacerse amar con las demandas estructurales, pero también hacerse temer por los que se pasen de la raya. Si esto sucede, tenemos la voluntad política de hacernos temer. Eso es el Estado, y el que no lo comprende debe dedicarse a escribir novelas". Veremos si esa amable sugerencia prospera y quizá la literatura proporcionará algún ingreso adicional, si no a los campesinos sin tierra _a los que el desconocimiento de la escritura y, para muchos, de la lengua castellana dificultará sin duda la dedicación profesional a la novelística_, por lo menos a los maestros de educación pública que no se resuelvan a "amar" a su nuevo gobierno por el modesto aumento salarial de seis dólares mensuales que les ofrece, en lugar de los 130 dólares de subida del salario mínimo que se había prometido durante la campaña electoral.

Con todo, no se puede negar que se están iniciando algunas reformas efectivas, tales como los ambiciosos programas de alfabetización y salud pública que se están poniendo en marcha gracias al generoso apoyo del gobierno de Cuba (y, por tanto, sin ningún gasto para el Estado boliviano); pero está por ver si eso bastará para que la gente se resigne a aceptar la permanencia de los latifundios y la pobreza, la destrucción del medio ambiente y el expolio de los recursos naturales por las compañías extranjeras. Incluso el proyectado desarrollo de un capitalismo autóctono se limita, por ahora, a una campaña para animar a los consumidores a comprar productos nacionales, de dudoso éxito en un país en el que decenas de miles de personas sobreviven de la venta callejera de productos importados _en parte de contrabando, en parte gracias a la irrestricta libertad de importación que garantiza la legislación vigente_, considerablemente más baratos que los de manufactura nacional, circunstancia que probablemente disuade a muchos bolivianos de sacrificar sus misérrimos salarios a la prosperidad de los capitales patrios.

La más realista de las consignas de Morales es, sin duda, la del "gobierno indígena", esto es, el remozamiento de las corruptas y desacreditadas cúpulas político-administrativas del Estado mediante una fuerte inyección de sangre indígena, cooptando para cargos directivos a los más ambiciosos de entre los dirigentes de organizaciones sociales, sindicales y culturales y entre el numeroso estrato de microempresarios aymaras, ciertamente dotados de aquel espíritu empresarial de trabajo, sacrificio y ahorro del que la clase hasta ahora dominante carece palmariamente. Como García Linera dijo en septiembre pasado, a partir de ahora "las élites del oriente, las élites del gran capital tienen que compartir el poder con las élites aymaras, quechuas y de todas las nacionalidades".


El "capitalismo andino" y la geopolítica del petróleo

Las posibilidades reales del "capitalismo andino-amazónico" y sus límites sólo se pueden calibrar ante el trasfondo internacional de la rivalidad entre las grandes compañías petroleras; consideración que, de paso, arrojará alguna luz sobre las diversas demagogias "antiimperialistas" tan en boga actualmente, en América Latina y en otras partes, que aún se empeñan en localizar el imperialismo en un solo país. En cuanto a ese sector hegemónico de la economía mundial que nos ocupa, resulta evidente hoy en día que ya quedan lejos aquellos tiempos en que las "siete hermanas" yanquis controlaban ellas solas casi toda la producción mundial de petróleo, por entonces mayormente circunscrita a la región del Próximo Oriente. Desde los años ochenta y noventa, las transnacionales norteamericanas han tenido que enfrentarse cada vez más a la exitosa competencia de las empresas petroleras vinculadas a los gobiernos occidentaleuropeos, sobre todo en la explotación de los yacimientos de hidrocarburos del Asia central y sudoriental, América Latina y África, que sólo entonces estaba iniciándose a gran escala.

Como es natural, esa situación de rivalidad exacerbada entre las empresas transnacionales propició a los regímenes de algunos Estados exportadores de crudo la ocasión para tratar de aliviar su dependencia neocolonial mediante una política de "alianzas diversificadas", vendiéndose, dentro de lo posible, al mejor postor y sacando una mayor tajada de poder económico _y de ahí, político y militar_ a nivel interno y regional. El caso paradigmático, para América Latina, de semejante táctica de subasta es la Venezuela de Chávez, cuyo "antiimperialismo" consiste esencialmente en exigir a las empresas norteamericanas que explotan los recursos del país el pago de los impuestos que establecen las leyes y los contratos vigentes, y, en caso de incumplimiento, transferir sus licitaciones a otras compañías transnacionales, preferentemente europeas, que por este procedimiento están ganando a sus competidoras estadounidenses cada vez mayores cuotas de mercado. Así, en enero de este año, el gobierno de Chávez adjudicó a la petrolera española Repsol la participación en los campos petrolíferos de Quiamare-La Ceiba, en el Estado de Anzoátegui, que hasta entonces detentaba la estadounidense Exxon. No es la primera operación de esa índole; en recompensa, la transnacional española está otorgando a la petrolera estatal venezolana PDVSA cuantiosas participaciones en sus propios negocios con los gobiernos de "izquierdas" del Brasil y Argentina (y seguramente, a partir de ahora, Bolivia). Los pingües ingresos de esos negocios petroleros sirven a su vez al gobierno de Chávez para fortalecer su propio poderío militar, costear sus aparatosas campañas de propaganda y financiar algunas modestas mejoras de infraestructura (escuelas, hospitales, etc.) para los barrios pobres, asegurándose así la adhesión fervorosa de sus votantes. En eso vienen a resumirse, en fin de cuentas, tanto la "revolución" antiimperialista y "bolivariana" aplaudida por los progresistas ingenuos del mundo, como las políticas "subversivas", "antidemocráticas" y "desestabilizadoras" de las que las empresas estadounidenses y su gobierno acusan a Chávez; aunque, por razones comprensibles, ni unos ni otros dicen nunca claramente en qué consisten las supuestas atrocidades dictatoriales que le achacan unos, ni las supuestas conquistas revolucionarias que otros alaban.

El modelo venezolano es, a todas luces, el que inspira el proyecto del "capitalismo andino-amazónico" de Morales y García Linera; proyecto que, de por sí, no carece de ciertas, aunque limitadas, posibilidades de éxito. Las reservas de gas natural boliviano _la mayor parte descubiertas de 1997 en adelante_ son las segundas en importancia de América Latina, después de Venezuela; y es de notar que las transnacionales estadounidenses no controlan directamente más del 30 % de la explotación de esos recursos, mientras que el resto se reparte entre capitales españoles _Repsol, que explota el 25 % de las reservas bolivianas_, franceses, británicos y brasileños.

Los gobiernos neoliberales de Bánzer, Quiroga y Sánchez de Lozada les habían entregado esos recursos y los derechos de explotación, mediante unos contratos que el propio Tribunal Constitucional de Bolivia ha declarado inconstitucionales y legalmente nulos, a unos precios muy por debajo de los vigentes en el mercado mundial; de modo que las transnacionales del sector obtienen en Bolivia unas ganancias próximas al 40 %, más del doble del 15 a 18 % que se llevan en otros países de la zona. Un reajuste siquiera moderado de esas tasas, tal como lo proyecta el gobierno de Morales, podría proporcionar al Estado boliviano unos ingresos adicionales de entre 100 y 200 millones de dólares al año, con los cuales podría financiar, en principio, gran parte de las mejoras sociales que tan urgentemente necesita para evitar un nuevo estallido insurreccional de los pobres; y no es improbable que las transnacionales europeas estén dispuestas a pagar ese precio a cambio de ver garantizada la seguridad de sus lucrativos negocios y, de pasada, arrancarles alguna que otra tajada más a sus competidoras estadounidenses: en enero, Repsol y la multinacional francesa Total manifestaron su disposición a "renegociar sus contratos para proporcionar una cuota mayor de beneficios a Bolivia" (Financial Times, 23 de enero 2006).

Como es notorio, el "antiimperialismo" de Morales se limita rigurosamente a los ataques retóricos contra el "imperialismo norteamericano", sin mencionar jamás a las transnacionales europeas y brasileñas que están saqueando más de dos tercios de los recursos del país. Aún así, no deja de ser curioso que, entre sus repetidas amenazas de "mano dura" para con las empresas extranjeras que evadan impuestos, incumplan las leyes bolivianas y exporten hidrocarburos de contrabando, el nuevo presidente ha tenido sumo cuidado, durante su visita a Madrid en enero, en lavar de toda culpa a la española Repsol, cuya sucursal Andina tiene pendiente un juicio en Bolivia precisamente por esos mismos delitos. El alivio con que los directivos de la empresa y los mercados bursátiles europeos acogieron esa certificación oficiosa de inocencia no carecía de motivos; pues lo gracioso del caso es que, según los datos oficiales del fisco boliviano, esos capitalistas hispano-andino-amazónicos están acusados de una operación de contrabando de gas natural por valor de 14 millones de dólares, organizada de consuno con el consorcio estadounidense Enron-Shell, presumible- mente la empresa de "bandidos" a la que las amenazas del presidente apuntan.

En esas circunstancias, la orden de detención decretada contra los directivos de Repsol-Andina, a principios de marzo, ciertamente no ha de valorarse como un ataque del gobierno "radical" a la libertad de empresa, sino más bien como una muestra de la independencia del poder judicial boliviano respecto a la política económica "antiimperialista" de dicho gobierno, o tal vez como un intento alevoso de torpedear el apasionado idilio que, gracias al celestinazgo de Chávez, se había entablado entre el presidente indígena y la multinacional hispana; sospecha ésta que, dadas las múltiples imbricaciones del aparato judicial con la oligarquía y de ésta con los intereses norteamericanos, al menos no se puede descartar de antemano. En todo caso, está claro que las transnacionales estadounidenses y sus allegados nacionales no abandonarán sin lucha su parte del pastel a las rivales, como bien demuestra el antecedente de Venezuela.

Pero en el caso de Bolivia, la emulación de la vía venezolana al capitalismo se enfrenta también a graves obstáculos internos. A diferencia de Chávez, Morales no cuenta ni con el respaldo incondicional del ejército ni con la adhesión igualmente incondicional de unas masas sin mayores experiencias de lucha social, prestas a dejarse vender como "revolución" cualquier modesto programa de asistencia estatal; debilidad que lo obliga a apoyarse, para gobernar, en una difusa red de alianzas a diestra y siniestra, sin excluir a las mismas mafias oligárquicas cuya liquidación inmediata sería la condición más indispensable para que los futuros ingresos petroleros reviertan efectivamente en reformas sociales y no se pierdan, como hasta ahora, en los oscuros canales de la corrupción. Aunque el nuevo gobierno ha declarado que la "lucha contra la corrupción" es una de sus prioridades, la correlación de fuerzas no parece muy favorable a ese bienintencionado propósito.

El 30 de marzo, el gobierno dio una primera muestra de su voluntad de "hacerse temer" por los desobedientes, al mandar a la policía y el ejército a recuperar por la fuerza los aeropuertos del país, ocupados desde hacía varios días por los trabajadores de la compañía aérea ex-estatal LAB, privatizada en 1996 y vendida a un oscuro consorcio brasileño que, tras llevarla a la bancarrota, y ante la amenaza de confiscación, la revendió a un precio irrisorio, en una transacción de cuando menos dudosa legalidad, a un empresario boliviano, bajo cuya gestión el ya millonario déficit de la compañía no ha hecho sino multiplicarse. Los pilotos y trabajadores exigían la intervención gubernamental de la empresa para investigar las presuntas irregularidades y prácticas delictivas de sus directivos.


No deja de llamar la atención que el director secretario del LAB, al que la Asociación de Pilotos acusa de encubrir los manejos ilegales de los sucesivos propietarios de la línea aérea, sea el abogado Walter San Miguel Rodríguez, antiguo militante del partido del derrocado presidente Sánchez de Lozada y actualmente ministro de defensa nacional del gobierno de Morales. Y no es el único miembro del nuevo gabinete vinculado a los viejos poderes: el ministerio de Obras Públicas se asignó, a modo de gesto conciliador hacia la oligarquía del Departamento oriental, al multimillonario cruceño Salvador Ric Riera, al que los sindicatos locales acusan de blanqueo de dinero y otros negocios turbios; el ministro de minería, el dirigente cooperativista Wálter Villarroel, hasta hace poco militante del partido derechista UCS, había sido, según el sindicato minero, uno de los promotores de la privatización del sector bajo los gobiernos anteriores; y el titular de Hacienda, Luis Alberto Arce, es conocido por sus buenas relaciones con el Banco Mundial y el FMI, cuyas directrices para la "estabilidad macroeconómica" siguen siendo el eje de su política.

En resumidas cuentas, la política económica seguirá siendo, en lo esencial, la misma que los anteriores gobiernos neoliberales habían venido acordando con el Fondo Monetario Internacional, según ha anunciado el ministro de Desarrollo, Carlos Villegas. En este punto al menos, los hechos no desmienten a las promesas: una de las primeras decisiones del nuevo gobierno, aún antes de su toma de posesión formal, fue la de autorizar la explotación privada _a cargo de capitales británicos, holandeses, brasileños y otros_ de los yacimientos de hierro, magnesio y manganeso del Mutún, en la zona oriental de Santa Cruz, que cuentan entre los mayores del mundo. El presidente interino Rodríguez había suspendido la licitación de ese proyecto, a instancias de un grupo de parlamentarios del mismo MAS, después de que varias organizaciones ambientalistas y sindicales denunciaran las irregularidades legales de las concesiones, la participación irrisoria del Estado boliviano en los beneficios del multimillonario negocio _apenas el 3 %, mucho menos aún de lo que los gobiernos neoliberales cobraban a las petroleras_ y, sobre todo, los devastadores efectos ambientales del proyecto, que supondría la destrucción de vastas zonas de bosque y la contaminación con minerales tóxicos de los numerosos ríos y riachuelos que se originan en la región.

Sean cuales sean sus posibilidades de éxito, es evidente que el "capitalismo andino-amazónico", al igual que sus competidores neoliberales, no hará sino continuar el actual proceso de desarrollo acelerado del Capital, la industrialización desenfrenada que destruye y envenena las tierras, los ríos y los bosques, la sumisión de las comunidades indígenas a la economía de mercado y la aniquilación de las comunidades que se resistan a la integración; y lo mismo vale indefectiblemente para cualquier "socialismo" que se conciba como mera "maduración del capitalismo". La nacionalización de las riquezas naturales es sin duda una medida necesaria, pero por sí sola no supondría más que cambiar una forma de gestión del Capital por otra; y lo que verdaderamente está en juego no es la alternativa entre gestión privada o estatal, sino la elección entre el desarrollo del Capital y de su falsa riqueza, que trata a la gente y a la naturaleza como meros "recursos" a convertir a en valor dinerario, y la afirmación de la comunidad humana que reconoce en la naturaleza o madre tierra (Pachamama), como dicen los indígenas andinos, la condición y el fundamento de su vida.

El poder revolucionario de las asambleas, que rehúsa toda obediencia a los poderes dominantes, es el primer paso decisivo en la insurrección de la comunidad humana contra el Capital y el Estado; su éxito depende de que la experiencia insurreccional de los obreros y campesinos bolivianos confluya con la ancestral experiencia comunitaria de los pueblos indígenas en un vasto movimiento de defensa de la vida, capaz de romper con el conjunto de las relaciones sociales dinerarias, mercantiles y capitalistas y no sólo cambiar las formas de su gestión.

Luis Ayada y Cusi Qóyllur, abril 2006