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En esta época de guerra

 

 

 

 

 

 

Barbarie sin límite

Aún más...

¿No hay límite? ¿No tiene límite la barbarie, el sin sentido, el implacable ejercicio del poder, la insaciabilidad del Leviatán?

De niños escuchábamos atónitos la potente e insinuadora voz que en la carpa del circo hacían llegar los altavoces cuando en un silencio contenido la trapecista acababa de realizar un vuelo imposible: El "más difícil todavía" daba paso a otra pirueta igualmente imposible. La ilusión infantil, en el mundo irreal del circo, soslayaba la realidad material de carne y muerte, de castigo y domesticación del cuerpo que la sostenía. Más tarde algunas películas, Candilejas, La Strada, nos la mostraron.

En Irak vemos día a día que algo peor está aún por llegar. Cada página, cada imagen da cuenta de una barbarie mayor. El "más difícil todavía" se convierte en la imagen macabra que te corta la respiración ante la nueva pirueta que orquestará el ejército invasor. La ilusión democrática esconde la obscena realidad del ejercicio del poder del capital, y sostiene nuestro disimulo y nuestro «pasar página».

Será oportuno indagar de nuevo el porqué de una ilusión, de la ilusión democrática, cuando sabemos del ejercicio del poder que la sostiene en las tierras de África, de Oriente, de Europa, de Asia, o de América. Las imágenes no hace falta evocarlas, las puede poner cada uno. No son imágenes de la excepción sino de la regla. No nos muestran escenas excepcionales en tierras lejanas, de un ejercicio corrupto del poder, sino estampas cotidianas en la mayor parte del planeta consecuentes a este normal ejercicio del poder del capital en su acumulación, gracias al trasvase de trabajo en plusvalía. Ejercicios de poder no en manos, precisamente, de unos salvajes o incontrolados, sino en manos de técnicos y filósofos civilizados doctorados en las más prestigiosas universidades del primer mundo.

Advertidos, la ilusión se convierte en cinismo; el aún más, la ausencia de límite, en perversión.

La falacia del progreso ha dado vía libre a la barbarie. A caballo del progreso y de la civilización ha entrado la muerte. Decía Günther Anders que hoy la pregunta ya no es cómo viviremos sino si viviremos, y a partir de aquí se movilizaba contra la barbarie nuclear. Hemos ido aún más allá, hemos dado un paso más: tenemos la respuesta a la pregunta de si viviremos. En las tierras arriba mencionadas, muchos que son la mayoría van dejando de vivir, ya no viven porque así lo han decidido quienes sostienen la progresión del capital.

 

 

 

 


 

 

 

 

Este mismo progreso se vocea como razón de la técnica. Una técnica que ha hecho de la guerra el mejor catalizador de su progreso. Pero como ya hemos constatado en otras ocasiones, sabemos que esta técnica no es ni neutra, ni neutral y que está al servicio del Poder, de aquellos pocos a los que proporciona grandes beneficios; aunque estos tampoco la controlen totalmente, pues como señala J. Ellul, ella por sí misma marca, como parte fundamental del sistema capitalista, su propio rastro.

El Poder, tanto cuando ha sido absoluto y personificado en un nombre, como cuando se oculta difusamente tras múltiples burocracias institucionalizadas, entre las que se encuentra el Estado, siempre se ha otorgado unilateralmente el derecho sobre la vida y la muerte de sus súbditos. El Estado, como institución burocrática al servicio de la clase dominante que tiene el poder del dinero, se reserva el uso exclusivo de la violencia, tanto en su uso interior para reprimir o vencer una posible guerra de clases, como en su uso exterior para dominar y conquistar atacando y eliminando a otras poblaciones.

El sistema capitalista, nacido de la civilización Occidental que se extiende por el mundo entero, ha organizado las matanzas más brutales que la historia pueda recordar: jamás fue tanta la carnicería humana como en las últimas guerras.

Con la llamada "2ª guerra mundial" dos variantes importantes han aparecido en la forma de hacer la guerra, una es consecuencia de la otra y las dos son fundamentales para aterrorizar a la población en masa. La primera y principal fue la pérdida de importancia de la guerra de frentes y que fueran la aviación y los cohetes (misiles) las armas fundamentales y su objetivo prioritario no ya tanto el ejército enemigo sino la población civil. Es decir, causar el terror entre la gente mediante bombardeos masivos en ciudades densamente pobladas. Ensayada primero por los ejércitos de Hitler, fueron los aliados, sobre todo ingleses y americanos, quienes la practicaron con efectos más devastadores. La segunda variante, consecuencia de la primera, fue el invento y el uso por parte de los EEUU de la bomba atómica, un solo avión y una sola bomba bastaba para poner sobre la mesa la cantidad de muertos suficientes, y por si no hubiera bastante, dos hecatombes fueron mejor que una.

Las armas atómicas, junto con el desarrollo de la electrónica y la cibernética, dominaron la fría guerra entre las dos facciones (bloques) del capital, hasta que la facción bastarda, que había sido la última en incorporarse al sistema capitalista, la del capitalismo de Estado fue completamente derrotada, no por la guerra nuclear sino por su propio colapso económico; pues no hay que olvidar que la guerra económica es otra manera de hacer la guerra. Este hecho ha dado, momentáneamente la preponderancia a una facción capitalista, la única, por otra parte, que podía reclamar su originalidad y con un solo Estado dominante, EEUU. La otra visibilizada ahora en el estado Chino tendrá aún que esperar para que llegue, quizás, su tiempo de dominio.

Jamás la técnica en general y la de la guerra en particular había alcanzado un poder de destrucción masivo tan grande como ahora. Y nunca un poder tan grande de muerte había estado en manos de un solo Estado: EEUU. Estado que tiene un presupuesto militar equivalente a la suma del presupuesto militar global de los 15 Estados que le

 

 

 

 


 

 

 

 

siguen en importancia, o dicho de otra manera, su presupuesto militar representa el 45% de todo el gasto militar de los 191 Estados del mundo, teniendo en cuenta que USA destina a ello tan sólo el 4% de su producto interior bruto (PIB). Por otra parte su técnica, también la militar, es inmensamente superior a la de cualquier otro Estado, y puede con una mínima parte de ella destruir, si ello fuera posible, varias veces este mundo al completo, ellos lo saben y el resto también, representan el paradigma total del Estado-Terror.

Sabemos, por soportarlo, que el Estado puede mostrar múltiples rostros a la vez y publicitarlos todos, aquí señalamos uno de ellos, pero puede ser Estado-Control, Estado-Recaudador, Estado-Protector que nos defiende del peligro terrorista, o Estado-Tortura y convertirse en Estado-Representante de los ciudadanos para arrogarse el poder de "cuidarnos" aunque para ello debamos mostrarnos como cívicos y disciplinados, obedientes y sumisos. También podemos comprobar como el poder del capital se difumina y oculta tras una multitud de burocráticas instituciones que le permiten controlar y dominar sin exponerse.

Desde la "2ª guerra mundial" la llamada sociedad civil además de trabajar pone los muertos en multitud, siguiendo la estrategia del Terrorismo de Estado. Basta simplemente mirar de soslayo para darse cuenta de esta realidad: en Vietnam más de 3 millones de muertos; o en Chechenia, la ciudad de Grozni destruida por las bombas rusas. ¿Cuántos son los muertos en Afganistán, en Irak y en Falluja tras los bombardeos americanos con bombas de uranio empobrecido y de «Mark 77» que según el portavoz de los marines Michael Dayli "es más ecológico que el Napalm pero igual de efectivo"? ¿Y en los conflictos "olvidados"?: en Centroamérica, en los Balcanes, en Ruanda, en Somalia, en Liberia, en el Congo, etc. Y ¿en Palestina? donde el ejército israelí mata bebés, niños y adolescentes, mientras que la respuesta de los grupos armados palestinos es mayoritariamente contra autobuses, bares...

¿Qué espectáculo nos ofrece el Terrorismo?, el mismo que el Estado-Terror que lo ha aupado y armado: la muerte repartida entre la población civil. Además de más Estado, más religión, más trabajo ya no asalariado sino servil, como el que se desarrolla en Arabia Saudita.¿Es este el "nihilismo" que hace temblar al mundo capitalista? Más bien es un remedo del Estado-Terror capitalista que primero lo ha creado y ahora dice poder destruir. Pero que sin duda usa para aumentar la sumisión de una población aislada y postrada por los miedos y terrores inducidos por su mismo Estado.

Durante la guerra del Vietnam, una parte importante de la población de EEUU se volvió contra su prepotente Estado y exigió el fin de aquella masacre, la burocracia estatal se vio desbordada en varios puntos y entre ellos el control de la información que se emitía sobre el conflicto. Hasta entonces el control de la información por parte de los mandos del ejército en caso de guerra se basaba en la masiva propaganda publicitaria a favor de su ejército y en mejorar su imagen, pero el control no era total y aunque las excepciones fueran pocas para un espíritu totalitario siempre son muchas. Desde la primera guerra del Golfo la campaña de propaganda que deben emitir los medios de

 

 

 

 


 

 

 

 

comunicación, forma parte y se prepara junto a la campaña militar y ocupa un destacado lugar en ésta. El control de la "información" debe ser, y de hecho lo ha sido, total por parte del ejército. Los medias que participan en "el seguimiento de la guerra" son armas y los periodistas-corresponsales soldados que producen las noticias que serán emitidas para todo el mundo. La propaganda es total, la información ninguna, se vende la guerra como se vende un producto mediante la publicidad que es siempre engañosa. La noticia producida al emitirse por la TV y entrar en cada casa (piso o chavola) y en cada habitación, se convierte en la única verdad. El que trata de informar sobre lo que en realidad sucede puede ser eliminado. En el llamado "mundo de la información" lo esencial es la propaganda, cualquier mensaje o noticia es tan solo propaganda que emplea las palabras como armas para defender los intereses y el dominio del Poder y del establishment. Sepultados por torrentes de miles de palabras, noticias, opiniones y mensajes que son únicamente propaganda, ¿cómo llegar al claro del bosque? Y una vez en él ¿cómo ver el bosque que nos tapan los árboles?

Volvamos, como en el inició, a Anders que en sus escritos propugna una filosofía de la resistencia que puede resumirse en la tesis fundamental: la amenaza de la destrucción nuclear que se cierne sobre la humanidad entera es la consecuencia extrema de un desarrollo de las técnicas industriales cuyo poderío supera las capacidades de los mismos seres humanos que las producen. Hoy cuando la amenaza nuclear y de la técnica en general aparecen más lejanas por efecto de la propaganda que nos torna amnésicos, deberíamos volver a contemplar la movilización por él emprendida que nos estimula a vislumbrar y dejar atrás ilusiones y falacias, la ilusión democrática y la falacia del progreso, no para volver atrás y desandar el camino andado, hasta encontrar la encrucijada por donde dimos el paso en falso y rectificar, ejercicio inútil o imposible, sino para enfrentarnos diariamente al cotidiano ejercicio del poder, en nuestra tierra, en nombre de un por venir que no es otro que el ejercicio de nuestra vida.

Etcétera, mayo 2005

 

 

 

 

 

Bolivia (Segunda parte)

Como los lectores recordarán, en octubre de 2003 una insurrección popular derribó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La chispa que hizo estallar el polvorín fue el escándalo de la entrega casi gratuita de los recursos de petróleo y gas natural del país a las compañías transnacionales; comunidades campesinas, asambleas vecinales y sindicatos se unieron exigiendo la nacionalización de los yacimientos de hidrocarburos. La dimisión y huida de Sánchez de Lozada y su sustitución por el hasta entonces vicepresidente Carlos Mesa, historiador sin afiliación política, permitieron restablecer

 

 

 

 


 

 

 

 

una calma precaria; los motivos de la protesta persisten sin apenas modificación (ver "Bolivia: ¿guerra del gas o guerra social?", Etcétera n. 38, junio 2004).

Las dos notas que siguen tratan de resumir la evolución de los acontecimientos desde entonces. La primera ha sido publicada, en traducción francesa, junto al artículo citado, en La Question sociale nº. 2, invierno 2004/2005; la segunda, de última hora, ha sido redactada para este número de Etcétera.

I. (diciembre de 2004).

A las ocupaciones de tierras que venían proliferando desde octubre se añadieron, con la huelga general de mayo de 2004, las tomas de minas entregadas a empresas transnacionales. Los mineros de Caracoles (Oruro), al igual que dos años antes los de Huanuni, imponen a punta de dinamita la nacionalización de la empresa; el Ampliado Nacional de la COB llama a todos los trabajadores a "tomar las minas, las empresas, los medios de comunicación y los pozos petroleros para administrarlos colectivamente", y a luchar hasta "la definitiva derrota del régimen neoliberal y capitalista".

En junio, los comunarios de Ayo Ayo, población aymara del Altiplano, secuestran y matan, "por corrupto y ladrón", al alcalde de la localidad, echan a pedradas a la policía y amenazan con volar las torres de alta tensión de la zona en caso de represalias; varias comunidades de La Paz y Potosí amenazan públicamente con seguir su ejemplo. Por las mismas fechas, las autoridades judiciales dejan en libertad sin cargos a un ex ministro convicto de un desfalco casi veinte veces mayor; coincidencia que induce incluso a periodistas e intelectuales bienpensantes a hacer comparaciones entre la justicia estatal y la justicia comunitaria, no siempre favorables a la primera.

Aquellos mismos días, la huelga de los maestros concluye con un éxito parcial; prosiguen los cortes de carreteras y las protestas campesinas. Pero poco a poco el gobierno logra, hasta cierto punto, recuperar la iniciativa y desviar la atención hacia las politiquerías oficiales. El presidente Mesa convoca, para el 18 de julio, un referéndum sobre la política de hidrocarburos (en el cual no se habla de nacionalización), asegurando a la vez que, sea cual sea el resultado, se respetarán los contratos existentes con las compañías petroleras. Los sindicatos y los movimientos populares, con la previsible excepción del MAS, llaman a boicotear la consulta y logran un éxito arrollador (la abstención, del 48 %, los votos nulos, en blanco y en contra de la exportación de gas suman las cuatro quintas partes de la población con derecho a voto), que evidentemente no modifica en nada la política gubernamental.

A finales de septiembre, el ejército reprime brutalmente a los campesinos cocaleros del Chapare que tratan de impedir la destrucción de sus cultivos, matando a un campesino e hiriendo a otros veinte. Las protestas arrecian; el 4 de octubre, los dirigentes cocaleros y el gobierno acuerdan un compromiso: se autoriza provisionalmente la siembra de 3.200 hectáreas, a trueque de que los agricultores consientan la erradicación de los demás cultivos de coca. La embajada de los EE UU da su visto bueno, considerando

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

que "la erradicación continuará porque los cocaleros explícitamente aceptaron la erradicación de su coca", mientras Evo Morales _expulsado con ignominia de la COB por "traidor y vendepatria"- y los demás dirigentes cocaleros intentan vender el pacto a sus seguidores como un primer paso hacia la legalización. De todos modos, de momento se ha logrado acallar las protestas contra la erradicación de cultivos.

Pocos días después, se abre el debate parlamentario sobre la ley de hidrocarburos. En las calles de La Paz, decenas de miles de manifestantes _mineros, campesinos, cocaleros, maestros, obreros y estudiantes- claman contra el proyecto de ley gubernamental y exigen el enjuiciamiento de Sánchez de Lozada. Los políticos, temiendo un nuevo estallido insurreccional, se apresuran a hacer concesiones: se autoriza el procesamiento del ex-presidente y se conceden cuantiosas subvenciones a las cooperativas mineras. El 21 de octubre, el Congreso, sin atreverse siquiera a someter a debate la ley de hidrocarburos propuesta por el gobierno, aprueba con vasta mayoría, en primera instancia, un proyecto de ley alternativo presentado por el MAS, que eleva considerablemente _de un máximo del 32 al 50 %- los impuestos a las transnacionales petroleras, aunque renunciando a la nacionalización (que siguen reivindicando la COB y los movimientos populares).

La discusión parlamentaria de la versión definitiva queda aplazada hasta noviembre; con lo cual se consigue, por lo primero, desactivar la protesta social y dejar en suspenso el conflicto. Los manifestantes se retiran; pero ahora empiezan los ataques desde el otro lado: la tímida solución de compromiso aceptada por los diputados parece un ultraje imperdonable a las compañías petroleras y a los sectores más vendidos de la burguesía nacional. Los empresarios de los departamentos productores de gas, Santa Cruz y Tarija, amenazan con declararse región autónoma si no se retira el proyecto, llegando al extremo de imponer a sus poblaciones una huelga general de 24 horas, en defensa de la industria petrolera y de la "autonomía regional". Los gobiernos de los EE UU, España y Brasil, el Banco Mundial y el FMI, amenazan con retirar toda ayuda financiera al Estado boliviano en caso de aprobarse la ley. Los congresistas, agobiados, deciden finalmente, a principios de diciembre, volver a aplazar el debate hasta enero.

Así, en suma, los partidos políticos han recobrado el protagonismo de los acontecimientos, aunque sea para cubrirse de ridículo; sus amos están dándoles a entender que sabrán muy bien gobernar el país sin ellos: en las elecciones municipales de diciembre, quedaron ampliamente derrotados por las nuevas agrupaciones "cívicas" empresariales y populistas. A estas alturas, la amenaza más inmediata para el Estado ya no parece ser su supresión revolucionaria, sino la desintegración en un "federalismo" de mafias de campanario a sueldo de las compañías extranjeras. Los movimientos populares e indígenas, si no se les ocurre pronto algo mejor, podrán verse impelidos fácilmente a asumir la defensa del Estado como mal menor frente a la dictadura sin tapujos de empresariado transnacional. Ya veremos…

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II. (mayo de 2005)

A fines de año de 2004, el gobierno de Mesa, obedeciendo solícitamente los dictados del FMI y del Banco Mundial, decreta un fuerte aumento (entre el 10 y el 23 %) de los precios de la gasolina y del diesel. La respuesta desde abajo no se hace esperar: las asambleas de barrio arrastran a los sindicatos y las juntas vecinales a declarar la huelga general indefinida en todo el país a partir del 10 de enero. En la ciudad de El Alto, como siempre en la primera línea de la batalla, la lucha contra el "gasolinazo" confluye con la protesta contra la pésima calidad de los suministros de agua, servicio cedido por el gobierno a una empresa privada de capital francés; las juntas vecinales exigen la expulsión de la empresa concesionaria y la autogestión de los servicios por los propios habitantes. Al cabo de tres días, con el país entero paralizado por la huelga general y la ciudad de La Paz, sede del gobierno, aislada por los cortes de carreteras, el gobierno retrocede, reduciendo (aunque no anulando) el aumento de combustibles y rescindiendo el contrato de la empresa de aguas (medida que luego no se hará efectiva).

Un cariz más bien peculiar toman las movilizaciones en el departamento oriental de Santa Cruz de la Sierra, el más rico en yacimientos de petróleo y gas natural, donde las asociaciones patronales, la oligarquía latifundista y su estrafalario movimiento por la "autonomía regional" intentan subirse al carro de la protesta popular y manipularla para sus propios fines. La oligarquía cruceña, de influencia dominante en el Estado durante la dictadura de Banzer y los sucesivos gobiernos democráticos desde los años ochenta, había quedado apartada de los hilos del poder gubernamental por el debilitamiento de los partidos políticos y el derrocamiento de Sánchez de Lozada; sin fuerzas ya para hacerse con el poder del Estado, pretende erigir sus feudos familiares, de inmensas riquezas naturales, en región "autónoma" frente al poder central y tanto más férreamente sometida a las transnacionales petroleras y los Estados Unidos.

El 21 de enero, en medio de una manifestación multitudinaria que culmina con la ocupación de la Prefectura (representación regional del gobierno central) y otros edificios gubernamentales de Santa Cruz, el Comité Cívico cruceño, dominado por los oligarcas latifundistas, anuncia la formación de un gobierno provisional autónomo de la región. El gobierno de Mesa ordena el despliegue de tropas en los puntos estratégicos del Departamento; los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y de los sindicatos controlados por esta organización toman abiertamente partido a favor del gobierno. Pero la resistencia popular no tarda en desbordar a unos y otros: en un espacio de pocos días, las movilizaciones de campesinos y trabajadores, las manifestaciones y los cortes de carreteras escapan de todo control de los dirigentes autonomistas y se vuelven abiertamente contra ellos. Ahora la lucha contra el "gasolinazo" es al mismo tiempo contra la intentona golpista de las mafias oligárquico-empresariales. A los cinco días de la proclama secesionista, los manifestantes que desfilan por las calles de Santa Cruz, al grito de "¡Autonomía sí, logias no!", expulsan a golpes a los partidarios del Comité Cívico que intentan encabezar la movilización. Las

 

 

 

 


 

 

 

 

asociaciones indígenas, campesinas y obreras denuncian públicamente los "afanes golpistas, desestabilizadores y separatistas de los grupos fascistas de Santa Cruz", llamando a la lucha por una "verdadera democracia participativa" y por las "autonomías regionales y de los pueblos indígenas y originarios".

Por esta vez, el gobierno de Carlos Mesa logra apaciguar las protestas a fuerza de concesiones a medias, promesas y aplazamientos; pero la calma dura poco. A principios de marzo cunde una nueva oleada de protestas. Los vecinos de El Alto vuelven a la huelga general por el agua y por el petróleo; los campesinos de los valles de Sucre cortan las carreteras, exigiendo la aprobación de la ley de hidrocarburos y la convocatoria de la Asamblea Constituyente, y amenazan con ocupar los pozos petroleros de la zona; en Cochabamba, los trabajadores de la industria petrolera, con el apoyo masivo de campesinos y desocupados, se preparan para ocupar las refinerías, mientras los maestros de varias ciudades se movilizan en demanda de mayores recursos y los campesinos del Altiplano cortan la carretera de La Paz a Oruro, pidiendo la apertura de una Escuela Normal Superior para la región.

El presidente Carlos Mesa, agobiado y arrinconado, presenta su renuncia el 6 de marzo; pero esta vez los movimientos populares ya no se dejan engañar por la promesa de un cambio de gobierno: les da lo mismo que el presidente se vaya o que se quede; las movilizaciones continuarán. El Parlamento rechaza la dimisión del presidente; Mesa, desesperado, propone disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas para agosto, pero los parlamentarios se oponen, temerosos de perder las dietas de los dos años de mandato que les quedan. El presidente tendrá que seguir gobernando hasta el 2007, aun a pesar suyo.

Mientras la mayoría neoliberal del Congreso se apresura a apuntalar el tambaleante poder presidencial, los líderes del MAS _hasta ese momento el principal sostén parlamentario del ajetreado presidente- deciden, tras algunas vacilaciones, apostar por la movilización social a la que sus bases los vienen arrastrando. El 9 de marzo, concluyen un "pacto revolucionario de unidad" con las dirigencias más radicales de la central sindical COB y del sindicato campesino CSUTB, a su vez debilitados por la creciente autoorganización de las bases, y algunas otras organizaciones. El pacto, pese a la retórica revolucionaria de los dirigentes, tiene por efecto principal restablecer la hegemonía del reformismo parlamentario sobre los movimientos populares: al cabo de una semana, se levantan los cortes de carreteras, apenas la Cámara de Diputados aprueba, en etapa preliminar, el proyecto de ley de hidrocarburos propuesto por el MAS.

Una vez medio desarmada la protesta, el proyecto (que, como se recordará, preveía gravar las exportaciones de gas y petróleo con impuestos y regalías entre el 32 y el 50 %) pasa a la Cámara de Senadores, que se dedica concienzudamente a "flexibilizar" la ley, aprobada en principio, a favor de las compañías petroleras, hasta dejarla convertida, a golpe de descuentos, desgravaciones, cláusulas de aplicación y revisiones de tarifas, a poco más que ratificación del status quo ante, y así devolverla finalmente, a principios de mayo, a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, con las enmiendas

 

 

 

 


 

 

 

 

senatoriales o sin ellas. En el momento en que escribimos, el Congreso sigue discutiendo, mientras los sindicatos y las organizaciones campesinas anuncian nuevas movilizaciones.

En resumidas cuentas, los acontecimientos han confirmado, en gran parte, lo que advertíamos hace un año: la consigna de la "lucha por el gas y el petróleo" ha servido mayormente para desviar las luchas sociales hacia el terreno de la política parlamentaria y estatal; hoy, los movimientos de protestas corren el riesgo de quedar reducidos a meros comparsas de las fracciones más desarrollistas de la burguesía nacional y demás aspirantes a burócratas de futuras industrias estatales. Cabe preguntarse, después de todo, hasta dónde una industria de hidrocarburos, por nacionalizada que sea, podría realmente escapar al control de las empresas transnacionales, en fin de cuentas las únicas que disponen de la tecnología necesaria para la elaboración, refinamiento y transporte de la materia prima; o de qué manera una industria petrolera, centralista por su propia estructura material, puede ser gestionada por los trabajadores y campesinos del país, sin delegar las decisiones en las élites de tecnócratas y especialistas "competentes".

Y, sobre todo, nadie parece ya cuestionar, a estas alturas, la necesidad misma de las industrias petroleras, cuyas explotaciones están destruyendo cada vez más aceleradamente la riqueza de las selvas forestales y los fundamentos de la vida de los pueblos originarios, mientras sus gaseoductos envenenan los ríos, los lagos y las tierras del Altiplano, poniendo en peligro la agricultura, la ganadería y la pesca... Y todo eso, en fin, para sostener la demencial y autodestructiva economía de despilfarro de los países desarrollados. En Bolivia no han faltado las tomas de posición muy razonables al respecto, sobre todo por parte de las comunidades indígenas. Recordemos que, en julio de 2003, el décimo congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) exigió la expulsión de las compañías petroleras de las áreas protegidas y los parques nacionales, así como la administración directa de esos territorios por las comunidades campesinas y los pueblos indígenas que los habitan; reivindicación que acaso sería conveniente hacer extensiva a todo el territorio nacional. Ya es hora de preguntarse en serio si Bolivia _y el mundo- no viviría mejor sin industrias petroleras, o a lo menos reduciéndolas a un mínimo cuya utilidad social sea mayor que los estragos que ocasionan.

Previsiblemente, se nos objetará que el petróleo es dinero, mucho dinero, cientos de millones de dólares. Pero ahí está justamente la guerra verdadera: o la vida y la riqueza verdadera de la tierra, los bosques, los ríos y los campos, o el Dinero, el Capital y el desarrollo devastador y mortífero de su desorden planificado. Hay que elegir, mientras aún se pueda.

Luis Ayada y Cusi Qoýllur