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Bolivia: ¿guerra del gas

o guerra social?

La insurrección popular que en octubre pasado derribó al por entonces presidente de la República de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada (y que, en el momento en que estoy escribiendo, está encontrando su prolongación en la huelga general indefinida convocada para este mes de mayo), merece nuestra atención, según entiendo, por varias razones. En primer lugar, desde luego, por el hecho mismo de haberse atrevido los bolivianos a derrocar un gobierno por la vía de la insurrección de la gente de abajo, hecho que a estas alturas de la modernidad, según nos venían asegurando los expertos en fines de la Historia, era del todo imposible que sucediera; haber rectificado este prejuicio interesado era ya de por sí de agradecer. La hazaña es tanto más notable por cuanto no se derribó a una junta cualquiera de gorilas en vías de extinción, sino a un gobierno elegido con todas las bendiciones legales de la democracia parlamentaria (sin que eso comporte mucha diferencia en la manera de responder a las demandas de los gobernados); de modo que no será muy exagerado decir que la revolución boliviana ha empezado a tomar por blanco de su ataque directamente a la mentira democrática, que es el corazón de la ideología hoy dominante.

Más allá de las consignas enarboladas por las diversas organizaciones, los trabajadores y campesinos de Bolivia se han levantado, más que contra un gobierno particular, contra el conjunto del orden político, social y económico actualmente establecido. La cuestión que la prensa internacional ha señalado como motivo de la revuelta –la exportación de gas natural a cuenta y beneficio de empresas extranjeras, la española REPSOL entre las primeras- no fue, en principio, mucho más que la ocasión que propició la confluencia de los diversos movimientos de oposición. De todas maneras, el escándalo que hizo saltar la chispa no era para menos: la Ley de Hidrocarburos, promulgada por el gobierno de Sánchez de Lozada e impuesta por dictado del FMI, entrega los recursos de combustibles fósiles del país de modo prácticamente gratuito a las empresas transnacionales que los hayan “descubierto”, reservándose el Estado boliviano tan sólo un impuesto del 18 % sobre el valor a boca de pozo del crudo, que luego, una vez refinado y elaborado en industrias de Chile, Argentina o Brasil, se vuelve a vender a Bolivia a precios de mercado mundial. Las condiciones de secretismo, corrupción desaforada y abierta violación de las leyes del país en que se pactaron las cláusulas de venta, sacadas a luz por diputados opositores, acabaron por suscitar la indignación hasta del último demócrata bienpensante; además, la circunstancia peculiar de que la exportación de gas hubiera de pasar por los puertos del litoral pacífico, que el Estado de Chile había arrebatado a Bolivia en la guerra de conquista de 1879, añadió a la indignación la ponzoña del resentimiento patriótico.  Pero todo eso, evidentemente, no habría levantado mucho más que bieneducadas protestas verbales de políticos y periodistas, de no haber caído en una situación que ya estaba lista para el estallido por otras razones. Y no me refiero a la circunstancia que lo más a menudo suelen invocar, a modo de explicación de lo ocurrido, los medios mal llamados de comunicación: a saber, las condiciones de abrumadora miseria en que supuestamente viven la mayoría de los bolivianos. A decir verdad, la fama de “país más pobre del continente” de que goza esta república andina se debe más que nada a las virtudes milagrosas de la estadística, por efecto de las cuales el chabolista más miserable de México o Sao Paolo, gracias a su participación –puramente teórica- en un Producto Nacional Bruto mucho más elevado, disfruta de una Renta Per Cápita en dólares varias veces superior a la de los campesinos bolivianos que producen ellos mismos la mayor parte de lo que consumen (bienes que, por carecer del status de mercancía, no figuran en las estadísticas).  En definitiva, la pobreza material que se padece en Bolivia, con ser notoria, no es peor que en cualquier otra parte de América Latina; y si el empeoramiento de las condiciones de vida durante el último decenio ha tropezado en este país con una resistencia popular mucho más contundente y eficaz que en otros lugares, no será tanto debido a lo extremo de la miseria como gracias a la tenaz persistencia de unas tradiciones de autoorganización comunitaria que permiten resistir con firmeza y dignidad a cada nuevo desafuero del poder, justamente porque desde siempre vienen resistiendo, aun sin que se tenga mucha conciencia de ello, a ese desafuero fundamental y perpetuo que es la asimilación de todas las relaciones sociales por el Estado y el mercado.  La insurrección de octubre no fue una revuelta de masas amorfas de hambrientos, sino un movimiento muy bien organizado desde las asambleas, las comunidades campesinas, las juntas vecinales y los comités de huelga, que supieron coordinar por su cuenta las luchas a lo largo y ancho del país, arrastrando finalmente tras de sí a las cúpulas sindicales y políticas. “Ningún líder ni ningún partido político dirigió este levantamiento popular… Los trabajadores bolivianos, desde abajo, fueron los que echaron a patadas del poder al del asesino de Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada). Nadie, individual y partidariamente, se puede adjudicar el liderazgo de este conflicto”, reconoció a finales de octubre Jaime Solares, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB); y por más que semejante cargo de dirigente sindical no sea muy buen acreditativo en materia de autonomía obrera, estaba diciendo la pura verdad.

Muerte y resurrección del movimiento minero: una amarga victoria del Capital. El movimiento sindical minero, organizado desde los años cuarenta, fue el núcleo de las milicias populares que combatieron en la revolución democrática y nacional-desarrollista de 1952, que conquistó el sufragio universal, la reforma agraria y la nacionalización de las minas y demás recursos. Durante más de treinta años, los mineros agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB) supieron mantener a raya a los sucesivos gobiernos, civiles y militares, de izquierdas o de derechas que fuesen; el desengaño del nacionalismo “revolucionario”, cuyas ambiciones progresistas iban menguando progresivamente, los fue acercando a la izquierda marxista, predominantemente trotsquista.

A finales de los años ochenta, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el mismo partido que había encabezado la revolución de 1952, entre tanto despojado ya de toda veleidad revolucionaria o tan siquiera nacionalista, volvió al poder para deshacer las conquistas de antaño, privatizando las empresas que en aquel entonces había nacionalizado. Fue el primer mandato presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada. En el caso de las minas, el proyecto de privatización se estrella contra la resistencia masiva de los trabajadores; el gobierno corta por lo sano y decreta el cierre de las empresas mineras estatales, alegando la falta de rentabilidad ocasionada por la caída de los precios de estaño en los mercados mundiales; algunas minas pasan luego a manos privadas (las más lucrativas, a las del propio presidente).  Entre los más de cincuenta mil mineros despojados de sus puestos de trabajo, muchos se organizaron en cooperativas para arrancar los exiguos restos de metal del desmonte de las minas; otros cambiaron de residencia y de oficio, dedicándose a la agricultura y otras ocupaciones. Fue el fin del movimiento obrero más vigoroso y más combativo que había conocido América Latina; pero esa victoria del poder fue el inicio de su derrota: los mineros, al dispersarse a los cuatro vientos, llevaron consigo a todas partes las semillas de la rebeldía, difundiendo por doquier el manejo de las que fueran sus armas más probadas: la organización sindical y la dinamita.

Los cocaleros. Entre esos avatares del sindicalismo minero, el más prominente ha sido el movimiento de los cultivadores de coca de la región tropical Chapare, amenazados por las campañas de erradicación de cultivos que la embajada de los EE UU, en su calidad de gobierno de facto del país, impone bajo el estrafalario pretexto de la “guerra contra la droga”. Recordemos, por si hiciera falta, que la inmensa mayoría de la producción cocalera boliviana abastece al mercado interno, destinado al ancestral, entrañable y salubérrimo hábito de consumo de la hoja de coca en forma de pijchu o mascadijo, o bien de infusión; sólo una pequeña parte sirve para la elaboración de ese derivado químico que es la cocaína, industria dominada por mafias militares y derechistas, y que los campesinos cocaleros no tienen interés ni empeño alguno en defender. El cultivo de la coca no es un negocio muy lucrativo, pero sí algo menos ruinoso que los cultivos “alternativos” previstos por los planes de erradicación, encaminados a todas luces a erradicar, no precisamente el tráfico de drogas, sino una rama agrícola tradicional que, dentro de una economía nacional descaradamente expoliada por intereses extranjeros, subsiste como un nada desdeñable factor de independencia económica, asegurando el sustento de más de 35 000 familias.

La organización política que agrupa a la mayoría de los activistas cocaleros es el “Movimiento al Socialismo” (MAS), continuación más o menos indirecta del antiguo Partido Comunista; domina la mayor parte de los municipios del Chapare, donde, además de organizar la resistencia campesina, ha realizado notables obras de infraestructura (escuelas y carreteras). En las últimas elecciones presidenciales, su candidato, el líder cocalero Evo Morales, quedó en segundo lugar después de Sánchez de Lozada, lo que convierte al MAS en la segunda fuerza política del país, con cada vez mayor arraigo entre la clase media y unas posturas políticas cada vez más moderadas.  Las comunidades campesinas. Pero los antecedentes más inmediatos de los hechos de octubre hay que buscarlos en el otro extremo del país, entre los campesinos aymaras de la región del lago Titicaca, que ya entre 2000 y 2001 se habían enfrentado con denuedo al ejército. Disponen de una organización sindical propia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), pero la verdadera base de su organización son los ayllus o comunidades agrarias tradicionales.

Aunque la reforma agraria de 1953, al devolver la tierra a los campesinos, la devolvió convenientemente parcelada en lotes individuales de propiedad privada, a fin de incorporar a la población rural a la economía de merca-do, la tradición comunaria pervive, sin embargo, en el usufructo de las tierras comunales, los aynis o prestaciones de apoyo mutuo, los trabajos colectivos en obras públicas (escuelas, caminos, pozos, zanjas de regadío, asistencia a enfermos y desvalidos) y, sobre todo, la toma de decisiones en las asambleas públicas, que eligen cada año a sus “autoridades” (revocables a cada momento y rigurosamente sometidas a los mandatos y la vigilancia permanente de la asamblea), los mallkus o jefes y los alcaldes, encargados de dirigir las faenas colectivas, representar a la comunidad ante el exterior y administrar justicia según el derecho consuetudinario de los campesinos indígenas.  Así pues, las comunidades son tan autosuficientes en su política como en su economía: no necesitan tomar lecciones de comunismo de ningún partido, ni menos aún lecciones de democracia de la sedicente civilización occidental que los está colonizando. El Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), encabezado por el secretario general de la CSUTCB, Felipe Quispe, apodado “El Mallku”, propugna un “socialismo comunitario” basado en la confederación de ayllus o comunidades agrarias. Observemos que la vindicación de las tradiciones precapitalistas no implica aquí ninguna hostilidad de principio hacia las tecnologías modernas: una de las reivindicaciones más sonadas del movimiento campesino ha sido el reparto de tractores entre las comunidades.  Dado que las comunidades campesinas, sus asambleas y autoridades electas, no gozan en Bolivia de ningún reconocimiento oficial ni status jurídico, y que, por otro lado, en la mayor parte de los municipios aymaras conviven más o menos conflictivamente con los alcaldes y demás autoridades oficiales, nombradas desde arriba por el gobierno, se origina de hecho una situación de doble poder que ha sido, si no el detonante más inmediato del estallido de octubre, a lo menos el explosivo que lo hizo posible.

La rebelión de los comuneros: Sorata y Warisata. Las protestas empezaron cuando los órganos de justicia del Estado mandaron encarcelar a unos dirigentes comuneros de la provincia de Omasuyos (Departamento de La Paz), acusados, sin mucho fundamento, de la muerte violenta de dos individuos a los que ellos habían juzgado, según el derecho tradicional aymara, por ladrones de ganado; y digo “sin mucho fundamento”, porque ni la pena de muerte ni la venganza de sangre forman parte de los procedimientos habituales de la justicia indígena. Se trataba, pues, de un claro ataque a la autogestión interna de las comunidades, y que éstas entendieron en seguida como tal: en todo el norte del Altiplano cunden las protestas, movilizaciones y huelgas de hambre de las autoridades comunales; tres mil campesinos marchan sobre La Paz, la sede del gobierno, exigiendo la liberación de los detenidos.

Es en este trance justamente que sale a la luz el escándalo de la exportación de gas natural. Las primeras que se manifiestan en contra son las viudas e hijas de los veteranos de la guerra del Chaco de 1932-1935, airadas ante semejante dilapidación del patrimonio nacional tan arduamente conquistado por sus difuntos; siguen movilizaciones de los universitarios y de los partidos de la oposición, que paralizan repetidamente la ciudad de La Paz. En fin, el movimiento campesino hace suya la reivindicación del gas, llamando al bloqueo de las carreteras del Altiplano, que se inicia a mediados de septiembre del 2003.

El 20 de septiembre, el gobierno envía fuerzas del ejército y de la policía a rescatar a un grupo de turistas aislados por el bloqueo en la localidad andina de Sorata, al este del lago Titicaca. A lo largo del camino, los pobladores reciben a pedradas a los soldados, que sólo mediante el empleo masivo de armas de fuego, aviones y helicópteros consiguen abrirse paso hasta Sorata.  Los campesinos, armados de fusiles y dinamita, no abandonan la resistencia; en la localidad de Warisata, un soldado y cinco pobladores mueren en un tiroteo entre los insurgentes y las fuerzas especiales del ejército.  La insurrección de El Alto y la huelga general de octubre. Los cortes de carreteras van ganando extensión; el 28 de septiembre, la COB, que entre tanto ha logrado salir de una prolongada crisis interna, llama a la huelga general indefinida y al bloqueo de caminos a nivel nacional, exigiendo la nacionalización del gas y la dimisión del presidente. El líder del MAS, Evo Morales, se opone a la huelga y al bloqueo, invocando el peligro de un golpe militar derechista; sólo cambia de parecer cuando el movimiento ya está en plena marcha, lo cual, de todos modos, no impide que el gobierno le conceda el inmerecido honor de señalarlo como instigador de la revuelta.  Mientras tanto, los dirigentes campesinos prosiguen la huelga de hambre en la ciudad de El Alto, suburbio pobre que se levanta por encima de La Paz, en el límite del Altiplano, en el mismo lugar desde donde los insurgentes aymaras de Julián Apasa pusieron sitio a la ciudad en 1781. Arrabal interminable de casas bajas y tapias de adobe grisáceo, entre anchos caminos de tierra que se pierden por los horizontes de la llanura, El Alto, ciudad aymara, se erige en capital de la revuelta.

El 8 de octubre, las juntas vecinales declaran un paro cívico indefinido; desde el día siguiente, se desatan los enfrentamientos armados con la policía y el ejército, que interviene con tanques y helicópteros. Miles de pobladores se lanzan a las calles levantando barricadas, junto a los mineros y campesinos que acuden de todas partes; con piedras, cócteles molotov y barras de dinamita logran hacer retroceder a las fuerzas del Estado. Al caer la noche del 10 de octubre, El Alto está en manos del pueblo levantado en armas.

La posición estratégica del lugar no podía ser más favorable a los insurgentes:

desde El Alto, se domina el aeropuerto, la central distribuidora de hidrocarburos y la mayor parte de las carreteras que unen La Paz con el resto del país. Los campesinos de los alrededores vienen a completar el cerco, cortando las restantes vías de acceso a la ciudad gubernamental; un grupo de mineros intenta apoderarse de la central hidroeléctrica de Milluni, al pie de la cordillera.  Los militares, temiendo que les venga a faltar el combustible para sus vehículos y aviones, intentan recobrar el dominio de la zona insurgente con violencia desesperada y cada vez mayor brutalidad. Los vecinos de El Alto resisten heroicamente, impidiendo la salida de un convoy de camiones-cisterna de gasolina escoltado por la policía y el ejército. Los militares, batiéndose en retirada, se repliegan a sus cuarteles, mientras los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía se prolongan durante toda la noche. Al día siguiente –domingo, 12 de octubre- consiguen abrirse paso, disparando con fusiles y ametralladoras desde los helicópteros; veinticinco insurgentes, acorralados en el puente de Río Seco, mueren bajo la lluvia de balas. Cuando el convoy gasolinero, flanqueado por las ráfagas de ametralladora del ejército, logra finalmente enfilar por la autopista de La Paz, los muertos ya son más de cuarenta.  La victoria militar de las fuerzas gubernamentales se trueca inmediatamente en derrota política y moral; las matanzas indiscriminadas indignan a casi todo el mundo y enardecen aún más los ánimos de los insurgentes. El lunes, 13 de octubre, la población de La Paz se suma finalmente a la protesta; las juntas vecinales llaman a una marcha de apoyo a El Alto y repudio de las matanzas, mientras los pobladores de El Alto bajan a la ciudad al grito de “¡Ahora sí, guerra civil!”.

El mismo lunes, los enfrentamientos con la policía se extienden a toda la ciudad, mientras las protestas, manifestaciones, huelgas y bloqueos de caminos se difunden por el resto del país: Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre… Los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), el ejército y las organizaciones empresariales declaran su respaldo al presidente constitucional Sánchez de Lozada, quien denuncia la “violencia” de los opositores y el complot subversivo urdido por terroristas y narcotraficantes a fin de des-truir la democracia boliviana. Pero ya son pocos, incluso entre las clases medias, los que toman en serio los discursos cada vez más delirantes del mandatario; periodistas, intelectuales y artistas se suman a pedir su dimisión. El propio vicepresidente, el historiador Carlos Mesa, critica la represión militar y se distancia públicamente de Sánchez de Lozada, aunque sin renunciar a su cargo, insinuándose con ello como opción de recambio para la salida de compromiso que pronto hará falta.

En la ciudad de La Paz, la huelga es casi total: a los transportes, de todos modos paralizados por la escasez de combustible, se suman los maestros, las carnicerías, las panaderías, los mercados… De todas partes van llegándoles refuerzos a los huelguistas: miles de campesinos de las provincias del norte, cocaleros de los Yungas, mineros armados de Oruro y Potosí.  El gobierno, viéndose acorralado, manda decomisar algunos periódicos opositores y, con no menos torpeza, amenaza de persecución legal a quienes pidan la renuncia del presidente (que entre tanto ya son la mayoría del país), al mismo tiempo que propone someter a referéndum la ley de hidrocarburos y se declara dispuesto a negociar. Pero ya es tarde: ya no hay quien quiera hablar con el asesino de los pobladores de El Alto. El país entero se ha puesto en pie contra el gobierno; las protestas se extienden hasta los rincones más remotos del territorio, desde las llanuras del Chaco, en la frontera con Paraguay, hasta las impenetrables selvas tropicales del Beni, en los lindes de la Amazonia.  El cerco en torno a La Paz se estrecha. No hay transportes; los comercios están cerrados. Empiezan a escasear los víveres; en las calles, desiertas del tráfago habitual, se suceden los mítines, asambleas, manifestaciones y esporádicos enfrentamientos con la policía, en medio de una calma tensa hasta lo insoportable. La noche del domingo, 19 de octubre, por fin se difunde la noticia de que el presidente ha huido en un helicóptero militar a Santa Cruz, de donde parte en avión rumbo a Miami. Desde allí presenta, al día siguiente, su renuncia formal; el vicepresidente Carlos Mesa asume el poder, pidiendo una tregua de noventa días para empezar a poner orden en los asuntos del país. Las organizaciones opositores le conceden este favor; se restablece la tranquilidad, a lo menos de momento.

Los noventa días de Mesa: resumen de un fraude anunciado. El plazo de tregua acaba con el resultado que era de prever, que es decir, ninguno. El nuevo presidente se muestra en todo como digno sucesor del fugitivo Sánchez de Lozada, manteniendo la misma política con escasos retoques (como la exportación del gas a través de Argentina, en lugar de Chile). Los movimientos sociales empiezan a preparar nuevas movilizaciones. El 8 de abril de 2004, la COB y el movimiento campesino del Altiplano llaman a la huelga general indefinida y el bloqueo de caminos a partir del 2 de mayo, exigiendo la nacionalización del gas y del petróleo, la derogación de la ley de hidrocarburos y la ley de pensiones y, en general, el cese de las políticas neoliberales.  Entre tanto, el MAS, antiguo partido de los campesinos cocaleros, cada vez más dominado por sus diputados del clase media, se mueve a un concepto de “socialismo” respetuoso de la propiedad privada y del orden institucional.  Sus dirigentes se oponen abiertamente a las huelgas y movilizaciones, las boicotean y tratan de impedir que participen las bases de los sindicatos y movimientos sociales por ellos controlados; de nuevo, invocan el peligro de un golpe de Estado inminente, llegando al extremo de difamar a los dirigentes de la COB como “paramilitares” y cómplices del fascismo. No cabe duda de que Morales está apostando por ganar las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 2007. La nueva imagen de responsabilidad y mesura le está granjeando ya los aplausos de la prensa; sólo queda por temer que, con eso mismo, se arriesgue a perder el apoyo de las bases campesinas y obreras cuyos votos está pensando capitalizar.

Ahora, a mediados de mayo, están volviendo a multiplicarse los bloqueos de caminos, las huelgas y marchas de maestros, camineros y personal sanitario, amenazados por la privatización de los servicios públicos, que se suman a las movilizaciones de campesinos y mineros. De todas partes van llegando las delegaciones a la localidad de Patacamaya, de donde habrá de partir el día 13 la marcha sobre La Paz, “por la recuperación de los hidrocarburos, la dignidad y la soberanía”; consigna que ya están empezando a poner en práctica los campesinos del departamento oriental de Santa Cruz, preparándose para ocupar los pozos petroleros.

La nacionalización del gas y del petróleo se ha convertido, en las palabras de un periodista boliviano, en “la consigna que mueve y une a los pobres de Bolivia”. Podemos preguntarnos, con todo, si esa consigna no será acaso un arma de doble filo, por cuanto, a la par que une a los diversos movimientos sociales en torno a una meta común y amplía su fuerza de convocatoria, al mismo tiempo los abre a la influencia de las fracciones más desarrollistas de la burguesía nacional (los aspirantes a futuros gestores de las industrias nacionalizadas) y aun de la derecha más fascistoide, desviando la atención, por otra parte, de lo que era, en un principio, el contenido de la lucha: a saber, la confrontación entre las comunidades campesinas y el Estado; lo que es decir: entre las asambleas libres y soberanas de los ayllus y el despotismo políticomilitar amparado en el voto que hoy llaman democracia; entre las costumbres ancestrales de vida en común y la economía dominante de competencia, destrucción y despilfarro; entre dos maneras, en suma, radicalmente incompatibles de entender la vida y la convivencia entre los hombres.  Hace pocas semanas, al otro lado de la frontera, los campesinos aymaras de la localidad peruana de Ilave (Puno) se levantaron contra el Estado y dieron muerte al alcalde impuesto por el gobierno, “por malo y corrupto”. El gesto, ampliamente aplaudido por los campesinos a ambos lados de la frontera neocolonial que los divide, acaso venga en momento oportuno para recordar cuál era el origen de esta guerra y cuáles eran sus fines.  Los campesinos y trabajadores de Bolivia han dado ya un ejemplo a los pueblos del mundo al levantarse contra las consecuencias de un orden económico, político y social que es la negación permanente de la vida; ahora sólo falta que entiendan todos lo que tan bien entendieron los comuneros insurgentes del Altiplano: esto es, que en la experiencia de las asambleas comunarias y las juntas vecinales, en sus usanzas ancestrales de apoyo mutuo y común usufructo respetuoso de la tierra, y, por debajo de ello, en el recuerdo antiguo y siempre vivo de lo que era un mundo sin dinero ni propiedad (y, por eso mismo, de un bienestar al alcance de todos que hoy las políticas del desarrollo ni se atreven ya a prometer), tienen ellos ya entre manos el hilo que les permitirá salir del laberinto sangriento del desorden imperante.

Kaypachapi, mayo de 2004

L.A.B. / F.E. S.