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El blindaje de las fronteras en España

y su contestación

 

Aunque desde hace meses los media nos desvían la atención hacia lo que está sucediendo en las costas de Grecia o de Libia con la avalancha de refugiados fruto de las guerras principalmente de Oriente Próximo pero también de África y la represión por parte de los países europeos de dicha emigración, el Estado español lleva muchos años dedicado a esta tarea, y en estos momentos tenemos la impresión que esta focalización hacia otras áreas geográficas le beneficia al conferirle la impunidad de «no ser noticia».

Esta política represiva encuentra una respuesta en distintos movimientos sociales que luchan por denunciar las actuaciones gubernamentales contra los refugiados/inmigrantes. Su lucha se sitúa en el terreno político: por la abolición de las leyes y conductas represivas, por la reivindicación de la dignidad y los derechos de todos. Nos centraremos en dos momentos claves para la situación de los emigrantes/refugiados: los obstáculos para la llegada y las retenciones y expulsiones. Queda en medio un amplio terreno de sufrimiento que lleva consigo la estancia en situación «ilegal» que puede durar años en absoluta incertidumbre en un limbo legal ante el que las distintas administraciones actúan de manera totalmente arbitraria y generan verdaderas contradicciones en las actuaciones de los ayuntamientos llamados de la «nueva política».

El espacio Schengen (en vigor desde 1995) hizo que España se convirtiera en la frontera del sur de Europa. Pero el Estado español llevaba ya años cerrando su frontera con Marruecos (Ley de Extranjería de 1985), política que oficializó con el «Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente» aplicado a partir del 13 de febrero de 1992 y firmado por dos nefastos personajes de ambos países como fueron los ministros de interior José Luis Corcuera y DrissBasri, a través del que se intentaba regular la expulsión de España a Marruecos de los llamados «ilegales» o, a través de allí, a terceros países. Las ridículas garantías de derechos que se enumeraban, quedaron rápidamente relegadas por la práctica de la policía en ambos lados de la frontera.

Relato de la crueldad

El paso siguiente fue sustituir las elementales vallas de alambradas que existían en los perímetros de las ciudades de Ceuta y Melilla por otras más eficaces. En 1996, efectivos del Tercio de la Legión y del Cuerpo de Regulares repusieron la antigua alambrada que separaba Ceuta de Marruecos. La mayor parte del alambre se había colocado ya en octubre de 1995 tras los intentos de entrada de grupos de inmigrantes. Las características de estas nuevas vallas y el tema de las «concertinas» son desgraciadamente conocidas por todo el mundo por su crueldad, las muertes o graves mutilaciones que ocasionaron, por las protestas que provocaron y por su retirada, bajo presión internacional, por parte del gobierno de Zapatero, aunque en 2013 se volvieron a colocar en la parte alta de la verja a lo largo de un tercio de su recorrido.

La valla de Melilla comenzó a construirse en 1998, inicialmente era una sola valla y más adelante dos vallas paralelas de tres metros de altura. En 2005 se elevaron hasta los seis metros; en 2007 se añadió una sirga tridimensional de 3 metros de altura entre ambas vallas y en 2014 una valla antitrepa.

En 1999 se sustituyó la valla de alambre de 2,5 metros de altura colocada en 1996 por otra de acero galvanizado de 3,10 metros de altura, reforzada con alambre de espino. Al igual que en Melilla, en 2005 se dobló la altura de la valla hasta los 6 metros bajo los auspicios del programa europeo Frontex.

En ambas existen puestos alternados de vigilancia y caminos entre las vallas para el paso de vehículos de vigilancia. Cables bajo el suelo conectan una red de sensores electrónicos de ruido y movimiento. Está equipada con luces de alta intensidad, videocámaras de vigilancia y equipos de visión nocturna.

No obstante todo este montaje para que «aquí no entre nadie», el pasado 4 de setiembre más de 200 inmigrantes lograron saltar la valla de Melilla y se dirigieron corriendo al centro de la ciudad para evitar las devoluciones en caliente. Estrategia de asalto masivo que se viene utilizando desde hace tiempo.

De hecho la entrada irregular de inmigrantes no se puede contener. Por ejemplo, el Ministerio del Interior asegura que en 2014 se produjeron 19.000 intentos de salto en Ceuta y Melilla, cifra que, eso sí, hay que mirar con recelo pues suele manipularse para demostrar la eficacia del control que lleva a cabo. De hecho lo consiguieron 2.269 personas. Pero las entradas totales en Ceuta y Melilla fueron de 7.485 personas, un 77% más que el año anterior dado el aumento de personas de origen sirio que entraron bien por la frontera habitual con pasaporte falso comprado a las mafias, en embarcaciones o escondidos en vehículos o por salto de alambrada (también hay mafias policiales hispano-marroquíes que facilitan el asilo a cambio de 2.000 o 3.000 euros). Sumando los que llegaron en patera a la península, Canarias y Baleares, la cifra alcanza 12.037 personas.

Por otro lado, el Estado español se comprometió a acoger a 17.387 refugiados; a principios de octubre habían llegado 516. A su vez, es el sexto país exportador de armas del mundo y el tercero de Europa. En la última década han muerto más de 1.600 personas tratando de alcanzar España, pero el número de desaparecidos dobla la cifra. España ha gastado en un año 40 millones de euros en reparar y reforzar las vallas; además, se calcula que el coste para España del desarrollo de los sistemas de vigilancia es de unos 300 millones de euros y sin embargo el presupuesto español de ayuda humanitaria es de 45. Por otro lado, durante este año han muerto en el mar unas 1.300 personas entre Mauritania y Canarias.

Pero el blindaje de fronteras es un gran negocio

Según informa ASPA-ANDALUCIA «Las vallas entre Melilla y Marruecos, han costado al menos 10 millones de euros al año. Detener en España y deportar a sus países de origen a migrantes y refugiados, 49 millones anuales. El proyecto de investigación Sniffer, financiado con fondos europeos para reconocer por su olor corporal a las personas escondidas en un vehículo que intentan cruzar una frontera, 3,5 millones de euros».

Los costes que genera el control fronterizo europeo para evitar entradas de inmigrantes y refugiados alcanzan miles de millones de euros de los que se benefician las grandes empresas que se dedican a ello. Así, en España, según datos facilitados por el Ministerio del Interior, de los 75 millones de euros que en 10 años (del 2004 al 2014) se ha gastado el Estado en levantar y mantener los muros de la frontera entre España y Marruecos, la gran mayoría, 59 millones, han caído en manos de Indra (27,2), Dragados del grupo ACS (17,7) y Ferrovial (14).

Movilizaciones contra las vallas

Las principales movilizaciones contra las vallas han tenido lugar durante las distintas marchas que vienen organizándose desde 2005 y que han originado movimientos de solidaridad permanentes principalmente en Andalucía, Madrid y Barcelona en las que participan inmigrantes de estas ciudades junto a población local.[1]

Tras las protestas que se vivieron en diversas capitales y ciudades europeas el 29 de octubre de 2005, el rechazo a la política materializada en las muertes de inmigrantes (5 muertos y más de 100 heridos) en Ceuta y Melilla vivió su momento álgido con la marcha de 500 activistas a la frontera. Entre el 4 y el 6 de noviembre de 2005, la valla que separa Europa de África fue el objetivo de la caravana de protesta, compuesta principalmente de manifestantes del Estado español, a los que se unieron suecos, italianos, alemanes y franceses. Esta marcha fue la primera de otras que se han ido produciendo desde aquella fecha partiendo de ambos lados de la frontera, con enormes trabas por parte de las policías de ambos países, la última de las cuales tuvo lugar el 7 de febrero de 2015 en Ceuta, primer aniversario de los hechos de la playa del Tarajal donde fueron asesinados 15 inmigrantes que intentaban entrar en la ciudad por el mar y cuya causa fue archivada «por falta de pruebas» (sic), y no solo esto, sino que la sentencia carga sobre los inmigrantes la responsabilidad de su muerte.[2]

CIEs, expulsiones y vuelos de deportación

Pero el inmigrante que ha logrado superar esta infinidad de obstáculos jugándose la vida no encuentra el mundo que esperaba, la espada de la deportación es una amenaza real y permanente en su vida si logra entrar. En cualquier momento puede ser internado en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) donde, en un régimen carcelario puede pasar días (la media en España es de 60 días) sin ningún tipo de derechos legales, en condiciones infrahumanas, con una muy precaria o casi inexistente asistencia sanitaria y privado de libertad. El nivel de humillación llegó a tal punto quehace unos años los dormitorios carecían de baño y por las noches los internos debían pedir permiso a un guardia para ir al aseo.

Dichos centros existen desde 1985. Nacieron con el Tratado de Schengen y la aprobación de la primera Ley de Extranjería, aunque hubo que esperar 30 años (!!!) (hasta 2014) para que entrara en vigor el reglamento que desarrolla su funcionamiento. Dicho reglamento ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por diversas organizaciones civiles (APDHA, SOS Racismo y Andalucía Acoge) solicitando que se declaren nulos ocho aspectos que vulneran los derechos fundamentales.

España cuenta con siete CIE, por los que en total en 2015, según el informe del Mecanismo Nacional para la prevención de la tortura, pasaron 6.930 inmigrantes con datos del Ministerio de Interior. De ellos 6.475 fueron hombres y 455, mujeres. El de Algeciras registró 2.114 internos; el de Madrid, 1.342; el de Las Palmas, 843; el de Barcelona, 738; los de Murcia y Valencia, 690 cada uno, y el de Tenerife, 58. De estos fueron finalmente expulsados 2.871. En años anteriores la cifra de ingresos era mayor: en 2011, por ejemplo, fueron 13.241 las personas detenidas y en 2012 alcanzaron 11.325.

Dichos centros dependen en España del Ministerio del Interior que tiene vetada la entrada en ellos a cualquier organización, ONG, etc. al contario de Francia (44.000 internados en 2015) que aun siendo de gestión pública le dedica más medios, permite la presencia de ONG y de la sanidad pública en ellos. Otro caso es el del Reino Unido que lo tiene cedido a gestión privada, sin límite de estancia y con más medios que España.

Los motivos por los que un inmigrante puede ser internado en dichos centros son principalmente tres: 1) estar irregularmente en España por haber entrado ilegalmente y ser identificado en un control, 2) como sustitución de una condena judicial por la expulsión, y 3) petición policial al juez. 

Movilizaciones contra los CIEs

Martes 18 de octubre 2016, unos 60 internos de los 102 del total del CIE de Aluche (Madrid), se amotinan y algunos realizan intentos de fuga. Tras once horas deponen su actitud (voluntariamente, según la versión de la policía). Sábado 22 de octubre, varios centenares de personas se manifiestan ante las puertas de este Centro de Internamiento para pedir su cierre y apoyar a los internos que se encuentran en su interior y que, según SOS Racismo, iniciaron el viernes a mediodía una huelga de hambre (¿no habían depuesto voluntariamente su actitud?)

Martes 1 de noviembre, unos 70 internos de los 140 del total del CIE de la Zona Franca de Barcelona se amotinan en el patio del Centro después de haber fracasado un intento de fuga a través de una puerta de la cocina. Este hecho viene precedido por la huelga de hambre protagonizada por otro grupo de 70 para exigir su puesta en libertad. Inmediatamente se convoca una concentración de apoyo a las 19 horas del día siguiente delante del CIE a la vez que a las 20 horas del mismo día se convocan otras en Madrid (CIE Aluche) y Valencia (CIE Sapadors).

Lunes 14 de noviembre, entre 10 y 15 inmigrantes se fugan del CIE de Murcia tras participar en un motín. Es el tercer motín en apenas 45 días en el centro murciano: el 5 de octubre se fugaron 67 internos y el 31 del mismo mes 5.

La lucha por el cierre de los CIE es quizás la más amplia y la más visible en estos momentos. Por la total absurdidad de su existencia, por la proximidad de los núcleos urbanos, porque se ven más posibilidades de incidir en su cierre, por… etc. Incluso grupos anteriormente denominados antisistema y que ahora juegan en el marco institucional dan apoyo a esta reivindicación (alcaldesas de Madrid y Barcelona).

La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE es una coordinación de colectivos antirracistas y de lucha contra las fronteras. Desde hace años están luchando por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y denunciando la persecución, la represión y las deportaciones forzadas a las que se ve sometida la población migrante en el Estado español.

Plataformas o blogs como Cerremos los CIE- Ferrocarril Clandestino, Cárceles racistas, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (Madrid), Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDH), Red Acoge-Andalucía Acoge, TanquemelsCIEs, Global Detention Project (a nivel internacional), etc., siguen de cerca la situación de los centros, informan sobre movilizaciones ciudadanas, elaboran informes sobre el estado en el que se retiene a los inmigrantes y hacen posible una rápida reacción ciudadana de solidaridad frente a cualquier situación represiva.

Deportaciones vía aérea

El inmigrante retenido en un CIE tiene ante sí la amenaza muy real de ser deportado a su país de origen o al que pretenden que sea su país de origen mediante varios medios de transporte. Del 2010 al 2014, por ejemplo, fueron deportadas 26.491 personas sin papeles, miles de ellas expulsiones express, «en caliente», al ser detenidos. De hecho sólo el 40% de las expulsiones proceden de los CIEs.

Las deportaciones aéreas pueden llevarse a cabo o bien en un vuelo comercial normal junto a otros viajeros o fletando aviones solo para inmigrantes expulsados. Durante años estas últimas se llevaron a cabo a través de diversas compañías aéreas, pero desde 2013 el Ministerio del Interior ha firmado contratos monopolísticos con dos compañías: Swift Air y Air Europa por los que entre las dos habrán recibido hasta 2016 unos 36 millones de euros por el sucio negocio de las deportaciones. En los últimos 5 años (2011-2015) Interior ha fletado 116 vuelos que han transportado 4.674 personas, siendo el coste medio de deportación por cada persona de 7.000 euros.

Las deportaciones dentro de vuelos comerciales normales intentan hacerse con la máxima discreción; el inmigrante expulsado, siempre acompañado por policías, es el último en acceder al avión, por la puerta trasera e intentando que los demás pasajeros no se aperciban de la situación. Las que se realizan en aviones fletados expresamente se embarcan en zonas apartadas del aeropuerto, sin pasar por las terminales. En ambos casos y muy a menudo, los inmigrantes van sedados contra su voluntad y fuertemente vigilados por la policía y esposados.

Air Europa, la compañía que se lleva la mayor parte de los 36 millones, forma parte del Grupo Globalia (Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Travelplan, Touring Club, Iberrail…) cuyo propietario es Juan José Hidalgo, un salmantino que inició su negocio con una flotilla de autobuses que operaba en su provincia.

Las cifras que siguen es lo que se embolsa del dinero público Air Europa por llevarse a la fuerza a miles de personas todos los años en estos macabros vuelos de deportación:

-10.500 por hora de vuelo en aviones de menos de 120 plazas.

-17.000 por hora de vuelo en aviones de 120 a 200 plazas.

-22.000 por hora de vuelo en aviones de más de 200 plazas.

Además, y como agradecimiento por este servicio prestado, el gobierno ha aprobado otros contratos con Air Europa de cientos de millones de euros, como los vuelos civiles del Ministerio de Defensa a las zonas en conflicto donde hay militares españoles.

Movilizaciones contra las deportaciones

Las movilizaciones contra las deportaciones están muy ligadas a las movilizaciones contra los CIE, mientras que aquellas pueden incidir en espacios concretos con presencia física delante de los Centros de Internamiento, las acciones contra las deportaciones tienen que trabajar más en la denuncia, el apoyo a los afectados, o sea, en sacar a la luz pública aquello que el Estado intenta ocultar.

El libro Paremos los vuelos de los compañeros de Cambalache, del que hemos extraído algunos datos, es una herramienta fundamental e imprescindible de denuncia, principalmente de las deportaciones aéreas y sus entramados.

Stop deportaciones ofrece materiales de resistencia: adhesión a manifiestos, testimonios de emigrantes deportados, materiales gráficos, carteles, pegatinas… hacia un inmigrante expulsado por parte de la policía en un vuelo comercial y cómo la reacción del resto de los pasajeros logró abortar la extradición, no sin posteriores consecuencias: Denuncias como la de Beatriz Lucas[3] ponen ante nuestros ojos situaciones de extrema violencia hacia un inmigrante expulsado por parte de la policía en un vuelo comercial y cómo la reacción del resto de los pasajeros logró abortar la extradición, no sin posteriores consecuencias:

 S. se había rendido. Aquel iba a ser un viaje a la derrota. Su gran aventura europea había fallado. Y allí estaba sentado en el avión que le llevaría de vuelta a Dakar tras haberse acogido al programa de retorno voluntario, a un paso de volver a empezar. Pero una vez más las cosas no salieron como había calculado aquel 18 de marzo de 2015.

En ese vuelo comercial de Iberia repleto de senegaleses que provenían de distintos países de Europa viajaba en una de las últimas filas Bocart, un chico al que deportaban forzosamente y que estaba a punto de conseguir el arraigo tras cinco años en España. Una de esas historias que S. había escuchado tantas veces y que le hervían la sangre. El revuelo comenzó cuando el avión ya estaba en pista listo para despegar. Bocart empezó a gritar de forma desesperada que no quería marcharse. Alguien se quitó el cinturón de seguridad y se puso en pie. Varios se le unieron. S. también con un mensaje unánime: «No queremos volar con alguien que va contra su voluntad».

La tripulación empezó a ponerse nerviosa. Las azafatas y los policías que escoltaban a Bocart pedían a los pasajeros que se sentaran sin éxito y a Bocart que se callara. Le condujeron hacia la cabina de forma que el resto del pasaje podía oír los golpes pero no verlos. Lo siguiente, un titular: «Diez detenidos y cuatro heridos en un motín de pasajeros en Barajas para evitar la deportación de un senegalés». Les acusaron de atentado contra la autoridad, lesiones y alteración del orden público.

S. y Bocart estaban entre ellos. Para ambos el comienzo de una nueva vida arrancaba más difícil todavía, con una cita judicial pendiente.

«Lo llamaron motín pero era una respuesta de desobediencia civil ante un uso efectivo de la violencia por parte de la policía. La historia de las deportaciones está plagada de malos tratos policiales que pasan desapercibidos y sin ninguna respuesta de solidaridad», explican en un comunicado del grupo de trabajo @stopdeportacion

La deportación de Bocart se aplazó. Al igual que había ocurrido un mes antes con la de un guineano al negarse el comandarte a llevar a un pasajero guineano esposado por motivos de seguridad. Una pregunta parlamentaria del grupo vasco Amaiur al Gobierno español, revelaba que entre enero de 2010 y diciembre de 2014 las autoridades españolas anularon 4.701 expulsiones previstas de migrantes en avión, por falta de documentación o amenaza para la seguridad del vuelo. Aunque en esos mismos cuatro años se han expulsado 26.491 personas, de las cuales 9.410, en vuelos internacionales.

Ante tanta represión y brutalidad estatal bueno es traer aquí el testimonio de un inmigrante que escapó de la tragedia del Tarajal: «Nuestra arma es el corazón».

 

Etcétera, diciembre 2016

 

Al cierre de este Etcétera ha aparecido en la prensa la noticia de cambios en la concesión de los vuelos de las deportaciones, adjudicándolos a Air Nostrum y Viajes Barceló, nuevo reparto de prebendas a los cómplices de la represión del Estado.

 

 

 

 

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[1]  http://www.sindominio.net/desobeint/?q=taxonomy/term/11

 

[2]  Informe sobre Tarajal en: https://caminandofronteras.files.wordpress.com/2014/03/informe-tarajal-marzo-2014-sn-2.pdf

 

[3] http://news.vice.com/es/article/deportaciones-mar-aire-espana-expulsados-2014