tenemos derecho a tener derechos: 12 medidas URGENTES por los Derechos de los Inmigrantes

“Tenemos Derecho a Tener Derechos”

REGULARIZACION INMEDIATA DE TODAS LAS PERSONAS MIGRANTES y GARANTIAS A LA RESIDENCIA, TRABAJO Y VIDA DIGNA EN FAMILIA.

1.- Apertura de un nuevo Proceso de Regularización permanente que garantice el permiso de residencia y trabajo para todas las personas migrantes "sin papeles" que habitan en el territorio español, sin condicionarlo a la existencia de un contrato de trabajo previo.

2.- Adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social: - reducción a un año el tiempo de estancia exigido.

- Concesión del arraigo a quien tenga una orden de expulsión por causas administrativas.

- Eliminación del requisito de poseer un contrato de trabajo.

- Eliminación de requisitos de imposible cumplimiento (como, por ejemplo, el certificado de penales de nacionales de países sin embajada en España).

3.- Otorgamiento del arraigo laboral a toda persona que por cualquier medio de prueba válido en derecho, acredite la existencia de una o varias relaciones laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses. Regularización para todas las personas víctimas de violencia de género sin esperar a la existencia de sentencia judicial firme. Regularización de las madres con hijos nacidos en España.

4.- Flexibilización de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar en relación a las condiciones económicas y de vivienda, adaptándolos a la realidad de mercado laboral y de vivienda en España y garantizando ante todo el derecho fundamental de vivir en familia. Reconocimiento a los familiares reagrupados del derecho a trabajar.

5.- Paralización de las políticas de contratación en origen de trabajador@s temporer@s, y creación de comisiones independientes de investigación y control del cumplimiento de los derechos laborales y sociales hasta que esto suceda.

6.- Aumento significativo de los recursos para garantizar el acceso a la información y para dar una respuesta ágil y eficaz a los trámites administrativos que afectan a los inmigrantes (arraigo, renovación, homologación de títulos, etc.), así como garantizar una asistencia real y efectiva de los letrados del turno de oficio cuando así corresponda.


CESE DE LA REPRESION QUE SUFRE LA POBLACION MIGRANTE y GARANTIAS FRENTE AL ABUSO POLICIAL Y LA DISCRIMINACION XENOFOBA.

7.- Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento (formada por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos) hasta su cierre definitivo.

8.- Derogación del Protocolo de actuación aprobado en Septiembre de 2.007 para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima.

9.- Paralización inmediata de toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el caso de los menores de edad. Prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas, así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.

10.- Retirada definitiva de la Proposición de Ley Orgánica de Medidas para la Lucha Contra la Inmigración Clandestina.


IGUALDAD PLENA DE DERECHOS PARA TOD@S L@S MIGRANTES

11.- Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de asilo y derechos de los trabajadores inmigrantes, y firma de los que no ha suscrito, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

12.- Garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes, así como el ejercicio de todos los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en pié de igualdad con las personas nativas. Garantía que exige la derogación de toda legislación discriminatoria actual y entre ella la Ley de Extranjería.

MANIFIESTO COMPLETO:

En el Estado Español la población migrante se encuentra sometida a una serie de normas legales, diferentes a las del resto de la ciudadanía y es objeto por parte de los poderes públicos de un trato discriminatorio. Discriminaciones especialmente graves hacia quienes se encuentran en situación irregular.

La existencia de una ley de extranjería y el conjunto de normas especiales para personas extranjeras; en el Reglamento de la Ley, en el Código Penal. Constituyen normativas que dispone la negación de derechos o el recorte de los mismos en función de su origen nacional – por lo que son en sí mismas fuente y origen de discriminación. Con ello desde el poder se construye una categoría social, la de las personas migradas, desiguales e inferiores en el plano jurídico y social.

Mientras las condiciones de vida de los ciudadanos migrantes son cada vez más difíciles, las administraciones siguen primando la inversión en políticas de control frente a la inversión destinada a gasto social. Desde la aprobación de la primera Ley de Extranjería en 1.985, han establecido requisitos cada vez más difíciles, en ocasiones imposibles de cumplir, para establecerse legalmente en el Estado español. Los cambios legislativos han implantado normativas dirigidas a evitar la entrada y a dificultar la permanencia de las personas migrantes, tanto a través de la privación de derechos como a través del acoso policial al que son sometidas: controles de documentación discriminatorios, detenciones arbitrarias, internamiento y expulsiones en condiciones que vulneran los tratados Internacionales suscritos por España en materia de asilo y Derechos Humanos.

Con la asimilación de la población inmigrante a la categoría de “enemigo peligroso”, la insistencia en la “elevada proporción” de personas migradas y la “amenaza de invasión” se provoca en el conjunto de la ciudadanía el miedo y la inseguridad que permiten justificar y desarrollar políticas de control social que aseguren una población dócil y sumisa que acepte recortes de derechos en aras a la seguridad.

Este racismo institucional, contribuye a desarrollar el racismo social ya que los factores legales de exclusión y discriminación generan una imagen del “otro” como inferior y desigual al tratarlo como tal en el plano jurídico. Asimismo contribuye a la guetización de la población migrada en el plano laboral, de vivienda, etc.

Por su parte, los partidos políticos han seguido alimentando los discursos que sólo tratan la inmigración y a los inmigrantes como mano de obra barata, o incluso como “un problema”. En este sentido, el Estado Español no es una excepción dentro de Europa. Las políticas migratorias de la UE, caracterizadas por la interrelación entre la lógica del mercado y las lógicas de control, tratan de promocionar las migraciones regulares y temporales, subordinadas a las necesidades del mercado de trabajo europeo, demostrando una concepción puramente utilitarista e instrumental de la inmigración, a la vez que se centran en luchar eficazmente contra la inmigración “ilegal”.

Frente a las iniciativas que en Europa y en el Estado Español pretenden ahondar en la discriminación, la represión y la conculcación de derechos fundamentales, y teniendo en cuenta la universalidad de los derechos humanos y la igualdad de derechos de todas las personas residentes en el Estado, las organizaciones y personas, afirmando: TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS.

Por lo cual, EXIGIMOS la adopción, con carácter de URGENTE, de estas medidas.


REDI (RED ESTATAL POR LOS DERECHOS DE LAS INMIGRANTES