Los sindicatos fuera de juego, las nuevas luchas

Bajo los golpes de la reestructuración capitalista que siguió al 68, la organización del trabajo, tanto en la empresa como en su exterior, se ha modificado profundamente. Frente a la contestación generalizada, la recuperación de la iniciativa capitalista, la «crisis» ha envuelto a la sociedad en su conjunto, sin que las organizaciones del movimiento obrero hayan logrado insertarse en estas transformaciones mas que, y sólo en ocasiones, de forma subalterna, como acompañando la transformación. En Francia, la integración de las instituciones sindicales en el Estado se ha agravado gracias a la alternancia política de 1981, que llevó a los socialistas al poder. De este modo, las luchas debieron renunciar a un uso táctico de los sindicatos constituidos (confederaciones).

En el curso de los años ochenta, la emergencia de las coordinadoras profesionales entre los trabajadores asalariados de los servicios públicos (enfermeras, ferroviarios...), o entre los precarios (intermitentes del espectáculo, asociaciones de parados, estudiantes...) se fue acrecentando, de tal forma que produjo una erosión relativa de la legitimidad de los sindicatos. El éxito de este modelo de coordinación, que nace entre los estudiantes en el 68 y se ofrece a los no estudiantes a partir de entonces, precedió a la retirada de la CFDT (Confédération française du Travail) como sindicato contestatario. Esta retirada conducirá a la creación del SUD (Solidaires, Unitaires, Démocratiques), que participará activamente en el nacimiento de los movimientos de precarios y parados.

La defensa y/o la representación de los asalariados se convirtió en el objeto de numerosas iniciativas militantes, mientras surgían una amplia gama de nuevas formas de movilización. En 1994, la lucha contra el «Smic-Jeune»: utilizando el argumento clásico de la «falta de experiencia profesional» de los jóvenes, el gobierno Balladur se enfrentaba a quien pudiera salirse de sistema de formación con un proyecto de ley que planeaba la implantación de los llamados Contratos de Inserción Profesional (CIP). Estos fijaban un nivel salario que era tan sólo el 80% del salario de referencia o del mínimo. Muchísimos estudiantes, de educación superior y secundaria, rechazaron ser vendidos al mercado de trabajo, rechazaron someterse a salarios tan bajos. Contra los convenios colectivos de sector y el salario mínimo, se manifiestan en toda Francia hasta la retirada de esta ley.

En los países occidentales, se ha dado paso progresivamente entrada a nuevos factores determinantes en la regulación de la jerarquía salarial. Esto ha relativizado la función de los salarios en relación de la cualificación del trabajo, así como el valor las conquistas sociales.

Durante los años ochenta, la escala-B reaganiana se constituyó como modelo de referencia. Aplicada en un principio a algunas categorías de la élite del trabajo asalariado (pilotos aéreos, controladores de vuelo), la técnica es sumamente simple: los nuevos empleados tienen un salario, un estatuto y unas condiciones inferiores a los viejos empleados. Esta técnica se aplicará incluso en momentos de conflictos sectoriales (a veces acompañados de huelgas muy duras, como ocurre regularmente con los conductores de autobuses) con los que se trataba de reunir a todos los trabajadores asalariados bajo un mismo convenio común menos desfavorable. En 1994, durante las luchas contra el Contrato de Inserción Profesional, la tentativa de generalizar este mecanismo, con su extensión a todos los sectores productivos, públicos o privados, se produjo un fuerte rechazo por parte de los afectados. 1994, evento decisivo, anticipó la reactivación de las luchas de los trabajadores del servicio público en diciembre del 95. Novedad radical, la lucha salarial se desarrolló, no a partir de la empresa y de los empleados, sino de las instituciones culturales que producían mano de obra, a través del sistema de formación. El impacto provocado por millones de manifestantes será tal que Chirac, candidato a la presidencia en el 95, se vio obligado a posicionarse a la izquierda del Partido socialista, denunciando incluso la existencia de una «fractura social» cada vez más grande.

La creación de AC! (Agir ensemble contre le chômage!), que reúne en la actualidad a algunas decenas de colectivos locales, jugará un papel preeminente en el desarrollo de las luchas de precarios y paradas. AC! Nació de un llamamiento lanzado en 1993 para agrupar las fuerzas sindicales minoritarias, esencialmente expresiones del sector público (como por ejemplo l'Anpe, Agence Nationale Pour l'Emploi), asalariados que estaban en contacto cotidianamente con los parados «abandonados por las confederaciones sindicales», agrupados a su vez entorno a la revista de debate sindical «Collectif». Evidentemente desde los años setenta, la ausencia de atención de los sindicatos hacia el paro y la precariedad en el trabajo se manifiestó, de nuevo, con la fuerte regresión social de 1992. En esta ocasión, las «partes sociales», sindicatos y empresarios, que administraban los fondos del Unedic (Union Nationale pour l'emploi dans l'Industrie et le Comerse) adoptaron un nuevo pacto para regular el seguro por desempleo. Se instituía una reducción progresiva del número de indemnizados y el alargamiento del periodo de trabajo para tener acceso a los derechos de subsidio de desempleo. Desde este momento, cuanto mayor fuera el periodo de paro indemnizado, más disminuía la renta asociada. Al mismo tiempo, por supuesto, no han dejado de aumentar significativamente el número de parados privados de subsidio.

De acuerdo con las constantes recomendaciones de la OCDE, la reducción progresiva de los subsidios por desempleo debía favorecer un crecimiento de la disponibilidad de los parados para su incorporación al mercado de trabajo, contribuyendo así a un mayor control de los salarios, quebrando toda rigidez desde abajo. La persistencia de una mayoría de parados, no cubiertos por los subsidios de la UNEDIC, dependía del acceso -a su vez fuertemente limitado- a otro tipo de subsidios, y mínimos sociales, los dispositivos de asistencia contra el riesgo social.

Es en este contexto, la iniciativa de las «Marchas contra el paro" trata de reabrir el debate social, trata de hacer palanca sobre el consenso preexistente en las «lucha contra el paro», y de superar una visión sindical limitada, que no tiene en cuenta a los precarios y a los parados, que siempre corrobora las estadísticas imaginarias que niegan toda realidad a los parados, y aplican en todo caso un punto de vista asistencial que les relega y etiqueta como víctimas.

De las «Marchas contra el paro» a la renta garantizada

Las «marchas contra el paro, la precariedad y la exclusión» convergieron en París en la primavera de 1994 con una manifestación de 20.000 personas. Este intento militante de salir de los límites del sindicalismo institucional hacia las áreas sociales abandonadas al tiempo que decididamente ocultadas (los parados, las precarias) es seguido inmediatamente, por un movimiento social que, más allá de la empresa, y a partir de la realidad generalizada de la escolarización, cuestiona de nuevo el salario como medida y base de la relación capital/trabajo. La cuestión del salario y su reapropiación más allá de la empresa, volverá enseguida al seno de AC!.

Las primeras marchas dan la palabra a las paradas. Convocadas a hablar sobre sus propias condiciones de vida, sobre sus aspiraciones acabarán por organizarse dentro de AC! contribuyendo así a transformarlo. A través de este momento de inédita visibilidad, el paro deja de ser un dato estadístico abstracto para encarnarse en una realidad concreta. La aparición pública de las precarias y de los parados se convierte en la ocasión de construir una imagen colectiva, con palabras propias, cargadas de la experiencia de la desposesión social y política.

Las marchas se dotan de una forma de acción utilizada por los parados de los años treinta, las «marchas del hambre» inspirándas en las movilizaciones americanas por los derechos civiles de los años sesenta y de los jóvenes inmigrantes franceses de los años ochenta. Si la cuestión era «recordar la realidad humana oculta tras las cifras del paro», el fin era también movilizar a los parados en torno a algunas reivindicaciones desdeñadas por el propio movimiento obrero. Esto produjo efectos imprevistos.

Para sus iniciadores, partidarios del «retorno al pleno empleo», era preciso relanzar la reivindicación de la reducción del horario de trabajo. Lejos de las mismas condiciones de la lucha histórica contra la explotación, las precarias y los parados, tomados todavía como sujetos «privados de conciencia política y de formación sindical», son obligados a fundamentar el compromiso y las luchas sobre sus condiciones de vida. Con ellos surge un nuevo conjunto de problemas mucho más banales, los de la cotidianeidad. Problemas considerados trade-unionistas por una parte del movimiento, debido a que se limitan a la defensa de las condiciones económicas en el día a día, condiciones que se consideran, en suma, como algo no político. Efectivamente, el pensamiento de izquierdas continua subestimando la separación de lo político y lo económico.

Estas reivindicaciones concretas comprenden el conjunto de dificultades a las que deben hacer frente los parados. Se configura así una amplia gama de interlocutores. Del acceso al transporte público a la salud, del rechazo a los cortes de suministro de la electricidad a los secuestros judiciales, al ostracismo de los bancos, al derecho a la formación o a la comunicación, etc... La lista de temas de intervención es significativamente larga. Estas exigencias, en un primer momento, serán consideradas por los sindicalistas como «reivindicaciones de emergencia», que tratan de limitar su contenido político.

En este contexto, se ponen en marcha una serie de acciones, definidas progresivamente como prácticas de desobediencia social. Una de las modalidades de construcción de poder por parte de los desposeídos será la ocupación de locales de instituciones dedicadas a la distribución de subsidios o de ayudas bancarias, como las oficinas municipales de protección social o las oficinas ASEDIX (Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce). Regularmente solicitantes de renta invaden los edificios y los ocupan hasta que no se ingresa el subsidio de urgencia o la intervención de la policía consigue finalizar la ocupación. Las persecuciones administrativas, la arbitrariedad en la atribución de subsidios, y los métodos de cálculo de los mismos suscitan nuevas críticas de las instituciones del welfare, de sus leyes.

Basándose en la experiencia de la indigencia de los parados, y a la vez en algunos análisis del trabajo postfordista, los defensores de las reivindicaciones de una renta garantizada devienen mayoritarios en el movimiento gracias a la adhesión de numerosos precarios. Esta reivindicación está basada, ante todo, en la continuidad de las luchas obreras de los años sesenta, setenta y ochenta que exigían una garantía salarial separada de la prestación laboral, como contrapartida de las reestructuraciones productivas (despidos, planes sociales). Al final esta reivindicación es aceptada, a pesar de que se enfrentaba a los discursos de la izquierda sindical y se definiera como una alternativa posible a la visión obrerista dominante en el movimiento obrero. Los militantes sindicales son empujados a admitir que no solamente la renta garantizada ataca a la organización social de la miseria, la fábrica de la pobreza, sino también, que este tipo de intervención construye armas para la lucha contra la explotación que supone el trabajo precario. De la vergüenza a la furia, de la lamentación a la exigencia, de la impotencia política a la subjetividad conflictiva, se abre un recorrido. La ambición inicial de AC! era la de federar las fuerzas existentes, corriendo el riesgo de encontrarse con la tarea de trabajar hábilmente con una discutible «división del trabajo político» del «movimiento social», con campos de acción abstractamente separados (casa, salud, inmigración, paro, etc.) a organizaciones «especializadas», sin tender a la unidad. La adopción de esta reivindicación determina, a pesar de las profundas diferencias de apreciación, culturales, históricas, un marco unitario que permite estrechar una alianza entre diferentes componentes, abriendo un nuevo espacio político para precarios y paradas.

Autodefensa social y afirmación, ¿reinventar la huelga?

En 1996 se organiza una campaña de movilizaciones bajo la consigna «¡dinero para vivir!». Anticipándose a la nueva forma de contratación prevista por la UNEDIC, que organiza el sistema de subsidio de desempleo, se organiza en marzo de este año la primera manifestación nacional para la protección social del paro. Las movilizaciones se prolongan en otoño. Una onda sin precedentes. Se producen decenas de ocupaciones de sedes de la ASSEDIC en protesta contra la supresión de algunas prestaciones y para reclamar «subsidios de desempleo decentes» para todos los parados. Esta onda continua con nuevas acciones de ocupación en las que numerosos militantes precarios participan junto a sin papeles, especialmente en la primavera de 1996. La ausencia de «lugares neutrales» de organización, como la fábrica o la universidad; la dispersión y atomización entre una plétora de convenios y de trayectorias de vida, el desprecio que acompaña a la visión del parado; frente a estos pesados obstáculos los colectivos lanzan un experimento directo, orientado nada menos que a reinventar la huelga, a reinventar la capacidad de vencer la «nocividad dictatorial», a producir una secesión de las relaciones capitalistas más allá de la fábrica. Los límites de la explotación capitalista reconocidos en la lucha, son relacionados no sólo con la precarización del trabajo, sino también con la puesta a trabajar de la propia vida.

La movilizaciones entorno a la renta garantizada abrieron un nuevo espacio, como si de ahí en adelante fuera necesario constatar una causa nueva, aún incierta, contra la extracción de plusvalor social. Se habla de plusvalor social porque se reconoce ahora que es mediante esta forma de plusvalía (sobre el conjunto de la sociedad) sobre la que se despliega el mando del capital. Hoy esta tarea se extiende a la circulación como esfera productiva y momento clave del control social. De las «operaciones-peaje» practicadas en las autopistas para recoger fondos, a las ocupaciones y los bloqueos de trenes para reivindicar la gratuidad de los transportes, pasando por las acciones de calle dirigidas por piqueteros argentinos, todo contribuye a arrojar lejos la maldición de «quien no trabaja no come». La elección de Lionel Jospin y la formación de un gobierno de izquierdas en la primavera del 97 no vinieron acompañadas de ninguna medida a favor de las precarias y los parados. La promesa de un retorno al pleno empleo se proclama nuevamente, tras 10 años de ausencia social de este tipo de objetivos. Mientras, las restricciones en materia de acceso a la formación señalan un desinterés obstinado por parte de la gauche plurielle respecto a la cuestión de los derechos de los precarios. A la realidad se opone el futuro radiante del pleno empleo, se omite desde luego precisar que éste solo podrá realizarse en las condiciones de empleo flexible y precario. La primera campaña por el subsidio de desempleo de 1996 será seguida en el bienio siguiente por un alto nivel de movilización: cerca de 100.000 personas constituirán lo que la prensa llamó el «movimiento de parados», que se traducirá en numerosas ocupaciones de locales y en centenares de otras acciones.

A raíz del incremento relativo del número total de precarios y paradas movilizados, totalmente imprevisto por los observadores (Pierre Bourdieu hablará de «milagro social»), esta movilización se centró en principio en la exigencia de una «paga extra de fin de año» para los parados privados de subsidio, arrancada tradicionalmente a la ASSEDIC de algunas regiones, en particular en Bouches-du-Rhône. Con esta «conquista» o tradición de lucha, renovada con la supresión de los «fondos sociales ASSEDIC», el movimiento afina y profundiza en sus propias reivindicaciones, siempre cada vez más generales. Los argumentos que se sostienen, en el enfrentamiento con los precarios, colocan al gobierno en una difícil posición de deudor. Tras años de asignación de mínimos sociales, de restricciones al acceso a las prestaciones, de bajos subsidios de desempleo; la idea de que ha llegado el momento de pasar a la acción circula cada vez más, y esto a pesar del hecho de que el gobierno recién elegido debe su victoria a los movimientos sociales de los años precedentes, al voto precario. La consigna «un emploi est un droit, le revenu est un dû» (un empleo es un derecho, la renta es un deber) pasa a ser el emblema de estas luchas.

Las reivindicaciones fundamentales del primer conflicto social al que este gobierno debe hacer frente son tres: para empezar restablecer los fondos sociales ASSEDIC, el único dispositivo que logra «ayudar» financieramente a los parados, incluso cuando no tengan derecho al subsidio de desempleo y cuya distribución se pone en juego en las movilizaciones locales; después, la indemnización para todos los parados, una reivindicación que coloca en entredicho la gestión paritaria del UNEDIC en la que participan los sindicatos; ypara acabar el aumento inmediato de los subsidios mínimos sociales a 220 euros, la abolición de la retirada del RMI (Revenu minimum d'Insertion [renta mínimo de inserción]) para los menores de 25 años. Exigencias devueltas directamente al gobierno, al Estado central.

La gauche plurielle se encuentra dividida en torno a qué respuesta dar al movimiento. El partido comunista (PCF) y los verdes apoyan parcialmente las reivindicaciones. El gobierno atraviesa una crisis política, el Ministro de trabajo, Martín Aubry, condena la lucha declarándola minoritaria e ilegal y deja el asunto en manos de Jospin. La decisión de recibir a los representantes del movimiento, haciendo algunas concesiones, precede en poco a aquella de desalojar militarmente algunos locales ocupados. Lionel Jospin declara «prefiero una sociedad fundada en el trabajo y no en la asistencia», define así claramente una doctrina que, a parte de algunas tímidas excepciones, encuentra el consenso de toda la clase política.

Con la excusa del rechazo al asistencialismo, la respuesta institucional niega de hecho la perspectiva de la reivindicación de renta. Frente a tal contundencia institucional, los movimientos de parados y precarios tendrán dificultad para abrir el frente cultural. Hasta el punto, siempre apoyado en la misma doctrina, el actual gobierno Raffarin trata de acentuar la tendencia al workfare, a través de algunas medidas regresivas como la puesta en discusión de la Renta mínima de inserción.

Por tanto los colectivos se encuentran con la dificultad de dar continuidad al movimiento. Desde entonces, ha sido difícil una amplia movilización. Numerosos colectivos se han replegado sobre la actividad local, evitando el enfrentamiento con el Estado. Más allá de la campaña central por el derecho a la renta garantizada, una multiplicidad de problemas sociales, de casos concretos, de micro-conflictos ocupan progresivamente el espacio del movimiento: obtener la abolición de la excluyente medida administrativa que priva a un parado de sus propios derechos, contribuir a la coordinación de los trabajadores en formación, filmar con cámaras ocultas las visitas domiciliarias de control a los titulares de subsidios, acompañar a los usuarios de las instituciones sociales, apoyar la reivindicación de sus propios derechos, organizar las acciones colectivas de apoyo en casos concretos, etc

Cuando en el año 2000 la organización patronal MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) lanza su propio proyecto de «Refundación social», los movimientos de precarios y parados no pueden más que expresar una posición crítica, actuar obstinadamente a través de una serie de acciones desestabilizantes para las «partes sociales» (sindicatos y patronal), pero sin lograr dar impulso a una movilización continua.

Una nueva reforma del sistema de subsidio de desempleo introduce el PARE (Plan d'Aide au Retour à l' Emploi [Plan para la reinserción en el trabajo]), que trata claramente de aumentar la disponibilidad de los parados para el mercado de trabajo, de sancionar el rechazo de los puestos de trabajo disponibles, y de controlar mas a los precarios a través de los seguimiento individualizados que prevé el PAP (Plan d'Action Personnalisée [Plan de acción personalizada]). El gobierno de izquierda, por tanto, introduce un «premio al trabajo», una forma de impuesto negativo basado en los salarios pobres que atiende a los parados solo en el caso en que hayan trabajado por un periodo mayor a un año...

En ese momento, algunos de los objetivos concretos y más accesibles con respecto a la renta garantizada para todos, en la medida que interpelan a las instituciones locales (región y ciudad), como el derecho a los transportes gratuitos, son objeto de campañas coordinadas que logran cierto éxito. La parte «en especie» de la renta de ciudadanía toma así cuerpo como uno de los nuevos ejes de lucha. Este desplazamiento invita a redefinir el uso de la riqueza social, así como la orientación económica, la producción misma de la riqueza. Lejos de limitarse a la defensa de los servicios públicos en cuanto tales, como han hecho numerosas luchas contra la privatización, tales reivindicaciones tratan de conquistar nuevos derechos sociales. Una calidad de vida en un contexto que hace del acceso y del derecho a la movilidad una de las cuestiones fundamentales, tanto en el mercado de trabajo a través de la renta garantizada, como en el espacio urbano a través de los transportes gratuitos. Con la «Ley sobre la seguridad ciudadana», promulgada con el pretexto del 11 de septiembre, se adoptan medidas de criminalización de estas prácticas de gratuidad, ampliamente difusas (como por ejemplo, las 400.000 personas diarias que «defraudan a la red de transportes parisina»). El nuevo gobierno prevé además llevar adelante y a ultranza la criminalización de los pobres (delito de la mendicidad, de violación de la propiedad, etc.).

¿Una Europa social desde la base?

AC! interviene, inmediata y simultáneamente, a nivel local, nacional y europeo. Desde el 95 AC! ha participado en la organización de una red a nivel europeo con la creación de las «Marchas europeas contra el paro, la precariedad y la exclusión» y con el relanzamiento de iniciativas internacionales. Las conferencias y las cumbres intergubernamentales europeas forman parte, desde luego, de la agenda de movilizaciones. Este ciclo se puede considerar abierto con la cumbre de Amsterdam de 97. La primera manifestación reunió a 50.000 personas, de las que 5000 llegaron de Francia. Y en la medida en que el respeto a las fronteras de la Unión se adapta mal a un movimiento por la defensa del derecho de residencia y libre circulación para los inmigrantes, una de estas manifestaciones se ha desarrollado también en Marruecos... Esta primera iniciativa, bien realizada, se ha repetido con la participación y la organización de movilizaciones internacionales en Bruselas, Colonia, Sevilla, Niza y Génova. ¿Cuál es la apuesta? Oponer a la política económica europea una serie de movilizaciones que comiencen a dar contenido concreto a la noción aún evanescente de «Europa social». La idea es la siguiente: la Europa del mercado y del euro adopta directivas que, a continuación, son aplicadas individualmente por los Estados miembros, sobre todo en materia de políticas económicas y migratorias. Desde la Inglaterra de Blair, con su New Deal que organiza el empleo forzado y la supresión de los subsidios; a la Alemania de Schröder (plan Hartz) y la España de Aznar, con los programas de restricción de derechos a los parados, pasando por el PARE en Francia, la política de empleo y de protección social al desempleo de muchos países europeos converge entorno al dogma de la «activación de los gastos pasivos», cuya aplicación golpea tanto a precarios como a parados. El movimiento del 97-98 en Francia ha inspirado otros movimientos, particularmente en Alemania, donde en el mismo periodo se han manifestado una serie de intentos de organización. Por otro lado, esto ha permitido lanzar la elaboración de posiciones europeas que integran los puntos fuertes de las experiencias nacionales y locales y ha permitido nutrir un debate sobre la dimensión internacional del movimiento.

La primera cuestión en el orden del día es la de la definición de una reivindicación común para poblaciones administradas con normas tan heterogéneas. La coexistencia de distintos modelos: en el centro, Estados sociales desarrollados, orientados a una lógica de workfare; en el sur, países sin otra protección social para el paro que la familia; y en el Norte, estados que tienden hacia un «Educafare», que condiciona cada vez más los derechos de los parados al ingreso en el sistema de formación. La red creada en las marchas europeas ha tenido que inventar una formula transnacional para la reivindicación de renta, capaz de regular la cuestión y de evitar una formulación abstracta. La elección de unir claramente la suma de la renta a la riqueza social general a la producción social contabilizada por las administraciones nacionales, se traduce, después de varios intentos, en la exigencia de una renta garantizada cercana al 50% del PIB per-cápita. Si la inteligibilidad de la fórmula deja todavía mucho que desear, el «regusto tecnocrático» que la acompaña refleja la amplitud de un trabajo de traducción que incluye tanto una dimensión lingüística, como comportamientos económicos, históricos, políticos, culturales, extremadamente diferentes y que deben entrar en relación, componerse, a través de las luchas, los enfrentamientos, los encuentros.

La intervención a nivel europeo implica además un nuevo avance sobre el terreno, un derecho social que pasa a ser transnacional. Tras haber fundado habitualmente sus posiciones sobre una lectura social de la Constitución (que establece de hecho que la «sociedad debe ofrecer a cada uno de sus miembros medios de existencia apropiados»), los movimientos de precarios y parados comienzan a realizar, hoy, los trabajos preparatorios de la futura Constitución europea.

Las movilizaciones internacionales, de Seattle a Génova, promueven la superación de los límites de una actividad centrada en las contracumbres, en la lógica espectacular y puntual que las acompaña, para tratar de dar vida a nuevas redes con el objetivo de que se formen según ritmos y territorios propios. Se trata, para los movimientos sociales, de evitar el riesgo de ser ahogados, como por ejemplo en Porto Alegre, por esbozos de «parlamentos alternativos mundiales». Algunos proyectos de jornadas de acción coordinadas a nivel europeo tratan de formalizar y de acrecentar la formas de cooperación transfronteriza ya en marcha (circulación de militantes, apoyo contra la represión, análisis y debates, etc.) En este sentido, se ha tomado muy en cuenta una propuesta alemana de acción anual concertada, el 30 de octubre, con ocasión de la «jornada mundial del ahorro». Su primera convocatoria, este año, ha sido modesta, pero el reto es preparar movilizaciones continentales con ritmos regulares, que se conviertan en puntos de referencia.

Las formas de compromiso político de los precarios y parados dependen de ritmos de vida y de trabajo heterogéneos, aleatorios, discontinuos. A la intermitencia de las ocupaciones, a una existencia caracterizada por identidades múltiples, que coexisten y se suceden entre los precarios más aún que en el resto de la población, le corresponde la propensión a un modelo de militancia también intermitente. ¿Qué formas estables, adaptadas a una movilidad constitutiva, podrían por tanto emerger?. Un eje de investigación podría ser justamente identificar los pasajes temporales que delimitan los recorridos del aburrimiento ligado, por ejemplo a la (in)actividad forzada, a las prácticas de «intensificación de la existencia». De hecho, las luchas pasadas han llevado a los movimientos de precarias y parados a un relativo encorsetamiento sociológico, que los hace aparecer como reagrupamientos casi-categoriales de parados de larga duración. Y esto incluso cuando, comohaocurrido recientemente, se han desarrollado nuevas luchas de jóvenes precarios asalariados (de la gran distribución y en los servicios).

Si los contactos y las manifestaciones de solidaridad no faltan, es defectuosa aún una conexión política efectiva. ¿Al frente de los movimientos del 97-98 la renovación de disponibilidad de la mano de obra defendida por la reivindicación de la renta garantizada parecía quizás demasiado peligrosa, como abandonada a la derrota?. A pesar de ello, los movimientos encontraron un problema de consistencia, porque no habían logrado ofrecer modos de socialización abiertos y duraderos.

El ingreso en el movimiento conoce diferentes modalidades, desde una pertenencia dedicada a la defensa de los derechos sociales a la participación inmediata en acciones colectivas, pasando por formas de sociabilidad privadas de fuerte implicación política. La práctica de las ocupaciones de larga duración, por la manera en que se han desarrollado, ofrece un punto de reconocimiento, un lugar identificado y ampliamente abierto en el que se puede experimentar progresivamente formas de sociabilidad y una nueva capacidad de acción comunes. Frente a los representantes de la clase dirigente, en una transmisión televisiva durante las luchas del 97-98, uno de las manifestaciones afirmaba con claridad: «vosotros tenéis el dinero, nosotros tenemos el tiempo!». El tiempo vaciado de sentido del parado puede ser transformardo, ser realmente vivido. Pero la creación de ligazones sociales aptas para favorecer formas de agregación choca tanto con la gestión policial de las ocupaciones de locales, como con las formas de descomposición interna, de verdadera y justa implosión. Cuando se depende de la capacidad de arrancar subvenciones locales o subvenciones en especie de las estructuras sindicales, o hacer vivir una ocupación, los lugares del movimiento son escasos. Otra manera de vivir la militancia ha salido a la luz. La exigencia de una renta garantizada ha conocido su traducción organizativa y problemática. El objetivo de mantener la disponibilidad de los militantes para la acción política ha llevado a diferentes colectivos, tras múltiples elucubraciones teológicas sobre la precariedad de las ocupaciones, a utilizar las desgravaciones fiscales ofrecidas por las estructuras que practican «contratos subvencionados» y por tanto a transformarse en «dadores de empleo» para garantizar una renta. Esta extraña mezcolanza de especulación teórico-política y de comportamientos pragmáticos con, por ejemplo, el uso de los contratos subvencionados continúa todavía, sin que se hayan agotado sus posibilidades. La práctica de diferentes técnicas cooperativas, en particular el uso de Internet y las listas de difusión electrónicas, comienza a definir las decisiones tomadas por un movimiento en continua tensión entre constitución horizontal y formas de expresión «centralizadas», destinadas a modificar el orden simbólico. Las asambleas nacionales, las reuniones de coordinación, los grupos de trabajo se desenvuelven aún en función de los cambios de información producidos en este contexto, mientras algunos colectivos locales adoptan estos medios de comunicación para cooperar tanto en el interior como a distancia. Las fronteras que separaban tiempo de vida, tiempo de trabajo y tiempo de militancia se disuelven; esta indeterminación suscita, a la vez, una toma de distancia con la vida colectiva de afán protector así como momentos de intensas relaciones.

La coyuntura política abierta por el cambio de gobierno podría revelarse propicia para una nueva dinámica. No tanto a causa de la proverbial estupidez de una derecha propensa a reformar y dispuesta a enfrentarse con los movimientos sociales, sino a causa de su experiencia de derrota frente a esos mismos movimientos. El gobierno actual parece decidido a apostar por el consenso securitario y salarial para atacar a los asalariados garantizados, pero sobre todo no de manera frontal, sino las periferias de los precarios: barrios, inmigrantes, parados, etc. La licuefacción de una izquierda institucional que ha pagado un precio muy caro con la derrota electoral de la primavera del 2002, su desprecio por el precariado, deja el campo libre a la expresión de los movimientos. Todo ocurre como si la clásica contradicción marxista entre las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas acabase por huir de su mecánica cientifista, para describir una sociedad en la que la principal fuerza productiva -trabajo vivo y fuerza innovadora a la vez- trata nuevamente de acrecentar su propia potencia y libertad. Una afirmación realizada desde la base de una socialización creciente de la producción, que pone en común y traza los lineamientos de un nuevo desarrollo en ruptura con la privatización.

La reactivación a nivel europeo de la reivindicación por la renta garantizada, contra el uso capitalista de la movilidad, de la disponibilidad, de la polivalencia, en pocas palabras de la plasticidad del trabajo vivo, podría favorecer la construcción del potencial sujeto precario, portador de una transición de la sociedad actual hacia nuevas formas de vida.

Aparecido en Derive Approdi, nº22, noviembre 2002. Traduccido por David Gámez