Día mundial contra la pobreza

Con motivo del Día internacional para la erradicación de la pobreza el movimiento social a favor de los derechos sociales Elkartzen, a hecho público un comunicado en el que entre otras cosas denuncia la injusticia de que las instituciones destinen grandes cantidades de dinero para infraestructuras como el TAV a espaldas de la opinión pública.

La referencia al TAV está en el último párrafo de su comunicado, que copiamos integramente:

17 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA.
EN EUSKAL HERRIA LA POBREZA Y LA PRECARIEDAD AVANZAN COMO CONSECUENCIA DEL SOMETIMIENTO Y LA EXPLOTACION DE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES

1. Situación actual en el mundo y en Euskal Herria: concentración de la riqueza y aumento de la precariedad.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la pobreza. Son millones las personas que subsisten en nuestro planeta en condiciones de precariedad, de pobreza o de miseria. La explotación y dominación a la que someten las élites políticas y económicas a amplios sectores de la población provocan estas situaciones que en las últimas décadas están aumentando. Los datos son escandalosos: cuatro norteamericanos -Bill Gates, Paul Allen, Warren Buffet y Larry Ellisson- poseen juntos una fortuna superior a la del PIB de 42 naciones con 600 millones de habitantes. Dos terceras partes de la población mundial -4 mil millones de personas- viven inmersas en la economía de la necesidad, pues ni siquiera disponen de alimentación en cantidad y calidad suficiente. En 1960 había en el mundo 1 rico por cada 30 pobres; hoy la proporción es de 1 a 80. Según el último informe sobre Desarrollo humano, al menos 54 nuevos países entraron a engrosar la lista de “países pobres” durante la década de 1990, principalmente porque su ubicación, su estructura económica y otras desventajas les impidieron superar los “retos del desarrollo” diseñados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Estas situaciones de pobreza y desigualdad creciente que acarrea la concentración mundial de la riqueza en muy pocos países industrializados también se refleja al interior de cada uno de los países de la Unión Europea (EU-25), en la que se contabilizan 459 millones de habitantes (año 2005) de los cuales 68,8 millones, el 15% de la población, están expuestos a la pobreza, después de haber recibido transferencias sociales, o sea después de haberse ejercido la protección social.
En Euskal Herria estas situaciones también se reproducen. Ibarretxe y Sanz nos dicen orgullosos que cada vez se crea mayor riqueza en nuestro entorno. Y es cierto. En 2003, el PIB per capita de Hegoalde medido en Paridad de Poder de Compra (PPC), superaba los 26 mil € (26.239,50 € en la CAPV y 26.756,10 € en Nafarroa), las estadísticas europeas citaban estas dos regiones europeas en el grupo de cabeza de regiones con mas PIB per Capita de la UE. Este aumento del PIB durante la última década ha llevado a Hegoalde a alcanzar y sobrepasar significativamente, en 25 puntos el nivel medio de PIB per cápita de la UE25.
Pero lo que no nos dicen ni Ibarretxe ni Sanz es que esa riqueza cada vez se reparte peor, que cada vez se queda en menos manos, de manera que aunque cada vez producimos entre todos y todas más riqueza, cada día existen más personas viviendo en situaciones precarias. Mientras el 21% más rico la población de la CAPV obtiene el 50% de las rentas declaradas (y eso que este estracto de la población comete un altísimo fraude fiscal), el 62% de la población se lleva el otro 50% de la renta. En el extremo, el 17% de mayores de edad carecen de renta alguna. Otro dato clarificador de la concentración de riqueza es los beneficios astronómicos que obtienen las entidades financieras: en el primer semestre del 2007 el BBVA obtuvo un beneficios de 3.374 millones de euros.

2. El recorte continuo de derechos sociales está provocando este proceso de empobrecimiento y precarización de las condiciones vitales de la población. Estamos asistiendo al tránsito de una supuesta sociedad del bienestar a una sociedad en la que se impone la precariedad y la inseguridad. Este proceso es diseñado por las élites económicas y políticas para someter y explotar a la clase trabajadora y a los sectores populares.
En opinión de Elkartzen, este proceso de empobrecimiento y precarización de las condiciones vitales de amplios sectores de la población se debe al continuo recorte de derechos sociales y laborales. Estamos asistiendo al tránsito de una supuesta sociedad del bienestar a una sociedad basada en la inseguridad y la precariedad de los sectores populares. Este proceso de precarización ha sido diseñado en cumbres como Maastrich o Lisboa y ha sido implementado también en Euskal Herria a través de leyes y decretos. Este proceso llevado a cabo a golpe de Ley, ha sido dirigido por las élites económicas y políticas de Euskal Herria. La derecha en el gobierno -PNV, UPN, UMP-, con la ayuda de PSOE, IU, EA, PSN, PSF… están llevando a cabo este proceso en las diferentes instituciones de Euskal Herria: Leyes de Suelo, Planes de vivienda, leyes de vivienda, reformas en el IRPF, bajadas del Impuesto de Sociedades, supuestas Leyes contra la exclusión… son toda una serie de medidas que están favoreciendo la concentración de rentas y la consecuente precarización de las condiciones vitales de amplios sectores de la población.
Este proceso, como ya hemos indicado, tiene en su raíz el recorte de derechos sociales y laborales. Tres son los derechos sociales vulnerados que provocan estas situaciones de precariedad: el derecho a vivienda, el derecho a tener unos ingresos dignos y el derecho a la participación social activa.

2.a. La vivienda, un derecho negado y factor de precarización.
Uno de los factores que determinan la precarización de las condiciones vitales de la población es la posibilidad de disfrutar del uso de una vivienda. Existe una fuerte discrepancia entre la necesidad y las posibilidades de uso de una vivienda. Y es que el propio programa de vivienda del Gobierno Vasco que se adjuntaba a los presupuestos de la CAPV de 2006 decía que “La generación de edad inferior a 40 años, está ya totalmente expulsada de este mercado ya que sus rentas medias están muy por debajo de los precios en la vivienda, donde solamente el 4 por mil de cada vivienda vendida (0,04%) está por debajo de 96.200€ y el 88,6% superaba la barrera de los 180.300€.”
El precio medio del metro cuadrado de una vivienda está en 3.637,2 euros, mientras que el precio medio de una vivienda “libre” asciende a 320.500 euros. El alquiler también está por las nubes, alcanzando los 820 euros mensuales, lo que conlleva que mientras en la UE un 34% de viviendas son en alquiler, en Euskal Herria solo son el 5,1%. La contrapartida es tener alrededor de 250.000 viviendas vacías o de no residencia habitual en nuestro territorio.
Por otra parte, el coste medio de la financiación de la compra de una vivienda a 30 años supone ya un 80% del precio inicial de la vivienda, y un 149% si la financiación es a 50 años. Así, los 320.500 € del precio medio de la vivienda se transforman en 576.000 euros a 30 años y en 797.000 a 50 años. Según el último informe del Gobierno Vasco, la cuantía financiera máxima que las personas necesitadas de primer acceso a una vivienda están en condiciones de asignar al pago de la misma (es decir la que los bancos estiman como máximo nivel de endeudamiento “solvente”) ascendía a 511,6 euros al mes para los hombres y 474 euros al mes para las muje4res. Una simple división nos demuestra que se necesitan 1.126 meses, casi 94 años, para los hombres y 1.215 meses, algo más de 101 años, para las mujeres, de esfuerzo máximo para adquirir esa vivienda de precio medio con una financiación a 30 años. Si el periodo de financiación supera los 30 años, las cantidades aumentan. Así, queda claro que un gran segmento de la población está expulsado del primer acceso a la vivienda, aunque le den un crédito a 50 años.
Por otro lado, las diferentes alternativas que se lanzan desde las instituciones no resuelven el problema. La característica principal de la oferta de vivienda institucional es la tipología de Vivienda de Protección Oficial en régimen de propiedad, basada en el sistema de sorteos, convirtiendo en una lotería lo que es un derecho reconocido en diferentes declaraciones internacionales. Además, establece un mínimo de 9.000 euros de ingresos anuales para acceder al sorteo, dejando fuera del bombo a las personas con menos recursos. De hecho, menos del 6% de persones inscritas en Etxebide logran acceder a una vivienda protegida. La vivienda social, tanto en alquiler como en propiedad, es una apuesta residual por parte de las instituciones. Su oferta es prácticamente inexistente, sin dotación presupuestaria suficiente para solucionar el problema, así por cada 100 € de gasto público medio en la zona euro, en Euskal Herria se gastan solamente 6€, solo el 0,15% del total del gasto social vasco se realiza en vivienda.
Con este panorama, no es de extrañar que según datos de Etxebide, alrededor de 75.000 personas estén necesitadas de acceso a primera vivienda en Araba, Bizkia y Gipuzkoa; y que según diferentes datos y estimaciones del Gobierno de Iruñea, alrededor de 25.000 personas estén necesitadas de acceso a primera vivienda en Nafarroa Garaia (recordemos que estas cifras no recogen toda la necesidad –al menos en el caso de los listados de Etxebide-, ya que hay personas que aún estando necesitadas de acceso a vivienda no pueden estar apuntadas en esos listados). Eso sí, por mucha que sea la necesidad, no parece que sea necesario seguir construyendo de forma salvaje como se está haciendo en muchos pueblos y ciudades, sino que sería suficiente con optimizar el parque de vivienda infrautilizado que asciende a más de 250.000 viviendas vacías. Sin embargo, desde las diferentes instituciones a través de leyes de suelo y de vivienda y de diferentes planes, se apuesta por seguir construyendo, con el único fin de mantener la espiral especulativa y los beneficios del lobby de la construcción.
Pero no sólo las personas que no pueden acceder a una vivienda están viendo como se precarizan sus condiciones vitales. Y es que muchas de las personas que han accedido a una hipoteca para acceder a su primera vivienda están padeciendo una situación similar de precariedad, ya que el continuo aumento de los intereses de las hipotecas está poniendo en grave peligro muchas economías familiares.
Queda claro por lo tanto que la conculcación del derecho a vivienda está actuando como precarizador de las condiciones vitales de cientos de miles de personas en Euskal Herria.

2.b. Ingresos dignos, un derecho negado y factor de precarización.
Otro de los factores que determinan las situaciones de precariedad es la no seguridad en tener unos ingresos dignos. La estrategia del capitalismo, la acumulación de la riqueza, está acrecentando las desigualdades territoriales y sociales; también en Euskal Herria, donde el número de personas que están en situaciones de pobreza aumenta en contra de lo que dicen las fuentes oficiales. Los jóvenes y las mujeres son los verdaderos protagonistas de esta situación, que se multiplica exponencialmente entre la llamada cuarta edad (mayores de 72 años), con pensiones por debajo del umbral de pobreza. Es difícil estimar cuántas personas viven con ingresos inferiores al umbral de la pobreza en Euskal Herria. Más cuando no hay un criterio unificado para definir ese umbral de la pobreza En este informe mencionamos los datos ofrecidos por diferentes estudios:
1. Segun la encuesta de pobreza del Gobierno Vasco del año 2004:
- la pobreza grave y la pobreza de mantenimiento afecta al 6,2% del total de hogares (45.804).
- el 5,2% de los hogares (38.500) tienen inseguridad alimenticia, esto es, no tienen garantizada ¡una comida al día!
- la encuesta refleja que 412.963 personas, prácticamente el 20% de la población se encuentra en riesgo de perder el bienestar adquirido.
2. Según el método propuesto por la OCDE, que determinaba el umbral de pobreza en la UE en el 50% de la renta media disponible per capita y que estuvo en vigor hasta el año 2000: Elkartzen realizo la cuantificación con este método para el año 2003 y casi 900.000 personas de EH estaban por debajo del UP.
3. Así mismo en un trabajo de Mertxe Larrañaga publicado por el EUSTAT, esta, afirma que un porcentaje significativo de la población, en concreto el 41% de la población de la CAPV, vivía en el 2001 con una renta inferior a la mitad de la media, es decir, con menos de 6.000 € anuales. Este porcentaje de población suponía que solamente en la CAPV en 2001 vivían por debajo de esta estimación del UP 853.866 personas.
Por lo tanto, podemos decir que, sea cual sea la metodología utilizada, son también centenares de miles las personas que viven con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza en Euskal Herria.

2.c. Derecho a la participación social activa, un derecho negado y un factor de precarización
La negación de este derecho está actuando también como precarización de las condiciones vitales de los sectores populares. La premisa de partida es que para poder ejercer la participación social activa exista un verdadero sistema democrático que permita esa participación, condición que en Euskal Herria no se produce por el amplio recorte de derechos civiles y políticos. Además de esta circunstancia que cercena de partida este derecho, podemos afirmar que cada vez es más complicado disfrutar del tiempo necesario para poder ejercer este derecho. Y es que la precariedad en el mercado laboral -aumento de las jornadas laborales, el aumento de las horas extras como consecuencia de los salarios de miseria existentes…- está imposibilitando un reparto del trabajo que posibilite la liberación de tiempo para poder ejercer esa participación social activa. Aún más difícil lo tienen las mujeres, que en la mayoría de las ocasiones tienen que cargar también con el trabajo reproductivo, con las tareas domésticas, que al no ser repartidas, provocan una sobrecarga que imposibilita la liberación de tiempo. A ello hay que sumar la privatización de servicios públicos y servicios sociales. Esa privatización está provocando que tareas de cuidados que hasta el momento eran asumidas por esos servicios ahora tengan que ser asumidas por el entorno familiar, fundamentalmente por las mujeres. Esta circunstancia resta tiempo a esas mujeres para desarrollar la participación social activa. Son miles las personas, sobre todo mujeres, que se ven en esta situación de imposibilidad de poder acceder a la participación social activa.
Además de la imposibilidad de acceder a la participación social activa, esa privatización de los servicios sociales, está precarizando las condiciones vitales de miles de personas, que observan cómo su acceso a la sanidad, o a la educación se va recortando, de manera que se multiplican las situaciones de pobreza y precariedad.

3. Ante esta nueva ofensiva del capital, se impone la organización y la lucha por los derechos sociales en el camino por la transformación social.
Si queremos atajar las situaciones de pobreza y precariedad que se multiplican en Euskal Herria es necesario acabar con el sistema social que de manera progresiva vulnera y merma nuestros derechos y dar pasos hacia un nuevo sistema social y político que supere las relaciones de explotación en las que se basa el actual. Para ello, debemos denunciar el recorte de estos derechos sociales y empezar a trazar el camino que garantice el derecho a la participación social activa. La ofensiva del capital es brutal, pero no inevitable. En función de la correlación de fuerzas que seamos capaces de enfrentarle, los efectos de esa ofensiva serán mayores o menores, o incluso podrán llegar a ser derrotados. Para ello, se impone la organización de la clase trabajadora para luchar por los derechos sociales y laborales que nos han sido arrebatados. En este sentido, debemos exigir que:

3.a. El derecho a la vivienda tiene que estar garantizado.
A todas las personas se les debe el derecho al uso y disfrute de una vivienda. Ese derecho tiene que ser satisfecho con los recursos existentes, dando salida a las viviendas vacías y parando la construcción descontrolada, que supone un ataque directo al medio ambiente. Es necesario impulsar el alquiler protegido y establecer un límite a todos los alquileres (también a los del mercado).

3.b. Se tiene que garantizar también el derecho a tener unos ingresos dignos.
Todas las personas tienen derecho a recibir unos ingresos dignos, bien por vía de renta de trabajo o por medio de prestaciones (pensiones, salario social, subsidio de desempleo…) que le permitan llevar adelante una vida digna. Nadie debe vivir con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Ese umbral de la pobreza Elkartzen –recogiendo la corriente que se está desarrollando en Europa- la sitúa en el 37,5% del PIB per cápita, que traducido a euros para el año 2007 sería de 958 euros.

3.c. Todas las personas tienen derecho a aportar en las diferentes tareas de la sociedad.
Para ello, en el ámbito público se debe de ir reduciendo la jornada laboral creando las condiciones para el reparto del trabajo en el ámbito privado. Para esto es imprescindible la existencia de servicios sociales y públicos de calidad, no sujetos a las rentas de cada cual o a los presupuestos. Hay que asegurar una sanidad que cubra todos los campos sanitarios y una educación de calidad a todas las personas.

3.d. Se debe dar un reparto justo de la riqueza. Se debe impulsar una fiscalidad redistributiva y unos presupuestos participativos.
Para garantizar los derechos sociales de la población es preciso que se produzca un reparto de la riqueza. Para ello, es inevitable impulsar una fiscalidad redistribuidora de la riqueza, de manera que quien más tenga más aporte al bote común. En este sentido, sería necesario evitar el fraude –legal e ilegal- y las vacaciones fiscales que gozan las rentas altas. La actuación de las diferentes haciendas vascas va en la dirección opuesta de garantizar el espíritu de “cada cuál que aporte al bote común en función de su riqueza”. El ejemplo más evidente es el recorte en el Impuesto de Sociedades aprobado en las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Además de una fiscalidad redistribuidora, es fundamental impulsar unos presupuestos participativos que repartan la riqueza. Es necesario que la sociedad participe en ese reparto, ya que de esta manera se garantizarán las necesidades de la población, entre ellas las referidas a los derechos sociales. Hoy en día esto no sucede, ya que el reparto de partidas se hace de espaldas a la opinión pública. El ejemplo más evidente es las partidas presupuestarias que se destinan a infraestructuras que no cuentan con el apoyo de la población. El TAV es el paradigma de estas actuaciones. Mientras la población se manifiesta en contra de este proyecto, las instituciones destinan grandes cantidades de dinero para esta infraestructura que supone un grave ataque a nuestro medioambiente y la concreción del capitalismo más salvaje.

En Euskal Herria a 17 de octubre de 2007.

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