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El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en todos los contratos del TAV de 2011

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas acaba de difundir su informe de fiscalización de las cuentas del Gobierno de Lakua de 2011. De sus datos se extrae que todos los contratos de adjudicación de tramos del Tren de Alta Velocidad de ese año contienen irregularidades.

Naiz. @gara_iiriondo|GASTEIZ|2013/07/18|3 iruzkin

Tav Colocación de la primera piedra del TAV en Ordizia. (Jon URBE/ARGAZKI PRESS)

Todos los contratos para la ejecución de las obras del Tren de Alta Velocidad formalizados por el Gobierno de Patxi López en 2011 acumularon al menos cinco irregularidades diferentes cada uno, según el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Las adjudicaciones, por valor de 348,7 millones de euros, estuvieron, entre otras cuestiones, sujetas a una excesiva ponderación de «juicios de valor» en la elección de las empresas contratadas.

A lo largo de 2011, el Ejecutivo de Lakua realizó cuatro contrataciones de obras de la llamada «Y vasca», cada una de ellas a una Unión Temporal de Empresas distinta y todas ellas con irregularidades.

El tramo Bergara-Bergara fue adjudicado por 95,1 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas compuesta por Sacyr, Campezo Construcción, Febide y Cycasa Canteras y Construcciones. El tramo Antzuola-Ezkio/Itsaso fue para la UTE Sobrino, Obegisa, Geotunel, por 125,7 millones de euros. Las obras del tramo Ezkio/Itsaso-Ezkio/Itsaso le correspondieron a la UTE formada por FCC, DC, Lurgoien y Campezo al precio de 56,4 millones. Por último, el tramo Hernani-Astigarraga fue para la UTE formada por Moyua, Balzola y Azvi, por 71,5 millones de euros.

En todas estas adjudicaciones resultó determinante la aplicación del «juicio de valor» del contratante, puesto que ninguna de ellas fue la propuesta más barata, ni en los dos casos en los que se aplicaron otras variables en función de fórmulas objetivas, obtuvieron la mejor puntuación en ese apartado.

El TVCP sostiene que dado el alto valor que se concede a la opinión del contratante, «sería recomendable» desgranar esos criterios en subcriterios e indicar la puntuación otorgada en cada uno de ellos a las diferentes ofertas.

Criterios sin especificar

El informe del ente fiscalizador también reseña que en todos estos contratos del TAV y en otros siete del Gobierno autonómico «no se justifican en los expedientes los criterios de adjudicación para identificar la oferta más ventajosa».

Concretamente en los referidos a las obras de la «Y vasca», añade que el informe del organismo técnico especializado para evaluar las ofertas «debería ir acompañado de la documentación que, de manera desagregada, soporta sus conclusiones».

Además, el informe del TVCP también ha detectado que en tres de los cuatro tramos evaluados, o bien la aprobación de los programas de trabajo fue «extemporáneo», o bien su presentación por los adjudicatorios fue «posterior a los treinta días desde la formalización del contrato», plazo que contempla la legislación vigente.

Inicios sin seguridad en una obra que acumula 5 muertes

En el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas llama la atención la advertencia que hace de que las obras de los cuatro tramos del TAV contratadas por el Gobierno de Patxi López en 2011, la aprobación del plan de seguridad y salud se realizó una vez comenzados ya los trabajos, lo que incumple la legislación sobre disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción.

Este apartado es especialmente destacable porque hasta este momento la construcción de la denominada «Y Vasca» acumula ya cinco muertes en accidentes durante el trabajo, además de otro fallecimiento debido a un ataque al corazón de un camionero. Todos los accidentes se han producido además en el tramo guipuzcoano, cuya ejecución lleva adelante el Gobierno de Lakua.

Los sindicatos vascos han ido denunciado constantemente las condiciones en las que se están desarrollando estas obras, con turnos que llegan a superar las doce horas diarias, sin las medidas de seguridad necesarias y sin respetar los convenios provinciales del sector.

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