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El TAV se lleva el 60% del gasto estatal en la CAV en las cuentas del tijeretazo

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESPAÑOL. Más del 60% de la inversión estatal en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba estará destinado al TAV. En Nafarroa, por el contrario, Fomento apenas gasta este año 2,95 millones en financiar el proyecto debido al pacto con el Gobierno de Iruñea, que sigue financiando la obra. Los presupuestos del Estado español evidencian su difícil situación económica: el ajuste de 27.000 euros no sirve para pagar los intereses de los mercados.

Gara | Alberto PRADILLA | MADRID

Los presupuestos españoles del «tijeretazo» llegan a Hego Euskal Herria mediatizados por el TAV. Sin embargo, la situación entre la CAV y Nafarroa es diametralmente opuesta al analizar las cuentas presentadas ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Mientras que la contestada infraestructura se come el 60% del dinero que Madrid dedica a inversiones en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, en Nafarroa seguirá siendo el Gobierno de Iruñea quien realice el mayor desembolso. Este año, Fomento tiene previsto gastar 2,95 millones de euros, a la espera de que se inicie el reintegro de lo abonado a partir de 2013, tal y como se especificaba en el acuerdo firmado entre el expresidente Miguel Sanz y el entonces titular del ministerio español, José Blanco, en 2010. En total, Hego Euskal Herria tendrá inversiones procedentes de Madrid por 601,73 millones de euros. Mientras que esta cifra tiende al alza en la CAV, con un total de 521,75 millones (un 17,53% más de desembolso estatal respecto al año pasado) el dinero que el Estado central invertirá en Nafarroa cae un 40,6%, hasta los 79,98 millones. Del total de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, 445,04 millones corresponden a Fomento y Medio Ambiente. Están destinados a proyectos como realizar un estudio previo sobre otra infraestructura con fuerte rechazo social: el puerto exterior de Pasaia, que será dotado con 935.000 euros.

En Nafarroa, la cifra aportada por estas dos carteras asciende a los 61,38 millones y en ella se incluyen partidas, por ejemplo, para el Canal de Nafarroa (29.481.000 euros). Todo ello, en un contexto de recesión en el que Fomento dispondrá de un presupuesto inversor de 11.928 millones, lo que representa un descenso del 6,5% sobre 2011.

A pesar del duro panorama económico que afronta el Estado español -marcado por un importante descenso del gasto social-, los presupuestos presentados ayer evidencian que el TAV sigue siendo un objetivo prioritario. La diferencia de inversión en la CAV y Nafarroa se explica por los distintos pactos de financiación firmados por Lakua e Iruñea. Mientras que los primeros acordaron pagar por adelantado pero recibir el reintegro en los siguientes tres meses, los segundos asumen la carga durante dos años. Por eso, mientras que Lakua recibirá 314,5 millones de euros por el TAV, lo ingresado por Nafarroa correspondiente únicamente al proyecto, y de esta forma se queda en 2,95 millones.

Pagos al Estado

Las cuentas del Estado también han permitido conocer lo que Madrid hará pagar tanto a la CAV como a Nafarroa en virtud del concierto económico y del régimen foral. El cupo para Gipuzkoa, Bizkaia y Araba ha quedado en 546 millones de euros. Sin embargo, este llega prorrogado, después de que ambas administraciones no llegasen a un acuerdo para la renovación del quinquenio que expiraba este año. Según el consejero de Economía de Lakua, Carlos Agirre, existe un desencuentro tasado en 83 millones de euros a la hora de hacer el balance de liquidación de las cuentas.

Al margen del concierto (que se encuentra lejos de los 1.242 millones que el Estado pasó como factura hace un año), Madrid pagará a Lakua 137,6 millones por ajustes en labores de los impuestos de tabaco y otros diez por la jubilación anticipada de ertzainas. Por su parte, el Ejecutivo de Gasteiz también tendrá que abonar 43,05 millones en concepto de impuestos especiales sobre alcohol, bebidas derivadas e hidrocarburos. Nafarroa, por su parte, tendrá que aportar 631 millones de euros.

El recorte, para pagar la deuda

Las cuentas, que ya fueron avanzadas el viernes tras el Consejo de Ministros, suponen otro importante hachazo para la economía del Estado español, que verá reducidas muchas de sus partidas para adecuarse al techo de déficit del 5,8% impuesto por Europa. Lo paradójico, y que evidencia su maltrecha situación monetaria, es que tendrá que destinar todo lo ahorrado con su adelgazamiento forzoso a pagar intereses de su deuda.

En total, el Estado español tendrá que dedicar 28.876 euros para saldar su deuda extra con los mercados, lo que llega a superar la cifra de 27.300 euros de tijeretazo que venían recogidos en el proyecto de presupuestos. Este indicador ha aumentado un 30% respecto a las cuentas de hace doce meses. Los números rojos también asoman si se compara el desembolso en intereses con todo el montante que Madrid dedica a pagar a sus funcionarios, que asciende a 27.338 millones.

Como viene siendo habitual con las medidas de ajuste promovidas desde que el PP llegó al Gobierno (y que ya fueron avanzadas por el anterior Ejecutivo del PSOE con un recorte histórico en 2010), estas afectan especialmente al gasto social. Las pensiones son lo único que se salva, con un desembolso que ascenderá a los 115.825,93 millones de euros, lo que implica un 37,1% del total. Esto supone un incremento del 3,2% respecto al año pasado. La otra cara son las prestaciones por desempleo, que ascienden a 28.805,05 millones de euros pero que sí sufren un recorte del 5,5% en comparación con 2011.

Por ministerios, Presidencia e Interior son los gabinetes que mantienen el tipo. Por el contrario, el mordisco afecta con más virulencia a otras carteras como Educación (con un descenso de casi un 22%) o Cultura (15,1%).

El proyecto de presupuestos, que incluye medidas como la amnistía fiscal anunciada el pasado viernes, pasará ahora su trámite parlamentario. La holgada mayoría absoluta del PP no le dará problemas a la hora de aprobarlo, aunque en los últimos tiempos ha buscado el apoyo de CiU. La no inclusión en las cuentas del dinero que se adeuda a la Generalitat pone difícil que lo obtengan.

Javier de Andrés, del PP, reconoce que la amnistía fiscal es un agravio comparativo

El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), se desmarcó ayer de la propuesta efectuada por sus compañeros de partido en el Gobierno español y dijo que no va a promover la aplicación de la amnistía fiscal en este territorio, entre otras razones porque supondría un «agravio comparativo» entre quienes han sido buenos contribuyentes y los que se beneficiarían de unas medidas especiales en un territorio, además, en el que «muchas empresas están teniendo que hacer esfuerzos importantes para devolver las ayudas que recibieron por las denominadas `vacaciones fiscales' de la década de 1990.»

De Andrés compareció en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Diputados semanal, donde se debatió, fuera del orden del día, el decreto del Gobierno español que recoge una amnistía fiscal. El diputado general también desechó promover la aprobación de la amnistía fiscal porque la regularización de ese posible capital tendría menor repercusión recaudatoria que la que tiene ya la actuación ordinaria de la Hacienda.

Recordó que en Araba la regularización ordinaria de ejercicios anteriores supone una recaudación anual de unos 90 millones de euros, de los cuales 50 millones se consiguen a través de la inspección fiscal. De Andrés hizo un llamamiento a los capitales que se hubieran defraudado hasta 2007 y que se pudieran encontrar en paraísos fiscales para que vuelvan, ya que el delito fiscal habría prescrito y no tendría sanción alguna.

Por su parte, la Diputación de Bizkaia se ratificó ayer en sus competencias en materia fiscal para no aplicar las medidas de amnistía fiscal. De esta manera, fuentes del Gobierno foral respondieron a las afirmaciones del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que aseguró que no está «tan claro que Euskadi pueda no aplicar» la citada amnistía.

Desde el ente foral vizcaino se remontaron a las declaraciones realizadas la víspera por el diputado general, José Luis Bilbao, en las que anunció que no aplicarán las medidas de amnistía fiscal aprobadas por el Gobierno del PP porque las considera «éticamente inaceptables», «políticamente indefendibles» y «socialmente injustas».

El Ejecutivo de Gasteiz, por su lado y por boca de su portavoz, Idoia Mendia, valoró la amnistía como «injusta, porque rompe con los principios de equidad» y «peligrosa» porque da a los defraudadores la oportunidad de evadir impuestos.

Entretanto, Bildu de Nafarroa solicitó la comparecencia urgente en el Parlamento del consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, para que explique la política fiscal del Ejecutivo foral y si va a aplicar la amnistía fiscal anunciada desde Madrid. El grupo parlamentario informó de que pide la comparecencia del consejero «para que explique las consecuencias que van a soportar los ciudadanos navarros por la posible aplicación de las políticas fiscales del PP».

También desde Nafarroa, el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna, manifestó que la amnistía fiscal «es más justa» que una subida del IVA siempre que sea «eficaz» y permita al Gobierno incrementar los ingresos, aunque «puede que no suceda». GARA

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